Listado de fuentes de esta colección

Últimos documentos

  • Dictamen nº 369 de 17 de Septiembre de 2020, de Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

    C-369-2020 DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES. régimen de pensiones y jubilaciones conocido como "Hacienda - Diputados". TOPE establecido para las pensiones de ex diputados. artículo 13 de la ley n.° 148 no se encuentra vigente. EFICACIA DE LA NORMA DEROGADA. Por medio del oficioDNP-OF-767-2019 del 18 de octubre del 2019, el entonces Director Nacional de Pensiones, señor Luis Paulino Mora Lizano, nos planteó la siguiente consulta: "¿Se encuentra vigente el tope establecido para las pensiones de ex diputados, establecido en el artículo 13 de la Ley N°148 de 23 de agosto de 1943, reformado por la Ley N° 7007? Aquel señala que la pensión de los ex diputados jubilados, por cualquiera de los regímenes de pensiones, en ningún caso podrá ser mayor a la remuneración total de las dietas o salarios que devengue mensualmente un diputado, por concepto de sesiones de comisión y de plenario de la Asamblea Legislativa." Mediante el dictamen C-369-2020 del 17 de setiembre del 2020, suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta, se concluyó: “1.- Actualmente la Ley 7302 en su artículo 6 mantiene vigente un tope que se debe imponer a la prestación económica a otorgar, al momento de la declaración de la jubilación o pensión de los regímenes contributivos regulados en esa ley, ordinal que fue reformado por el artículo 2° de la Ley N° 9388 del 10 de agosto de 2016. 2.- No habiendo razón alguna para variar nuestro criterio sobre este tema y conforme se concluyó en la Opinión Jurídica OJ-041-2001 del 20 de abril del 2001 se reafirma que como consecuencia de la derogatoria del régimen de pensiones y jubilaciones conocido como "Hacienda - Diputados", así como del Capítulo IV de la "Ley Marco de Pensiones", no existe en la actualidad régimen especial vigente alguno que proteja a los diputados o exdiputados atendiendo específicamente su condición de tales. 3.- Pese a las derogatorias señaladas, es innegable que los diputados o ex diputados que cumplieran los requisitos de calificación (edad y tiempo servido) previstos por el régimen de Hacienda-Diputados original (art. 13 de la Ley Nº 148), antes de su derogatoria por la Ley Nº 7302 (lo cual ocurrió el 15 de julio de 1992, fecha en la que se publicó en el Diario Oficial La Gaceta), o después de ello, pero dentro de los plazos y las condiciones previstas en los artículos Transitorios de esa Ley (esto es al 14 de enero de 1994, según dimensionamiento de los 18 meses previsto en el Transitorio III, párrafo tercero de la citada Ley Nº 7302), conservaron su derecho a jubilarse o pensionarse al amparo de aquél régimen hoy derogado; es decir, según los requisitos originales de la legislación que se deroga. 4.- Lo mismo sucede con los diputados o ex diputados que cumplieron los requisitos estipulados en el Título IV de la Ley Nº 7302 antes de su derogatoria por la Ley Nº 7605 (la cual ocurrió el 26 de junio de 1996, fecha en la que se publicó en el Diario Oficial La Gaceta). 5.- Después de la derogatoria del régimen de pensiones y jubilaciones conocido como "Hacienda - Diputados", así como del Capítulo IV de la "Ley Marco de Pensiones", a los diputados y ex diputados se les aplica el régimen general de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social. 6.- El artículo 13 de la ley n.° 148 aludida no se encuentra vigente porque la Ley Marco de Pensiones derogó implícitamente el régimen contenido en la Ley n.° 148 de cita, conocido como "hacienda- diputados". Incluso, conforme se evidenció, optó por crear, en su capítulo IV, un régimen nuevo, que denominó "Régimen de Pensiones de los Diputados", el cual posteriormente a través del artículo 5 de la Ley n.° 7605 de 2 de mayo de 1996, derogó expresamente. 7.- A todo esto hay que añadir que a pesar de lo concluido en el párrafo anterior, ello no significa que el citado numeral haya perdido su eficacia, porque el efecto derogatorio no consiste en una pérdida de la eficacia de la ley, es decir, de su propia aptitud para regular determinadas situaciones; y esto, a pesar de que haya perdido su vigencia, o sea, su indefinida potencialidad normativa. 8.- En consecuencia, las normas derogadas deben seguir siendo aplicadas a las situaciones que se concretaron antes de perder su vigencia. Es lo que se conoce como “ultraactividad normativa” o “supervivencia del derecho abolido”. Por lo tanto, cada caso concreto debe ser analizado de forma individualizada para determinar qué normativa se le debe aplicar, tarea que compete a esa Dirección de Pensiones desarrollar. 9.- Al monto mensual de las jubilaciones o pensión en curso que recibe una persona, le resultaría aplicable el impuesto o cuota solidaria a futuro.”

  • Opinión Jurídica nº 141 -J de 17 de Septiembre de 2020, de Asamblea Legislativa

    OJ-141-2020 PROYECTO DE LEY 21.437. BASE MINIMA CONTRIBUTIVE. NÚCLEO DURO DE LA AUTONOMÍA DE LA CCSS Por oficio número AL-CPOECO-444-2020, de fecha 9 de setiembre de 2020, la Comisión Asuntos Económicos-Asamblea Legislativa solicita el criterio de este Órgano Superior Consultivoen torno al proyecto denominado “JUSTICIA EN LA BASE MÍNIMA CONTRIBUTIVA PARA INCENTIVAR EL EMPLEO”, expediente legislativo No. 21.437 y se acompaña una copia del mismo. Con la aprobación del Señor Procurador General de la República, mediante pronunciamiento no vinculante OJ-141-2020 de 17 de setiembre de 2020, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera del Área de la Función Pública, reafirmando posición frente a un proyecto de Ley idéntico –No 19.685-, concluye: “(...) el proyecto de ley consultado, en la medida en que invade la competencia constitucionalmente atribuida a la Caja Costarricense de Seguro Social para la administración y el gobierno de los seguros sociales a su cargo, presenta evidentes roces de constitucionalidad. Se deja así evacuada su consulta en términos no vinculantes.”

  • Dictamen nº 356 de 07 de Septiembre de 2020, de Consejo de Seguridad Vial

    C-356-2020 EN GENERAL SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS DE LOS AUDITORES. EN ORDEN A LA FIRMEZA DE LAS BOLETAS DE TRANSITO. EFICACIA Y EJECUTORIEDAD DEL ACTO.IMPUGNACIÓN DE BOLETAS DE TRÁNSITO. Mediante memorial oficio AI-2019-822 de 3 de setiembre de 2019 la Auditoría Interna del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) nos consulta si es obligatorio variar el estado definitivo de la Boleta de Citación con tan solo la copia de la Denuncia interpuesta por el Usuario ante el Organismo de Investigación Judicial sin que medie una sentencia o fallo al respecto. El órgano fiscalizador interno plantea la consulta al amparo de lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General, parte final, que autoriza a los auditores internos para consultar directamente a este órgano. Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante el dictamen C-356-2020, el Lic. Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Procurador Adjunto, concluye lo siguiente: - Con fundamento en lo expuesto, este Órgano Superior Consultivo concluye que el mero hecho de que una persona presente un reclamo ante la Asesoría Jurídica del Consejo de Seguridad Vial alegando que ha presentado una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial contra el funcionario que haya levantado una particular boleta que ha quedado ya en firme, y que ha sido consignada, entonces, como anotación definitiva en el asiento de la licencia de conducir del infractor; no habilita a la administración, de ninguna forma, para suspender la ejecución de la boleta en firme, mucho menos para que mediante otro acto administrativo se revoque el carácter definitivo de la anotación de la boleta consignando, en su sustitución, una anotación provisional.

  • Dictamen nº 355 de 07 de Septiembre de 2020, de Municipalidad de San Carlos

    C-355-2020 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PARENTESCO POR AFINIDAD. LAS CONDICIONES DE INELEGIBILIDAD POR AFINIDAD DEL ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO GENERAL DE JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS DESAPARECEN CON LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE DIERA ORIGEN A ESE PARENTESCO.VÍNCULO POR AFINIDAD Y CONSANGUINIDAD Mediante MSCCM-1029-2020 de 3 de agosto de 2020 la Secretaria del Concejo Municipal de la Municipalidad de San Carlos, con base en el acuerdo N° 24 firme adoptado en el artículo N° VIII de la sesión ordinaria del 31 de julio de 2020 (Acta N° 41) del Concejo Municipal de la Municipalidad de San Carlos, nos consulta: La Administración consultante adjunta el criterio legal emitido por oficio A.L.C.M-0028-2020 del 17 de julio de 2020 de la Asesoría Legal Institucional. Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante el dictamen C-355-2020, el Lic. Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Procurador Adjunto, concluye lo siguiente: - Con fundamento en lo expuesto, se concluye que la regla general es que la disolución del matrimonio, sea por divorcio o por muerte de cualquiera de los cónyuges, extingue, por principio, las relaciones de parentesco por afinidad que se hayan originado por su causa, sin perjuicio de las excepciones que la Ley expresamente contemple. - Asimismo, se concluye que debe entenderse que una vez disuelto el vínculo matrimonial por cuya causa dos personas se hallaban emparentadas por afinidad, ninguna de las dos se hallaría sujeta, a partir de ese hecho jurídico – sea la disolución del vínculo - a la causal de inelegibilidad prevista en el artículo 13 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas.

  • Dictamen nº 345 de 31 de Agosto de 2020, de Instituto Costarricense de Turismo

    C-345-2020 CONSULTA INADMISIBLE. Imprecisión. improcedencia de analizar la validez o no de conductas administrativas concretas ya adoptadas por el Instituto Costarricense de Turismo. EXPERIENCIA general. experiencia PROFESIONAL y experiencia en supervisión de personal. Por oficioAI-646-2019 de fecha 19 de noviembre del 2019, el señor Fernando José Rivera Solano, Auditor Interno del Instituto Costarricense de Turismo, solicita el criterio de la Procuraduría General, en relación con las siguientes interrogantes: “1. De conformidad con la naturaleza jurídica de los requisitos de experiencia que establecen por lo general el manual de cargos, para ocupar un cargo en la función pública, deberá acreditarse el factor experiencia de supervisión de labores profesionales, si se trata de un puesto de dirección, ¿se debe entender como producida a partir de la existencia de una relación obrero patronal (pública o privada) al amparo del Código de Trabajo? 2. ¿Puede considerarse el ejercicio de función directiva o de coordinación formalmente asignadas, para efectos de la experiencia de supervisión de labores profesionales; el ser contraparte en la supervisión de proyectos que devienen de una contratación administrativa? 3. ¿Los documentos de carácter probatorio como certificación o declaración jurada, deberán aportar documentación adicional que acredite los aspectos declarados, o bien, las manifestaciones expresadas deben tenerse por acreditadas con el sólo documento? Mediante el Dictamen C-345-2020 del 31 de agosto del 2020, suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta y la Licda. Engie Vargas Calderón, Abogada de Procuraduría, se concluyó: “Por las razones expuestas deviene inadmisible su gestión;y, por ende, se deniega su trámite y se archiva. No obstante, tome en cuenta esa Auditoría lo indicado en este dictamen.

  • Dictamen nº 347 de 31 de Agosto de 2020, de Municipalidad de Escazú

    C-347-2020 INADMISIBILIDAD DE CONSULTA. PROCURADURÍA GENERAL NO PUEDE DETERMINAR EFECTOS CONCRETOS DE RESOLUCIONES DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Por oficio AI-43-2020, de fecha 25 de agosto de 2020, el Auditor Interno de la Municipalidad de Escazú formula la siguiente interrogante: ¿Se debe continuar el reconocimiento y pago de un plus salarial establecido en una Convención Colectiva, una vez comunicada y aceptada para trámite una acción de inconstitucionalidad por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra un artículo de la Convención que establece ese plus? Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante dictamen C-347-2020, de 31 de agosto de 2020, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, del Área de la Función Pública, luego de advertir que actualmente pende de resolución, bajo el expediente No. 19-011955-0007-CO, una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 27, 28, 29, 30, 36, 37 y 38 de la Convención Colectiva de la Municipalidad de Escazú y que conforme a la jurisprudencia administrativa no corresponde a la Procuraduría General de la República interpretar, precisar ni aclarar las sentencias que dicte la Sala Constitucional, pues es evidente que ésta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es la única que puede precisar o aclarar sus sentencias, concluye: “Por las razones expuestas deviene inadmisible su gestión, y por ende, se deniega su trámite y se archiva.”

  • Opinión Jurídica nº 125 de 21 de Agosto de 2020, de Asamblea Legislativa

    OJ-125-2020 PROYECTO DE LEY DENOMINADO “REFORMA DEL CÓDIGO DE TRABAJO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA DOBLE INSTANCIA FRENTE A LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA MEDIDAS CAUTELARES”, expediente legislativo Nº 21999, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 133, del 6 de junio del año 2020. Por oficio N° AL-CJ-21999-0269-2020 del 17 de junio del 2020, la Licenciada Daniella Agüero Bermúdez, Jefa de Área de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, solicita nuestro criterio en relación con el proyecto de ley denominado “REFORMA DEL CÓDIGO DE TRABAJO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA DOBLE INSTANCIA FRENTE A LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA MEDIDAS CAUTELARES”, expediente legislativo Nº 21999, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 133, del 6 de junio del año 2020. Mediante la Opinión Jurídica OJ-125-2020 del 21 de agosto del 2020, suscrita por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta, y el Lic. Daniel Calvo Castro, Abogado de Procuraduría, se concluyó: “El proyecto de ley sometido a nuestro conocimiento no presenta mayor inconveniente a nivel jurídico, ni roces de constitucionalidad, conforme se analizó. No obstante, su aprobación o no es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República.”

  • Dictamen nº 330 de 21 de Agosto de 2020, de Instituto Geográfico Nacional

    C-330-2020 CIUDADES LITORALES, USO COMÚN DE LA ZONA PÚBLICA, ZONA PÚBLICA, CUIDADES COSTERAS, DOMINIO PÚBLICO, DIVISIÓN TERRITORIAL ADMINISTRATIVA, DEMARCACIÓN DE LIMITES, CIUDADES COSTERAS, PLAYAS, COMPETENCIAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL La señora Marta Eugenia Aguilar Varela, Directora a.i. del Instituto Geográfico Nacional, mediante oficio DIG-0234-2020 de 20 de julio de 2020 consultó si el criterio C-004-80 es válido y sirve como sustento técnico y legal para llevar a cabo el proceso de demarcación de los 50 metros de zona publica en las ciudades litorales y en especial en la ciudad de Golfito. El Lic. Mauricio Castro Lizano, Procurador Dos, mediante criterio C-330-2020 evacuó la consulta y aclara el dictamen C-004-80.

  • Dictamen nº 321 de 20 de Agosto de 2020, de Corte Suprema de Justicia

    C-321-2020 NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA; ART. 173 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA –LGAP-. ACUERDO CUESTIONADO NO CONSTITUYE ACTO DECLARATORIO DE DERECHOS SUBJETIVOS. NO SE RINDE DICTAMEN FAVORABLE. Por oficio No. 5220-19, de fecha 28 de mayo de 2019 –con recibo de 31 del mismo mes y año-, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia nos comunica que, por medio del acuerdo tomado por la Corte Plena en la sesión No. 20-19, celebrada el 27 de mayo de 2019, Artículo X, conforme a lo previsto por el ordinal 173 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), se nos solicita formalmente emitir criterio preceptivo y vinculante sobre la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acuerdo adoptado por el Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión No. 110-12 de 20 de diciembre de 2012, artículo CXXVIII, en cuanto tuvo por designados en propiedad a los jueces nombrados como conciliadores en los Juzgados de Pensiones Alimentarias del Primer y Segundo Circuito Judicial de San José, Desamparados y Heredia, siguiendo el procedimiento de concurso que se refirió en ese acuerdo. Y se adjunta expediente administrativo llevado al efecto, tramitado bajo el No. NA-02-2015, conformado por un total de 450 folios debidamente numerados por solo una de sus caras. Con la aprobación del Procurador General de la República, luego de un exhaustivo análisis, mediante dictamen C-321-2020 de 20 de agosto de 2020, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera del Área de la Función Pública, concluye: Devolvemos el asunto junto con la documentación que nos fuera remitida al efecto, concretamente el expediente administrativo NA-02-2015, conformado por un total de 450 folios debidamente numerados por solo una de sus caras.

  • Dictamen nº 323 de 20 de Agosto de 2020, de Colegio de Terapeutas de Costa Rica

    C-323-2020 LA LEY N° 8989 NO HA AUTORIZADO LAS SESIONES VIRTUALES DEL COLEGIO DE TERAPEUTAS Y SUS ÓRGANOS.JURISPRUDENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS (ASAMBLEAS Y SESIONES) EN ESTADO DE EMERGENCIA, DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL POR EMERGENCIA SANITARIA DECRETO N° 42227 (COVID-19). Mediante memorial CTCR-2019-256 del 04 de diciembre de 2019 la Presidencia Colegio de Terapeutas de Costa Rica nos consulta: ¿Se ajustaría al ordenamiento jurídico actual, vigente para el Colegio de Terapeutas de Costa Rica, el poder realizar sesiones de los órganos colegiados en las que los miembros del órgano no estén ubicados en un mismo sitio? ¿Qué medios tecnológicos se consideran aceptables para la realización de estas sesiones virtuales? ¿Cuáles son los requisitos para celebrar la sesión virtualmente? ¿Tendría derecho a recibir el pago de la dieta el miembro colegiado que participa haciendo uso de los distintos instrumentos tecnológicos sin estar físicamente integrado al órgano colegiado? La Administración consultante adjunta el criterio legal emitido por oficio sin consecutivo fechado 03 de diciembre de 2019 de la Asesoría Legal Institucional. Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante el dictamen C-323-2020, el Lic. Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Procurador Adjunto, y el Lic. Robert William Ramírez Solano, Abogados Asistente, concluyen lo siguiente: 1. La Ley del Colegio de Terapeutas, Ley No 8989 del 13 de setiembre de 2011, no ha habilitado al Colegio de Terapeutas ni a sus órganos internos, la posibilidad de realizar las sesiones de los órganos colegiados de mera virtual. 2. Es relevante para los intereses del Colegio de Terapeutas tomar nota de que, actualmente, existe un corpus jurisprudencial que este Órgano Superior Consultivo ha elaborado en relación con la posibilidad excepcional de que los Colegios Profesionales puedan celebrar sus Asambleas, sean ordinarias o extraordinarias, y sesiones de sus órganos colegiados internos, de forma virtual cuando medie una situación de urgencia o un estado de emergencia así declarado por Decreto Ejecutivo. Al respecto, se pueden revisar los siguientes dictámenes: C-131-2020 del 07 de abril de 2020, C-156-2020 del 30 de abril de 2020, C-178-2020 del 18 de mayo de 2020, C-185-2020 del 22 de mayo de 2020, C-207-2020 del 02 de junio de 2020, C-222-2020 del 15 de junio de 2020, C-230-2020 del 16 de junio de 2020, C-248-2020 del 29 de junio de 2020, C-264-2020 del 08 de julio de 2020, C-276-2020 del 10 de julio de 2020, C-299-2020 del 31 de julio de 2020 y C-309-2020del 04 de agosto de 2020.