Regulatory Decisions

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Últimos documentos

  • Dictamen nº 101 de 12 de Mayo de 2022, de Universidad Técnica Nacional

    PGR-C-101-2022 ART. 173 LGAP; EL CONSEJO UNIVERSITARIO ÓRGANO SUPERIOR SUPREMO DE LA JERARQUÍA ADMINISTRATIVA, SALVO EN MATERIA DISCIPLINARIA, LABORAL Y ESTUDIANTIL EN LA UTN; INCOMPETENCIA, ADELANTAMIENTO DE CRITERIO E INCUMPLIMIENTO DEL DEBER INEXCUSABLE DE APORTAR EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. Por oficio No. R-583-2022 de 03 de mayo de 2022, el Rector de la Universidad Técnico Nacional (UTN) solicita emitir criterio preceptivo y vinculante sobre la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto de inscripción y título de Bachillerato en Gestión Ambiental. Con la aprobación de la Procuradora General Adjunta de la República, mediante dictamen PGR-C-101-2022, de 12 de mayo de 2022, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, del Área de la Función Pública, concluye: “Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría General devuelve, sin el dictamen afirmativo solicitado, la gestión tendente a declarar la nulidad administrativa del acto de inscripción y título de Bachillerato en Gestión Ambiental del estudiante xxx, cédula de identidad número xxx, fecha 27 de noviembre del 2020; inscrito en el Libro de Títulos de Graduación de Bachillerato Universitario de la UTN, al tomo 2B, folio 429, asiento 8885, toda vez que la presente gestión no ha seguido los cauces procedimentales legalmente previstos al efecto, especialmente porque ha sido iniciada por un órgano incompetente de ejercer válidamente el ejercicio legítimo y oportuno de la potestad anulatoria administrativa que se pretende. Adicional a ello, sin contar de previo con nuestro dictamen favorable y vinculante, indebidamente se adelantó criterio de fondo y se omitió la obligación inexcusable de aportar el expediente administrativo conformado en este asunto.”

  • Dictamen nº 102 de 12 de Mayo de 2022, de Ministerio de Educación Pública

    PGR-C-102-2022. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES. MANUAL DE DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES SOBRE SEGURIDAD HUMANA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS. CONSTRUCCIONES EXISTENTES. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. El ministro de educación requirió nuestro criterio sobre lo siguiente: “¿Cuál es el alcance del Reglamento de Construcciones y el Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica respecto a su aplicación en la infraestructura existente al momento en que se emitió la normativa?” La Procuraduría, en dictamen no. PGR-C-102-2022 de 12 de mayo de 2022 señaló que: La consulta debe ser declarada inadmisible, pues, conforme a lo expuesto, el criterio legal no responde puntualmente la pregunta que finalmente el órgano legitimado plantea a la Procuraduría. En todo caso, con el fin de coadyuvar a la administración activa en la toma de decisiones en relación con la pregunta concreta formulada, tómese en cuenta lo dispuesto por el artículo 2 del Reglamento de Construcciones (no. 6306 de 15 de marzo de 2018). Sobre el alcance del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, véase el artículo 23 del Reglamento de Construcciones. Por su parte, el actual Reglamento Nacional de Protección contra Incendios (no. 163 de 29 de octubre de 2020) establece su alcance en el punto 3.

  • Dictamen nº 097 de 10 de Mayo de 2022, de Municipalidad de Turrubares

    PGR-C-097-2022 MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES. La reclasificación, la recalificación, la reasignación y la reestructuración de puestos. Los manuales de puestos. El cumplimiento de requisitos para ocupar un puesto. El pago del salario se encuentra ligado al cumplimiento de LOS requisitos. Por oficioN° MT-AI-006-2021 de fecha 07 de setiembre del 2021, el señor Yeiner Calderón Umaña, Auditor Interno de la Municipalidad de Turrubares, solicita el criterio de la Procuraduría General, en relación con las siguientes interrogantes: “En el caso hipotético de que una Municipalidad realice una recalificación o reclasificación de puestos por medio de un estudio de equidad salarial, pasando algunos puestos de una categoría inferior (técnico o inferior) a una categoría superior (profesional). (Entiéndase sin actualizar el Manual de Puestos) 1. ¿Puede una Municipalidad en casos de recalificación o de reclasificación de puestos, exigir los nuevos requisitos académicos o de experiencia a los funcionarios afectados? 2. ¿Cuál sería el proceso correcto por seguir por parte de la Administración activa para exigir el cumplimiento de los nuevos requisitos? 3. ¿Puede la Municipalidad pagar el nuevo salario para los puestos afectados, aunque los funcionarios que vayan a ocupar el puesto no cumplan con los nuevos requisitos, entre ellos los académicos y de experiencia? 4. En caso de negativa de los funcionarios a cumplir los nuevos requisitos para ocupar el puesto, ¿El pago del nuevo salario se considera un derecho adquirido?” Mediante el Dictamen PGR-C-097-2022 del 10 de mayo del 2022, aprobado por la Dra. Magda Inés Rojas Chaves, Procuradora General Adjunta de la República, suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta, y la Licda. Engie Vargas Calderón, Abogada de Procuraduría, se concluyó: “1.- La figura de la reclasificación refiere a la corrección que se efectúa cuandose le asigna a un puesto nuevo una clase errónea o se reasigna, con igual yerro, una ya existente. 2.- Es decir, mediante un análisis de las plazas se denota que los requerimientos exigidos y su calificación corresponden a una distinta de la que se les endilgó. Ante tal falencia, el ordenamiento jurídico dispuso como remedio legal para su corrección que se reclasifiquen a la categoría correspondiente. (Ver dictamen C-029-2013 del 6 de marzo del 2013). 3.- La recalificación es el cambio de grupo clasificatorio de un puesto dentro de una misma clase, cuando hayan variado los atestados de la persona funcionaria que lo ocupa, debiendo cumplirse con los requisitos de la clasificación del puesto y existir el contenido presupuestario para el cambio; ello siempre bajo solicitud expresa del servidor regular que ocupa el puesto, ante Recursos Humanos; o en caso de plazas vacantes, de la jefatura inmediata del puesto o de la Administración Activa, justificando la necesidad institucional. 4.- En atención a los elementos conceptuales que se han definido en este pronunciamiento y a la estructura organizativa de esa Municipalidad, se deberá realizar el análisis puntual en cada caso concreto, a efectos de aplicar correctamente lo desarrollado en el acápite I, lo cual corresponde a ese municipio y no a esta Procuraduría. 5.- Tal y como se encuentra formulada la primera interrogante, debemos concluir que concretamente en los casos de recalificación y reclasificación, debe la Municipalidad de Turrubares exigir de manera inexcusable a los funcionarios afectados, el cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia establecidos en el Manual de Puestos vigente, para la clase de puesto a la cual se pretenda recalificar o reclasificar. 6.- En cuanto a la segunda interrogante, en virtud de su ambigüedad e imprecisión, al pretender el consultante que se le indique ¿cuál es el proceso correcto por seguir por parte de la Administración Activa para exigir el cumplimiento de los nuevos requisitos?, sin definir si se refiere a los supuestos de una recalificación o reclasificación de un puesto, se remite al señor Auditor Interno a lo dispuesto en el apartado I. 7.- Un estudio de equidad salarial como tal, no podría sustituir bajo ninguna circunstancia a la escala salarial y al manual de puestos; siendo que, lo que sí resultaría procedente dentro de la autonomía de la Municipalidad, es que, con base en ese estudio, se gestionen a lo interno las modificaciones correspondientes a la escala y al manual, a efectos de ejecutar su actualización, siempre y cuando se cuente con las aprobaciones respectivas y el contenido presupuestario para ello. 8.- Las clases existentes en la corporación municipal deben estar predeterminadas en el Manual de Puestos correspondiente y será este el que indicará los requerimientos específicos que deben cumplirse para su desempeño, y no como lo plantea el consultante, por medio de un estudio de equidad salarial. 9.- En todo caso, conforme lo manifestamos en el apartado I para que se disponga una recalificación o reclasificación de un puesto, se deben presentar condiciones específicas y cumplirse con una serie de requisitos. Consecuentemente, el “caso hipotético” esbozado en la presente consulta resulta improcedente, ya que se violentan la normativa y los requerimientos técnicos, aquí desarrollados. 10.- La respuesta a las interrogantes tercera y cuarta es negativa, en primer lugar, porque el nombramiento de los funcionarios públicos tiene que efectuarse con base en la idoneidad comprobada, la cual es de rango constitucional y constituye un principio rector del empleo público, siendo estrictamente obligatorio el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Puestos de esa corporación municipal. 11.- En segundo lugar, el pago del salario se encuentra también, estrictamente ligado al cumplimiento de esos requisitos, por lo cual no es factible que se reconozca un salario de una clase superior a un funcionario que no reúne los requisitos para ello, en el tanto estamos en presencia de fondos públicos. 12.- De lo contrario, no solo se transgrediría el ordinal 192 de la Constitución Política, sino además el principio de legalidad, contenido en los artículos 11 de nuestra Carta Magna y 11 de la Ley General de la Administración Pública, que estipulan que los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad, están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.”

  • Dictamen nº 096 de 10 de Mayo de 2022, de Municipalidad de Turrubares

    PGR-C-096-2022 MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES. auditoría interna. consulta inadmisible. INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ARTÍCULO 4 LOPGR. la facultad de consultar que tienen los auditores se constriñe al ámbito de sus competencias, esta no debe ser utilizada por EL CONCEJO MUNICIPAL DE TURRUBARES para evadir el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de las consultas, canalizando sus solicitudes de criterio a través de la auditoría interna, tal y como sucede en esta gestión. práctica completamente inaceptable. Por oficioN° MT-AI-010-2022 de fecha 21 de abril del 2022, el señor Yeiner Calderón Umaña, Auditor Interno de la Municipalidad de Turrubares, solicita el criterio de la Procuraduría General, en relación con las siguientes interrogantes: “1. ¿Debe él o la regidora propietaria abstenerse de votar en las sesiones del Concejo Municipal los acuerdos que ahí se propongan por tener relación de consanguinidad con el alcalde Municipal? 2. En caso de que la pregunta anterior sea negativa, ¿Cuál sería el alcance del artículo n°31 del Código Municipal?” Mediante el Dictamen PGR-C-096-2022 del 10 de mayo del 2022, aprobado por la Dra. Magda Inés Rojas Chaves, Procuradora General Adjunta de la República, suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta, y la Licda. Engie Vargas Calderón, Abogada de Procuraduría, se concluyó: “Por las razones expuestas deviene inadmisible su gestión;y, por ende, se deniega su trámite y se archiva.” No obstante, se remitió al consultante a nuestra jurisprudencia administrativa, mediante la cual se han abordado los temas consultados.

  • Dictamen nº 095 de 10 de Mayo de 2022, de Municipalidad de Turrubares

    PGR-C-095-2022 MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES. auditoría interna. consulta inadmisible. INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ARTÍCULO 4 LOPGR. la facultad de consultar que tienen los auditores se constriñe al ámbito de sus competencias, esta no debe ser utilizada por EL CONCEJO MUNICIPAL DE TURRUBARES para evadir el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de las consultas, canalizando sus solicitudes de criterio a través de la auditoría interna, tal y como sucede en esta gestión. práctica completamente inaceptable. Por oficioN° MT-AI-009-2022 de fecha 21 de abril del 2022, el señor Yeiner Calderón Umaña, Auditor Interno de la Municipalidad de Turrubares, solicita el criterio de la Procuraduría General, en relación con las siguientes interrogantes: “1. ¿Puede el regidor presente de mayor edad, delegar la función de presidente, en el regidor que sigue en orden, y así sucesivamente hasta que alguno acepte la presidencia? 2. ¿Puede un regidor abstenerse de votar? ¿Resulta igual, abstenerse de votar, que votar en contra de un acuerdo? ¿Hay alguna consecuencia administrativa o civil para un o una regidora que se abstenga de votar acuerdos durante la sesión del Concejo Municipal? 3. Bajo el entendido de que el Concejo Municipal decidiera volver a sesionar de manera presencial, ¿Hay posibilidad legal de que, por medio de un acuerdo del Concejo Municipal a uno de sus regidores se le conceda permiso de sesionar de manera virtual por un tiempo determinado razonable, debido a una situación especial, de salud?” Mediante el Dictamen PGR-C-095-2022 del 10 de mayo del 2022, aprobado por la Dra. Magda Inés Rojas Chaves, Procuradora General Adjunta de la República, suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta, y la Licda. Engie Vargas Calderón, Abogada de Procuraduría, se concluyó: “Por las razones expuestas deviene inadmisible su gestión;y, por ende, se deniega su trámite y se archiva.” No obstante, se remitió al consultante a nuestra jurisprudencia administrativa, mediante la cual se han abordado los principales temas consultados.

  • Dictamen nº 099 de 10 de Mayo de 2022, de Municipalidad de Puntarenas

    PGR-C-099-2022. RÉGIMEN DE ZONA FRANCA. EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES Y PATENTES. PAGO INDEBIDO DE TRIBUTOS. El alcalde de la Municipalidad de Puntarenas requirió nuestro criterio sobre lo siguiente: “1)- ¿Es procedente exonerar del pago del impuesto sobre los Bienes Inmuebles y exonerar del pago de Impuesto por Patente Comercial, a las empresas que se acojan al Régimen de Zona Franca? 2)- ¿Es procedente que la Municipalidad de Puntarenas, haga la devolución de dineros cancelados por concepto de impuestos sobre bienes inmuebles, cancelados de manera voluntaria, por alguna empresa que con anterioridad de haberlos pagado estaba amparada al Régimen de Zona Franca, y que lo reclame tiempo después de haberlo cancelado a la Municipalidad? 3)- ¿En caso de que proceda la devolución de los impuestos cancelados por alguna empresa que está amparada al Régimen de Zona Franca, debe la Administración Tributaria reconocer intereses por los montos cancelados, a pesar de que el municipio no indujo ni forzó el pago de los mismos?” La Procuraduría, en dictamen PGR-C-099-2022 de 10 de mayo de 2022 concluyó que: 1. Conforme con lo dispuesto en los incisos d) y h) del artículo 20 de la Ley de Régimen de Zonas Francas (no. 7210 de 23 de noviembre de 1990) sí es procedente exonerar del pago de los impuestos sobre bienes inmuebles y de patentes a las empresas acogidas al régimen de zona franca. Esas exoneraciones se les otorgan por un plazo de diez años a partir del momento en que la empresa se encuentre dentro del régimen conforme a lo dispuesto en la ley y su respectivo reglamento y cuyo disfrute se da a partir del momento en que la empresa entre en operaciones. 2. Sí resulta procedente que la Municipalidad de Puntarenas devuelva los montos pagados por una empresa cubierta por el régimen de zona franca por concepto del impuesto sobre bienes inmuebles, siempre y cuando en el momento en el que haya efectuado el pago cumpliera con las condiciones necesarias para ser beneficiaria de la exención prevista en el artículo 20 inciso d) de la Ley 7210 y el reclamo se realice dentro del plazo de prescripción fijado en el artículo 43 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Ley no. 4755 de 3 de mayo de 1971). 3. Conforme con el artículo 43 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, solo se reconocerán intereses si el pago fue inducido o forzado por la administración tributaria. En consecuencia, si el pago no fue inducido o forzado por la Municipalidad, no deben reconocerse intereses sobre los montos cancelados que deban devolverse al contribuyente.

  • Opinión Jurídica nº 055 -J de 22 de Abril de 2022, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-055-2022 LA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES.CÓDIGO PENAL. RADIOFRECUENCIA. BLOQUEADORES DE FRECUENCIAS. INHIBIDORES DE SEÑAL La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico solicita criterio jurídico sobre el expediente legislativo N° 22.590, referido al proyecto de ley: “ADICIÓN DEL INCISO 31) AL ARTÍCULO 6 Y UN TRANSITORIO VIII A LA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, LEY Nº 8642 DEL 04 DE JUNIO DE 2008 Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 259 BIS DEL CÓDIGO PENAL, LEY Nº 4573 DEL 04 DE MAYO DE 1970”. “ARTÍCULO 1- Adiciónese el inciso 31) al artículo 6 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642, del 04 de junio de 2008, que se leerá de la siguiente manera: [...] 31) Bloqueadores de frecuencias y Señales GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y datos. Dispositivo cuyo objetivo es interferir, inhabilitar, bloquear, desviar o generar disrupción en las señales radioeléctricas o celulares de los sistemas de comunicación.” “Artículo 259 bis. Será reprimido con prisión de uno a seis años, a quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte, utilice u opere equipos o dispositivos que permitan interferir; inhabilitar; bloquear; desviar o generar disrupción en las señales de telefonía celular; de radiocomunicación o de transmisión de datos o imágenes. Se exceptúan de la aplicación de esta ley, cuando se trate de lo previsto en la Ley N° 9597 y su Reglamento y la Ley Nº 8642. Si el delito fuera cometido por servidores públicos, la pena se agravará en un tercio.” “TRANSITORIO VIII- En el plazo de 30 días a partir de la entrada en vigencia de la ley, las personas que posean aparatos o equipos que sirvan para bloquear, cancelar o anular las señales de telefonía celular, radiocomunicación, transmisión de datos o imagen, deberán entregarlos al Ministerio de Seguridad Pública para proceder con la destrucción.” Mediante opinión jurídica PGR-OJ-055-2022 del 31 de marzo de 2022, suscrita por el Procurador José Enrique Castro Marín, se concluyó lo siguiente: Se debe revisar la redacción del artículo 259 bis, ya que su texto luce incompleto, dado que le falta por incluir los términos de “importación, la distribución, el transporte, la compra y venta y la tenencia”, para así tener contemplado todo el ciclo, además de que entra en contradicción con lo reseñado en la exposición de motivos. En lo que atañe a la excepción de lo dispuesto en la Ley 9597 de 13 de agosto de 2018 y su reglamento (D.E. 41.814-MJP-MICIT), por estar contenida dentro de un tipo penal (segundo párrafo del artículo 259 bis), la precisión y detalle deben quedar totalmente satisfechos, por lo que se recomienda aclarar realmente lo que estará excepcionado y no mencionar, en forma general, que todo lo que se adicionó por medio de la Ley 9797 a la similar 8642 está excluido de la aplicación del tipo penal que se analiza. El reglamento es claro en indicar que lo único que interesa al tema es lo dispuesto en el inciso 4) del artículo 49 de la Ley General de Telecomunicaciones, reforma introducida por la similar 9597 de agosto del año 2018. Se recomienda revisar la pertinencia de la redacción del Transitorio VIII, por cuanto, además de que no existe un registro de los poseedores de estos aparatos, tampoco se establece una consecuencia ante la omisión de cumplir esta orden.

  • Opinión Jurídica nº 060 -J de 22 de Abril de 2022, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-060-2022 ALCALDE MUNICIPAL. PRIMERA VICEALCALDÍA. SEGUNDA VICEALCALDÍA. AUSENCIA TEMPORAL Y DEFINITIVA. IMPEDIMENTO. SUSTITUCIÓN. REMUNERACIÓN. PLAZO DE PRESCRIPCIÓN. La señora Erika Ugalde Camacho, jefe de área de las Comisiones Legislativas III, solicita nuestro criterio sobre el texto dictaminado del proyecto de ley “Reforma al inciso c) artículo 17 del Código Municipal, Ley N° 7794, de 30 de abril de 1998”, el cual se tramita bajo el número de expediente 22.485, en la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo. Mediante la opinión jurídica PGR-OJ-060-2022 del 22 de abril de 2022, suscrito por Silvia Patiño Cruz, procuradora y Yolanda Mora Madrigal, abogada de la Procuraduría, se concluyó lo siguiente: El presente proyecto de ley tiene como objetivo reformar el inciso c) del artículo 17 del Código Municipal, a fin de que, la persona titular de la primera vicealcaldía sustituya al alcalde, en su ausencia temporal, definitiva o por impedimento del caso, en las sesiones del concejo municipal, asambleas, reuniones y demás actos que la municipalidad realice; Los aspectos regulados en el proyecto de ley, son de oportunidad y conveniencia, sin embargo, se recomienda de manera respetuosa valorar las observaciones señaladas de técnica legislativa y sobre la suplencia de la segunda vicealcaldía; Finalmente, se recomienda una nueva publicación si no se ha hecho, para evitar problemas de constitucionalidad por violación al principio de publicidad.

  • Opinión Jurídica nº 058 -J de 21 de Abril de 2022, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-058-2022 Asamblea Legislativa, Comisiones Legislativas VIII. proyecto de ley N° 22.294, denominado:“LEY DE AMNISTÍA TRIBUTARIA A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE PALMARES PARA MITIGAR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19”, publicado el 23 de noviembre del 2020, en el Diario Oficial La Gaceta N° 278. Por oficio N° CEA-36-21 del 15 de setiembre del 2021, (reasignado a esta oficina en fecha 11 de febrero del 2022), la Licenciada Nayra Elizondo Calderón, Área Comisiones Legislativas VIII de la Asamblea Legislativa, solicitó nuestro criterio en relación con el proyecto de ley N° 22.294, denominado:“LEY DE AMNISTÍA TRIBUTARIA A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE PALMARES PARA MITIGAR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19”, publicado el 23 de noviembre del 2020, en el Diario Oficial La Gaceta N° 278, del que se adjuntó una copia. Mediante la Opinión Jurídica PGR-OJ-058-2022 del 21 de abril del 2022, suscrita por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta y la Licda. Engie Vargas Calderón, Abogada de Procuraduría, y con la aprobación de la señora Procuradora General Adjunta de la República, se realizaron observaciones y recomendaciones en orden al contenido normativo del proyecto de ley. Concretamente, se concluyó lo siguiente: “De conformidad con lo expuesto, esta Procuraduría estima que, salvo los aspectos puntuales señalados en este pronunciamiento, el texto dictaminado del proyecto de ley 22.294 sometido a nuestro conocimiento no presenta mayor inconveniente a nivel jurídico, ni roces de constitucionalidad. Por lo demás, su aprobación o no es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República.”

  • Dictamen nº 082 de 21 de Abril de 2022, de Instituto Costarricense de Electricidad

    PGR-C-082-2022 RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ANUALIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y SU INEXORABLE SUJECIÓN A UNA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN MÍNIMA DE “MUY BUENO” O SU EQUIVALENTE NUMÉRICO, OBTENIDA POR EL SERVIDOR EN LA EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO DEL AÑO ANTERIOR A SU CANCELACIÓN; LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO. 2166, Y SUS REFORMAS, ESPECIALMENTE LAS INTRODUCIDAS POR LEYES NOS. 9635 DE 3 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 9908 DE 21 DE OCTUBRE DE 2020. Por oficio No. 0060-119-2022, de fecha 23 de marzo de 2022, buscando dilucidar interrogantes relacionadas con el reconocimiento de anualidades para los trabajadores del ICE y la aplicación de la reforma introducida a la Ley de Salarios de la Administración Pública, No. 2166, por la Ley No. No. 9908 de 21 de octubre de 2020, la Presidente Ejecutiva del ICE consulta: 1. ¿A los períodos de anualidad, que previo a la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Salarios Púbicos se encontraban en curso, es decir al 10 de noviembre del 2020 y que por lo tanto no llegaban a completar los 12 meses, debe aplicárseles para el reconocimiento de las anualidades la Reforma a la Ley de Salarios de la Administración? 2. La aplicación de la Ley de Salarios de la Administración Pública N° 9908 del pasado 10 de noviembre de 2020, para los períodos de anualidades que se encontraban en curso, pero no completaban la anualidad al 10 de noviembre del 2020, ¿constituye una aplicación retroactiva de dicha norma en contravención del artículo 34 de la Constitución Política? 3. ¿Cómo deben contabilizarse para efecto de reconocimiento de anualidades los períodos que iniciaron su contabilización previa a la aplicación de la ley y se encontraban en curso, pero no completaban el año antes del 10 de noviembre del 2020? 4. Dado que, con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635, se liga el pago de anualidades con los resultados de la evaluación del desempeño, la cual se realiza conforme año calendario y no coincide necesariamente con la fecha efectiva de cumplimiento de la anualidad por parte del trabajador. ¿Cómo deben contabilizarse esos períodos laborados de los trabajadores que no cierran con el año calendario? Con la aprobación de la Procuradora General Adjunta de la República, mediante dictamen PGR-C-082-2022, de 21 de abril de 2022, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, del Área de la Función Pública, concluye: Por ser una institución autónoma, desde su promulgación el ICE está sujeto a las modificaciones introducidas a la Ley de Salarios de la Administración Pública, No. 2166, por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, entre otras cosas, en materia de reconocimiento de anualidades, las cuales no constituyen un reconocimiento automático por antigüedad, pues su reconocimiento no depende exclusivamente del transcurso o acumulación del tiempo, sino que están inexorablemente vinculadas a la calificación mínima de “muy bueno” o su equivalente numérico, obtenida por el servidor en la evaluación anual de desempeño del año anterior a su cancelación, según el denominado “Ciclo de la Evaluación del Desempeño”, que inicia el 1º de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año. El principio de la irretroactividad garantiza que frente a la ley nueva deben respetarse los derechos patrimoniales legítimamente adquiridos bajo la ley anterior –art. 34 constitucional-, sin perjuicio de que se afecten las meras expectativas de derecho, cuando se trata de situaciones jurídicas en curso. Partiendo del hecho de que el reconocimiento económico a la anualidad, como derecho adquirido, surge únicamente del agotamiento de las hipótesis previstas y por demás, condicionantes, de aquel incentivo; esto es: haber obtenido la calificación mínima de “muy bueno” o su equivalente numérico en la evaluación anual de desempeño de los 12 meses anteriores de cada año (Ciclo de la Evaluación del Desempeño que inicia el 1º de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año), y que antes de esa consolidación se está ante una mera expectativa por demás sujetas a futuras regulaciones que la ley introduzca, por medio de la Ley No. 9908 de 21 de octubre de 2020, que modificó transitoria o temporalmente la Ley de Salarios de la Administración Pública, No. 2166, se ordenó el no pago de anualidades correspondientes a los períodos 2020-2021 y 2021-2022, a los servidores de instituciones públicas cubiertas por dicha normativa. Por la forma en que está redacta la norma (Ley No. 9908), lo que se prevé es la suspensión o no pago del incentivo económico por concepto de anualidades correspondientes a los períodos 2020-2021 y 2021-2022 (Dictámenes C-073-2021 y C-100-2021); aspecto que no incide en la realización de las evaluaciones de desempeño de dichos períodos, ni en el reconocimiento y eventual pago futuro de esas anualidades, pues por disposición expresa, “se contabilizarán para efectos de referencia del rendimiento de las personas servidoras públicas, determinación de los años de servicio, el cálculo del pago de cesantía y todos los demás extremos laborales que correspondan al momento de finalización de la relación de servicio, a excepción del pago efectivo por concepto de esta remuneración adicional al salario, como lo determina el párrafo anterior.”

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