Doctrina administrativa

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  • Opinión Jurídica nº 077 -J de 08 de Abril de 2021, de Asamblea Legislativa

    OJ-077-2021 SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS PLANTEADAS POR LAS COMISIONES LEGISLATIVAS Y DEMÁS ÓRGANOS LEGISLATIVOS.CUESTIONES DE TÉCNICA LEGISLATIVA SOBRE EL PROYECTO DE LEY N° 20.977.NATURALEZA JURÍDICA, FINES E INTERESES LEGÍTIMOS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES, CAPACIDAD PROCESAL DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES, SOBRE EXAMÉN DE ADMISIÓN PARA INCORPORACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TÍTULO O GRADO DE UNIVERSIDAD DEL EXTERIOR, DERECHO DE ASOCIACIÓN E INFORMACIÓN DE INTERÉS GREMIAL, COMPETENCIA CONCURRENTE CON EL MINISTERIO DE SALUD, TIPICIDAD SANCIONATORIA, RESERVA LEGAL EN DERECHOS FUNDAMENTALES Y PROCEDIMIENTO DE GRAVAMEN (SANICIONATORIO), SESIONES VIRTUALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Mediante oficio N° CG-090-2020 del 03 de setiembre de 2020 la Señora Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de Comisiones Legislativas III, por acuerdo de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, somete a consulta de la Procuraduría General de la República el Proyecto de Ley tramitado por expediente legislativo N° 20.977 denominado "Ley Orgánica del Colegio de Optometristas de Costa Rica”. Al no estarse de los supuestos de consulta ordinarios previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con un afán de colaboración y por un prurito de deferencia hacia el Poder Legislativo, este Órgano Superior Consultivo atiende la consulta formulada en razón de la existencia de un evidente interés público y sin perjuicio de que la opinión jurídica carece de un carácter vinculante. Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante la Opinión Jurídica OJ-077-2021, el Lic. Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Procurador Adjunto, y Lic. Robert William Ramírez Solano, Abogado Asistente, concluyen lo siguiente: - Con fundamento en lo expuesto, se concluye que el Proyecto de Ley N° 21.707, tiene problemas de técnica legislativa, además de posibles roces constitucionales – por violación a los principios de igualdad y reserva de Ley en materia de creación de procedimientos para imponer actos de gravamen así como la libertad de asociación-. Se recomienda considerar la habilitación de las sesiones virtuales de los órganos colegiados de la Corporación. Queda evacuada la consulta formulada respecto del Proyecto de Ley N° 21.977.

  • Dictamen nº 095 de 08 de Abril de 2021, de Ministerio de Economía, Industria y Comercio

    C-095-2021 inadmisibilidad de la consulta. criterio legal que se adjunta fue elaborado por parte de la Asesoría Jurídica del MEIC para atender una consulta del Presidente de ASEMEIC, no para plantear esta gestión. Caso pendiente de resolución en sede administrativa, improcedencia de emitir criterio. Competencia de la CGR. Por oficio número DM-0F-549-20 de fecha 07 de agosto del 2020, la señora Victoria Hernández Mora, Ministra de Economía, Industria y Comercio, solicita el criterio de la Procuraduría General, en relación con la siguiente interrogante: “(...) me permito solicitar el criterio vinculante en cuanto a la obligatoriedad de continuar girando el porte (sic) patronal a servidores que no forman parte de la estructura organizacional del Ministerio; considerando la entrada en vigencia de la Ley N° 9736 del 05 de setiembre del 2019, Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica”. Mediante el dictamen C-095-2021 del 08 de abril del 2021, suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta, y la Licda. Engie Vargas Calderón, Abogada de Procuraduría, se concluyó: “Luego de un exhaustivo análisis, por el incumplimiento de requisitos de admisibilidad, deviene improcedente entrar a conocer por el fondo su gestión. Por ende, se deniega su trámite y se archiva.”

  • Opinión Jurídica nº 073 -J de 18 de Marzo de 2021, de Asamblea Legislativa

    OJ-073-2021 SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS PLANTEADAS POR LAS COMISIONES LEGISLATIVAS Y DEMÁS ÓRGANOS LEGISLATIVOS; Y B) CUESTIÓN DE TÉCNICA LEGISLATIVA: SOBRE LOS LÍMITES PARA LA CONDONACIÓN DE DEUDA.RESERVA DE LEY PARA CONDONAR DEUDAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE IGUALDAD, RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD PARA LA CONDONACIÓN, DEL CONTENIDO DE LA LEY QUE AUTORIZA LA CONDONACIÓN. Mediante oficio N° AL-CPEM-1021-2020 del 24 de junio de 2020 la Señora Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de Comisiones Legislativas II, por acuerdo de la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa, somete a consulta de la Procuraduría General de la República el Proyecto de Ley tramitado por expediente legislativo N° 21.707 denominado " Autorización al Instituto de Fomento Cooperativo para que condone las deudas a la Cooperativa de Servicios a Mujeres Productoras Microempresarias COOPEMUPRO R.L.”. Al no estarse de los supuestos de consulta ordinarios previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con un afán de colaboración y por un prurito de deferencia hacia el Poder Legislativo, este Órgano Superior Consultivo atiende la consulta formulada en razón de la existencia de un evidente interés público y sin perjuicio de que la opinión jurídica carece de un carácter vinculante. Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante la Opinión Jurídica OJ-073-2021, el Lic. Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Procurador Adjunto, y Lic. Robert William Ramírez Solano, Abogado Asistente, concluyen lo siguiente: - Con fundamento en lo expuesto, se concluye que el Proyecto de Ley N° 21.707, tiene problemas de técnica legislativa por rozar con los principios constitucionales de igualdad y razonabilidad. Queda evacuada la consulta formulada respecto del Proyecto de Ley N° 21.707.

  • Dictamen nº 084 de 18 de Marzo de 2021, de Municipalidad de San Pablo

    C-084-2021 LOS REPRESENTANTES QUE INTEGRAN AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES EN REPRESENTACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES, DEBEN SER MIEMBROS DE UNA DE ESAS ASOCIACIONES.NATURALEZA JURÍDICA DE LOS CÓMITES CANTONALES DE DEPORTES, PERTENENCIA DEL REPRESENTANTE AL SECTOR QUE INTEGRA UN ÓRGANO COLEGIADO Mediante oficio MSPH-SM-SC-EXT-05-2021 de 12 de marzo de 2021 la Secretaria del Concejo Municipal nos pone en conocimiento el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de la Municipalidad de San Pablo de Heredia, N.° CM-113-21 tomado en la Sesión Ordinaria N° 10-21 celebrada el día 8 de marzo de 2021, en el cual se acordó consultar a la Procuraduría General de la República respecto a si los miembros que se postulan por parte de las asociaciones comunales en asamblea para nombrar a los representantes ante la Junta Directiva de los Comités Cantonales de Deporte y Recreación de cada cantón, deben ser agremiados o asociados a las mismas y si deben residir en la localidad o sector de dichas agrupaciones. La Administración consultante adjunta el criterio legal dado por oficio CSP-SP-07-2021 de 25 de enero de 2021 de la Asesoría Legal Externa del Concejo Municipal de la Municipalidad de San Pablo de Heredia. Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante el dictamen C-084-2021, el Lic. Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Procurador Adjunto, concluye lo siguiente: Con fundamento en la expuesto, se concluye que al disponer el artículo 173 del Código Municipal, que el Comité Cantonal de Deportes debe tener en su integración a representante de las organizaciones comunales, es claro que dicho representante debe pertenecer, de forma efectiva y real, a una de las organizaciones comunales del cantón. Es decir que deben ser agremiados o asociados de una de las organizaciones comunales del cantón. No obstante, no existe una norma jurídica que exija que el representante de las organizaciones comunales, sea vecino de la comunidad donde funciona la organización comunal concreta a la que efectivamente pertenece.

  • Opinión Jurídica nº 071 -J de 17 de Marzo de 2021, de Asamblea Legislativa

    OJ-071-2021 ASIGNACIÓN DE TIERRAS DEL INDER. TITULACIÓN ADMINISTRATIVA DE INMUEBLES DEL INDER. ASENTAMIENTOS CONSOLIDADOS. DERECHOS POSESORIOS. DERECHO DE PROPIEDAD. BIENES DEMANIALES Y PATRIMONIALES DE LA ADMINISTRACIÓN. La Licenciada Cinthya Díaz Briceño, Jefe de Área de las Comisiones Legislativas IV, solicita nuestro criterio sobre el proyecto de ley denominado “Titulación en sede administrativa de inmuebles ubicados en asentamientos propiedad del Instituto de Desarrollo Rural (INDER)”, el cual se tramita bajo el número de expediente 22.138 en la Comisión Especial de Cartago. Mediante la opinión jurídica OJ-071-2021 del 17 de marzo de 2021, suscrito por Silvia Patiño Cruz, Procuradora y Yolanda Mora Madrigal, abogada de la Procuraduría, se concluyó que, la aprobación o no del proyecto de ley es un asunto de discrecionalidad legislativa, sin embargo, se recomienda valorar las recomendaciones aquí señaladas de constitucionalidad y técnica legislativa.

  • Dictamen nº 082 de 17 de Marzo de 2021, de Consejo de Seguridad Vial

    C-082-2021 MULTAS POR INFRACCIÓN A LA RESTRICCIÓN VEHICULAR DECRETADA POR EL GOBIERNO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19 –ART- 145, INCISO DD) DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL NO. 9078-; DESAPLICACIÓN LEGAL EXPRESA DEL ART. 234 DE LA CITADA LEY DE TRÁNSITO, POR TRANSITORIO XXIV DE LA LEY NO. 9078, ADICIONADO POR LA LEY NO. 9838 Y REFORMADO POR LA NO. 9910. Por oficio AI-2020-0392, de fecha 05 de mayo de 2020–reasignado a este Despacho el pasado 6 de enero de 2021-, el Auditor Interno del COSEVI nos refiere que la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial No. 9078, fue modificada por la Ley No. 9838, creando en el artículo No. 145 el inciso dd), y nos consulta ¿Si el dinero recaudado por las multas establecidas específicamente en este inciso, están sujetas a las deducciones descritas en el artículo No. 234 de ese mismo cuerpo normativo? Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante dictamen C-082-2021, de 17 de marzo de 2021, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, del Área de la Función Pública, concluye: “Con base en lo dispuesto actualmente por el párrafo segundo del Transitorio XXIV de la Ley No. 9078, adicionado por la Ley No. 9838 y reformado por la No. 9910, “no se aplicará lo señalado en el artículo 234 de la Ley 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, de 4 de octubre de 2012, únicamente en lo que respecta a multas por infracción a la restricción vehicular sanitaria”.”

  • Dictamen nº 079 de 15 de Marzo de 2021, de Ministerio de Relaciones Exteriores

    C-079-2021 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. CRITERIO LEGAL. El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto requirió nuestro criterio sobre tres interrogantes relacionadas con la obligación de las Naciones Unidas de aportar cuotas obrero patronales y cuotas al Fondo de Asignaciones Familiares. Esta Procuraduría, en dictamen no. C-079-2021 de 15 de marzo de 2021, suscrito por la procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluyó que: La consulta es inadmisible porque no se adjunta el criterio legal.

  • Opinión Jurídica nº 068 -J de 15 de Marzo de 2021, de Asamblea Legislativa

    OJ-068-2021 SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS PLANTEADAS POR LAS COMISIONES LEGISLATIVAS Y DEMÁS ÓRGANOS LEGISLATIVOS. CONSIDERACIONES EN ORDEN AL GOBIERNO JUDICIAL.Y CUESTIÓN DE TÉCNICA LEGISLATIVA.PODER JUDICIAL Y SOMETIMIENTO A LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, REFORMA ORGÁNICA AL PODER JUDICIAL Y CONSULTA PRECEPTIVA. Mediante oficio N° AL-CJ-22088-0723-2020 de 10 de setiembre de 2020 la Señora Daniela Agüero Bermúdez, Jefa de Área de Comisiones Legislativas VII, por indicación de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa somete a consulta de la Procuraduría General de la República el Proyecto de Ley tramitado por expediente legislativo N° 22.088 denominado "Reforma Parcial del Artículo 59 de la Ley Orgánica Del Poder Judicial”. Al no estarse de los supuestos de consulta ordinarios previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con un afán de colaboración y por un prurito de deferencia hacia el Poder Legislativo, este Órgano Superior Consultivo atiende la consulta formulada en razón de la existencia de un evidente interés público y sin perjuicio de que la opinión jurídica carece de un carácter vinculante. Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante la Opinión Jurídica OJ-068-2021, el Lic. Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Procurador Adjunto, concluye lo siguiente: - Con fundamento en lo expuesto, se concluye que el proyecto de Ley N.° 22.088 incidiría en el funcionamiento del gobierno judicial del Poder Judicial por lo que se requiere el criterio de la Corte Suprema de Justicia conforme el numeral 167 de la Constitución. Además, el proyecto tiene problemas de técnica legislativa. Queda evacuada la consulta del proyecto de Ley N.° 22.088.

  • Opinión Jurídica nº 067 -J de 15 de Marzo de 2021, de Asamblea Legislativa

    OJ-067-2021 Asamblea Legislativa. Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo. proyecto de ley Nº 21.614 denominado “MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 3859 PARA ACELERAR LA DONACIÓN DE TERRENOS MUNICIPALES O ESTATALES A LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL, UNIONES CANTONALES Y FEDERACIONES REGIONALES CONSTITUIDAS BAJO LA LEY 3859 Y DARLE UNA DISTRIBUCIÓN ADECUADA A LOS RECURSOS QUE GIRA EL ESTADO POR CONCEPTO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL MOVIMIENTO COMUNAL”, publicado en el Alcance N° 218 a La Gaceta N° 190 del 08 de octubre del 2019. Por oficio N° CPEM-067-2020 del 16 de setiembre del 2020, cuya atención nos fue reasignada el 06 de enero del presente año, la Licenciada Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa, nos confiere audiencia sobre el proyecto de ley denominado “MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 3859 PARA ACELERAR LA DONACIÓN DE TERRENOS MUNICIPALES O ESTATALES A LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL, UNIONES CANTONALES Y FEDERACIONES REGIONALES CONSTITUIDAS BAJO LA LEY 3859 Y DARLE UNA DISTRIBUCIÓN ADECUADA A LOS RECURSOS QUE GIRA EL ESTADO POR CONCEPTO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL MOVIMIENTO COMUNAL”, expediente legislativo Nº 21.614, publicado en el Alcance N° 218 a La Gaceta N° 190 del 08 de octubre del 2019. Mediante la Opinión Jurídica OJ-067-2021 del 15 de marzo del 2021, suscrita por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta y la Licda. Engie Vargas Calderón, Abogada de Procuraduría, se concluyó: “En los términos expuesto, queda evacuada la consulta formulada respecto del proyecto de Ley N° 21.614, sometido a nuestro análisis.”

  • Opinión Jurídica nº 066 -J de 15 de Marzo de 2021, de Asamblea Legislativa

    OJ-066-2021 PRINCIPIO DE DOBLE CONFORMIDAD. RECURSO DE APELACIÓN..REFORMA AL ARTÍCULO 446 BIS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. La Asamblea Legislativa solicita el criterio jurídico de esta Oficina respecto al proyecto “REFORMA DEL ARTÍCULO 466 BIS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA INCORPORAR EL PRINCIPIO DE DOBLE CONFORMIDAD”, tramitado bajo el expediente N° 22.116 (cuyo texto fue publicado en La Gaceta N° 202 del 14 de agosto de 2020). El presente proyecto –que en verdad es bastante concreto- plantea la solución legislativa de frente a la aplicación de la figura de la doble conformidad, que ha sufrido tantos vaivenes producto de la jurisprudencia –mayoritariamente de la Sala Constitucional pero que, en realidad, bastantes operadores del derecho han contribuido a su nula inteligencia-, que se ha dictado alrededor de este tema. la iniciativa de ley que nos ocupa pretende poner punto final a tanta discusión que se ha generado, cambiando la expresión o remedio recursivo “casación” por el similar de “apelación”, para adecuarse así a la actualidad legislativa y propiamente a la instancia recursiva que impera en el actual proceso penal, a raíz de la promulgación de la Ley 8837 de 3 de mayo de 2010, denominada: “Creación del Recurso de Apelación de la sentencia, otras reformas al Régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal.” la reforma propuesta –en su núcleo toral- consiste en sustituir la expresión “casación” por “apelación”, dado que hoy el artículo 466 bis del Código Procesal Penal se halla inmerso dentro del Título IV (Recurso de Apelación de Sentencia), creado por la Ley 8837 ya reseñada y el Recurso de Casación inicia su regulación a partir del numeral 467 (Título V), ambos del Código de rito. Además, la redacción novedosa evidencia algunos cambios de mera redacción (para hacerlo más técnico de acuerdo al instituto procesal que se estudia) y otros de pura obviedad (por ejemplo, desaparición de todo rastro del antiguo medio recursivo de la Casación, sobre todo el párrafo tercero), como veremos de seguido, en relación con el texto actual del 466 bis, pero que en realidad no mutan el significado que se pretende de la figura del doble conforme. Dice en lo que interesa el segundo párrafo de la reforma: “El Ministerio Público, el querellante y el actor civil no podrán formular recurso de apelación contra la Sentencia del Tribunal de Juicio que se produzca en Juicio de Reenvío que reitere la absolución de la persona imputada dispuesta en un Juicio anterior.” (los sobresaltados, además de que no aparecen en el original, evidencian los cambios más palpables). Lo resaltado en el texto anterior refuerza algunos temas de orden procesal, que vale la pena comentarlos: 1.- el cambio más relevante y el que quizás sea la única razón de ser de la reforma, consiste en mutar el concepto de “casación” por el de “apelación”, que como ya dijimos, procura devolver la concordancia necesaria acerca de la imposibilidad de formular la instancia recursiva de “apelación”, dado que el artículo 466 bis del CPP se halla inmerso dentro del Título IV (Recurso de Apelación de Sentencia), creado por la Ley 8837, además de que lo referente al Recurso de Casación empieza su desarrollo a partir del artículo 467. 2.- un brevísimo esquema de la mecánica procesal para tener por configurado el doble conforme, supone la existencia de las siguientes instancias: i.- un debate oral y público celebrado por un Tribunal de Juicio, del que deriva una sentencia absolutoria, luego de agotada y cumplida la etapa plenaria, ii.- un recurso de apelación de las partes perdedoras, obviamente adversas al incriminado, que es elevado al conocimiento de un Tribunal de Apelación de sentencia penal que, acogiendo los reclamos alegados, declara ineficaz la sentencia absolutoria venida en alzada y ordena un juicio de reenvío, iii.- un nuevo debate oral y público o juicio de reenvío, celebrado otra vez ante un Tribunal de Juicio quien dictará una sentencia absolutoria luego de culminada la etapa plenaria, materializando así la doble conformidad; es decir, dos absolutorias consecutivas y finalmente iv.- la imposibilidad de formulación (o inimpugnabilidad de sentencia) de un nuevo recurso de apelación por parte del Ministerio Público, el querellante y el actor civil. 3.- aún y cuando podría afirmarse que con la redacción actual es obvio que la segunda sentencia absolutoria, que proviene de un juicio de reenvío (que reitera la no responsabilidad penal del acusado obtenida en la primera sentencia), fue dictada por un Tribunal de sentencia de Juicio, dicha concreción en el presente proyecto de ley tiene un alto significado porque zanja, de una vez por todas, que las sentencias que configuran la doble conformidad deben ser resoluciones emanadas de un Tribunal de Juicio, como producto de un Debate oral y público en el que se hayan cumplido todos los requerimientos, exigencias y principios que informan la etapa plenaria de nuestro proceso penal, existiendo entre ambas sentencias absolutorias una resolución del Tribunal de Apelación de sentencia que haya ordenado el juicio de reenvío. 4.- el párrafo segundo del artículo 466 bis que se pretende reformar, tiene un breve cambio semántico procesal, pero con propósitos aclaratorios: hoy se lee “... que reitere la absolución del imputado dispuesta en el primer juicio”; lo que se propone es que diga: “... que reitere la absolución de la persona imputada dispuesta en un Juicio anterior.” 5.- un comentario final: para que la figura de la doble conformidad alcance su adecuación al ordenamiento jurídico, las sentencias absolutorias deben ser consecutivas, ya que, si intercaladamente se han producido sentencias condenatorias no podríamos hablar de un doble conforme; es decir, el imputado no habría logrado conseguir en el proceso penal establecido en su contra la doble conformidad, que se obtiene al alcanzar dos sentencias absolutorias no solo consecutivas sino también que hayan cumplido con los trámites procesales que hemos hecho mención.