Regulatory Decisions

Últimos documentos

  • Dictamen nº 025 de 19 de Febrero de 2024, de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
  • Dictamen nº 026 de 19 de Febrero de 2024, de Ministerio de Economía, Industria y Comercio

    DICTAMEN PGR-C-026-2024 AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO (MEIC). CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD CONSULTAS AUDITORES INTERNOS. CONSULTA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS. SOBRE LA VINCULATORIEDAD DE LOS DICTÁMENES DE LA PGR. SOBRE las vacaciones que deben reconocerse a las personas que ocupen puestos de confianza. Mediante el oficio AI-OF-016-2023 del 21 de marzo del 2023, el señor Luis Orlando Araya Carranza, Auditor Interno del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, nos formula una serie de consultas relacionadas con las vacaciones disfrutadas por funcionarios que pertenecen al régimen del servicio civil, pero que se encuentran nombrados en puestos de confianza, tales como directores, asesores, secretarias, choferes, entre otros. Concretamente, se solicita nuestro criterio sobre las siguientes interrogantes: “1. ¿Debe aplicarse este dictamen de manera retroactiva a los funcionarios del régimen del Servicio Civil que se encuentran en puestos de confianza actualmente o estuvieron en otras administraciones en puestos de confianza como: Directores, Asesores, Secretarias, Choferes, otros, etc,? 2. ¿Está actuando correctamente la administración, al acreditar vacaciones progresivas a funcionarios del régimen del Servicio Civil que se encuentran en puestos de confianza, posterior al pronunciamiento Dictamen N° PGR-C-029-2022 y solo le aplica los 15 días hábiles a los nuevos funcionarios que vienen de la empresa privada o de otros ámbitos fuera del Régimen del Servicio Civil? 3. ¿Si durante el 2022 se acogieron a vacaciones funcionarios (Directores, Asesores, Secretarias, Choferes, otros) que hayan disfrutado las vacaciones con acreditaciones mayores a las que le corresponde a un funcionario de confianza, debe la administración interpretar este actuar como una acreditación que no corresponde y proceder a realizar el cobro correspondiente de la suma pagada de más? 4. ¿Puede alegar un funcionario en puesto de confianza (Director), que no acepta que se le acrediten menos de lo que le corresponde por venir de un puesto del Régimen del Servicio Civil?” Esta Procuraduría, con la aprobación del señor Procurador General de la República, en su dictamen PGR-C-026-2024 del 19 de febrero del 2024, suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora adjunta, de la Dirección de la Función Pública, concluyó lo siguiente: “Luego del análisis que corresponde hacer a esta Procuraduría en orden a la admisibilidad de las consultas que las Auditorías Internas someten a consideración, este órgano consultivo concluye que la presente gestión resulta inadmisible, por las razones expresamente analizadas en el apartado I de este dictamen. Y, por ende, se deniega su trámite y se archiva. No obstante, tome en cuenta el consultante, el estudio realizado, de manera general, en los apartados II y III de este criterio, sobre la vinculatoriedad de los dictámenes que emite este órgano asesor y el tema de las vacaciones que deben reconocerse a las personas que ocupen puestos de confianza y que mantienen una relación estatutaria previa, la cual se encuentra suspendida por licencia, precisamente, para ocupar uno de confianza”.

  • Opinión Jurídica nº 022 -J de 19 de Febrero de 2024, de Asamblea Legislativa
  • Dictamen nº 018 de 12 de Febrero de 2024, de Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo

    PGR-C-018-2024. COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO. CERTIFICADOS DE USO DE SUELO. ACTO ADMINISTRATIVO. EL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ES QUIEN DEBE GESTIONAR LA ANULACIÓN DE AQUELLOS CERTIFICADOS OTORGADOS EN CONTRAVENCIÓN DE LA ZONIFICACIÓN VIGENTE. El Gerente General del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo requirió nuestro criterio sobre lo siguiente: “¿Puede el Departamento de Urbanismo del INVU desde sus potestades, pronunciarse sobre Certificados de Uso de Suelo emitidos en detrimento del contenido de los planes regionales o locales vigentes; así como los reglamentos de desarrollo urbano de alcance nacional? ¿Cuál es el alcance de los criterios dados por el INVU, como ente superior en materia urbanística, cuando se tiene certeza del desacato normativo de un gobierno local, al emitir un Certificado de Uso de Suelo? ¿Qué procede por parte de los gobiernos locales, cuando reciban un pronunciamiento por parte del INVU, que alerte de la irregularidad del acto de emitir un Certificado de Uso de Suelo, que no mantenga congruencia con el plan regulador, el plan regional o los reglamentos de desarrollo urbano de alcance nacional?” La Procuraduría, en dictamen no. PGR-C-018-2024 de 12 de febrero de 2024, concluyó que: 1. De lo indicado en el artículo 7° inciso 4) y 10 inciso 3) de la Ley de Planificación Urbana, puede entenderse que la Dirección de Urbanismo resulta competente para referirse a certificados de uso de suelo emitidos en contravención de los planes regionales o locales vigentes y de los reglamentos de desarrollo urbano de alcance nacional. 2. Los certificados de uso de suelo son actos declarativos de derechos, por tanto, es el Concejo Municipal correspondiente quien debe gestionar la anulación de aquellos certificados otorgados en contravención de la zonificación vigente, y, aunque la Dirección de Urbanismo sea competente para comunicar a las Municipalidades la existencia de certificados de uso de suelo con vicios de nulidad absoluta, esa comunicación no anula el certificado, pues, su anulación debe ajustarse a los procedimiento dispuestos al efecto. 3. La Dirección tampoco podría ejercer las facultades contempladas en los incisos 4) y 5) del artículo 10 de la Ley de Planificación Urbana con respecto a las obras desarrolladas en virtud del certificado de uso de suelo que posee vicios de nulidad, pues esas obras se encontrarían amparadas en un acto declaratorio de derechos que aún no ha sido anulado. 4. Las regulaciones del artículo 13 de la Ley de Planificación Urbana están previstas para las decisiones que adopte la Dirección de Urbanismo contempladas en los incisos 1), 2) y 4) del artículo 10, es decir, para lo que resuelva sobre los planes reguladores que le corresponde aprobar, sobre los visados que debe otorgar y sobre las órdenes de suspensión de obras por infracciones de particulares no amparadas en un acto declarativo de derechos. 5. En todo caso, conforme con la Ley General de la Administración Pública, el acto absolutamente nulo no puede presumirse legítimo, no puede arreglarse a derecho ni por saneamiento ni por convalidación y la administración está obligada a anularlo de manera oficiosa, mediante el proceso de lesividad, cuando sea un acto declaratorio de derechos, o, mediante el procedimiento dispuesto en el artículo 173, cuando, además de ser un acto declaratorio de derechos, la nulidad sea absoluta, evidente y manifiesta. 6. El acto administrativo podría ser impugnado judicialmente, conforme con lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley General de la Administración Pública, por quien ostente legitimación activa según lo dispuesto en el artículo 10 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley no. 8508 de 28 de abril de 2006).

  • Dictamen nº 017 de 12 de Febrero de 2024, de Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo

    PGR-C-017-2024 INFORMACIONES POSESORIAS, PLANOS, VISADOS, ACCESOS El Gerente General del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Marco Hidalgo Zúñiga, en oficio CGG-675-2023 de 28 de noviembre de 2023, consulta si los accesos excepcionales aplican para planos de información posesoria; si requieren el visado municipal y del INVU; cómo deben proceder los gobiernos locales si no cumplen las restricciones urbanísticas y qué instancia asume su fiscalización y responsabilidad. El Lic. Mauricio Castro Lizano, Procurador 2, en dictamen PGR-C-17-2024 de 12 de febrero de 2024 responde las interrogantes en estos términos: 1) La planificación del desarrollo urbano y determinación del uso del suelo, implica que los propietarios y poseedores se encuentran en la obligación de destinarlos al uso establecido en el planeamiento. La Administración no puede desaplicar discrecionalmente ese planeamiento. Está prohibido aprovechar o dedicar terrenos, edificios, estructuras, a cualquier uso que sea incompatible con la zonificación dispuesta. 2) Para el catastro de planos de terrenos sin inscribir no aplican los visados en consulta. Pero, ha de requerirse el visado municipal tratándose de la red vial cantonal cuando se indique en el plano como acceso una vía pública que no aparezca en la cartografía oficial o en los antecedentes catastrales y registrales, o del MOPT en la red vial nacional. El acceso excepcional para uso residencial no opera en estos levantamientos. 3) Las afirmaciones del promovente en las informaciones posesorias tendrán carácter de declaración jurada y cualquier falsedad le hará incurrir en las penas de perjurio, salvo delito de mayor gravedad. Cabrá responsabilidad de los topógrafos o agrimensores si faltan a la verdad con perjuicio de terceros. Se debe aportar el documento de la constitución de la servidumbre de acceso al inmueble. Si soporta la servidumbre como fundo sirviente, se consignará como carga real. La persona juzgadora podrá ordenar las diligencias necesarias para comprobar la veracidad de los hechos, incluida la práctica de un reconocimiento judicial. Con participación de las representaciones estatales, rechazará el trámite si consta que se pretende titular indebidamente baldíos nacionales, terrenos públicos, reservas forestales, parques nacionales o reservas biológicas. 4) No proceden las servidumbres o gravámenes sobre el demanio a favor de fincas privadas colindantes por ser irreconciliable con su destino, absoluto y permanente, a los fines públicos impresos en el acto de afectación; no de intereses privados. 5) Sin perjuicio de lo previsto en cada plan regulador, el visado municipal es necesario para los planos de fraccionamientos con fines urbanísticos ubicados fuera de un cuadrante urbano o de un área previamente urbanizada, proyectos de urbanizaciones y conjuntos residenciales provenientes de fincas inscritas. Además, se requiere el visado del INVU. En fraccionamientos con fines urbanísticos el visado del INVU es necesario si el lote resultante es igual o mayor a 900 m2. Ambos visados se exigen para fraccionar fincas con acceso excepcional de uso residencial o servidumbre en los cuadrantes urbanos y áreas de expansión. El visado municipal también es requerido para fraccionar parcelas inscritas con fines agrícolas, pecuarias, forestales y mixtas. Los funcionarios públicos encargados de extender esos visados serán responsables si lo hacen infringiendo la normativa aplicable. 6) La naturaleza agrícola del uso del suelo en un terreno no exime la licencia de construcción. El control lo ejerce la Municipalidad en su cantón por medio del Reglamento de Zonificación, que determina el uso de terrenos, edificios y estructuras, con independencia de si el inmueble es agrícola, industrial, comercial, residencial, público o cualquier otro. 7) El derecho de edificación y fraccionamiento no depende de si el inmueble está inscrito o no, sino de que la solicitud propuesta se ajuste a la ley, el Plan Regulador y demás reglamentos. En general los visados se deniegan por las causales de la Ley 4240, artículo 36; los supuestos de su canon 38 amparan el rechazo para urbanizar terrenos y los del 58 la denegatoria para autorizar obras.

  • Dictamen nº 019 de 12 de Febrero de 2024, de Empresa de Servicios Públicos de Heredia
  • Opinión Jurídica nº 019 -J de 12 de Febrero de 2024, de Asamblea Legislativa
  • Dictamen nº 024 de 12 de Febrero de 2024, de Corporación Ganadera

    PGR-C-024-2024 SOBRE LA POSIBILIDAD DE LOS CUERPOS COLEGIADOS DE SESIONAR ENCONTRÁNDOSE DESINTEGRADOS. El señor Luis Diego Obando Espinach, en condición de Director Ejecutivo de la Corporación Ganadera, mediante oficio número CFG-1138-2023, fechado 25 de agosto del 2023, solicita criterio respecto a la conformación de la Cámara. En concreto, peticiona dilucidar lo siguiente: “1. ¿Existe la posibilidad de variar excepcionalmente el procedimiento para elegir a los miembros de la Junta Directiva de la Corporación Ganadera? 2. ¿En caso de que alguna de las Asociaciones que conforman la Junta Directiva de la Corporación Ganadera, no nombre a su representante dentro del plazo establecido, se puede realizar el proceso de elección del órgano colegiado, pese a esa omisión? 3. ¿Existe impedimento de carácter legal para que el órgano colegiado de la Corporación Ganadera pueda sesionar en forma válida, si no están nombrados todos los representantes de las diversas organizaciones previo al proceso de elección de su Junta Directiva por un plazo de 2 años? 4. ¿El Órgano Colegiado podría seguir sesionando válidamente en forma ordinaria, si alguna de las organizaciones que conforman dicho órgano renuncian a seguir siendo parte de la junta directiva de la Corporación en el transcurso del periodo para el cual fueron nombrados? 5. ¿Podría sesionar válidamente la Junta Directiva de la Corporación si al menos están presentes cinco miembros que conformarían su quorum estructural, según lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública? 6. ¿Si la respuesta anterior fuera negativa, cuál sería el mecanismo para solventar ese problema y no afectar el funcionamiento de la Corporación? 7. ¿Existe algún procedimiento para obligar a las organizaciones que conforman la Junta Directiva de la Corporación a nombrar a sus representantes ante el Órgano Colegiado en tiempo y forma de conformidad con lo estipulado en la Ley 7837 y su Reglamento? 8. ¿Si la Junta Directiva no se pudiera integrar y se presenta la necesidad de aprobar algún asunto propio del órgano colegiado, se podría recurrir a la figura del funcionario de hecho para integrar la junta y tomar los acuerdos necesarios para el funcionamiento de la Corporación, o podría el director ejecutivo asumir dichas funciones ante la ausencia del órgano colegiado? 9. ¿En caso de no poder integrar la Junta Directiva de la Corporación Ganadera en la primera quincena del mes de abril del año en que corresponda efectuar la elección del órgano colegiado, y una vez que las organizaciones cumplan los requisitos para efectuar el proceso de integración, la elección de cada uno de los puestos sería por dos años, tal y como establece la Ley 7837?los acuerdos municipales que establece el ordenamiento jurídico? Analizado que fuere el punto sometido a consideración de este órgano técnico asesor, mediante dictamen PGR-C-024-2024 del 12 de febrero del 2024, suscrito por Laura Araya Rojas, se concluyó lo siguiente: A.- La Corporación Ganadera constituye un ente público no estatal que contará con recursos económicos propios. B.- El cuerpo colegiado es aquel que, constituido por multiplicidad de personas en condición de igualdad, salvo el sujeto que lo dirige, ejerce idéntica labor con el objetivo de generar una conducta especifica. Así, la voluntad de este se conforma a través de la participación y voto de sus miembros, los que, arribando a una decisión final deberán aprobarla por unanimidad o mayoría de los presentes, según sea el tema, plasmándola en el acuerdo respectivo. Sin que sea viable para sus integrantes desplegar individualmente conductas en nombre de este, al carecer del respectivo concierto de voluntades que los faculte. C.- Los principios rectores de los órganos pluripersonales consisten en Colegialidad, simultaneidad y privacidad. D.- El procedimiento para escoger los miembros del cuerpo colegiado se encuentra claramente definido en la Ley número 7837, concretamente, en los cardinales 12 y 14, sin que logre desprenderse de tales normas excepción alguna que permita a la consultante modificar el íter dispuesto por estas dispuesto. E.- La condición de ente público no estatal no libera de forma alguna a la Corporación de acatar el principio de legalidad, por el contrario, este le vincula plenamente. F.- Para que la Cámara se entienda debidamente instituida, para así, sesionar debe primariamente existir, lo cual, implica, ineludiblemente, no solo, que haya sido creada mediante la norma respectiva, sino, demás que, todos sus miembros detenten investidura regular, al estar debidamente designados. G.- La Cámara podrá sesionar con el quorum estructural o funcional, siempre y cuando, todos sus integrantes se encuentren debidamente investidos. H.- El Colegio podrá sesionar, pese a que, su conformación no se haya perfeccionado, ya sea, por imposibilidad de designar uno o por viarios miembros o, de manera sobrevenida, por la renuncia de estos, siempre y cuando, no exista suplente, en franca aplicación de la figura jurídica denominada funcionario de hecho, empero, tal posibilidad se encuentra supeditada al conocimiento de asuntos indispensables para ejercer de forma ininterrumpida la función pública que le ha sido encomendada a la consultante. I.- Cuando la Cámara se encuentre desintegrada y el sujeto competente para designar el miembro (s) faltante (s) se niegue a cumplir con ese deber legal, aquella podrá sesionar con quienes se encuentran debidamente investidos y, mediante el acuerdo respectivo, nombrar el funcionario de hecho que representara a la organización pertinente. Escogencia que deberá recaer, claro está, en una persona que integre la Federación reacia o, el “... matadero [que] haya sacrificado la mayor cantidad de ganado bovino ...”. La elección en desarrollo durará únicamente mientras el sujeto competente verifica su obligación normativa de elegir representante y, la participación del Funcionario de Hecho en el Colegio se limitará aquellos asuntos necesarios para corroborar la continuidad del servicio público. J.- Durante el lapso temporal que en la integración del cuerpo colegiado figuren funcionarios de hecho deberá justificarse el conocimiento de los asuntos, explicando claramente cómo tal proceder deviene vital para la satisfacción del servicio público. Determinación que le es propia a la administración activa, ya que, al constituir una situación netamente casuística excede por mucho la competencia de esta Procuraduría. K.- La Ley de Creación de la Corporación Ganadera no establece medio coercitivo que permita forzar a las personas competentes a efectuar la elección de representante. No obstante, debe tomarse en cuenta que, la omisión que nos ocupa conlleva desatender una imposición legal cuya consecuencia directa es obstaculizar la ejecución del fin encomendado a la Corporación consultante, impactando directamente la satisfacción del interés público, lo cual, eventualmente, podría entenderse como incumplimiento de deberes. L.- La desidia demostrada por la persona física o jurídica respecto a designar representante ante la Cámara implica imposibilidad legal de resolver asuntos fundamentales para el sector ganadero, lo cual, podría generar daños y perjuicios, no solo, para este último, sino también de carácter social para la colectividad, cuya reparación puede reclamarse en vía jurisdiccional, incluso contra el patrimonio personal de quienes rehúsan concretar su responsabilidad. M.- Independientemente de la fecha en que se nombren los integrantes de la Junta Directiva de la Corporación, estos duraran en sus cargos hasta el 31 de marzo del año en que cese la designación que fuere realizada en plazo a sus homólogos

  • Dictamen nº 014 de 05 de Febrero de 2024, de Ministerio de la Presidencia
  • Opinión Jurídica nº 015 -J de 05 de Febrero de 2024, de Asamblea Legislativa

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