Listado de fuentes de esta colección

Últimos documentos

  • Dictamen nº 479 de 17 de Diciembre de 2020, de Municipalidad de Desamparados

    C-479-2020 MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS. LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR PROHIBICIÓN. TEORÍA DEL ESTADO. PATRONO ÚNICO. INADMISIBLE. CASO CONCRETO. El Alcalde de la Municipalidad de Desamparados nos planteó una consulta relacionada con los cambios en la compensación económica por prohibición operados con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, n.° 9635 de 3 de diciembre del 2018. Esta Procuraduría, en su dictamen C-479-2020 del 17 de diciembre del 2020, suscrito por Julio César Mesén Montoya, Procurador de Hacienda, y Mariela Villavicencio Suárez, abogada de Procuraduría, indicó que la consulta pretende que definamos, según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuál es el porcentaje de compensación económica por prohibición al ejercicio liberal de la profesión que le corresponde a un funcionario específico que ingresó a trabajar a la auditoría de la Municipalidad de Desamparados. En consecuencia, la gestión resulta inadmisible por versar en un caso concreto. Sin perjuicio de lo anterior, y como parte de los elementos de juicio que puede tomar en cuenta el consultante para adoptar la decisión que corresponda, hicimos referencia a varios pronunciamientos relacionados con la consulta que se nos formuló.

  • Dictamen nº 484 de 17 de Diciembre de 2020, de Instituto Nacional de las Mujeres

    C-484-2020 Procedimiento para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, artículo 173 LGAP. potestad de la administración pública de anular un acto declarativo de derechos en vía administrativa. Imposibilidad de la Procuraduría de emitir el dictamen favorable requerido por el INAMU, por la omisión de formalidades sustanciales legalmente previstas que vician lo actuado en el procedimiento instaurado en el caso de la funcionaria xxx, en orden al otorgamiento de manera errónea de 13 puntos de carrera profesional. Por oficio INAMU-PE-0676-2020, fechado el 27 de octubre del 2020 y recibido en esta Institución el día 05 de noviembre de ese mismo año, la señora Patricia Mora Castellanos, Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), solicitó nuestro criterio preceptivo “sobre la declaratoria de la nulidad absoluta evidente y manifiesta de los actos administrativos que otorgaron de manera errónea 13 puntos de carrera profesional a la funcionaria xxx“, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 173 de laLey General de la Administración Pública (LGAP). Junto con el citado oficio, se adjuntó copia simple e incompleta del expediente administrativo llevado al efecto. Mediante dictamen C-484-2020 del 17 de diciembre del 2020, suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta, se concluyó: “De acuerdo con lo expuesto, esta Procuraduría General devuelve, sin el dictamen afirmativo solicitado, la gestión tendente a declarar la nulidad administrativa de “los actos administrativos que otorgaron de manera errónea 13 puntos de carrera profesional a la funcionaria xxx“, ya que se han omitido formalidades sustanciales legalmente previstas que vician lo actuado.”

  • Dictamen nº 481 de 17 de Diciembre de 2020, de Municipalidad de Nicoya

    C-481-2020 MUNICIPALIDAD DE NICOYA. MANUAL DE PUESTOS. PLAZA DE CONTADOR MUNICIPAL. INADMISIBLE. LEGALIDAD DEL ACTO. CASO CONCRETO La secretaría del Concejo Municipal de Nicoya nos comunicó lo acordado por ese órgano colegiado en su sesión ordinaria n.° 025, celebrada el 20 de octubre del 2020. En dicho acuerdo se dispuso consultar a esta Procuraduría sobre la procedencia de eliminar la plaza de contador municipal del Manual Descriptivo de Puestos para crear la plaza de director financiero; y sobre la posibilidad de equiparar la figura de contador municipal con la de “coordinación de contabilidad”. Esta Procuraduría, en su dictamen C-481-2020 del 17 de diciembre del 2020, suscrito por el Procurador Julio César Mesén Montoya, y por Mariela Villavicencio Suárez, abogada de Procuraduría, indicó que la consulta que se nos planteó resulta inadmisible. Ello, en primer lugar, porque pretende que revisemos la validez de una decisión administrativa ya adoptada por la Municipalidad de Nicoya, situación que escapa de las competencias legalmente atribuidas a este Órgano Asesor; y, en segundo lugar, porque el estudio legal que se nos remitió con la consulta no fue elaborado para solicitar nuestro criterio, sino que fue la respuesta de la Dirección de Gestión Jurídica de la Municipalidad a una consulta planteada a ese órgano por la Coordinadora de Contabilidad. Sin perjuicio de lo anterior, y a manera de referencia, se hace alusión al dictamen C-342-2006 del 24 de agosto del 2006, el cual está relacionado con el tema que interesa a la municipalidad consultante.

  • Dictamen nº 482 de 17 de Diciembre de 2020, de Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.a.

    C-482-2020 INADMISIBILIDAD. PROCURADURÍA GENERAL NO PUEDE DETERMINAR EFECTOS CONCRETOS DE RESOLUCIONES DE LA SALA CONSTITUCIONAL, NI EFECTUAR INTERPRETACIÓN DE CONVENCIÓN COLECTIVA. Por oficio 2001-1330-2020, de fecha 09 de diciembre de 2020, el Gerente General de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) solicita nuestro criterio jurídico vinculante a fin de interpretar los supuestos contenidos en el artículo 100 de la Convención Colectiva de los Trabajadores de la CNFL y lograr así su correcta aplicación; considerando para tal efecto la jurisprudencia reciente de la Sala Constitucional, emitida en el caso concreto de dicho instrumento colectivo. Con la aprobación del señor Procurador General de la República, mediante dictamen C-482-2020 de 17 de diciembre del 2020, suscrito por el MSc. Luis Guillermo Bonilla Herrera, se concluyó: “La interpretación y la aplicación cotidiana y pacífica de los convenios colectivos le corresponden a los trabajadores y empleadores destinatarios, o bien, a los órganos interiores creados en el propio convenio para ello, y conforme al procedimiento establecido al efecto para que emitan pronunciamientos o decisiones interpretativas, a modo de interpretación auténtica, sin que ello obste la utilización de medios de solución alternativa de conflictos y en el peor de los casos el sometimiento de la controversia ante la jurisdicción laboral. Y así está expresamente regulado en los artículos 16 y 17 de la Convención Colectiva de Trabajo CNFL SITET 1995-1997. Además, la Procuraduría no puede rendir un criterio vinculante determinando los efectos que una acción de inconstitucionalidad concreta tiene sobre la aplicación de una norma convencional específica, pues ello implicaría invadir competencias propias de la Sala Constitucional –art. 12 de la LJC-; máxime cuando la propia Sala se ha pronunciado de forma expresa y concreta al respecto -resolución No. 2020-0015099-. No es posible entonces atender la gestión en los términos en que ha sido formulada, y por ende, ejercer la función consultiva requerida, ya que por el efecto vinculante de nuestros dictámenes, estaríamos inmiscuyéndonos, y en el peor de los casos, sustituyendo indebidamente a las partes destinatarias del convenio colectivo en la toma de decisiones muy particulares y que les compete exclusivamente a ellas. Debe denegarse el trámite de la consulta y se ordena su archivo.”

  • Dictamen nº 468 de 04 de Diciembre de 2020, de Defensoría de Los Habitantes de la República

    C-468-2020 movilidad o traslado horizontal definitivo o temporal de plazas. Decreto Ejecutivo No. 22317 del 1º de julio de 1993. Reconocimiento de Anualidades. Ley 9635. Guarda relación con los prununciamientos C-105-2018 del 21 de mayo del 2018, C-218-2020 del 10 de junio de 2020, la OJ-107-2020 del 20 de julio de 2020 Y C-396-2020 del 12 de octubre del 2020. Por oficio N° DH-0781-2019, fechado 2 de octubre del 2019, la señora Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes, solicita el criterio de la Procuraduría General, en relación con las siguientes interrogantes: “1. En el caso de funcionarios que se han trasladado desde otras instituciones públicas a la Defensoría de los Habitantes, mediante el procedimiento de movilidad horizontal en el sector público, contemplado por el Decreto Ejecutivo No. 22317-MP-MIDEPLAN del primero de julio de 1993, sírvase determinar: ¿A partir de qué momento el servidor público pasa a ser funcionario de la Defensoría de los Habitantes: Desde la firma del documento tripartito (Firma del Jerarca de la Institución Pública desde la cual se traslada el funcionario; firma del funcionario público y firma de Jerarca de la DHR que funge como institución receptora o de destino). Desde el momento en que el funcionario se traslada físicamente de la institución receptora a la institución de destino; o, ¿Desde el momento en que el funcionario pasa, formalmente, de la planilla de Recursos Humanos de la institución de origen a la planilla de la Defensoría de los Habitantes? En una situación de traslado horizontal, amparada por el Decreto de cita y autorizada por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), cuando anterior a la fecha de rige del traslado, la persona se traslada a prestar servicios en la institución que recibe la plaza, en ese lapso: ¿En cuál de las dos instituciones recae la relación laboral? 2. En el caso del funcionario que se traslada a la Defensoría a través del procedimiento de traslado por movilidad en el sector público, de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 22317-MP-MIDEPLAN del primero de julio de 1993, sírvase determinar: Si esa persona trasladada continúa recibiendo su salario completo de parte de la institución que cedió la plaza, de conformidad a cómo lo establece la normativa de la STAP, ¿tiene la institución receptora de dicha plaza alguna obligación de reconocer ajustes salariales retroactivos a la fecha de rige de la resolución de traslado de la plaza?. 3. Habiendo entrado en vigencia el Título III de la nueva Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley No.9635), a partir del 04 de diciembre de 2018: ¿El cálculo del salario de la plaza trasladada a partir del 01 de enero de 2019, a la Defensoría de los Habitantes (Ley de presupuesto Ordinario y Extraordinario No.9632) se debe hacer con base en la estructura salarial de la Defensoría anterior (a la entrada en vigencia de) la Ley No. 9635 ó de acuerdo con la nueva estructura salarial de la Defensoría de los Habitantes, modificada por dicha ley (a partir del 04 de diciembre de 2018)?. 4. ¿Tiene derecho la persona ocupante de la plaza trasladada, a partir del 01 de enero de 2019, para que se le reconozca el valor de sus anualidades (prestadas con anterioridad a su ingreso a la Defensoría) de acuerdo con la estructura salarial de la Defensoría de los Habitantes vigente antes del 04 de diciembre de 2018? (Fecha de entrada en vigencia de la Ley No.9635) Es decir, para que las anualidades adquiridas previamente al 01 de enero del 2019 sean pagadas a un 3.5% (del Régimen) de la Defensoría de los Habitantes y no al 1.96% del Régimen de Servicio Civil al cual pertenecía esa plaza? 5. Tomando en consideración que a los servidores del sector público se les reconocerá, para efectos de reconocimiento del incentivo por anualidad, el tiempo de servicio prestado en otras instituciones del sector público. ¿cómo se determina, por parte de la Defensoría, la anualidad por el tiempo servido en otra institución estatal, en la que laboró de manera previa a su ingreso en la Defensoría? ¿Con base en el monto establecido por régimen laboral de esa otra institución; o, ¿por el monto que estipula el régimen propio de la Defensoría de los Habitantes? 6. En el caso concreto de un funcionario de la defensoría de los habitantes, al que se le haya reconocido el rubro de la anualidad servida en otra institución por el mismo monto de que si lo hubiera hecho en la institución, sírvase contestar lo siguiente: ¿Puede la Defensoría de los Habitantes de la República revalorizar el cálculo del incentivo de la anualidad en relación al reconocimiento de los años previos servidos por el funcionario en otra institución del Estado?” Mediante el dictamen C-468-2020 del 04 de diciembre del 2020, suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta, se concluyó: “1.- El traslado horizontal definitivo obedece a un tipo de “reubicación definitiva de plazas a nivel interinstitucional de todo el Sector Público -central y descentralizado-“, con el que se pretende fomentar la movilidad de plazas, tanto vacantes, como ocupadas, entre los Ministerios, Instituciones y Empresas Públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria. 2.- En consecuencia, es requisito sine qua non, para acudir al procedimiento establecido en el Decreto Ejecutivo No. 22317 del 1º de julio de 1993, denominado “Movilidad Horizontal en Ministerios, Instituciones y Empresas Públicas, el cual ha sido desarrollado por la Circular STAP-880-94 de la Secretaría de la Autoridad Presupuestaria, que el traslado horizontal involucre alguna entidad bajo la tutela de la Autoridad Presupuestaria. 3.- En atención al primer cuestionamiento un servidor que se acoge a la movilidad o traslado horizontal definitivo pasa a ser funcionario de la institución receptora –en este caso la Defensoría de los Habitantes-, a partir del momento en que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria emite el acto administrativo de autorización del traslado de la plaza con la respectiva fecha de rige y notificación a las partes interesadas –eficacia del acto-. Traslado que desde luego debe ser consensuado entre los Jerarcas de la Institución que cede y recibe la plaza, cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, así como, previamente consentido por el servidor. 4.- Ahora bien, cuando anterior a la fecha de rige del traslado autorizado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, la persona se traslada a prestar servicios en la institución que recibe la plaza, en ese lapso a nuestro criterio se estaría frente a un traslado temporal y conforme lo hemos reconocido no existiría un movimiento presupuestario de la plaza, siendo que el funcionario estaría prestando sus servicios en otra dependencia administrativa distinta en la que está nombrado. Por lo tanto, la relación laboral recae en la institución donde se encuentra oficialmente nombrado el colaborador, toda vez que no se ha dado un traspaso definitivo de la plaza. 5.- En cuanto al tema estrictamente salarial y sus respectivos ajustes –interrogantes 2 y 3-, se deben respetar la legislación vigente, en atención a la fecha de rige del traslado horizontal definitivo de la plaza que ocupa el funcionario, situación que debe definir esa Defensoría y no esta Procuraduría. 6.- Las anualidades que acumula el funcionario trasladado deben serle reconocidas utilizando la metodología de cálculo del régimen salarial de la Defensoría de los Habitantes y aplicar la nueva fórmula de cálculo que para este plus salarial introduce la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, a futuro, siempre y cuando el traslado autorizado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, se haya concretado de forma previa a la entrada en vigencia de la Ley 9635; es decir, antes del 4 de diciembre del 2018. 7.- En orden a los dos últimos cuestionamientos, de su análisis se evidencia que no se trata de dudas propiamente jurídicas, por el contrario, obedecen a temas meramente de gestión y cálculo que deben ser atendidos a nivel interno por esa Defensoría. Incluso, en la interrogante número seis se expone un caso concreto de un funcionario de esa Defensoría (omitiendo obviamente su nombre), y se invita a esta Procuraduría a pronunciarse sobre actuaciones ya materializadas, lo cual resulta improcedente por esta vía. 8.- Tómese en cuenta lo ya definido por esta Procuraduría en el dictamen C-396-2020 citado, en el sentido de que “las anualidades ya recibidas previo a la entrada en vigencia de la Ley No. 9635, se conservarán y mantendrán en el tiempo como montos nominales fijos, según la conversión ordenada por Ley - ordinales 50, 56, 57 inciso l) de la citada Ley de Salarios y Transitorios XXV y XXXI de la Ley No. 9635 y 14 del Reglamento a su Título III-. Lo cual resulta acorde con lo sostenido recientemente en el dictamen C-153-2020, de 24 de abril de 2020, según el cual: “la no revalorización de los incentivos ya reconocidos, alude a la invariabilidad tanto del monto nominal fijo en el que se convierten las anualidades percibidas anteriormente al 4 de diciembre de 2018 –entrada en vigencia de la Ley No. 9635-, como al de las que se adquieran con posterioridad a aquella fecha, que también serán calculadas como un monto nominal fijo, según lo ordena la Ley” esto último, según art. 50 de la Ley de Salarios-.”

  • Opinión Jurídica nº 182 -J de 04 de Diciembre de 2020, de Asamblea Legislativa

    OJ-182-2020 SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS DE LAS SEÑORAS Y LOS SEÑORES DIPUTADOS. EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE QUE LA ASAMBLEA REALICE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DE CONTROL POLITICO SOBRE ASUNTOS QUE ESTÁN SIENDO OBJETO DE UN PROCESO PENAL. INADMISIBILIDAD PARCIAL DE LA CONSULTA: IMPROCEDENCIA SOBRE TEMAS OBJETO DE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. FUNCIÓN DE LAS COMISIONES ESPECIALES LEGISLATIVAS, COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL PARA EL CONTROL DEL INGRESO Y EL GASTO PÚBLICO, SOBRE LA ABSTENCIÓN DE FUNCIONARIO-TESTIGO ANTE LAS COMISIONES ESPECIALES. Mediante oficio AL-FPLN-56-OFI-936-2020 la Señora Yorleny León Marchena Diputada de la Fracción Liberación Nacional de la Asamblea Legislativa no consulta lo siguiente: 1. Puede un funcionario, en calidad de auditor de la Caja Costarricense del Seguro Social, convocado a audiencia ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público, en el marco de una investigación legislativa, negarse a rendir declaración o contestar preguntas, amparado en el hecho de que presuntamente una fase de investigación privada por parte de la Fiscalía Adjunta de Probidad. 2. ¿Está facultada la Comisión de Ingreso y Gasto, en el marco de una investigación legislativa, para solicitar al Departamento de Auditoría Interna de la Caja Costarricense del Seguro Social cualesquiera informes finales de investigación sobre expedientes que guarden relación con investigaciones de dicha comisión? Esto a pesar de que existan investigaciones en curso por parte del Ministerio Público que también hayan requerido dichos informes. 3. ¿Puede la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa tener sesiones privadas en las que reciba declaraciones y testimonios de personas convocadas a audiencia, y cuáles son los límites de los diputados integrantes para utilizar esos testimonios o declaraciones en los informes que debe rendir ante el Plenario Legislativo? Teniendo en cuenta las garantías que debe respetar esta Comisión. Al no estarse de los supuestos de consulta ordinarios previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con un afán de colaboración y por un prurito de deferencia hacia el Poder Legislativo, este Órgano Superior Consultivo atiende la consulta formulada en razón de la existencia de un evidente interés público y sin perjuicio de que la opinión jurídica carece de un carácter vinculante. Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante la Opinión Jurídica OJ-182-2020, el Lic. Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Procurador Adjunto, concluye lo siguiente: - Con fundamento en lo expuesto se concluye que los auditores internos de las distintas administraciones, sea la Central o las Descentralizadas, no tienen el derecho de abstenerse a declarar frente a una Comisión Legislativa Investigadora, alegando, para justificarse, que sobre el mismo asunto de interés público, existen investigaciones abiertas por la Fiscalía Adjunta de Probidad, quedando a salvo, por supuesto, el derecho a no declarar contra sí mismo, el cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado, inclusive, de consanguinidad o afinidad así como también el deber de no revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados en sus informes, información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría que se estén realizando en un determinado momento. - Asimismo, debe indicarse que, conforme el artículo 121.23 constitucional, las Comisiones encargadas de investigaciones de control político, están habilitadas para pedir a los departamentos de Auditorías Internas, los informes finales de investigación de dichas auditorías, aun y cuando existan procesos o investigaciones penales abiertos. - Finalmente, se tiene por inadmisible la consulta respecto del punto enumerado como Tercero por cuanto a la fecha, el numeral 75 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, es todavía actualmente objeto de una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, que se tramita bajo el expediente N.° N. 18-018139-0007-CO y que no ha sido resuelta – donde se discute su conformidad con el numeral 117 constitucional – por lo que no es procedente evacuar la consulta planteada.

  • Dictamen nº 465 de 25 de Noviembre de 2020, de Ministerio de Hacienda

    C-465-2020 SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC). ANTINOMIA NORMATIVA. USO O DESTINO DEL SUPERÁVIT LIBRE. SUPERÁVIT ESPECÍFICO. ARTÍCULO 53 DE LA LEY DEL SISTEMA DE ESTADÍSTICA NACIONAL (N.°9694). ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS (N.°9635). LEY DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (N.°9371). La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria mediante oficio STAP-0005-2020, del 8 de enero de 2020, solicitó nuestro criterio respecto a si: ¿Existe una antinomia normativa entre lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley No. 9694, Ley del Sistema de Estadística Nacional de 4 de junio de 2019 y el artículo 17 del Título IV, Capítulo III de la Ley No.9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018 y sus reformas? El Procurador Alonso Arnesto Moya, luego de dar audiencia del asunto consultado al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), al tener relación con sus competencias y operación, mediante el dictamen C-465-2020 del 25 de noviembre de 2020, dio respuesta en los siguientes términos: El artículo 53 de la Ley del Sistema de Estadística Nacional regula en realidad un supuesto de superávit específico, ya que a los excedentes que genere el INEC de su ejecución presupuestaria la propia norma les fijó un propósito muy específico: constituir una reserva cuyo fin exclusivo será el financiamiento de todos los costos de los censos nacionales o la revisión y actualización de las metodologías utilizadas en las operaciones estadísticas, según el artículo 12 de la misma ley. Por ende, no presenta una antinomia normativa con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pues este precepto regula el uso o destino de los superávits libres generados por la aplicación de la regla fiscal. Sin embargo, fiel al espíritu de eficiencia en la gestión de las finanzas del INEC, que se quiso plasmar en la aprobación del aludido artículo 53, su párrafo in fine, condicionó el carácter específico de sus recursos superavitarios a que se presupuesten o programen durante los dos años siguientes al plazo que, como parte de la planificación plurianual, haya determinado la institución para llevar a cabo las actividades estadísticas mencionadas; ante cuyo incumplimiento deberá reintegrarlos en la parte transferida para el financiamiento del ente al presupuesto nacional.

  • Dictamen nº 464 de 25 de Noviembre de 2020, de Instituto Costarricense de Turismo

    C-464-2020 LA POSIBILIDAD DE REALIZAR SESIONES VIRTUALES ES EXCEPCIONAL. SEDE DEL ORGANO COLEGIADO PARA SESIONES, ACCESO A LAS ACTAS, SESIÓN ORGANOS COLEGIADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA, SEDE ELECTRÓNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA SESIÓN DEL ORGANO. Mediante oficio G-2336-2020 de 5 de octubre de 2020 de la Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo nos consulta si es legalmente posible reformar el Reglamento de Sesiones de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo para que ese órgano colegiado pueda sesionar, ordinaria y permanentemente, de forma virtual. La Administración consultante adjunta el criterio legal por oficio AL-47-2020 de 18 de junio de 2020 de la Asesoría Legal Institucional. Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante el dictamen C-464-2020, el Lic. Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Procurador Adjunto, concluye lo siguiente: - Con fundamento en lo expuesto, se concluye no existe norma legal que, fuera de los casos de situaciones excepcionales y de evidente urgencia administrativa o en estados de emergencia, habilite a los órganos colegiados a sesionar de forma virtual, mucho menos que habilite la posibilidad de que los órganos colegiados puedan sesionar virtualmente de forma ordinaria. Tampoco existe norma legal general que habilite la posibilidad de que, mediante la vía reglamentaria, se establezca que los órganos colegiados pueden sesionar virtualmente de forma ordinaria ni existe una norma legal que, de forma especial, habilite al Instituto Costarricense de Turismo para emitir una norma reglamentaria que permita a su Junta Directiva a sesionar, de ordinario, de forma virtual.

  • Opinión Jurídica nº 180 -J de 25 de Noviembre de 2020, de Asamblea Legislativa

    OJ-180-2020 DERECHOS DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD. DELITOS DE PELIGRO ABSTRACTO. NECESIDAD DE BIEN JURÍDICO. MEDIDAS DE SEGURIDAD Opinión Jurídica mediante el cual nos solicitan emitir criterio en relación con el proyecto legislativo 21.564, denominado “Ley Contra La Facilitación de la Delincuencia desde los Centros de Detención”. Ante el aumento de los casos de estafas por medio de llamadas telefónicas, extorsiones y amenazas a víctimas y testigos, así como la continuidad en las actividades delictivas de grupos criminales que provienen de los centros penales, la diputada proponente pretende con este proyecto sancionar a las personas que introduzcan o faciliten el ingreso de aparatos electrónicos de telefonía y telecomunicaciones, así como partes de estos, que permitan ensamblar y operar teléfonos celulares desde el interior de los centros de reclusión. La norma bajo estudio, procura evitar que se comentan otros actos ilícitos de mayor gravedad desde el interior de los centros penitenciarios, castigando la introducción de teléfonos celulares y/o sus aditamentos con el fin de evitar la comisión de esos delitos.

  • Opinión Jurídica nº 177 -J de 24 de Noviembre de 2020, de Asamblea Legislativa

    OJ-177-2020 proyecto de ley denominado “Ley de protección de la persona trabajadora para plataformas digitales de servicios de reparto”, expediente legislativo Nº 21.567, cuyo texto sustitutivo fue publicado en el Alcance N° 266 a La Gaceta N° 245, del 7 de octubre del año 2020. Por oficio N° AL-CPAS-685-2019 del 09 de octubre del 2019, la Licenciada Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de Comisiones Legislativas II de la Asamblea Legislativa, solicitó el criterio de la Procuraduría en relación con proyecto de ley denominado originalmente: “Ley de protección de la persona trabajadora de plataformas digitales de servicios, mediante adición de un nuevo capítulo XII al título II del Código de Trabajo, Ley N.° 2, de 27 de agosto de 1943 y sus reformas”, expediente legislativo Nº 21.567, cuyo texto sustitutivo fue publicado en el Alcance N° 266 a La Gaceta N° 245, del 7 de octubre del año 2020 y que corresponde actualmente al proyecto: “Ley de protección de la persona trabajadora para plataformas digitales de servicios de reparto”. La Licenciada Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta, mediante la opinión jurídica OJ-177-2020 de 24 de noviembre del 2020, concluyeron lo siguiente: “Si bien es cierto, la aprobación o no del proyecto es un tema que se enmarca dentro del ámbito de discrecionalidad legislativa, se recomienda a los (as) señores (as) Diputados (as) valorar las observaciones realizadas en este pronunciamiento.”