Listado de fuentes de esta colección

Últimos documentos

  • Dictamen nº 255 de 07 de Julio de 2020, de Banco Nacional de Costa Rica

    C-255-2020. INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. NO SE ADJUNTA CRITERIO LEGAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA INSTITUCIONAL. NO CONSULTA EL JERARCA INSTITUCIONAL. El señor Allan Calderón Moya, Sub Gerente General de Riesgo y Crédito, Banco Nacional, requiere nuestro criterio sobre factibilidad legal para implementar el uso del pagaré en formato digital, agregando la firma digital del deudor y fiadores. Esta Procuraduría, en dictamen no. C-255-2020 de 7 de julio de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible porque: En esta ocasión, no se adjunta el criterio de la asesoría jurídica institucional sobre el tema consultado, y, en consecuencia, no se acredita el cumplimiento del requisito de admisibilidad, que exige nuestra Ley Orgánica. Sobre ese requisito hemos indicado que el criterio del asesor legal debe ser un análisis jurídico detallado sobre todos los puntos que se someten a nuestra consideración, y que éste tiene como finalidad poder determinar si después de haberse estudiado y discutido el asunto a nivel interno, persiste la necesidad de requerir nuestro pronunciamiento vinculante. Dicho criterio brinda insumos importantes para analizar el tema consultado tomando en cuenta el funcionamiento práctico de la institución consultante y constituye un elemento adicional para alcanzar la más adecuada asesoría que la Procuraduría está llamada a brindar a la Administración Pública. (Al respecto, véanse los dictámenes Nos. C-151-2002 de 12 de junio de 2002, C-121-2013 de 1° de julio de 2013, C-220-2016 de 27 de octubre de 2016 y C-168-2017 de 18 de julio de 2017). Aunado a lo anterior, debe señalarse que la consulta no está siendo planteada por los órganos de mayor jerarquía de esa Institución bancaria. Y es que, en virtud del tercer requisito expuesto y dado el carácter vinculante que el artículo 2° de nuestra Ley Orgánica otorga a los dictámenes, es lógico que la misma ley haya limitado la posibilidad de solicitarlos disponiendo que la consulta debe ser formulada por el jerarca correspondiente. Por la trascendencia que para una institución puede tener un dictamen vinculante, la facultad de consultar corresponde a su jerarca, ya que éste se encuentra en una mejor posición de valorar la posibilidad y necesidad de solicitar un criterio jurídico a este órgano asesor.

  • Opinión Jurídica nº 093 -J de 07 de Julio de 2020, de Asamblea Legislativa

    OJ-093-2020 PROYECTO DE LEY NO. 21.755; SERVICIO PÚBLICO JUSTICIA COMO SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL; LIMITACIÓN AL DERECHO DE HUELGA. Por oficio número AL-CPAS-1212-2020, de 17 de junio de 2020, la Comisión Permanente de Asuntos Sociales solicita el criterio de este Órgano Superior Consultivoen torno al proyecto denominado “LEY PARA DECLARAR EL SERVICIO DE JUSTICIA COMO SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL”, expediente legislativo No. 21.755 y se acompaña una copia del mismo. Con la aprobación del señor Procurador General de la República, mediante pronunciamiento jurídico no vinculante OJ-093-2020, de 07 de julio de 2020, el Procurador Adjunto del Área de la Función Pública, Luis Guillermo Bonilla Herrera, concluye: “De conformidad con lo expuesto, esta Procuraduría estima que el proyecto de ley consultadono presenta mayores inconvenientes a nivel jurídico que no puedan ser solventados con una adecuada técnica legislativa. Por lo demás, es obvio que su aprobación o no es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República. Pero deberá en todo caso, someterse a la formalidad esencial o sustancial del procedimiento legislativo, previsto por el ordinal 167 constitucional; esto conforme al último procedente vinculante de la Sala Constitucional.”

  • Dictamen nº 253 de 03 de Julio de 2020, de Municipalidad de Mora

    C-253-2020 LEY 9329, LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS. LEY 9660, LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD CICLÍSTICA. LEY 8114 LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS. ARTÍCULOS 84 Y 85 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACERAS. El señor, Gilberto Monge Pizarro, Alcalde Municipal de la Municipalidad de Mora, mediante oficio No. AMM-694-2019, requiere nuestro criterio respecto de las leyes 9329 Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal; 9660, Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística, y la reforma al artículo 5 de la Ley 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, en específico consulta “si con base en esta derogatoria tácita es obligación de las municipalidades en las vías públicas cantonales y del Consejo Nacional de Vialidad en las vías públicas nacionales la construcción de las aceras?” Esta Procuraduría, en el dictamen No. C-253-2020 de 26 de junio de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez y la Abogada de Procuraduría Angela M° Garro Contreras, concluye que: De conformidad con todo lo expuesto, el artículo 2° de la Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal y la Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística, no han derogado tácitamente el inciso d) del artículo 84, los párrafos de ese artículo que citan en su consulta, ni el inciso d) del artículo 85, ambos del Código Municipal. La exigencia y control del cumplimiento las obligaciones de los propietarios y poseedores dispuestas por esas normas, y las posibilidades que se establecen para que la Municipalidades puedan asumir esas obligaciones por motivos de seguridad y por la falta comprobada de recursos de determinados poseedores o propietarios, forman parte de las competencias municipales de atención plena y exclusiva de la red vial cantonal.

  • Dictamen nº 244 de 26 de Junio de 2020, de Colegio de Profesionales en Orientación

    C-244-2020 ALCANCE DE LA RESTRICCIÓN CONTRACTUAL DE LA DEDICACIÓN EXCLUSIVA; SERVIDORES SUJETOS A DEDICACIÓN EXCLUSIVA COMO INTEGRANTES DE JUNTAS DIRECTIVAS O DE ÓRGANOS COLEGIADOS DE ENTES U ÓRGANOS PÚBLICOS; CONDICIÓN INELUDIBLE QUE EL DESEMPEÑO DE ESOS CARGOS NO IMPLIQUE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROFESIÓN RESTRINGIDA; DEVENGO DE LA DIETA RESPECTIVA CONFORME AL ORDINAL 17, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, NO. 8422. Por oficio N° CPO-0043-2020, de 12 de junio del 2020, con base en el acuerdo firme número 8, adoptado en la sesión extraordinaria No. 10 de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Orientación, celebrada a las 10:10 hrs. del 21 de mayo pasado, la Vicepresidente de dicha Junta nos consulta “sobre la procedencia del pago de dietas por sesiones de Junta Directiva a favor de personas que laboran para instituciones autónomas y semi autónomas y concretamente en la Universidad Nacional y se encuentren ligados por un contrato de dedicación exclusiva.” Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante dictamen C-244-2020, de 26 de junio de 2020, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, del Área de la Función Pública, concluye: “La restricción a la que quedan sujetos los funcionarios afectos al régimen contractual de la Dedicación Exclusiva se circunscribe al ejercicio de la profesión que sirvió de base para la suscripción del contrato respectivo. Por lo cual, salvo que existan razones de incompatibilidad, esas personas pueden realizar otras labores, públicas o privadas, remuneradas o ad honorem, que no se relacionen con la profesión sujeta a dicho régimen, siempre que no exista superposición horaria, ni lo coloque ante un eventual conflicto de intereses. Pudiendo entonces ser nombrados como integrantes de Juntas Directivas o de órganos colegiados de entes u órganos públicos, bajo la condición ineludible que el desempeño de esos cargos no implique la realización de actividades relacionadas con aquella profesión. La determinación o no de actividades inconciliables, por reunir las características para configurar un ejercicio liberal de la profesión restringida por la dedicación exclusiva, y que impedirían desempeñar de forma simultánea más de un puesto público y acumular la retribución correspondiente, es una tarea que le compete a la Administración activa y no a este órgano superior consultivo.

  • Dictamen nº 245 -J de 26 de Junio de 2020, de Municipalidad de Oreamuno

    C-245-2020 PUBLICACIÓN ÍNTEGRA DEL PLAN REGULADOR. CARÁCTER NORMATIVO DEL PLAN REGULADOR. ARTÍCULO 17 LEY PLANIFICACIÓN URBANA. La señora, Laura Rojas Araya, Secretaria del Concejo Municipal de la Municipalidad de Mora, mediante oficio No. MO-SCM-126-2019, requiere nuestro criterio sobre la necesidad de publicación, en el Diario Oficial, del Anexo II Tabla de los Usos de suelo que formaban parte del Plan Regulador aprobado, para su respectiva validez y aplicación. Esta Procuraduría, en el dictamen No. C-245-2020 de 26 de junio de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez y la Abogada de Procuraduría Ángela M° Garro Contreras, concluye que: De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, en relación con los artículos 4 inciso a), 13 inciso p) y 43 del Código Municipal, y artículos 140 y 240 de la Ley General de la Administración Pública, sí es necesaria la publicación del Anexo II de Tablas de los Usos del Suelo –que formaban parte del Plan Regulador aprobado- para su aplicación y eficacia, no así para determinar su validez.

  • Dictamen nº 237 de 23 de Junio de 2020, de Liceo Rural de Boca Tapada

    C-237-2020. INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. NO SE ADJUNTA ACUERDO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN. NO SE ADJUNTA CRITERIO LEGAL. CASO CONCRETO. El Presidente de la Junta Administrativa del Liceo Rural de Boca Tapada, en nota sin número, planteada por correo electrónico el 18 de junio de 2020, refiere a un litigio planteado por la anterior oferente del servicio de comedor escolar, en el que reclama el pago de cuotas obrero patronales, y solicita rindamos nuestro criterio sobre “si efectivamente este DENUNCIA en SEDE PENAL la debe contestar ante los tribunales correspondientes.” Esta Procuraduría, en dictamen no. C-237-2020 de 23 de junio de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible porque: El supuesto de que el jerarca administrativo de la institución consultante sea un órgano colegiado, es ese órgano, por medio de un acuerdo, el legitimado para presentar la consulta. En esta ocasión es el presidente de la Junta Administrativa quien requiere nuestro criterio, sin mediar un acuerdo de la Junta al respecto. Además, la solicitud incumple el requisito de admisibilidad de adjuntar el criterio de la asesoría legal de la institución sobre el tema consultado. Sobre ese requisito hemos indicado que el criterio del asesor legal debe ser un análisis jurídico detallado sobre todos los puntos que se someten a nuestra consideración, y que éste tiene como finalidad poder determinar si después de haberse estudiado y discutido el asunto a nivel interno, persiste la necesidad de requerir nuestro pronunciamiento vinculante. Dicho criterio brinda insumos importantes para analizar el tema consultado tomando en cuenta el funcionamiento práctico de la institución consultante y constituye un elemento adicional para alcanzar la más adecuada asesoría que la Procuraduría está llamada a brindar a la Administración Pública. (Al respecto, véanse los dictámenes Nos. C-151-2002 de 12 de junio de 2002, C-121-2013 de 1° de julio de 2013, C-220-2016 de 27 de octubre de 2016 y C-168-2017 de 18 de julio de 2017). Por último, la interrogante planteada está referida al litigio promovido por quien prestó el servicio de comedor sobre el cobro de cuotas obrero patronales, y, por tanto, a un caso concreto.

  • Dictamen nº 235 de 23 de Junio de 2020, de Asamblea Legislativa

    C-235-2020. INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. CONSULTA DE DIPUTADOS. CONSULTA DE DIPUTADA A TÍTULO INDIVIDUAL NO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA ENCARGADA. La señora Carmen Chan Mora, Diputada, Asamblea Legislativa, requiere nuestro criterio sobre el proyecto de ley no. 21316, denominado “Modificación a los artículos 49, 53, 55, 60 y adición de un nuevo artículo 60 bis en el capítulo IV) sobre pesca de atún, de la ley no. 8436, Ley de Pesca y Acuicultura.” Particularmente, requiere que nos pronunciemos sobre el oficio de Servicios Técnicos no. AL-DEST IJU-306-2019 de 5 de diciembre de 2019, en cuanto a que el modelo de pesca de atún propuesto no se ajusta a la resolución de la Sala Constitucional sobre el desarrollo sostenible democrático ni a la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo sobre la materia. Esta Procuraduría, en dictamen no. C-235-2020 de 23 de junio de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible porque: Tal y como se indicó en la OJ-127-2019 de 30 de octubre de 2019, en la que se respondió su oficio no. OFI-DCCh-596-2019 de 16 de octubre de 2019 sobre varias interrogantes relacionadas con la OJ-123-2019 de 8 de octubre de 2019, las ocasiones en las que se ha procedido a evacuar consultas referidas a proyectos de ley que no provienen de una Comisión Legislativa, se han referido a casos específicos en los que es difícil determinar si la consulta que se plantea es propia de la labor de control político o del trámite legislativo. En esta ocasión, al requerirse el análisis del contenido de un proyecto de ley por una señora Diputada, a título individual, y no provenir esa solicitud de la Comisión encargada de tramitar la iniciativa, la consulta no cumple con el parámetro de admisibilidad antes expuesto. En todo caso, debe señalarse que el proyecto de ley sobre el cual requiere nuestro criterio nos fue consultado por la Comisión encargada de tramitarlo, mediante el oficio no. AL-DCLEAGRO-10-2019 de 24 de abril de 2019, y que esa solicitud está siendo atendida. Por tanto, nuestro criterio sobre ese proyecto de ley, será emitido como respuesta a dicha gestión.

  • Opinión Jurídica nº 087 -J de 23 de Junio de 2020, de Asamblea Legislativa

    OJ-087-2020. PROYECTO DE LEY. REFORMAS LEY DE PESCA Y ACUICULTURA. PRINCIPIO PREVENTIVO. ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA. REGISTRO Y LICENCIAS DE PESCA PARA BARCOS ATUNEROS. La señora Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área, Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, requiere la opinión jurídica de esta Procuraduría sobre el proyecto de ley que se tramita en el expediente legislativo número 21316, denominado “Modificación a los artículos 49, 53, 55, 60 y adición de un nuevo artículo 60 bis en el capítulo IV) sobre pesca de atún, de la ley no. 8436, Ley de Pesca y Acuicultura.” Esta Procuraduría, en Opinión Jurídica no. OJ-087-2020 de 23 de junio de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que si bien la aprobación del proyecto de ley, es una decisión estrictamente legislativa, con respeto se recomienda valorar las siguientes observaciones: El presente proyecto de ley pretende modificar el artículo 49 de la Ley de Pesca y Acuicultura (no. 8436 de 1° de marzo de 2005) que establece la forma en la que el INCOPESCA debe fijar los cánones por concepto de registro y licencias de pesca para los barcos atuneros, estableciendo nuevos parámetros que deben ser considerados al efecto. En aras de garantizar un adecuado balance entre la explotación del recurso, su conservación y el adecuado reparto de la riqueza que genera, es necesario valorar la reforma propuesta tomando en consideración criterios técnicos y objetivos que determinen cuál es el mejor mecanismo a esos efectos. En ese mismo sentido, deben valorarse las reformas de los artículos 53 y 55 que se proponen. En lo que tiene que ver con la reforma del artículo 60, con el fin de determinar que no se permitirá la pesca de atún con buques cerqueros dentro de las primeras 60 millas náuticas medidas desde la línea base de la costa, debemos reiterar lo ya dicho sobre una iniciativa similar, en la Opinión Jurídica no. OJ-141-2014 de 28 de octubre de 2014.

  • Opinión Jurídica nº 085 -J de 22 de Junio de 2020, de Asamblea Legislativa

    OJ-085-2020. PROYECTO DE LEY. REFORMAS LEY DE PENSIONES ALIMENTARIAS NO. 7654. LEY 7654 DEROGADA A PARTIR DEL 1° DE OCTUBRE DE 2020. DEROGACIONES DEL CÓDIGO PROCESAL DE FAMILIA. La señora Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área, Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, requiere la opinión jurídica de esta Procuraduría sobre el proyecto de ley que se tramita en el expediente legislativo número 21332, denominado "Reforma parcial a la Ley N° 7654, Ley de Pensiones Alimentarias del 19 de diciembre de 1996 y sus reformas". Esta Procuraduría, en Opinión Jurídica no. OJ-085-2020 de 22 de junio de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez y la Abogada Sandra Paola Ross Varela concluyen que: Sin entrar a valorar el fondo de la propuesta, debe advertirse que la Ley de Pensiones Alimentarias quedará derogada a partir del 1° de octubre de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° aparte I) del Código Procesal de Familia (Ley no. 9747 de 23 de octubre de 2019). Por tanto, si el legislador estima que el objeto de las reformas planteadas no ha sido cubierto por las disposiciones del Código Procesal de Familia y, por tanto, considera que se mantiene la necesidad de impulsar un proyecto como el presente, éste debe encaminarse a reformar la Ley no. 9747, y no la Ley 7654.

  • Dictamen nº 234 de 22 de Junio de 2020, de Patronato Nacional de Rehabilitación

    C-234-2020 PATRONATO NACIONAL DE REHABILITACIÓN (PANARE). NATURALEZA JURÍDICA. FONDOS PÚBLICOS. DONACIÓN. DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Por oficio n.°JDP-093-2020 del 23 de abril del 2020, el Presidente de la Junta Directiva del Patronato Nacional de Rehabilitación (PANARE) consultó si la discrecionalidad administrativa que se indica en nuestro dictamen C-059-2008, del 25 de febrero, incluye la potestad de donar sin tener que refrendar dicha donación ante la Contraloría General de la Republica o cualquier otra dependencia gubernamental. El Procurador Alonso Arnesto Moya, luego de advertir que el pronunciamiento de referencia no alude a las potestades discrecionales del PANARE, y de la competencia prevalente del órgano contralor en lo relativo al acto de refrendo tratándose de la Hacienda Pública, por lo que nuestra respuesta se limitaba a esclarecer ciertas nociones básicas y a analizar jurídicamente el instituto de la donación en el sector público, emitió el dictamen C-234-2020 del 22 de junio del 2020, con las siguientes conclusiones: La discrecionalidad administrativa es una manifestación del principio de legalidad, en cuanto es la misma norma jurídica la que le confiere a la Administración Pública la posibilidad de elección entre dos o más alternativas igualmente legítimas. La naturaleza jurídica del PANARE como ente público implica que necesariamente los fondos con los que cuenta para el ejercicio de sus competencias deben ser considerados como públicos con arreglo al artículo 9 de la Ley n.°7428. La Ley constitutiva del PANARE (n.° 3695) no contiene ningún precepto que lo autorice a donar los bienes de su patrimonio. Por consiguiente, requiere de norma legal habilitante para poder disponer de sus bienes (muebles o inmuebles) mediante donación, siendo suficiente la autorización del legislador en ese sentido, salvo que éste disponga algún requisito ulterior para su perfección (verbigracia, el refrendo contralor).