Listado de fuentes de esta colección

Últimos documentos

  • Dictamen nº 005 de 09 de Enero de 2020, de Banco Popular y Desarrollo Comunal

    C-005-2020. INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. NO ADJUNTA CRITERIO LEGAL. El señor Luis Alonso Lizano Muñoz, Secretario General de la Junta Directiva Nacional del Banco Popular, requiere nuestro criterio sobre la posibilidad de excluir funcionarios de las futuras negociaciones de la convención colectiva de trabajo. Esta Procuraduría, en dictamen No. C-005-2020 de 9 de enero de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible porque: Pese a que en la consulta se transcribe parte del informe de la Dirección Jurídica Institucional, no se adjunta dicho documento, y, por ello, no es posible conocer el criterio completo de la asesoría legal; por tanto, no se cumple el requisito de admisibilidad que exige expresamente el artículo 4° de nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de setiembre de 1982).

  • Dictamen nº 004 de 09 de Enero de 2020, de Consejo de Transporte Público

    C-004-2020. INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. RÉGIMEN DE CONTROL INTERNO. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. NO ADJUNTA CRITERIO LEGAL. El señor Manuel Vega Villalobos, Director Ejecutivo a.i., Consejo de Transporte Público, requiere nuestro criterio sobre sobre las siguientes interrogantes: “¿Existe algún impedimento administrativo o jurídico para que se realice un estudio de clima organizacional en el cual participen los funcionarios de la Auditoría Interna que se encuentran nombrados bajo el régimen del servicio civil? ¿Deben ser anónimos los funcionarios que se les apliquen a estos servidores o pueden libremente optar por indicar el nombre si lo consideran pertinente?” Esta Procuraduría, en dictamen No. C-004-2020 de 9 de enero de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible porque, está relacionada con el régimen de control interno, que según lo dispuesto por los artículos 3° y 23 de la Ley General de Control Interno (no. 8292 de 31 de julio de 2002) y 12 y 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (no. 7428 de 7 de 7 de setiembre de 1994), constituye competencia exclusiva y prevalente de la Contraloría General de la República; así como adolece del segundo requisito de admisibilidad regulado por el artículo 4° de nuestra Ley Orgánica, referente a adjuntar el criterio de la asesoría legal sobre el asunto consultado.

  • Dictamen nº 006 de 09 de Enero de 2020, de Colegio Federado de Químicos E Ingenieros Químicos

    C-006-2020 INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. CASO CONCRETO. NO SE ADJUNTA CRITERIO LEGAL. NO SE ADJUNTA ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA. La señora Noemy Quirós Bustos, Presidenta del Colegio de Químicos de Costa Rica, mediante oficio no. CQCR-050-2019 de 18 de diciembre de 2019, requiere nuestro criterio sobre la siguiente interrogante: ¿Puede un ex trabajador administrativo de la Universidad de Costa Rica en este momento jubilado bajo la ley 7268 (Régimen del Magisterio Nacional), ser contratada con inclusión en planillas de la C.C.S.S, por el Colegio de Químicos, en un puesto administrativo sin que tenga que renunciar a su pensión? Esta Procuraduría, en dictamen No. C-006-2020 de 9 de enero de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible porque: En primera instancia, pese a que la consulta se formula sin mencionar el nombre de la persona, lo cierto es que se requiere nuestro criterio sobre un caso concreto, pues, lejos de plantearse un cuestionamiento jurídico abstracto, se expone una situación fáctica particular, lo cual escapa a nuestra labor asesora. Además, no se cumple el segundo requisito de admisibilidad, que exige expresamente el artículo 4° de nuestra Ley Orgánica, es decir, que se acompañe el criterio de la asesoría legal de la institución. Finalmente, la consulta es planteada por uno solo de los miembros de la Junta Directiva del Colegio de Químicos, sin mediar un acuerdo de ese órgano colegiado en el cual se decidió plantear la consulta.

  • Dictamen nº 003 de 09 de Enero de 2020, de Municipalidad de Sarchí

    C-003-2020. INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. CASO CONCRETO EN EL CRITERIO LEGAL. El señor Luis Oscar Quesada Esquivel, Alcalde, Municipalidad de Sarchí, requiere nuestro criterio sobre sobre tres interrogantes relacionadas con el uso y acceso restringido de las vías públicas. Esta Procuraduría, en dictamen No. C-003-2020 de 9 de enero de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible, ya que si bien la consulta no hace referencia a un caso concreto, el criterio legal adjunto sí expone una situación concreta y específica. Por tanto, de dar respuesta a su consulta con el criterio legal que la acompaña, estaríamos refiriéndonos indirectamente a esa situación concreta, lo cual, como ya se advirtió, escapa a nuestra función consultiva. (En similar sentido, véanse los dictámenes nos. C-139-2017 de 20 de junio de 2017, C-061-2018 de 3 de abril de 2018, C-246-2018 de 21 de setiembre de 2018 y C-046-2019 de 20 de febrero de 2019).

  • Opinión Jurídica nº 003 -J de 07 de Enero de 2020, de Asamblea Legislativa

    OJ-003-2020 PROYECTO DE LEY. MINERÍA ARTESANAL. ADICIÓN Y REFORMA CÓDIGO DE MINERÍA. COSTA RICA PAÍS LIBRE DE MINERÍA METÁLICA A CIELO ABIERTO. La señora Noemy Gutiérrez Medina, Jefa de Área Comisiones Legislativas VI de la Asamblea Legislativa, mediante oficio no. 20936-078-2019 de 06 de marzo de 2019, requiere la opinión jurídica no vinculante de esta Procuraduría sobre el proyecto de ley que se tramita en el expediente legislativo número 21.229, denominado "Fortalecimiento y mejoramiento ambiental de la minería artesanal de Abangares, para que se adicione dos artículos y reforma al transitorio I, a la Ley No. 8904, Ley que reforma Código de Minería y sus reformas, Ley para declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto del 1° de diciembre de 2010”. Esta Procuraduría, en dictamen no. OJ-003-2020 de 7 de enero de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: Si bien la aprobación del proyecto de Ley no. 21.229, es una decisión estrictamente legislativa, con respeto se recomienda valorar que dicha iniciativa tenía como objetivos principales ampliar el plazo de ocho años dispuesto en el transitorio I de la Ley 8904, sin embargo en virtud de la aprobación de la Ley no. 9662 de 08 de febrero de 2019 que prorrogó el plazo dispuesto en el transitorio I de la Ley 8904 por cuatro años más, el texto sustitutivo aprobado no contiene ninguna disposición al respecto. En el texto sustitutivo se proyecta adicionar los transitorios VIII y IX a la Ley no. 8904, que son muy similares a los transitorios V y VI de la Ley no. 9662 de 08 de febrero de 2019, por lo que se recomienda valorar si, para evitar contradicciones en un mismo cuerpo normativo, resulta más adecuado y práctico, reformar esos transitorios según el texto propuesto. El último transitorio pretende que en el Reglamento al artículo 8° del Código de Minería se incluya la creación de una comisión interinstitucional, con el fin de que se otorgue la asistencia, incentivos y promoción que dispuso la Ley 8904. Al respecto, el cumplimiento de dicha medida implicaría una reforma del Reglamento de la actividad de la minería artesanal y en pequeña escala para subsistencia familiar por parte de cooperativas mineras (Decreto Ejecutivo no. 37225 de 23 de julio de 2012), por lo que se sugiere valorar la posibilidad de incluir un nuevo plazo para el cumplimiento de esa disposición, puesto que, con la redacción proyectada se estaría haciendo referencia a un plazo que ya transcurrió.

  • Opinión Jurídica nº 162 -J de 13 de Diciembre de 2019, de Asamblea Legislativa

    OJ-162-2019 CRITERIO EN RELACIÓN AL PROYECTO DE “LEY CONTRA EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO”. La Asamblea Legislativa mediante el oficio AL-CPEM-297-2019 de fecha 06 de mayo de 2019, ha requerido el criterio de la Procuraduría en relación con el proyecto de ley N° 20.299 denominado: “Ley contra el acoso sexual callejero”, pero teniendo en cuenta las modificaciones realizadas mediante el nuevo texto sustitutivo aprobado el día 11 de noviembre de 2019. El Lic. José Enrique Castro Marín, Procurador Coordinador del Área Penal de la Procuraduría General de la República, mediante la Opinión Jurídica OJ-162-2019 evacua la solicitud remitida, indicando que los proponentes de la presente iniciativa legal buscan la protección de la indemnidad sexual, la libertad de tránsito y la libertad de autodeterminación de cada persona en espacios públicos, en espacios privados de acceso público y en medios transporte públicos y privados. Dicha tarea se pretende realizar mediante la implementación de cinco artículos. Los primeros dos tienen una naturaleza programática, ya que desarrollan los objetivos, definiciones, políticas y acciones que se pretenden alcanzar con este proyecto de ley. El tercero propone una reforma al Código Penal, específicamente al artículo 53 relacionado con la pena de multa; el cuarto, adiciona una Sección IV titulada “Acoso sexual en espacios públicos o de acceso público” al Título III del Código Penal y finalmente, el quinto artículo añade un artículo 388 Bis a la Sección I del Libro III Contravenciones del Código Penal. Corolario del estudio realizado, considera este órgano asesor, que esta iniciativa legal –prima facie- carece de roces con nuestro Ordenamiento Jurídico, por lo que se estima que es viable para su aprobación, siempre y cuando se consideren las observaciones planteadas, las cuales quedan expuestas para análisis y valoración de los señores Diputados.

  • Dictamen nº 362 de 11 de Diciembre de 2019, de Ministerio de Seguridad Pública

    C-362-2019 . REGIMEN POLICIAL, Incentivos Policiales. Ley General de Policía, artículo 4, funciones de las Fuerzas de Policía. funciones Mixtas, funciones preparatorias, conexas y de coadyuvancia a la función policial. gUARDA RELACIÓN CON LO DISPUESTO EN EL Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad Pública, Decreto Ejecutivo N° 36366, artículos 126 y 127. artículo 58 de la Ley del Equilibrio Financiero del Sector Público y Reglamento para el pago de Riesgo Policial N° 29597-SP-G. Por oficioMSP-DM-AG-SA-40-357-2018 de fecha 12 de abril del 2018, la Sub Auditora Interna del Ministerio de Seguridad Pública, Licenciada Karol Cascante Ramírez, solicita el criterio de la Procuraduría General, en relación con las siguientes interrogantes: “En el marco de la normativa aplicable a las funciones policiales que se encuentran consagradas en la Ley General de Policía, Decreto Ejecutivo N° 32177-SP, ¿Cuál es el concepto de funciones "propiamente" preparatorias, conexas y de coadyuvancia a la función policial, y que las mismas conllevan una injerencia directa a la labor policial? Dentro de la normativa contemplada en la Ley General de Policía, artículo 58 de la Ley del Equilibrio Financiero del Sector Público y Reglamento para el pago de Riesgo Policial N° 29597-SP-G -todos aplicables a la retribución de los Incentivos Policiales- ¿Es procedente que se reconozca el pago de incentivos salariales policiales a funcionarios que pertenecen al Régimen del Estatuto Policial, aunque dediquen el 100% de su tiempo a labores exclusivamente administrativas? ¿Se pueden considerar las funciones administrativas (100%) que desempeñen funcionarios que se encuentran amparados bajo el Régimen Policial, como actividades de "prevención de carácter eminentemente policial" y actuaciones estratégicas de carácter preventivo tendientes a combatir las manifestaciones de delincuencia, en la preparación y disposición anticipada, cuyo objetivo es el garantizar la seguridad ciudadana y conservación del orden público, según el Decreto Ejecutivo N. 32177-SP? ¿Es legal que la Administración Activa le asigne funciones, exclusivamente administrativas (100%), a servidores que pertenecen al Régimen del Estatuto Policial, mediante una resolución administrativa motivada, justificando que dichas funciones administrativas se deben considerar como actividades preparatorias, conexas, de coadyuvancia a la función policial, de carácter circunstancial, temporal y secundario en relación con las funciones propiamente policiales?” Mediante el dictamen C-362-2019 del 11 de diciembre del 2019, suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta y la Licda. Daniela Vega Rojas, Abogada de Procuraduría, se concluyó: “1- En atención a lo dispuesto en la Ley General de Policía, en su artículo 4 son funciones de las Fuerzas de Policía, vigilar, conservar el orden público, prevenir lasmanifestaciones de delincuencia y cooperar para reprimirlas en la formaen que se determina en el ordenamiento jurídico. 2-Dichas funciones pueden ser consideradas a su vez como mixtas, cuando así lo determine la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad Pública, bajo criterios técnicos y objetivos, en observancia a lo dispuesto en el Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad Pública, Decreto Ejecutivo N° 36366 del 2 de noviembre de 2010, publicado en la Gaceta 21 del 31 de enero del 2011 y sus reformas, en sus artículos 126 y 127. 3.- Resulta contrario al ordenamiento jurídico que servidores que ocupen plazas policiales realicen funciones meramente administrativas, que no tienen relación alguna con la función policial. 4.- El desempeño de funciones técnicas o administrativas, entendidas como coadyuvantes a la función policial, no implica variación de la naturaleza jurídica de la relación de servicio policial; no obstante, ningún servidor administrativo, podrá desempeñar funciones policiales, por no encontrarse dentro del régimen policial. 5.- El pago de los incentivos salariales policiales es exclusivo para funcionarios policiales que ocupen plazas de esta naturaleza y desempeñen las funciones propias de esa clase, tal y como ha sido expuesto en el presente dictamen.”

  • Opinión Jurídica nº 154 -J de 05 de Diciembre de 2019, de Asamblea Legislativa

    OJ-154-2019 MULTA COMPROMISORIA PATRIMONIAL.REDUCCIÓN DEL HACINAMIENTO CARCELARIO.REDUCCIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES. Licenciada Nery Agüero Montero Jefa de Comisiones Legislativas VII, mediante el oficio número AL-CPSN-OFI-0242-2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, nos solicita emitir criterio en relación con el proyecto legislativo 20.543, denominado “Reformas de la Ley N.° 4573, Código Penal, y sus reformas, de 4 de mayo de 1970; de la Ley N.º 7594, Código Procesal Penal, y sus reformas, de 28 de marzo de 1996, y de la Ley N.° 8204, Reforma Integral Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, de 26 de diciembre de 2001”. PROPOSITO DEL PROYECTO. El objetivo del proyecto tiene como uno de sus propósitos reducir el hacinamiento carcelario y disminuir la duración de los procesos penales. CONCLUSIONES. Consideramos que el proyecto de Ley N° 20.543 muestra muchas falencias que lo hacen inviable, pues carece de un análisis profundo sobre el perfil de los infractores, que permita determinar con certeza el éxito del mismo, en cuanto al objetivo principal de la propuesta radica en la redución de las personas recluidas en los centros penitenciarios. Debemos recordar que existen otros institutos dentro de nuestro ordenamiento jurídico que se pueden aplicar, con el fin de no enviar a un individuo a la carcel. Así, el Código Penal establece en el artículo 50, además de la pena de prisión, la pena de Prestación de servicios de utilidad pública y el arresto domiciliario con monitoreo electrónico. En igual sentido, encontramos la Ejecución Condicional de la Pena regulada en el artículo 59 y siguientes del Código Penal. No olvidemos tampoco la aplicación de las medidas alternas. El proyecto de ley adolece de una regulación respecto al tratamiento que recibirían las personas reincidentes y aquellas que, una vez hecha la conmutación, no lleven a cabo la prestación de servicios de utilidad. La técnica legislativa utilizada en la concepción del presente proyecto de ley nos parece que no es la más adecuada. El sustituir los años de prisión por la misma cantidad de salarios base sin un sustento científico en materia criminal, podría atentar contra lo que se conoce como la dosimetría penal. A la luz del Segundo Informe del Estado de la Justicia, nos parece que el impacto de este proyecto en la reducción del hacinamiento carcelario va a ser mínimo, en el tanto los delitos que más producen condenas privativas de libertad son los cometidos contra la propiedad, y en muchas ocasiones se trata de personas reincidentes a las cuales no se les aplica el beneficio de ejecución condicional de la pena. Y el robo agravado es el de mayor incidencia y está excluido de la reforma por razones obvias. Respecto al otro propósito del Proyecto de Ley 20.543, que es la reducción del tiempo en el trámite de los procesos judiciales, echamos de menos reformas en el Código Procesal Penal tendentes a lograr ese fin. Como propuesta para la reducción del hacinamiento carcelario, la creación de la “multa compromisorio patrimonial” nos parece muy interesante. No obstante, reiteramos que creemos que su aplicación sería más exitosa si se aplicara como pena sustitutiva o alterna y no como pena principal.

  • Dictamen nº 361 de 03 de Diciembre de 2019, de Colegio Técnico Profesional de Granadilla

    C-361-2019 DERECHO DE PETICIÓN Y PRONTA RESPUESTA. PLAZO DE LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN PARA CONTESTAR SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. La señora Teresa Ocampo Sirias, Presidenta, Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Granadilla, en nota recibida el 21 de mayo de 2019, requiere nuestro criterio sobre la siguiente interrogante: “Si procede que ante la eventual acción de petición por parte de un gestionante de Derecho Público o Privado, la respuesta a la solicitud sea otorgada a los diez días hábiles posterior a la sesión más próxima conforme al cronograma de reuniones previamente establecido por que existe suspensión del plazo para responder, o bien si procede para evacuar la petición, que la Junta tenga presente que el cómputo del plazo de los diez días hábiles comienza cuando la gestión es interpuesta en la instalaciones donde sesiona el Órgano Colegiado”. Esta Procuraduría, en dictamen no. C-361-2019 de 03 de diciembre de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez y la Abogada de Procuraduría Sandra Paola Ross Varela, concluyen que: No existe en las normas analizadas (artículo 27 de la Constitución Política; 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional; 6 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición) la posibilidad de que el plazo de diez días para contestar pueda contarse a partir de la celebración de la sesión de la Junta consultante más próxima. Y, por tanto, las solicitudes de información amparadas por el derecho de petición que sean presentadas ante la Junta, deben ser resueltas en el plazo de diez días indicado, salvo que por la complejidad del asunto resulte aplicable la prórroga dispuesta en el artículo 11 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición y se le comuniquen al interesado las razones que justifican esa prórroga, lo cual, eventualmente, puede ser valorado por la Sala Constitucional en caso de que el interesado presente un recurso de amparo por estimar vulnerado su derecho. Tómese en cuenta que, en principio, las gestiones amparadas por el derecho de petición son solicitudes de información que podrían ser atendidas sin necesidad de que la Junta se reúna, y, en todo caso, si ello resultara necesario, la Junta puede ser convocada de manera extraordinaria cuando así lo requiriere su presidente, tres de sus miembros o, en casos calificados, el Director del Centro Educativo a juicio del Presidente (artículo 36 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas).

  • Dictamen nº 360 de 03 de Diciembre de 2019, de Municipalidad de San Isidro de Heredia

    C-360-2019 PLAN REGULADOR. MULTA DE LA LEY DE CONSTRUCCIONES. IMPUESTO DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA. JERARQUÍA NORMATIVA. La señora Ana Lidieth Hernández González, Alcaldesa, Municipalidad de San Isidro de Heredia, en oficio no. MSIH-AM-80-2019 de 2 de abril de 2019, requiere nuestro criterio sobre la siguiente interrogante: “¿Puede la Municipalidad de San Isidro desaplicar el artículo 51 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador en tanto dispone una multa por construcciones sin permiso del 10% del valor de obra a razón de que este numeral contraría lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Construcciones en relación con el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana donde se establece que la multa no podrá ser superior al 1% del valor de la obra?” Esta Procuraduría, en dictamen no. C-360-2019 de 03 de diciembre de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez y la Abogada de Procuraduría Sandra Paola Ross Varela, concluyen que: 1. El monto de la multa que establece la Ley de Construcciones para sancionar el levantamiento de obras sin contar con licencia municipal, no puede fijarse aplicando, de manera análoga, lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana que autoriza a las Municipalidades a cobrar un impuesto sobre las construcciones hasta de un 1% del valor de la obra, pues se trata de figuras distintas. 2. De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Construcciones, esa multa no puede ser superior a la lesión económica que implique para la Municipalidad la falta de percepción del derecho de la licencia, es decir, no puede ser mayor que el monto correspondiente al permiso de construcción, según la tarifa que al efecto haya fijado la Municipalidad. 3. La multa de diez veces el monto de la licencia de construcción que fija el artículo 51 del Reglamento de Zonificación supera el límite máximo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Construcciones. En consecuencia, esa norma de inferior rango debe entenderse nula e inaplicable.