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  • Dictamen nº 170 de 12 de Agosto de 2022, de Ministerio de Salud

    PGR-C-170-2022 MINISTERIO DE SALUD. COMISIÓN NACIONAL DE VACUNACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA. ÓRGANO DESCONCENTRADO. INTEGRACIÓN DE JUNTAS DIRECTIVAS. ÓRGANOS COLEGIADOS. PROBLEMAS EN LA INVESTIDURA. IRREGULARIDAD EN LOS NOMBRAMIENTOS. ARTÍCULO 115 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FUNCIONARIO DE HECHO. ACTOS VÁLIDOS. SEGURIDAD JÚRIDICA. INTERÉS PÚBLICO. CONTINUIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN. El Ministerio de Salud nos realizó varias consultas relacionadas con la integración y el funcionamiento de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE). Concretamente, nos planteó las siguientes interrogantes: “1. Al existir falta de quorum integral en la Comisión Nacional de Vacunación desde noviembre de 2020, se está en presencia de vicios que invalidan las actuaciones y los acuerdos del órgano colegiado. 2. El Poder Ejecutivo en uso de su potestad reglamentaria, vía Decreto Ejecutivo, procede a derogar los Decretos Ejecutivos Nos. 42889-S, 43249-S y 43364-S por falta de sustento técnico de parte de la Comisión Nacional de Vacunación por estar sus actuaciones y acuerdos viciados de nulidad desde que perdió su quorum integral. 3. La declaratoria de nulidad la emite el mismo órgano colegiado una vez que esté integrado y por ende cuente con quorum integral, estructural y funcional, con fundamento en el artículo 174 de la Ley General de la Administración Pública, o se requiere de previo el dictamen de la Procuraduría General de la República según artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública”. Esta Procuraduría, en su dictamen PGR-C-170-2022 del 12 de agosto del 2022, suscrito por el Procurador Julio César Mesén Montoya, arribó a las siguientes conclusiones: 1.- No es posible afirmar que los problemas de investidura de alguno de los integrantes de un órgano colegiado del sector público impliquen, necesariamente, la invalidez de todos los acuerdos adoptados por el órgano. Por el contrario, razones de interés público y de seguridad jurídica, justifican reputar esos actos como válidos, siempre que concurran los requisitos dispuestos para ello en el ordenamiento jurídico. 2.- Para declarar la invalidez de los acuerdos de un órgano colegiado por problemas de investidura de alguno de sus integrantes, es necesario demostrar que la ausencia o la irregularidad de esa investidura había sido ya declarada administrativa o jurisdiccionalmente o que la conducta no se desarrolló en forma pública, pacífica, continua y normalmente acomodada a derecho, como lo exige el artículo 115 de la LGAP. 3.- Al ser la CNVE un órgano máximamente desconcentrado del Ministerio de Salud, corresponde a esa misma Comisión, una vez que se encuentre integrada debidamente, definir si existe algún motivo que impida aplicar la figura del funcionario de hecho ante los problemas de investidura de alguno de sus miembros. Y, en caso de ser necesario, sería también esa Comisión la legitimada para declarar la nulidad de sus actos, según lo dispuesto en el artículo 180 de la LGAP, salvo que resulten aplicables los procedimientos especiales a los que se refieren los artículos 173 y 183 de la LGAP. 4.- Si la Administración llegara a establecer que no se cumplen los requisitos para aplicar la figura del funcionario de hecho, tal decisión podría implicar el reconocimiento de la existencia de vicios en todos los acuerdos adoptados durante el lapso en que se produjo el problema en la investidura de alguno (o algunos) de los miembros del órgano colegiado. 5.- La participación de esta Procuraduría en la eventual anulación en vía administrativa de los acuerdos adoptados por un órgano colegiado del sector público, solo sería necesaria en caso de que dicha anulación verse sobre actos concretos declarativos de derechos, que presenten una nulidad susceptible de ser catalogada como absoluta, evidente y manifiesta, en los términos previstos en el artículo 173 de la LGAP; o bien, en los supuestos contemplados en el artículo 183 de esa misma ley.

  • Dictamen nº 171 de 12 de Agosto de 2022, de Registro Nacional

    PGR-C-171-2022 REGISTRO NACIONAL. JUNTA ADMINISTRATIVA. NATURALEZA JURÍDICA. PRESUPUESTO. PRINCIPIO DE INMUNIDAD FISCAL DEL ESTADO. Mediante oficio número DGL-0733-2022 del 26 de julio de 2022, recibido electrónicamente el día 27 de julio siguiente, el Director General del Registro Nacional, se solicita criterio a este Órgano Asesor sobre los siguientes aspectos: “1- ¿Cuándo (bajo qué supuestos) es procedente invocar el principio de inmunidad fiscal como medio para la extinción de créditos tributarios frente a obligaciones de esa naturaleza en las cuales el sujeto activo de la relación es la Junta Administrativa del Registro Nacional? 2- ¿Pueden brindarse las certificaciones registrales que por su naturaleza tienen fijado el pago de una tasa, de forma gratuita a todos los Ministerios, órganos desconcentrados de estos o dependencias de la Administración Pública Central e instituciones descentralizadas, invocando el principio de inmunidad fiscal del Estado?” Mediante dictamen número PGR-C-171-2022 de 12 de agosto de 2022 emitido por Sandra Sánchez Hernández, se atiende la consulta planteada, emitiendo las siguientes conclusiones: “Con fundamento en lo expuesto, éste Órgano Asesor concluye lo siguiente: Los alcances del principio de inmunidad fiscal del Estado son de carácter restringido, pues se aplica en aquellas situaciones en las cuales éste ocupa la posición de sujeto activo y de sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria. La naturaleza jurídica del Registro Nacional y su Junta Administrativa es la de órganos del Ministerio de Justicia, en los términos explicados en este dictamen; en consecuencia, forman parte de la Administración Central. Los ingresos obtenidos por el pago de aranceles, que incluye las certificaciones que expide el registro, tienen un destino específico referido al financiamiento del Registro Nacional para la atención de sus objetivos; estos recursos financieros deben sujetarse a los límites que le imponen las leyes 9524 y 9635, como consecuencia adicional de su incorporación al presupuesto nacional a partir del ejercicio económico del 2021, según se establece en el Transitorio II de la primera Ley. Aún más, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas faculta al Ministerio de Hacienda (artículo 25) para gestionarlos según el estado de las finanzas públicas y el manejo más eficiente de los recursos financieros, a partir de los criterios de asignación presupuestaria de su artículo 23. En razón de lo expuesto, es de aplicación el principio de inmunidad fiscal del Estado para el otorgamiento de certificaciones gratuitas a los órganos de la Administración Central. En relación con la Administración descentralizada no aplica el principio de inmunidad fiscal del Estado para la emisión de certificaciones registrales gratuitas, salvo que exista norma que exonere el pago del arancel, lo que debe ser analizado en cada caso.”

  • Dictamen nº 168 de 11 de Agosto de 2022, de Ministerio de Justicia y Paz

    PGR-C-168-2022 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y COMPONENTES. CONTRATO DE PRÉSTAMO EXTERNO. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP). UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA (UEP). NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CRÉDITO. EMPRÉSTITO. RECURSOS DE COOPERACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE. Por oficio MJP-DM-701-2022, recibido el 26 de julio de 2022, el Ministro de Justicia y Paz consultó a la luz del Contrato de Préstamo n.°4871/OC-CR suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia y que fue aprobado por la Asamblea Legislativa mediante la Ley n.°9968 del 16 de marzo de 2021, si el mecanismo orgánico de ejecución y las reglas especiales de ejecución pueden ser utilizados tanto para la ejecución de los fondos de dicho empréstito, como para la de los recursos de las cooperaciones financieras internacionales no reembolsables que se pudieran obtener, a partir de una visión integral de ejecución del referido Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. El procurador Alonso Arnesto Moya, mediante el dictamen PGR-C-168-2022, del 11 de agosto de 2022, dio respuesta en los siguientes términos: El contrato de préstamo n.°4871/OC-CR que busca financiar la consecución de los objetivos y componentes del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia y la Ley n.°9968 que lo aprobó, establecen un régimen de ejecución especial de sus recursos a cargo de una Unidad Coordinadora del Programa (UCP) o Unidad Ejecutora del Programa (UEP). Esta UCP/UEP tiene la naturaleza de órgano en grado de desconcentración máxima del Ministerio de Justicia y Paz y es responsable de la ejecución del proyecto y de la utilización de los recursos del préstamo para lo que cuenta con personalidad jurídica instrumental. El artículo 8 de la Ley n.°9968 abre la posibilidad para que el Poder Ejecutivo puede obtener fondos adicionales en la forma de cooperación financiera internacional no reembolsable destinados igualmente a sufragar el cumplimiento del Programa y con ello liberar recursos del empréstito para poder usarlos en otras actividades de infraestructura consistentes con sus objetivos, previo acuerdo con el BID. Resulta razonable y conveniente que esos fondos no reembolsables sean utilizados empleando las reglas de ejecución del empréstito y que sea la misma UCP/UEP la que los administre, no solo para sacar ventaja de la idoneidad técnica de dicha unidad y del conocimiento integral que tiene del proyecto, sino también y fundamentalmente porque tiene a su cargo la materialización de los componentes que comprende el Programa, con lo que todo recurso adicional que se obtenga para financiarlo debería ser canalizado a través de esa oficina.

  • Dictamen nº 167 de 11 de Agosto de 2022, de Presidencia de la República

    PGR-C-167-2022 COMPETENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. COMPETENCIA DEL PODER EJECUTIVO EN SENTIDO ESTRICTO. REFRENDO. DELEGACIÓN DE COMPETENCIA. DELEGACIÓN DE FIRMA. EL DELEGANTE DETERMINA LA PERSONA DELEGADA PARA LA FIRMA. Mediante oficio N. DP-0038-2022 de 27 de julio del presente año, recibido el 29 de ese mes, el señor Presidente de la República consulta sobre la posibilidad de delegar su firma en otros funcionarios. En concreto, se consulta lo siguiente: “¿En cuáles actos administrativos en los que firma el suscrito, en conjunto con el Ministro de ramo constituyéndonos como Poder Ejecutivo, es posible delegar la firma, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 92 de la Ley General de la Administración Pública? Esto, considerando que dicha delegación implica solo la materialidad del acto de firma y no así la transferencia del ejercicio de la competencia. ¿Es jurídicamente procedente que, en aquellos actos en los cuales, exista una ley que disponga que el poder ejecutivo debe resolver el otorgamiento de un derecho, por ejemplo, pensiones, régimen de zona franca, pago de extremos laborales, entre otros, pueda delegarse la firma del Presidente de la República y la del Ministro del ramo? - ¿En quiénes podría delegarse la firma del Presidente de la República considerando los supuestos de las dos consultas anteriores?”. La Dra. Magda Inés Rojas Chaves, Procuradora General Adjunta, emite el dictamen PGR-C-167-2022 de 11 de Agosto siguiente, en el que analiza la consulta a partir de La delegación de firma de actos administrativos no implica un cambio en el orden de las competencias. De lo que se sigue que la delegación de firma respecto de los actos que ejercitan la competencia administrativa dispuesta en el artículo 140 de la Constitución no violenta el principio de indelegabilidad de las funciones, dispuesto en el artículo 9 del Texto Fundamental. Afirmación que es igualmente válida respecto de la delegación de firma de los actos administrativos que ejercitan la competencia atribuida por ley al Poder Ejecutivo. En la medida en que delegar la firma involucra una decisión personal fundada en la confianza, corresponde al delegante seleccionar la persona delegada para firmar en su nombre. Concluye que: 1-. La Ley General de Administración Pública, en sus artículos 89 y 90, establece los supuestos en los cuales el ejercicio de la competencia es indelegable. Por lo que en los ámbitos en que la competencia sea indelegable, el competente debe ejercerla tanto formal como materialmente. 2-. La delegación de firmas, en tanto técnica de gestión de los asuntos administrativos, facilita la colaboración entre el titular de un órgano y otra persona, normalmente funcionario subordinado, que asume la labor material de firma del acto dictado por el competente. Lo que explica que no presente un cambio en el orden de las competencias ni en su ejercicio. El delegado no ejerce un poder de decisión ni emite el criterio que se plasma en el documento que firma por el delegante. 3-. La delegación de firma que involucre el poder de decisión del jerarca será inválida. En todo momento se requiere que la manifestación de voluntad que se expresa en el acto sea propia del órgano competente, que ha ejercido su poder de decisión, por lo que el delegado no puede ni debe asumir personal y directamente el dictado del acto, sino realizar la materialización de la firma. Por el contrario, la delegación de firma es posible en asuntos en que la competencia es delegable, con las excepciones que se dirá. 4-. Las competencias constitucionales del Presidente de la República como tal y como miembro del Poder Ejecutivo en sentido estricto son indelegables, conforme lo dispuesto en el artículo 9 constitucional. 5-. La competencia constitucional y legal atribuida exclusivamente al Presidente de la República tiene una repercusión institucional, que puede extenderse a todo el Estado lo que, en criterio de la Procuraduría, determina la necesidad de que no solo deba ser ejercida directamente por el Presidente sino que los actos que ejercitan esa competencia sean firmados directamente por él. 6-. El artículo 140 de la Constitución Política establece competencias de diversa naturaleza: funciones de gobierno y funciones meramente administrativas, de gestión cotidiana de los asuntos del ramo. 7-. Las funciones de gobierno implican una decisión política, susceptible de marcar el direccionamiento estatal en su conjunto. Los actos expresión de estas funciones están directamente regulados por la Constitución, por lo que no cabría considerar que le son aplicables las disposiciones relacionadas con la delegación de competencia administrativa pero tampoco de una delegación de firma, por iguales razones que las señaladas en relación con las atribuciones del Presidente de la República. 8-. En relación con la competencia administrativa, consagrada en el artículo 140 constitucional, debe considerarse que normalmente dichas atribuciones son reguladas, desarrolladas por las distintas leyes, que, en su caso, confían esas competencias a los Ministerios en tanto órganos del Poder Ejecutivo. Por su naturaleza administrativa, los actos de su ejercicio podrían ser objeto de delegación de firma en el sentido antes señalado. 9-. El artículo 146 de la Constitución reafirma la participación activa y conjunta del Ministro del Ramo en la adopción -y no solo en la firma- de decretos, acuerdos, resoluciones u órdenes que le corresponde emitir al Poder Ejecutivo, órgano que no se identifica con Presidente de la República. 10-. Empero, estima la Procuraduría que del artículo 146 constitucional no puede derivarse que todos y cada uno de los acuerdos, resoluciones y órdenes deban ser emitidos por el Poder Ejecutivo en sentido estricto. Ello implicaría que toda la función administrativa corresponde al Poder Ejecutivo en sentido estricto, sin posibilidad de que la Ley la atribuya a otros órganos, incluidos los Ministerios. 11-. Una interpretación en ese sentido no es conforme con los principios constitucionales de razonabilidad, eficacia y eficiencia. Baste señalar que dicha interpretación tornaría absolutamente inoperante el funcionamiento no solo del Poder Ejecutivo sino eventualmente del Estado, afectando su continuidad y la de los servicios públicos a cargo del Ejecutivo. 12-. Por lo que procede reconsiderar de oficio el dictamen C-207-2000 de 1 de setiembre del 2000 en cuanto afirma que todos los acuerdos, resoluciones y órdenes son de competencia del Poder Ejecutivo en sentido estricto y requieren la firma del Presidente de la República y el Ministro del Ramo, para su validez; correspondiéndole a ese órgano conocer y resolver todos los reclamos administrativos por extremos pecuniarios y reputando dudosamente constitucional que una ley atribuya al Ministro la emisión de acuerdos y resoluciones de contenido económico. Por la misma razón se reconsidera el dictamen C-121-2007 de 18 de abril de 2007. 13-. El artículo 122 de la Constitución Política establece límites a la actuación del Poder Legislativo, pero de esos límites no puede derivarse el establecimiento de una norma de competencia exclusiva para el Poder Ejecutivo en sentido estricto. Razón por la cual se reconsidera la conclusión 3 en relación con la 2 del citado dictamen C-121-2007. 14-. Del artículo 146 de la Constitución Política no puede derivarse, entonces, una prohibición para que el Presidente de la República, el Ministro del Ramo o ambos integrantes del Poder Ejecutivo en sentido estricto deleguen la firma de las resoluciones, acuerdos u órdenes que les corresponda emitir en orden a las competencias administrativas establecidas en el numeral 140 del mismo Texto Fundamental. 15-. En el tanto no envuelva una delegación de competencia, el Presidente de la República, el Ministro del Ramo o ambos integrantes del Poder Ejecutivo en sentido estricto pueden delegar la firma de las resoluciones, acuerdos u órdenes que deban emitir en cumplimiento de las competencias -administrativas- atribuidas por Ley. 16-. Delegar la firma es un acto de confianza, por lo que compete al Presidente de la República decidir en cuál funcionario delega su firma. Funcionario que podrá no ser el inmediato inferior. 17-. En los supuestos de competencia del Poder Ejecutivo, es conveniente que la delegación opere en un funcionario distinto del respectivo Ministro de Ramo, a efecto de no afectar la trasparencia de la gestión y poner en entredicho el ejercicio efectivo de la competencia conjunta.

  • Opinión Jurídica nº 109 -J de 11 de Agosto de 2022, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-109-2022 PROYECTO DE LEY. PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL LOS CHORROS. CAMBIO CATEGORÍA DE MANEJO A MONUMENTO NACIONAL. REQUISITOS PARA CREACIÓN DE CATEGORÍAS DE MANEJO. INFORMES TÉCNICOS. PRINCIPIO INDEROGABILIDAD SINGULAR DE LA NORMA. MONUMENTOS NATURALES SON ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA. ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. COMPETENCIA DEL MINAE PARA DECLARAR MONUMENTOS NATURALES. La señora Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área, Comisiones Legislativas IV, consulta el proyecto de ley denominado “CAMBIO DE CATEGORIA DE MANEJO PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL LOS CHORROS A MONUMENTO NATURAL LOS CHORROS”, expediente legislativo número 21734. Esta Procuraduría, en opinión jurídica PGR-OJ-109-2022 del 11 de agosto de 2022, suscrita por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: Dado que la creación de un monumento natural es una decisión que legalmente le ha sido asignada al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en un caso como el presente, en el que se pretende crear el área silvestre protegida mediante una ley, debe contarse con el criterio técnico de esa cartera ministerial, además del resto de requisitos señalados por el artículo 36 de la Ley Orgánica del Ambiente. Debe tomarse en cuenta que de conformidad con los artículos 38 de la Ley Orgánica del Ambiente y 13 y 14 de la Ley Forestal (no. 7575 de 4 de octubre de 1995), las áreas silvestres protegidas forman parte del patrimonio natural del Estado, y son bienes de dominio público, exceptuando, las áreas silvestres privadas o los sectores privados de las áreas silvestres de propiedad mixta. El artículo 2° del proyecto no resulta acorde a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Biodiversidad en cuanto a que no es posible delegar el ejercicio de las responsabilidades que se le encomiendan exclusivamente, al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio del Ambiente y Energía. Respecto al artículo 2° también, debe quedar claro que la elaboración del plan de manejo no es opcional. No es necesario el listado de actividades prohibidas que se detalla en el artículo 4, pues, las actividades que pueden autorizarse en las áreas silvestres protegidas son, únicamente, las dispuestas en el artículo 18 de la Ley Forestal. El aprovechamiento de agua dentro de las áreas silvestres protegidas debe sujetarse a lo dispuesto en el artículo 18 y 18 bis de la Ley Forestal, por lo que debería remitirse a esas disposiciones, y no establecer regulaciones distintas y particulares para el área silvestre que se crearía. No existe razón para incluir, en el artículo 6, el refrendo de la Procuraduría para “la ampliación, modificación o eliminación de las obras de captación dentro de los límites del Monumento Natural Los Chorros”, pues ésa es una competencia propia de la administración activa, naturaleza que no posee la Procuraduría. Debe revisarse lo dispuesto en el transitorio II, en el tanto se dispone que “Los terrenos adquiridos por entes públicos diferentes a las Municipalidades de Grecia o Poás, deberán pasar a formar parte del Patrimonio Natural del Estado.” Es incorrecto lo señalado en el artículo 5° inciso a), puesto que, conforme con el artículo 140 inciso 3) de la Constitución Política, la función de reglamentar las leyes corresponde al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno.

  • Opinión Jurídica nº 102 -J de 01 de Agosto de 2022, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-102-2022 Consideraciones generales sobre LAS consultas DE LAS DIPUTADAS Y diputados. PGR no puede entrar a conocer asuntos concretos, ni mucho menos analizar la validez de los actos emitidos por el señor Presidente de la República. rangos de deuda que deben considerarse para determinar el crecimiento del gasto corriente. Regla fiscal. medidas extraordinarias. ajuste técnico. Incrementos por costo de vida. diferencia conceptual. Competencia de la Autoridad Presupuestaria para aplicar revaloraciones salariales a los puestos excluidos del Régimen de Servicio Civil (puestos de ministros y viceministros). Guarda relación con los artículos 11 inciso d) y 13 párrafo primero, inciso c) de la ley 9635, así como, el Decreto Ejecutivo n° 43585-H-PLAN-MTSS, del 15 de junio del 2022, artículo 42 de la ley n° 2166, artículos 41 y 42 del Decreto Ejecutivo N° 42909-H del 04 de marzo de 2021. Por oficio N° AL-FPLN-31-OFI-016-2022, del 23 de junio del 2022, suscrito por la señora Paulina Ramírez Portuguez, Diputada de la Fracción Partido Liberación Nacional, Asamblea Legislativa, se solicitó el criterio jurídico de la Procuraduría General, sobre la legalidad de la actuación del Presidente de la República, vía decreto, al otorgar un ajuste al salario base de Ministros y Viceministros, así como, respecto a la competencia de la Autoridad Presupuestaria de aplicar revaloraciones salariales a los puestos excluidos del Régimen del Servicio Civil, mientras persistan las condiciones de endeudamiento que la Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ha fijado como parámetro para congelar los aumentos salariales en el sector público. Mediante la Opinión Jurídica PGR-OJ-102-2022 del 01 de agosto del 2022, aprobado por la señora Procuradora General Adjunta de la República, suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta, se concluyó: “1.- Por la forma en que se formuló la primera consulta, se advierte que este órgano asesor no puede entrar a conocer asuntos concretos, ni mucho menos analizar la validez de los actos emitidos por el señor Presidente de la República. 2.- A partir de lo regulado en los artículos 11 inciso d) y 13 párrafo primero, inciso c) de la ley 9635, así como, el numeral 1 del Decreto Ejecutivo n° 43585-H-PLAN-MTSS, del 15 de junio del 2022, se concluye que la regulación atinente a la Regla Fiscal, dispuesta en el Capítulo II del Título IV de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no contempla como una medida extraordinaria, para el caso de que se apliquen las condiciones del escenario d) del artículo 11, la imposibilidad de otorgar un ajuste al salario base de ministros y viceministros, sino tan solo regula la improcedencia de realizar incrementos por costo de vida en el salario base, y en los demás incentivos salariales, en los términos del inciso c) del artículo 13. 3.- El ajuste técnico al salario base de ministros y viceministros, dispuesto en el Decreto Ejecutivo n° 43585-H-PLAN-MTSS, dista por mucho de un incremento por costo de vida en el salario base, pues se trata de revaloraciones distintas. 4.- La Autoridad Presupuestaria resulta competente para aplicar revaloraciones salariales a los puestos excluidos del Régimen de Servicio Civil, tal y como serían los puestos de ministros y viceministros, según lo decretado por el Poder Ejecutivo.”

  • Dictamen nº 156 de 01 de Agosto de 2022, de Ministerio de Hacienda

    PGR-C-156-2022 ART. 173 DE LA LGAP; INEXISTENCIA DE NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA; EVENTUAL PROCESO DE LESIVIDAD; DEBIDA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. Por oficio número DM-1846-2022 de 07 de julio de 2022, conforme a lo previsto por el ordinal 173 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), el Ministro de Hacienda nos solicita emitir criterio preceptivo acerca de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del oficio número DGPH-INC-PROH-04-2019 de fecha 11 de enero de 2019, del Departamento de Gestión de Potencial Humano, por el que, a partir de 16 de enero de 2019, se efectúa el reconocimiento por concepto de prohibición de un 30% de su salario base, a favor del servidor (...) Con la aprobación de la Procuradora General Adjunta de la República, mediante dictamen PGR-C-156-2022, de 01 de agosto de 2022, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, del Área de la Función Pública, concluye: “Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría devuelve, sin el dictamen afirmativo solicitado, la gestión tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del oficio número DGPH-INC-PROH-04-2019 de fecha 11 de enero de 2019, del Departamento de Gestión de Potencial Humano, por el que, a partir de 16 de enero de 2019, se efectúa el reconocimiento por concepto de prohibición de un 30% de su salario base, a favor del servidor (...). Lo anterior, fundamentalmente, porque no se aprecia la existencia de nulidades susceptibles de ser catalogadas como absolutas, evidentes y manifiestas. En caso de que la Administración, luego de valorar adecuadamente el asunto de marras, mantenga su voluntad de revertir aquél acto, podría optar por acudir al proceso contencioso de lesividad, (arts. 183.3 LGAP, 10.5 y 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley Nº 8508); trámite que no debe ir precedido por un procedimiento administrativo ordinario, sino que basta la declaratoria de lesividad por parte del órgano superior jerárquico supremo de la jerarquía administrativa correspondiente –en este caso el Ministro del ramo-; todo esto en el entendido de que como dichos actos son de fecha posterior al 28 de agosto de 2008, con base en lo dispuesto por el artículo 34.1 del CPCA, la posibilidad de pretender su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se mantiene, siempre y cuando, en primer lugar, el vicio del que adolezcanconstituya una nulidad absoluta, en los términos del artículos 166 y 167 de la LGAP; y en segundo término, mientras perduren sus efectos e incluso un año posterior a que cesen, esto para fines de su anulación e inaplicabilidad futura y sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.”

  • Dictamen nº 158 de 01 de Agosto de 2022, de Municipalidad de Desamparados

    PGR-C-158-2022 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE CONSULTAS. CRITERIO LEGAL. La señora Karol Valverde Miranda, en su calidad de Secretaria del Concejo Municipal de la Municipalidad de Desamparados, consulta sobre el funcionamiento de la Comisión Especial de Nombramientos y nombramientos en las Juntas de Educación. Esta Procuraduría, en dictamen N° PGR-C-158-2022 del 01 de agosto de 2022, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: En la consulta planteada no se adjunta el criterio de la asesoría legal, por lo que no es posible conocer la posición jurídica institucional sobre el tema consultado. Por tanto, la consulta resulta inadmisible y, lamentablemente, nos encontramos imposibilitados para emitir el criterio requerido.

  • Opinión Jurídica nº 105 -J de 01 de Agosto de 2022, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-105-2022 USO DE PERRO GUÍA. LIBERTAD DE ACCESO. PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. POTESTAD SANCIONATORIA. POTESTAD TRIBUTARIA. RESERVA DE LEY. La licenciada Daniella Agüero Bermúdez, Jefe de Área de las Comisiones Legislativas VII y VIII de la Asamblea Legislativa solicita nuestro criterio sobre el proyecto de ley denominado “Ley para Regular el Uso, Deambulación y Permanencia de los Perros Guía para Personas Ciegas y Perros de Asistencia para Personas con Discapacidad”, el cual se tramita bajo el número de expediente 22.955, en la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor. Mediante opinión jurídica PGR-OJ-105-2022 del 01 de agosto 2022, suscrita por la Procuradora Silvia Patiño Cruz, se concluyó lo siguiente: El proyecto de ley pretende regular el libre acceso de las personas con discapacidad visual usuarias de perros guía, objetivo que ya se encuentra regulado en la Ley del Patronato Nacional de Ciegos, N.° 2171 del 30 de octubre de 1957 y sus reformas, la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N.°7600 del 2 de mayo de 1996 y en su reglamento, Decreto Ejecutivo N.° 26831 del 23 de marzo de 1998. Por tanto, si el legislador opta por aprobar la legislación especial que propone, se recomienda considerar su efecto sobre las normas vigentes y garantizar su uniformidad; El proyecto de ley no es claro en cuanto a cuál autoridad o entidad ejercerá cada una de las competencias que regula ni quién ejercerá la potestad sancionatoria que se propone, por lo que debe mejorarse su redacción para evitar problemas futuros de aplicación de la ley; Si bien la potestad tributaria es materia de reserva legal, se recomienda señalar expresamente cuáles son los tributos que se pretenden exonerar con la aprobación de esta iniciativa; La aprobación o no del proyecto se enmarca dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador, sin embargo, se recomienda mejorar la técnica legislativa en los aspectos aquí señalados.

  • Opinión Jurídica nº 103 -J de 01 de Agosto de 2022, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-103-2022 PROYECTO DE LEY. REFORMA LEY BIODIVERSIDAD. FUNCIONES DEL SINAC. CONAC. CONDICIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CORAC. FACULTAD DE CONSTITUCIÓN FIDEICOMISOS PARA GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES. EL PRESUPUESTO DEL SINAC FORMA PARTE DEL PRESUPUESTO NACIONAL. INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS. SERVICIOS PARA VISITACIÓN. La señora Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisiones Legislativas III, consulta el texto del proyecto de ley denominado “REFORMA INTEGRAL A LA SECCIÓN II DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD NO. 7788, SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y OTRAS REFORMAS PARCIALES”, expediente legislativo no. 22604. Esta Procuraduría, en opinión jurídica PGR-OJ-103-2022 del 29 de julio de 2022, suscrita por la Procuradora Elizabeth León, concluye que: Se sugiere corregir el título del proyecto, pues lo que se estaría reformando sería la Sección II del Capítulo II de la Ley de Biodiversidad y concretamente la regulación sobre la estructura y funcionamiento del SINAC. En el texto propuesto para el artículo 22 se recomienda sustituir las palabras “entidad” e “institución” por “órgano”. Debe hacerse un análisis riguroso de las funciones otorgadas al SINAC en el artículo 23, con el fin de constatar que no se estarían creando eventuales conflictos de competencias sobre aspectos específicos. Sobre las funciones del SINAC, no parece que lo dispuesto en el inciso j) sea una competencia material que deba ser enlistada, pues se trata más bien de un objetivo propio de la gestión administrativa. En el artículo 25, los incisos b) y c) tienen errores de redacción. El artículo 26 y en el artículo 30.7 se contemplan dos mecanismos diferentes para nombrar al director general. Debe precisarse por medio de cuál de los dos mecanismos se llevará a cabo la elección. Se recomienda valorar si la ampliación significativa de la cantidad del miembros del CONAC, contemplada en el artículo 29, puede obstaculizar el funcionamiento práctico de dicho órgano. En el artículo 30 inciso 11) es aconsejable precisar si esas recomendaciones incluyen algún tipo de participación previa del SINAC para la autorización que el MINAE debe otorgar para el aprovechamiento de agua dentro del patrimonio natural del Estado, según el artículo 18 bis de la Ley Forestal. En el inciso 15) del artículo 30 se mencionan los comisionados de Área de Conservación y de Áreas Silvestres Protegidas, que son figuras que no están contempladas en el artículo 24 que establece la estructura orgánica del SINAC. También, en relación con el artículo 30, se recomienda analizar cuál órgano del SINAC será el competente para aprobar los contratos y las concesiones de servicios y actividades no esenciales dentro de las áreas silvestres que el artículo 39 vigente de la Ley de Biodiversidad contempla como una función del CONAC. Debe precisarse si continuaría siendo una función del CONAC la aprobación de los planes generales de manejo, que actualmente contemplan el artículo 25 inciso 5) de la Ley de Biodiversidad y el artículo 12 inciso d) de su Reglamento. Se recomienda incluir como función del CONAC la proposición de una terna para el nombramiento de los directores de las Áreas de Conservación que se plantea en el artículo 33. Los comités técnico científicos que actualmente están regulados en el artículo 32 de la ley y que son mencionados en el artículo 34 del proyecto, no están contemplados como parte de la estructura interna del SINAC que fijaría el artículo 24. Su sugiere analizar lo propuesto en el artículo 48, pues no se precisa bajo qué presupuestos, condiciones, procedimientos o reglas se aplicaría cada una de los instrumentos financieros para captación de recursos. La facultad de crear fideicomisos y las otras formas de ejecutar recursos que se autorizaría con el artículo 48, no toman en cuenta lo dispuesto por la Ley Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central (no. 9524 de 7 de marzo de 2018), sobre el presupuesto del SINAC. El artículo 50, no parece establecer de manera suficiente y concreta las condiciones generales del contrato. Además, por su amplitud, no precisa qué tipo de fideicomiso es el que podría constituirse. Se sugiere también precisar cuál sería el objeto de los contratos de fideicomiso. Se recomienda delimitar cuáles son los servicios y actividades necesarios para la visitación, con el fin de que no se confundan con actividades que podrían tener un interés privado y no concretamente, la prestación de un servicio complementario a la función pública del SINAC. Se sugiere precisar que los servicios para la visitación, son distintos de las actividades particulares que, según el artículo 18 de la Ley Forestal y por medio de un permiso de uso, pueden autorizarse dentro de un área silvestre protegida. Debería precisarse cuál órgano del SINAC será el competente para aprobar las concesiones para la prestación de los servicios para la visitación. Lo dispuesto en el artículo 56 es una reforma, por lo que debería trasladarse al apartado de reformas legales y no quedar incluido dentro del cuerpo de la Ley de Biodiversidad.

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