Listado de fuentes de esta colección

Últimos documentos

  • Dictamen nº 169 de 17 de Junio de 2019, de Consejo de Seguridad Vial

    C-169-2019 funcionario contratado bajo la partida de servicios especiales, procedencia PAGO DE HORAS EXTRA laboradas. Servidores regulares o de carrera, reconocimiento tiempo extraordinario. Viáticos. decreto ejecutivo N° 40089-MOPT, Convenio de Cooperación Interinstitucional firmado entre el MOPT y el COSEVI, para la ejecución del procedimiento de urgencia para la donación de los vehículos detenidos por infracciones a la legislación de tránsito, que se encuentran a la orden de la autoridad administrativa del MOPT y del COSEVI, establecido dentro del Decreto Ejecutivo N° 40089-MOPT. Dictámenes relacionados: C-047-2011 del 28 de febrero del 2011, C-331-2009 del 01 de diciembre del 2009, C-047-2003 del 20 febrero de 2003, C-236-2004 del 10 de agosto de 2004, C-38-2015, del 24 de febrero 2015 y C-117-2017 del 02 de junio de 2017, C-025-2019 del 30 de enero del 2019, C-150-2011 del 30 de junio del 2011, C-321-2015 del 23 de noviembre del 2015. Por oficio AI-17-160 del 27 de marzo del 2017, el señorCésar E. Quirós Mora, Auditor Interno del Consejo de Seguridad Vial, solicita el criterio de la Procuraduría General, en relación con las siguientes interrogantes: “ ¿Es factible reconocer y cancelar tiempo extraordinario a este tipo de funcionario que labora bajo el concepto de "servicios especiales"? ¿Es legalmente viable reconocer y cancelar tiempo extraordinario, a funcionarios que fueron contratados por servicios especiales cuando se encuentran de gira y que se les están cancelando viáticos? Tomando en consideración que realizan labores ordinarias para las cuales fueron exclusivamente contratados. De igual forma, también queda la duda (sobre el mismo tema) en cuanto a los funcionarios cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, ya sea en condición de interinos o propiedad, cuando se encuentran de gira y se les cancela viáticos. ¿Es legal que el Consejo de Seguridad Vial, efectué pago de horas extras a empleados que no son funcionarios del Consejo de Seguridad con presupuesto asignado a este Consejo? Según el contexto del Decreto N°40089-MOPT. Aun cuando no se hace referencia a dicho pago en el mismo.” Mediante el dictamen C-169-2019 del 17 de junio de 2019, suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta, se concluyó: “1.- Por ser un derecho constitucionalmente reconocido, si el funcionario contratado bajo la partida de servicios especiales excede en sus labores el máximo de la jornada por la que se ha convenido, tiene derecho a percibir el pago de las horas extras que haya laborado. 2.- El pago de la jornada extraordinaria les corresponde a los servidores, tanto a los contratados bajo la partida de servicios especiales como a los regulares o de carrera - en propiedad o interinos-, siempre y cuando concurran los supuestos de la normativa laboral que regula aquella jornada. 3.- El respectivo derecho al reconocimiento y cancelación de tiempo extraordinario se adquiere con entera independencia de si se reciben o no viáticos. 4.- Si bien expresamente en el decreto ejecutivo N° 40089-MOPT no se hace referencia al pago de tiempo extraordinario a los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes designados para el proyecto de interés, existe un Convenio de Cooperación entre el MOPT y el COSEVI que regula este tema en concreto y que impone esta obligación al Consejo de Seguridad Vial, en los términos dispuestos en su cláusula tercera, punto 4, el cual debe respetarse, siempre y cuando se encuentre vigente y conserve su eficacia y efectividad. Situación que sería excepcional, en orden a lo pactado por las partes para la ejecución del procedimiento de urgencia señalado en este dictamen.” Mediante el correo electrónico de fecha 12 de junio del 2019, el señor Auditor Interno aclara esta pregunta en los siguientes términos: “La misma se refiere a que son funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y a la luz del convenio que refiere el Decreto 40089-MOPT, el Consejo de Seguridad Vial estaría cancelando lo relativo a tiempo extraordinario.”

  • Dictamen nº 165 de 13 de Junio de 2019, de Municipalidad de Esparza

    C-165-2019 INADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. CASO CONCRETO. CRITERIO LEGAL INSUFICIENTE. El señor Asdrúbal Calvo Chaves, Alcalde de la Municipalidad de Esparza, requiere nuestro criterio sobre las siguientes preguntas, relacionadas con el pago del salario escolar: "1. Si es procedente o no el reconocimiento retroactivo de lo dejado de cancelar al Alcalde y Vicealcaldesa municipales. 2. Tomando en cuenta el concepto de prescripción y si siendo procedente ese reconocimiento retroactivo a partir de qué fecha sería, ya que los actuales Alcalde y Vicealcaldesa han tenido dos periodos de administración (Del 07 de febrero del 2011 hasta el 30 de abril del 2016 y del 01 de mayo del 2016 hasta el 30 de abril del 2020 que terminan el presente periodo)." Esta Procuraduría, en dictamen No. C-165-2019 de 13 de junio de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible porque: Es evidente que su consulta está dirigida a resolver su situación particular y la de la Vicealcaldesa, en relación con el pago del salario escolar, y por ello, de responderla, estaríamos refiriéndonos directamente a esos casos concretos y tomando una decisión final al respecto, lo cual, como ya se advirtió, escapa a nuestra función consultiva. Adicionalmente, el consultante, como Alcalde, tendría un interés directo y personal. Además, pese a que se adjunta el criterio de la asesoría legal sobre el asunto consultado, lo cierto es que no se responde con claridad y precisión lo cuestionado, sino que, por el contrario, finalmente se recomienda requerir el criterio de la Procuraduría.

  • Dictamen nº 164 de 12 de Junio de 2019, de Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias

    C-164-2019 INADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA RECONSIDERACIÓN. El señor Alexander Solís Delgado, Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, solicita reconsiderar el criterio emitido en el dictamen No. C-112-2019 de 26 de abril de 2019, requerido por la Universidad Nacional. Esta Procuraduría, en dictamen No. C-164-2019 de 12 de junio de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La solicitud resulta inadmisible porque: El órgano que preside no fue quien requirió nuestro criterio, y, por tanto, no se encuentra legitimado para solicitar su reconsideración.

  • Opinión Jurídica nº 061 -J de 12 de Junio de 2019, de Asamblea Legislativa

    OJ-061-2019 PROYECTO DE LEY NO. 20.823; “ELIMINACIÓN DEL TOPE DE CESANTÍA PARA EL DESPIDO SIN JUSTA CAUSA, REFORMA DEL INCISO 4) DEL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY NO. 2, DE 27 DE AGOSTO DE 1943, Y SUS REFORMAS” Por oficio número AL-CPAJ-OFI-0241-2018, de 10 de octubre de 2018 –con recibo de 11 de octubre del mismo año-, la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa nos pone en conocimiento que por moción aprobada en la sesión No. 15 de 9 de octubre de 2018, dicha Comisión solicita el criterio de este Órgano Superior Consultivoen torno al proyecto de Ley tramitado bajo el expediente legislativo No. 20.823, denominado “Eliminación del tope de cesantía para el despido sin justa causa, Reforma del inciso 4) del artículo 29 del Código de Trabajo, Ley No. 2, de 27 de agosto de 1943, y sus reformas”, publicado en el Alcance No. 131 a La Gaceta No. 127 de 13 de julio de 2018 y se acompaña una copia del mismo. Con la aprobación del señor Procurador General de la República, mediante pronunciamiento jurídico no vinculante OJ-061-2019, de 12 de junio de 2019, el Procurador Adjunto del Área de la Función Pública, Luis Guillermo Bonilla Herrera, concluye: “De conformidad con lo expuesto, esta Procuraduría estima que el proyecto de ley consultadopresenta serios inconvenientes a nivel jurídico, porque además de ignorar las normas objetivas no escritas derivadas de la jurisprudencia constitucional, en especial enfocadas al Sector público, ignora la necesidad social imperiosa en la que se sustentó la reforma introducida recientemente a la Ley de Salarios de la Administración Pública por el Capítulo III, denominado Ordenamiento del Sistema Retributivo y del Auxilio de Cesantía para el Sector Público, del Título III de la Ley No. 9635 –de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas-. Por lo demás, es obvio que su aprobación o no es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República. Se deja así evacuada su consulta en términos no vinculantes.”

  • Opinión Jurídica nº 066 -J de 12 de Junio de 2019, de Asamblea Legislativa

    OJ-066-2019 ASAMBLEA LEGISLATIVA. PROYECTO DE LEY. EMPRESA DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS DE GUANACASTE SOCIEDAD ANÓNIMA. PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ECONOMÍA. AUTONOMÍA MUNICIPAL. La Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa consultó el texto del proyecto de “Ley de Creación de la Empresa de Servicios y Obras Públicas de Guanacaste”, tramitado bajo el expediente legislativo número 19.706. Mediante la opinión jurídica n.° OJ-066-2019, del 12 de junio de 2019, el Procurador Alonso Arnesto Moya, evacuó el criterio solicitado señalando que no presenta en general problemas de constitucionalidad en cuanto al propósito que persigue y la forma ideada para llevarlo a cabo, si bien recomienda revisar los artículos de su texto destacados por este pronunciamiento, en cuanto se duda de su compatibilidad con la Constitución Política y de su adecuada técnica legislativa. Siendo su aprobación una cuestión de política legislativa.

  • Opinión Jurídica nº 062 -J de 12 de Junio de 2019, de Asamblea Legislativa

    OJ-062-2019 ASAMBLEA LEGISLATIVA. PROYECTO DE LEY. DIRECCIÓN DE JUSTICIA RESTAURATIVA. RECTORÍA. COORDINACIÓN. LEY N.°9636 DEL 22 DE ENERO DE 2019. La Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico solicitó el criterio de la Procuraduría en relación con el texto del proyecto de ley intitulado: ““REFORMA DE LAS LEYES N.° 9582 LEY DE JUSTICIA RESTAURATIVA; N.° 8720 PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y DEMÁS SUJETOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL, REFORMAS Y ADICIÓN AL CÓDIGO PROCESAL PENAL Y AL CÓDIGO PENAL”, tramitado bajo el expediente legislativo número 20.910. Mediante el pronunciamiento OJ-062-2019, del 12 de junio de 2019, el procurador Alonso Arnesto Moya, concluyó que la referida propuesta legislativa no presenta problemas de constitucionalidad, pero sí de técnica legislativa que se recomienda corregir. Siendo su aprobación o no, parte del arbitrio que la Constitución le confirió en exclusiva a la Asamblea Legislativa como parte de sus atribuciones fundamentales.

  • Dictamen nº 163 de 11 de Junio de 2019, de Asamblea Legislativa

    C-163-2019 INADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. CONSULTA DE DIPUTADO. CASO CONCRETO. COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. El señor Walter Muñoz Céspedes, Diputado de la Asamblea Legislativa, requiere nuestro criterio sobre la declaración jurada que ciertos funcionarios públicos deben rendir ante la Contraloría General de la República, de conformidad con lo dispuesto en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Al solicitar la siguiente aclaración: “Debemos declarar, aparte de nuestro patrimonio, nuestra participación en juntas directivas o fiscalías de personas jurídicas con o sin fines de lucro, en las cuales no tengamos ninguna participación en el capital social de esas personas jurídicas.” Esta Procuraduría, en dictamen No. C-163-2019 de 11 de junio de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible porque: Por la forma en que está planteada la consulta, no parece haber un ligamen entre lo solicitado y el ejercicio de la función de control político, sino que más bien, la consulta parece estar motivada en su condición personal de funcionario público y en la necesidad de aclarar ciertos aspectos sobre la declaración jurada que debe rendir ante la Contraloría General de la República. Además, de conformidad con lo dispuesto en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, la Contraloría General de la República es el órgano competente para recibir y revisar las declaraciones juradas sobre la condición patrimonial de los funcionarios públicos, y, en ese carácter, es el órgano competente para referirse acerca de los requisitos, condiciones y demás aspectos relacionados con éstas. Y, por tanto, la Procuraduría no puede referirse a materias que sean competencia de ese órgano de manera exclusiva y prevalente.

  • Dictamen nº 162 de 11 de Junio de 2019, de Municipalidad de Barva

    C-162-2019 INADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. CRITERIO LEGAL. CASO CONCRETO. La señora Mercedes Hernández Méndez, Secretaria Municipal de la Municipalidad de Barva, nos comunica en acuerdo del Concejo en el que se requiere nuestro criterio sobre lo siguiente: “1. ...El quórum necesario para sesionar válidamente, sobre la validez de los acuerdos y sobre la participación necesaria del síndico en las sesiones, todo referente al Concejo de Distrito de Barva. 2. Si un concejal de distrito propietario y suplente pueden participar en el mismo momento en una sesión del Concejo de Distrito.” Esta Procuraduría, en dictamen No. C-162-2019 de 11 de junio de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible porque: En esta ocasión, se adjunta el oficio No. AJCM-ARV-0016-2019, que como en él mismo se indica, se trata de un borrador de solicitud de cancelación de credenciales. Pese a que en su texto se hacen ciertas consideraciones sobre el tema objeto de la consulta, lo cierto es que dicho criterio no fue emitido específicamente con ocasión de responder las dudas generales que se nos plantean, y en ese entendido, no posee las características que debe reunir para cumplir con el requisito de admisibilidad dispuesto por el artículo 4° de nuestra Ley Orgánica. Además, introduce temas no atinentes a la consulta, como los resultados de las elecciones de síndicos y miembros de los concejos de distrito del cantón y el caso concreto de dos miembros del Concejo de Distrito de Barva, cuyo conocimiento no forma parte de nuestra función consultiva.

  • Opinión Jurídica nº 060 -J de 11 de Junio de 2019, de Asamblea Legislativa

    OJ-060-2019 “LEY DE DELITOS CONTRA LOS TRABAJADORES, ADICIÓN DE UN TÍTULO XVIII AL CÓDIGO PENAL, LEY N.° 4573 DEL 4 DE MAYO DE 1970 Y SUS REFORMAS” La Licda. Nery Agüero Montero, jefa de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, solicita emitir criterio jurídico en relación con el proyecto de ley N° 19.703, denominado “Ley de delitos contra los trabajadores, adición de un título XVIII al Código Penal, Ley N.° 4573 del 4 de mayo de 1970 y sus reformas”. El proyecto legislativo propende a la incorporación de un nuevo título al Código Penal, ello para establecer una protección a bienes jurídicos de orden laboral radicada en el derecho penal, mediante la introducción de cinco nuevos delitos; además, se pretende la creación de un artículo 196 tris de ese mismo cuerpo normativo relativo a los delitos contra el ámbito de la intimidad y finalmente, impulsa la modificación del artículo 56 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Es importante indicar que actualmente conviven en el seno parlamentario dos proyectos similares en su nomenclatura e intención, el presente y el Proyecto N° 11.871, pero que incorporan tipos penales distintos y en diferentes cuerpos normativos. Sobre el particular estima este Órgano Asesor conveniente que los legisladores estudien la posibilidad de continuar conociendo dichos proyectos de manera conjunta, ello en aras de procurar una congruencia normativa y evitar posibles inconvenientes ante una eventual entrada en vigencia de ambas leyes. Desde el punto de vista del tema de la dosimetría y la pertinencia social, el proyecto de ley resulta viable a la luz de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por otra parte, en cuanto al análisis del articulado, precisa este Órgano Asesor que los tipos penales propuestos soportan importantes peligros de rozar principios y derechos de orden constitucional y legal, que requieren de revisión y mejorar la técnica legislativa para su conformación. Estos tipos penales se apartan de una descripción precisa y detallada de la conducta punible, utilizando conceptos jurídicos indeterminados o de difícil determinación. Finalmente, el Proyecto de Ley presenta una modificación del artículo 56 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, por un lado en lo relativo a la no inscripción de las sentencias condenatorias en el registro judicial de delincuentes como producto de las infracciones a dicha ley; lo cual supone un severo retroceso y gravedad, pues la reforma implica volver al texto que tenía la norma de previo a ser declarado inconstitucional por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante voto N° 3905-2007 de las 14:44 horas del 21 de marzo del 2007. La segunda, sobre el término de la prescripción de la acción penal relativa a las faltas contempladas en esa Ley Constitutiva, siendo un tema de mera política criminal y de resorte exclusivo de ese órgano legislativo. Dejamos así expuesta nuestra posición jurídica sobre el proyecto de ley 19.703.

  • Opinión Jurídica nº 054 -J de 10 de Junio de 2019, de Asamblea Legislativa

    OJ-054-2019 ASAMBLEA LEGISLATIVA. RÉGIMEN DE PENSIONES DE LOS EXPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA. CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos nos consultó el proyecto de ley denominado “Ley para eliminar privilegios en el régimen de pensiones de los expresidentes de la República y crear una contribución especial a las pensiones otorgadas a Expresidentes y Expresidentas de la República o sus causahabientes”, el cual se tramita bajo el expediente n.° 20150 Esta Procuraduría, en su OJ-054-2019 del 10 de junio del 2019, suscrita por Julio César Mesén Montoya, Procurador de Hacienda, indicó que el proyecto de ley sobre el cual se nos confiere audiencia no presenta problemas de constitucionalidad, aunque sí algunos de técnica legislativa que hemos señalado y que sugerimos revisar. Por demás, la aprobación o no del proyecto es un asunto de política legislativa.