Universidades públicas demandarán al Gobierno en tribunales para defender sus beneficios salariales
Las universidades públicas demandarán al Gobierno ante el Tribunal Contencioso Administrativo por la decisión de incluirlas en el reglamento que exige aplicar las medidas de ahorro que introdujo la reforma fiscal, en el pago de beneficios salariales.El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, confirmó que las casas de enseñanaza trabajan en un reclamo porque consideran estar exentas de la reforma, la cual entró en vigor el 4 de diciembre del 2018."El capítulo 3 de la Ley 9635 no incluye a las universidades. Sin embargo, el reglamento las incluye. Un reglamento no puede modificar una ley. Es por ello que presentaremos un recurso, ya que en la administración pública debemos actuar apegados al principio de legalidad", declaró Jensen.Los rectores le habían solicitado al presidente Carlos Alvarado excluirlos del reglamento, pero el mandatario no accedió a la petición por considerar que las medidas de ahorro se extienden a todas las instituciones públicas.La ministra de Planificación, Pilar Garrido, como rectora del empleo público, recomendó a los jerarcas universitarios dilucidar el asunto en instancias judiciales. Alegó excluir a las universidades del reglamento sería ilegal.El reglamento ordena, por ejemplo, que las nuevas anualidades se paguen como un monto fijo y no como un porcentaje del salario, para evitar el crecimiento exponencial. Además, fija que la anualidad de este año se calculará como un 1,94% del sueldo base para profesionales y un 2,54% para no profesionales y que el resultado se mantendrá invariable para los próximos años.Para la UCR, por ejemplo, el cambio implicaría un ahorro, pues la entidad paga a sus más de 10.000 empleados un 3,75% de anualidad sobre el salario base más componentes, según la convención colectiva firmada con el sindicato.El argumento de los rectores es que la Ley de Fortalecimiento no cubre a las universidades públicas, aunque el capítulo de empleo público haga mención de las instituciones autónomas y semiautónomas en su ámbito de aplicación. Para el Mideplán, la universidades son autoridades autónomas.Los rectores coinciden en que no debieron ser mencionados en el reglamento que regula la Ley, el cual es promovido por el Gobierno, dentro de sus competencias.Un análisis legal de la UCR, citado en una resolución de Henning Jensen sobre el pago cesantía posterior a la reforma fiscal, indica que la reforma fiscal no está por encima de la autonomía de la Universidad ni le es aplicable...
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