Sentencia de Tribunal de Familia, 30-11-2023

Fecha30 Noviembre 2023
Número de expediente22-000235-0675-FA
EmisorTribunal de Familia (Costa Rica)
Tipo de procesoAbreviados
EV Generación de M.: E:\Gestion-Judicial\servidor de archivos\MODELOS\FAMILIA\TFRESOL024.dpj

EXPEDIENTE:

22-000235-0675-FA - 4INTERNO 958-23(1) EV

PROCESO

Abreviados

ACTOR/A

[Nombre 001]

DEMANDADO/A

[Nombre 002]

VOTO NÚMERON 2023001335

TRIBUNAL DE FAMILIASECCIÓN PRIMERA San Joséa las nueve horas cuarenta y nueve minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés.-

PROCESO DE DIVORCIO, establecido por[Nombre 001]mayor, persona indígena, casada, oficios domésticos, portadora de la cédula de identidad número [...] y vecina de Cartago, en contra de [Nombre 002]mayor, persona indígena, casado, portador de la cédula de identidad número [...] y vecino de Puntarenas. La parte actora cuenta con el patrocinio letrado de la defensora pública L.J..É..N.A.. Conoce este Tribunal del presente proceso en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la resolución dictada por el Juzgado de Familia de Turrialba al ser las siete horas y catorce minutos del veinte de julio de dos mil veintitrés.

Redacta la Jueza Campos Calvo; y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- En resolución del Juzgado de Familia de Turrialba de laslas siete horas y catorce minutos del veinte de julio de dos mil veintitrés, se declaró desierto el proceso de divorcioestablecido por la señora[Nombre 001] en contra de [Nombre 002] y se condena a la parte actora al pago de las cosas personales y procesales causadas. Lo anterior por cuanto la señora [Nombre 003] no cumplió con la prevención que se le efectuó en el sentido de aportar nueva dirección donde notificar al señor [Nombre 002]

SEGUNDO: La defensora pública de la señora J.énez A. interpuso recurso de apelación, alegando que el artículo 213 del Código Procesal Civil de 1989 aplicable a los procesos de familia contiene una excepción a la deserción al indicar si el proceso se hubiere paralizado por fuerza mayor o por cualquiera otra causa independiente de la voluntad de los litigantes, no correra sino desde e! momento en que estos pudieren instar el curso de aquel

Considera que al no tener una dirección para notificar al demandado se les imposibilitó continuar con el proceso, al existir un motivo que estaba fuera de su voluntad.

También señaló que la deserción tiene como característica sancionatoria la condenatoria al pago de las costas por el abandono injustificado del proceso; pero si se mantiene lo resuelto en primera instancias se estaría estableciendo un claro obstáculo al acceso a la justicia, estableciendo la obligatoriedad de que la parte actora tenga completa certeza de que el demandado va a poder ser ubicado.

También cuestionó cuales son las costas procesales y personales a las que se le condena a su representada si esta tiene como representante un defensor publico y la parte demandada no fue notificada y por ende, no incurrio en gastos procesales de ningun tipo en referencia a este proceso de divorcio

Tampoco se tomó en cuenta por parte de la jueza de primera instancia, que en este caso surepresentada es una persona indigena C., mujer, ama de casa, sin estudios superiores, que habita en el territorio indigena de Chirripó, P.M.. No se valoraron estos aspectos, para determinar la procedencia o no de la condenatoria en costas. Tampoco se aplicaron las Reglas de Brasilia, las cuales califican a las poblaciones indigenas como uno de los grupos poblacionales que presenta mas vulnerabilidad.

Finalmente hacer referencia a la no aplicación de lo establecido en la Ley 9593 de Acceso a la justicia de los pueblos indigenas de Costa Rica que en su articulo 1, el cual establece la obligacion del Estado costarricense de garantizar el acceso a la justicia a la poblacion indigena tomando en consideracion sus condiciones entre las que están, las condiciones socioeconomicas.

TERCERO:La deserción es una forma anormal de terminar los procesos y consiste en la inactividad de la parte actora, la cual lleva a que el proceso se encuentre abandonado.Esta situación se da cuando el impulso procesal está en manos de la parte, y no de la autoridad jurisdiccional porque de ser así no podría atribuirse a la parte actora la inercia del proceso. En relación a al tema de la deserción, este Tribunal en el voto número 68-2015 de las once horas del veinticuatro de febrero de dos mil quince, dijolo siguiente: "Es oportuno señalar que la deserción es una forma anormal de terminación del proceso, y se produce ante el abandono que hace la parte actora del proceso por un plazo de tres meses, siempre y cuando no se haya dictado sentencia (doctrina del artículo 212 del Código Procesal Civil).El plazo se computa de fecha a fecha, conforme al artículo 146 párrafo final del citado código. Las actuaciones que interrumpen el plazo, de acuerdo con el numeral 213 íbidem son aquellas que impulsan el proceso o que tiendan a la efectiva prosecución de la demanda hasta la sentencia. El conocido autor nacional, D.G.P.V. comenta la situación que ha originado el dictado de la deserción en este caso: "mientras el proceso se impulse de oficio no hay deserción porque su desarrollo es producto de norma imperativa del artículo 1 ibídem. Sin embargo, hay situaciones donde, para que el juzgador puede (sic) ejercer ese impulso procesal, se requiere necesariamente de la participación de la parte actora y la omisión de ésta en cooperar provoca el abandono del proceso. La hipótesis más frecuente al respecto son los datos para notificar a la parte demandada, ya que para ello es indispensable el concurso de la actora, quien debe preocuparse por aportar la dirección para llevar a cabo el acto de comunicación. Sin ese dato, el proceso queda paralizado por culpa del actor y sin posibilidades materiales para el juez de impulsar de oficio" ( ver P.V., G., Curso de derecho procesal civil con jurisprudencia. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. 4 edición, San José, 2002, página 206)" Voto N 776-2019 del TRIBUNAL DE FAMILIA . 13:52 horas del 17 de setiembre de 2019)

CUARTO: Analizada la resolución recurrida, así como los alegatos del apelante, considera esta integración del Tribunal, que la resolución debe confirmarse parcialmente. Se debe confirmar en la medida en que se decretó la deserción, ya que si bien es cierto que el artículo 213 del Código Procesal Civil de 1989 aplicable a los procesos de familia contiene una excepción a la deserción al indicar si el proceso se hubiere paralizado por fuerza mayor o por cualquiera otra causa independiente de la voluntad de los litigantes, no correra sino desde e! momento en que estos pudieren instar el curso de aquel lo cierto es que la falta de una direccion para notificar pueder considerarse como un hecho que no está sujeto a la voluntad de la parte actora, lo cierto es que, sí tenía el deber de comunicar al Juzgado que no tenía dicha dirección y solicitar que se procediera al nombramiento de curador procesal al demandado. El deber de la parte no es solo aportar la dirección, sino que en caso de no obtenerla, su deber era comunicar al juzgado dicha imposibilidad y la inercia se da por este motivo, de ahí que el argumento en este sentido no es de aplicación a este caso.

En cuanto a la condena en costas, es necesario analizar varios aspectos, no se puede generalizar que la condena en costas en todos los casos sea un obstáculo al acceso a la justicia, estableciendo la obligatoriedad de que la parte actora tenga completa certeza de que el demandado va a poder ser ubicado, ya que lo que pretende dicha condena, es evitar que se establezcan demandas infundadas, con el costo que ello conlleva para el Estado. Tampoco lleva razón al afirmar que si la parte actora tiene como representante un defensor publico, se haya incurrido en gastos procesales, de hecho el patrocinio letrado que otorga la Defensa Pública, conlleva un gran gasto para el Poder Judicial y por ello, también debe exisitr mucho cuidado en las demandas que se establecen mediante su representación.

En lo que sí lleva razon la recurrente, es en la afirmación de que al no haber sido notificada la parte demandada, esta no incurrió en gastos procesales de ningun tipo en referencia a este proceso de divorcio.

También lleva razón en el cuestionamiento que le hace a la resolución apelada, por no analizar la condición de persona indígena de la actora y su posible afectación al ser condenada en costas. Sobre este aspecto, ya este Tribunal se ha pronunciado, tal y como se muestra a continuación:

II.-SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS INDÍGENAS:

Para tener un adecuado contexto jurídico-normativo del presente asunto, hay que establecer que en la especie la persona demandada es indígena; tal y como le consta a la entidad actora, la cual hace referencia a dicho aspecto en el hecho quinto de la demanda, así como en documento adjunto al expediente digital el día trece de abril de dos mil veintiuno, suscrito por el coordinador del Consejo de Mayores Iriria Jtech Wakpa, según el cual la señora [Nombre 001], pertenece al [...].

Esta circunstancia es sumamente relevante y era de conocimiento del Patronato Nacional de la Infancia, desde antes de la interposición de la demanda de declaratoria judicial de abandono, y al consignarse dicho dato en el libelo inicial, era obligación del juzgado de primera instancia actuar de conformidad con ello; lo cual NO hizo como se veráinfra.

Entre otras normas, nuestro ordenamiento jurídico contempla una serie de derechos puntuales de las personas indígenas, dada su situación histórica de vulnerabilidad socio-cultural; la cual se ha mantenido desde el momento de la conquista europea en el continente americano.

El bloque normativo de la materia prevé el especial cuidado que ha de tenerse, por parte de las autoridades jurisdiccionales, a efecto de garantizar a las personas indígenas un acceso expedito y sin obstáculos a la Justicia; sea cuando actuén tanto como parte actora o demandada.

Por ejemplo, la Ley número 9593, denominada Ley de acceso a Justicia de los pueblos indígenas de Costa Rica, en...

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