Listado de fuentes de esta colección

Últimos documentos

  • Dictamen nº 092 de 03 de Abril de 2019, de Municipalidad de Flores

    C-092-2019 INADMISIBILIDAD; consulta formulada debe responder a intereses exclusivamente institucionales. deber de abstención, desviación de poder y/o fraude de ley. Por oficio No. AI-OF-020-19, de fecha 21 de marzo de 2019 -recibido en esa misma data-, supuestamente, con el afán de actualizar el reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría municipal, el Auditor municipal formula una serie de interrogantes jurídicas que si bien han sido formuladas con cierto grado de abstracción, lo cierto es que, por su contenido, están innegablemente referidas a un asunto disciplinario concreto actualmente en trámite y en su contra, que involucran la eventual prescripción de la potestad sancionadora administrativa (art. 414 del Código de Trabajo), con respecto a una falta por absentismo injustificado por la no aprobación de vacaciones por parte del Concejo municipal; esto es así, según verificación que hiciéramos mediante oficio AFP-932-2019, de 25 de marzo de 2019, y por la cual obtuvimos formal respuesta de la Asesoría Jurídica de esa corporación municipal, por oficio Nº AJ-MF-008-2019, de 27 de marzo de 2019, que confirma tanto la existencia, como el objeto y causa de dicho procedimiento sancionatorio en su contra. Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante dictamen C-092-2019, de 3 de abril de 2019, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, del Área de la Función Pública, concluye: “La facultad de consultar el criterio de la Procuraduría General tiene como objeto tutelar el interés público a la regularidad jurídica. En aras de ese interés y para salvaguardar los intereses institucionales, el ordenamiento reconoce a los jerarcas de las Administraciones Públicas, así como a los Auditores internos, la facultad de consultar. Es por ello que dicha facultad no debe ser utilizada para tutelar o satisfacer el intereses propios y particulares del consultante. Por las razones expuestas deviene inadmisible su gestión,y por ende, se deniega su trámite y se archiva.”

  • Dictamen nº 091 de 03 de Abril de 2019, de Municipalidad de Santa Cruz

    C-091-2019 Municipalidad de SanTA CRUZ, FUNCIONARIOS DE CONFIANZA EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL, ARTÍCULO 127 CÓDIGO MUNICIPAL. dictamenes relacionados C-131-2005 del 7 de abril del 2005, C-258-2013 del 20 de noviembre del 2013, C-008-2017 del 19 de enero de 2017, C-069-2018 del 16 de abril de 2018, entre otros. Por medio del oficioAIM-137-2017 de fecha 12 de setiembre del 2017, el Licenciado Álvaro Moreno Moreno, Auditor Interno, de la Municipalidad de Santa Cruz, solicita el criterio de la Procuraduría General, en relación con la siguiente interrogante: “¿Puede el Alcalde Municipal nombrar un funcionario en una plaza de confianza para laborar en un departamento o dependencia municipal distinta de la Alcaldía, del Presidente o Vicepresidente Municipales y de las fracciones políticas que conforman el Concejo Municipal?” Mediante el dictamen C-091-2019 del 03 de abril de 2019, suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta, y la Licda. Xitlali Espinoza Guzmán, Abogada de la Procuraduría, se concluyó: “No puede el Alcalde Municipal nombrar un funcionario en una plaza de confianza para laborar en un departamento o dependencia municipal distinta de la Alcaldía, del Presidente o Vicepresidente Municipales y de las fracciones políticas que conforman el Concejo Municipal, porque se estaría quebrantando lo dispuesto en el numeral 127 del Código Municipal.”

  • Dictamen nº 089 de 03 de Abril de 2019, de Municipalidad de Oreamuno

    C-089-2019 NOMBRAMIENTOS INTERINOS EN PLAZAS VACANTES (ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO MUNICIPAL); CONTRATACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES; PARTICIPACIÓN DE INTERINOS EN CONCURSOS INTERNOS; DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DEL SALARIO DEL ALCALDE. Por oficio Nº MO-AI-073-2018, de fecha 23 de agosto de 2018, con recibido de igual fecha, la Auditora Interna de la Municipalidad de Oreamuno nos consulta una serie de interrogantes concretas que giran en torno a temas diversos entre sí, que involucran nombramientos interinos en plazas vacantes, contrataciones por servicios especiales, participación de interinos en concursos internos y salario del alcalde municipal. En concreto se consulta: Qué responsabilidad laboral y administrativa podría existir en una municipalidad, que efectúa nombramientos interinos hasta por un año, para ocupar plazas vacantes cancelando de sueldos fijos, sin sacar las plazas a concurso, como lo señala el artículo 130 del Código Municipal. ¿Pueden las municipalidades contratar secretarias por servicios especiales, hasta por cuatro años, que cumplen con un horario y realizan funciones administrativas en forma permanente? ¿Pueden los funcionarios interinos contratados para ocupar plazas vacantes, participar en los concursos internos señalados en el artículo 128 del Código Municipal, formar parte de la nómina de elegibles y ser nombrados en propiedad? ¿Es correcto el reconocimiento de las anualidades y doble pago de prohibición, al calcular el salario de los alcaldes sobre el salario mayor pagado cuando este contiene anualidades y prohibición? ¿De no ser así, como (sic) sería el cálculo de los salarios de los alcaldes? Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante dictamen C-089-2019, de 03 de abril de 2019, luego de un exhaustivo análisis, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, del Área de la Función Pública, concluye:

  • Dictamen nº 084 de 02 de Abril de 2019, de Municipalidad de Alvarado

    C-084-2018 INADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. NO SE ADJUNTA CRITERIO LEGAL. La señora Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria del Concejo de la Municipalidad de Alvarado, transcribe un Acuerdo del Concejo según el cual se consulta si esa Municipalidad puede acoger lo dispuesto en el dictamen No. C-202-2018 relacionado con el salario escolar. Esta Procuraduría, en dictamen No. C-084-2019 de 2 de abril de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta es inadmisible porque no se adjunta el criterio de la asesoría legal sobre las interrogantes planteadas.

  • Dictamen nº 085 de 02 de Abril de 2019, de Municipalidad de Puntarenas

    C-085-2019 NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA. REQUISITOS. MOMENTO PARA REQUERIR EL CRITERIO DE LA PROCURADURÍA. PLAZO DE CADUCIDAD EN CASOS DE BIENES DEMANIALES. La señora Hazel Josephs Vega, Secretaria del Concejo a.i. de la Municipalidad de Puntarenas, transcribe el artículo 4° inciso f) del acuerdo adoptado por el Concejo en la sesión ordinara No. 253 de 18 de marzo de 2019, en el que se dispuso: “Ratificar lo acordado por el Concejo de Distrito de Cóbano en su sesión ordinaria número 146-2019, artículo IV, Inciso H, del día 12 de febrero de 2019, se hace traslado de expediente sellado en las mismas condiciones en las que se recibió en esta Secretaría con fecha de recibido 04 de marzo de dos mil diecinueve, con el fin que se proceda a realizar consulta de Lesividad ante la Procuraduría General de la República.” Esta Procuraduría, en dictamen No. C-085-2019 de 2 de abril de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: En el expediente que se nos remite consta un informe de investigación preliminar en el que se expone una serie de incumplimientos por parte de la sociedad investigada y en el que se recomienda la apertura de un procedimiento administrativo para determinar la procedencia de cancelar las patentes comerciales, anular los certificados de uso de suelo y revisar los permisos de construcción que le han sido otorgados a esa sociedad anónima, en virtud de que no cuenta con una concesión para ocupar la zona marítimo terrestre. Efectivamente, el expediente remitido corresponde a una investigación preliminar, a partir de la cual la Administración no ha decidido cuáles actos administrativos deben ser anulados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 173 de la LGAP, y, en consecuencia, no ha tramitado el procedimiento exigido al efecto. De tal forma, resulta imposible rendir un criterio en los términos dispuestos por el artículo 173 de la LGAP. No es tarea de la Procuraduría revisar un cúmulo de información e indicar, por medio de un dictamen vinculante, cuáles acciones debe adoptar la Administración en un asunto como el expuesto y determinar cuáles actos administrativos pueden ser anulados. Por no existir un procedimiento administrativo previo tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto administrativo específico, esta Procuraduría se encuentra imposibilitada para rendir el dictamen favorable dispuesto por el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública.

  • Opinión Jurídica nº 029 -J de 25 de Marzo de 2019, de Asamblea Legislativa

    OJ-029-2019. MORATORIA DE DESALOJOS EN ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO, ZONAS FRONTERIZAS. La Asamblea Legislativa requiere la opinión jurídica no vinculante de esta Procuraduría sobre el proyecto de ley que se tramita en el expediente legislativo número 20820, denominado “Ley que autoriza la ampliación del plazo del artículo 1° de la Ley de protección a los ocupantes de las zonas clasificadas como especiales N° 9373, de 16 de julio de 2016.” Esta Procuraduría, en opinión jurídica No. OJ-029-2019 de 25 de marzo de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: Lejos de ser una medida temporal y excepcional, la moratoria propuesta se ha mantenido desde el año 2012 cuando se emitió la Ley No. 9073, sin comprobarse si ha cumplido o no su cometido, e impidiendo el ejercicio de potestades públicas de tutela y resguardo del patrimonio natural del Estado, zonas fronterizas y zona marítimo terrestre. Iniciativas como la propuesta, presentan eventuales roces de constitucionalidad que deben valorarse, en el tanto, han impedido al Estado ejercer potestades cuyo fin primordial es velar por la integridad de bienes de dominio público de interés ambiental, y, con ello, podría violentarse el artículo 50 de la Constitución Política y los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, de no regresión en materia ambiental, precautorio, intangibilidad de la zona marítimo terrestre, entre otros. El presente proyecto de ley no posee ninguna utilidad práctica, pues el año pasado se emitió la Ley de Protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales (No. 9577 de 27 de junio de 2018) que por treinta y seis meses, suspende el desalojo de personas, la demolición de obras, la suspensión de actividades comerciales, agropecuarias y cualquier otra actividad lícita y proyectos existentes en la zona marítima terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado, en términos muy similares a los dispuestos en la Ley No. 9373. Puesto que el plazo fijado en la Ley No. 9577 vence el 20 de julio de 2021, no tiene ningún sentido ampliar el plazo de la moratoria fijada por la Ley No. 9373, la cual, además, perdió vigencia el 21 de julio de 2018.

  • Dictamen nº 073 de 21 de Marzo de 2019, de Instituto Nacional de Seguros

    C-073-2019 INADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. NO ADJUNTA CRITERIO LEGAL. La señora Ana Lucía Fernández Sáenz, Gerente General del Instituto Nacional de Seguros, requiere nuestro criterio sobre la aplicación del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador. Esta Procuraduría, en dictamen No. C-073-2019 de 21 de marzo de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible porque, pese a que se hacen ciertas consideraciones legales, lo cierto es que no se adjunta el criterio de la asesoría legal sobre el tema consultado.

  • Dictamen nº 075 de 21 de Marzo de 2019, de Junta de Educación de Cartago

    C-075-2019 INADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. NO SE ADJUNTA ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA. NO ADJUNTA CRITERIO LEGAL. SE DISCUTE APLICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO ADOPTADO. El señor Edwin Garro Navarro, Presidente de la Junta de Educación de Cartago, requiere nuestro criterio sobre varias interrogantes sobre la relación laboral de los cocineros de los comedores escolares y la aplicación de la circular DM-0086-12-2018 del Ministro de Educación Pública. Esta Procuraduría, en dictamen No. C-075-2019 de 21 de marzo de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta es inadmisible porque el presidente de la Junta de Educación requiere nuestro criterio, sin mediar un acuerdo de la Junta al respecto; no se adjunta el criterio de la asesoría legal de la institución sobre el tema consultado; y porque las interrogantes planteadas están relacionadas con la aplicación de la directriz del Ministro de Educación Pública No. DM-0086-12-2018, y, por tanto, de dar respuesta a ellas, nos estaríamos refiriendo indirectamente a ese acto administrativo concreto, lo cual, como ya fue indicado, no es parte de nuestra función consultiva.

  • Dictamen nº 074 de 21 de Marzo de 2019, de Municipalidad de Matina

    C-074-2019 INADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. NO ADJUNTA CRITERIO LEGAL. La señora Jeannette González Sandoval, Alcaldesa de la Municipalidad de Matina, requiere nuestro criterio sobre varias interrogantes relacionadas con la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (No. 9635 de 3 de diciembre de 2018) y el Reglamento del Título II de dicha Ley (Decreto Ejecutivo No. 41564 de 11 de febrero de 2019). Esta Procuraduría, en dictamen No. C-074-2019 de 21 de marzo de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible porque no adjunta el criterio de la asesoría legal sobre el tema consultado.

  • Dictamen nº 072 de 20 de Marzo de 2019, de Ministerio de Hacienda

    C-072-2019 20 marzo 2019 PRESUPUESTO NACIONAL. PRESUPUESTOS ORGANOS DESCONCENTRADOS. “INGRESOS PROPIOS”. SUPERAVITS. FACULTADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS PUBLICOS. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. El Subdirector General de Presupuesto Nacional, Ministerio de Hacienda, en oficio N. DGPN-SD-0473-2018 de 13 de diciembre 2018, plantea varias interrogantes respecto de la aplicación de la Ley N. 9524, en relación con los ingresos que generan los órganos desconcentrados del Gobierno Central. En concreto, se consulta: “ 1-a) ¿El registro o detalle de estos ingresos se debe realizar en forma separada del resto de los ingresos del presupuesto nacional o por el contrario se debe realizar en la forma en que lo establece el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, en concordancia con el 33 de su Reglamento? 1-b) ¿Igualmente con respecto a los citados ingresos ante la existencia de la personalidad jurídica instrumental, la Dirección General de Presupuesto Nacional ve limitadas sus atribuciones, entre otras para realizar ajustes en la etapa de formulación y en las restantes etapas del ciclo presupuestario? 2-. ¿a partir del 2011 podrá seguirse generando superávit o en torno a los mismos aplica el principio de Anualidad consagrado en la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, así como lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas? 3-. ¿Al amparo de lo dispuesto en la Ley 9524 le asisten atribuciones legales a la Dirección General de Presupuesto Nacional y/o al Ministerio de Hacienda para disponer que al pasar los presupuestos de los órganos desconcentrados del Gobierno Central a ser de aprobación legislativa, tales Órganos deberán realizar ajustes en su estructura y organización interna e integrarse a las respectivas instancias existentes en los Ministerios a los que están adscritos?” En dictamen C-072-2019 de 20 de marzo siguiente, la Dra. Magda Inés Rojas Chaves, Procuradora General Adjunta, concluye que: 1-. Al establecer la Ley 9524 que los presupuestos de los órganos desconcentrados con personalidad jurídica instrumental se incorporarán al presupuesto nacional no diferencia entre los ingresos del órgano según su origen. Por lo que de dicha Ley no se deriva una autorización para dar un trámite distinto a determinados ingresos. 2-. Una incorporación separada de los llamados recursos propios desconocería lo dispuesto en los artículos 8 y 36 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y 33 de su Reglamento Ejecutivo. 3-. La Dirección General de Presupuesto Nacional puede realizar ajustes en los proyectos de presupuesto presentados por los órganos con personalidad jurídica instrumental, aún cuando esos presupuestos se financien con ingresos “propios”. Lo anterior con fundamento en los artículos 177 de la Constitución Política y 35 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. 4-. El principio de anualidad presupuestaria es de rango constitucional, ya que está previsto en el artículo 176 de la Constitución Política. Dicho principio se aplica también a los órganos desconcentrados con personalidad jurídica instrumental. 5-. El problema que generan los superávits libres en relación con los principios que rigen la administración financiera de la Administración Pública y la ejecución de los presupuestos públicos, así como el fuerte déficit fiscal, determinan el interés del legislador por regular los superávits libres. La Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, N. 9371 de 28 de junio de 2016, procura la eficiencia, eficacia y economía en la ejecución de los recursos que son transferidos por la Ley de Presupuesto, de manera que no se reflejen superávits libres y, por el contrario, el Presupuesto se ejecute según lo programado para el cumplimiento de los objetivos y metas del período presupuestario. 6-. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N. 9635 de 13 de diciembre de 2018, establece en su artículo 17, que las entidades que generen superávit libre y tengan pasivos deben destinarlos a amortizar esos pasivos. Al disponer en esos términos no diferencia entre recursos propios y recursos transferidos por la Ley de Presupuesto. 7-. Las entidades que reciben transferencias del presupuesto nacional están obligadas a reintegrar al presupuesto nacional los recursos del superávit libre en el año siguiente a aquél en que se generó el superávit para ser utilizado en amortización de deuda o inversión pública. 8-. De lo que se deriva que a partir de la vigencia del artículo 17, los órganos desconcentrados con personalidad jurídica instrumental no podrían presupuestar el superávit libre producto de transferencias porque este debe ser destinado a la amortización de deuda o inversión pública. 9-. La Dirección General de Presupuesto es incompetente para determinar que un determinado Ministerio o bien, un órgano con personalidad jurídica instrumental debe hacer modificaciones en su estructura y organización administrativa. 10. No obstante, al incorporare el presupuesto de la persona jurídica instrumental al Presupuesto Nacional podría resultar necesario que se realicen ajustes a la organización administrativa de ese órgano. Decisión que tendría que ser adoptada en el seno del Órgano desconcentrado y del Ministerio a que pertenece.