Errores judiciales en pensiones provocan calvario a viajeros ticos

El 9 de marzo anterior, Bernardo Faingezicht, de 72 años, tenía preparado un viaje en compañía de su esposa hacia Israel para visitar unos nietos que viven allá.

Ese día, la pareja llegó al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, con normalidad: recogieron los tiquetes en la aerolínea y pasaron los puestos de control. Sin embargo, cuando ya estaban en la sala de abordaje, empezó el calvario al escuchar que llamaban a Faingezicht por el altoparlante.

'Me presenté a la ventanilla donde me estaban llamando y ahí había un oficial de Migración y me preguntó si la cédula mía era tal y los nombres de mis padres tales. Le dije que sí y entonces me dijo que no podía viajar porque tenía impedimento de salida por pensión alimentaria.

'Me dio risa porque nunca he tenido ni siquiera una pensión alimentaria y mis hijos ya están grandes. Tengo 47 años de casado, ¿qué iba a a pensar mi señora?¿Que yo tengo pensiones fuera de matrimonio?', se cuestionó Faingezicht.

Él y su esposa no pudieron viajar ese día, recogieron las maletas y salieron molestos del aeropuerto. Luego, buscó una abogada y se fue para el Juzgado de Hatillo, donde estaba la demanda por pensión.

Demanda.De acuerdo con Melissa Sanabria, abogada de Faingezicht, allí descubrieron que su cliente tenía una demanda por pensión de un expediente que había sido eliminado por el Archivo Judicial en el 2012. Además, se enteraron de que al verdadero sujeto a quien le pusieron esa pensión había muerto en el 2004.

Ellos interpusieron un recurso de habeas corpus porque consideraron que se violentó el derecho de libre tránsito. La Sala Constitucional les dio la razón y posteriormente demandaron al Estado ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

En la querella, Faingezicht solicitó ¢2,5 ,millones por el daño moral que sufrió y ¢330.000 por las costas legales.

El Tribunal Contencioso condenó al Estado en una resolución que emitió el 16 de agosto anterior. No obstante, ordenó el pago de ¢500.000 por daño moral y ¢165.000 por las costas legales.

'Ese monto es una burla para don Bernardo. Eso jamás paga el daño moral, ni siquiera para comprar el tiquete aéreo alcanza eso', enfatizó Sanabria, quien apeló la resolución.

Faingezicht y su esposa pudieron realizar el viaje días después, ya que la aerolínea les repuso los tiquetes del vuelo perdido.

Casos como el de Faigezicht empezaron a surgir a raíz de una denuncia pública efectuada después por Patricia Carrea, quien fue bajada del avión el 14...

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