Regulatory Decisions

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Últimos documentos

  • Dictamen nº 273 de 12 de Diciembre de 2022, de Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Mora

    PGR-C-273-2022 INADMISIBLE; CONSULTA DE ÓRGANO COLEGIADO DEBE IR PRECEDIDA POR ACUERDO ADOPTADO AL EFECTO; FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL CONSULTANTE; CRITERIO LEGAL NO CUMPLE CON REQUISITOS Y ALUDE CASO CONCRETO. Por oficio No. ADM-0178-2022, de 12 de diciembre de 2022, el Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Mora (CODERMO), nos comenta que ese Comité cantonal desea contratar los servicios de un asesor legal, por medio de la figura de servicios especiales, por un período de 6 meses. Pero tiene la inquietud con respecto al pago del rubro por prohibición a dicho puesto y el porcentaje que debe cancelarse por dicho concepto. Con la aprobación de la Procuradora General Adjunta de la República, mediante dictamen PGR-C-273-2022, de 12 de diciembre de 2022, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, de la Dirección de la Función Pública, concluye: “Por todo lo expuesto, deviene improcedente entrar a conocer por el fondo su gestión. Por ende, se deniega su trámite y se archiva.”

  • Opinión Jurídica nº 188 -J de 12 de Diciembre de 2022, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-188-2022 ASAMBLEA LEGISLATIVA, COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, PROYECTO DE LEY N° 22.944, DENOMINADO “REFORMA A LA LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO, LEY N°10159 DEL 09 DE MARZO DEL 2022, PARA ELIMINAR LA CLÁUSULA DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA”, PUBLICADO EL 16 DE MARZO DEL 2022, EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N° 51. Por oficion° CG-120-2022 del 06 de abril del 2022, la señora Erika Ugalde Camacho, Jefe del Área de Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa, nos confiere audiencia sobre el proyecto de ley n° 22.944, denominado “REFORMA A LA LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO, LEY N°10159 DEL 09 DE MARZO DEL 2022, PARA ELIMINAR LA CLÁUSULA DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA”, publicado el 16 de marzo del 2022, en el Diario Oficial La Gaceta N° 51, mediante el cual se pretende lo siguiente: “LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: REFORMA DE LA LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO, LEY N.°10159, DE 09 DE MARZO DE 2022, PARA ELIMINAR LA CLÁUSULA DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA ARTÍCULO ÚNICO-Para que se elimine el inciso g) del artículo 23 de la Ley Marco de Empleo Público, Ley N.°10159, de 09 de marzo de 2022, y se corra la secuencia alfabética de los demás incisos del artículo. Rige a partir de su publicación”. Mediante la Opinión Jurídica PGR-OJ-188-2022 del 12 de diciembre del 2022, suscrita por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta, y aprobada por la señora Procuradora General Adjunta, se concluyó: “Con fundamento en lo expuesto, considera esta Procuraduría que la aprobación del proyecto de ley denominado “REFORMA A LA LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO, LEY N°10159 DEL 09 DE MARZO DEL 2022, PARA ELIMINAR LA CLÁUSULA DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA”, el cual se tramita bajo el expediente legislativo n° 22.944, es un asunto de política legislativa; no obstante, sugerimos analizar las observaciones realizadas”.

  • Opinión Jurídica nº 184 -J de 08 de Diciembre de 2022, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-184-2022 INSTRUMENTO REGIONAL. CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN. APROBACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES La licenciada Noemy Montero Guerrero, Jefe de Área de las Comisiones Legislativas I de la Asamblea Legislativa solicita nuestro criterio sobre el proyecto de ley denominado “Aprobación de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia”, el cual se tramita bajo el número de expediente 22.891, en la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacional y Comercio Exterior. Mediante opinión jurídica PGR-OJ-184-2022 del 08 de diciembre 2022, suscrita por la Procuradora Silvia Patiño Cruz, se concluyó que la ratificación de la “Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia”, es una potestad de la Asamblea Legislativa en virtud de lo establecido en el numeral 121 inciso 4 de la Constitución Política. No se observan aspectos de constitucionalidad que deban ser advertidos, sino que, por el contrario, el instrumento internacional encuentra respaldo en el artículo 33 constitucional y en los instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica en materia de derechos humanos. El Plenario Legislativo es el único competente para la ratificación del instrumento internacional, por lo que su trámite no puede ser delegado. Asimismo, debe realizarse la consulta obligatoria a la Sala Constitucional una vez aprobado en primer debate (artículos 124 párrafo 3° de la Constitución Política y 96 inciso a de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).

  • Opinión Jurídica nº 185 -J de 08 de Diciembre de 2022, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-185-2022 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. TOPE DE AUXILIO DE CESANTÍA. TÍTULO III DE LEY NO. 9635 LE APLICA A CORREOS DE COSTA RICA S.A. El señor Francisco Nicolás Alvarado, Diputado de la Asamblea Legislativa, mediante oficio no. AL-FPLN-048OF164-2022 de 17 de noviembre de 2022, requirió criterio sobre lo siguiente: “1. ¿Es aplicable el Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aplicable para Correos de Costa Rica? 2. ¿Cuál sería el tope de cesantía que podría establecer Correos de Costa Rica en una Convención Colectiva? Dado que la actual establece un tope de 12 años. 3. ¿Debe aplicarse un criterio orgánico o material para aplicar La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas?” Esta Procuraduría, en opinión jurídica no. PGR-OJ-185-2022 del 8 de diciembre de 2022, suscrita por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: Correos de Costa Rica S.A. es una empresa pública estatal que, por esa condición y, por así disponerlo el artículo 26 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, se encuentra comprendida dentro del ámbito subjetivo de aplicación de los Capítulos introducidos a aquella por el Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. En consecuencia, le resulta aplicable el Capítulo III de la Ley 2166, titulado “ordenamiento del sistema remunerativo y del auxilio de cesantía para el sector público.” Por disposición expresa de la ley, el tope de cesantía que podría establecer Correos de Costa Rica S.A. en una convención colectiva es de ocho años. El tope podría ser de doce años únicamente en caso de que la convención colectiva de la institución fijara un tope mayor y se encontrara vigente al momento en que la Ley 9635 surtió efectos (4 de diciembre de 2018). Fuera de ese supuesto no podría contemplarse, de ningún modo, un tope de cesantía mayor a ocho años. El criterio que utilizó el legislador para determinar el ámbito subjetivo de aplicación del Título III de la Ley 9635, recogido en el artículo 26 de la Ley 2166, es un criterio orgánico, pues, depende, estrictamente, de la naturaleza jurídica de cada institución o entidad y no del tipo de funciones que ejerce o de la actividad que despliega.

  • Dictamen nº 265 de 01 de Diciembre de 2022, de Municipalidad de Hojancha

    PGR-C-265-2022 MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA. Criterios de admisibilidad consultas. Inadmisibilidad de consulta, CRITERIO LEGAL INSUFICIENTE. CASO CONCRETO PENDIENTE DE RESOLVER en sede administrativa. Por medio del oficioN° SCMH-535-2022 de fecha 17 de noviembre del 2022, la señora Katherine Campos Porras, secretaria del Concejo Municipal de Hojancha, solicita el criterio de la Procuraduría General, en relación con la siguiente interrogante: “Para su conocimiento transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Hojancha en sesión ordinaria 132-2022, celebrada el 07 de Noviembre del 2022, que textualmente dice: ACUERDO 21. Con relación al dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos, referente analizar el Criterio Legal emitido por la Federación de Municipalidades de Guanacaste en relación con la consulta planteada por el Concejo Municipal, sobre la procedencia del pago de prohibición al puesto de Contador Municipal, el Concejo Municipal de Hojancha; acuerda: Realizar la consulta ante la Procuraduría General de la República para que emita un criterio al respecto a la siguiente interrogante. Conforme al manual de puesto elaborado por el Servicio Civil para la Municipalidad de Hojancha, ¿procede el pago de la prohibición establecida en la Ley 5867, para el puesto de contador de esta Corporación, con los requisitos establecidos para su labor; al no observase que se especifique claramente que sean de índole tributaria conforme lo establece la Ley 5867?, se adjunta criterio emitido por la Federación de Municipalidades de Guanacaste. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”. Mediante el dictamen PGR-C-265-2022 del 01 de diciembre del 2022, aprobado por la Dra. Magda Inés Rojas Chaves, Procuradora General Adjunta de la República, suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta, y la Licda. Engie Vargas Calderón, se concluyó: “Luego de un exhaustivo análisis, este órgano consultivo concluye que la presente gestión resulta inadmisible. Y, por ende, se deniega su trámite y se archiva”.

  • Opinión Jurídica nº 177 -J de 01 de Diciembre de 2022, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-177-2022 ASAMBLEA LEGISLATIVA, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, PROYECTO DE LEY N° 22.141, DENOMINADO: “ADICIONAR UN INCISO NO. 15 AL ARTICULO 583 DEL CODIGO DE TRABAJO, QUE INCLUYE LA REFORMA PROCESAL LABORAL”, PUBLICADO EL 25 DE AGOSTO DEL 2020, EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N° 213. Por oficion° AL-CJ-22.141-1717-2022 del 04 de marzo del 2022, la señora Marcia Valladares Bermúdez, del Área de Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, nos confiere audiencia sobre el texto base del proyecto de ley n° 22.141, denominado: “ADICIONAR UN INCISO NO. 15 AL ARTICULO 583 DEL CODIGO DE TRABAJO, QUE INCLUYE LA REFORMA PROCESAL LABORAL”, publicado el 25 de agosto del 2020, en el Diario Oficial La Gaceta N° 213, mediante el cual se pretende lo siguiente: ARTÍCULO 1-Para que se adicione al artículo 583, un numeral 15: Para que se lea así: Artículo 583- [...] 15) Procede el recurso de apelación de sentencia del proceso ordinario y también, salvo disposición expresa en contrario contra los demás pronunciamientos con autoridad de cosa juzgada material, por razones procesales y sustantivas, siempre y cuando el proceso que se dicte sea inestimable, ante el Tribunal de Apelaciones de Trabajo, ubicados en cada Provincia. ARTÍCULO 2-Para que se elimine del artículo 586 el siguiente párrafo: Artículo 586- Procede el recurso de apelación ante el órgano de casación contra la sentencia del proceso ordinario y también, salvo disposición en contrario, contra los demás pronunciamientos con autoridad de cosa juzgada material por razones procesales y sustantivas, siempre y cuando el proceso que se dicte sea inestimable. (El destacado es nuestro) Rige a partir de su publicación”. Mediante la Opinión Jurídica PGR-OJ-177-2022 del 01 de diciembre del 2022, suscrita por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta, y aprobada por la señora Procuradora General Adjunta, se concluyó: “Con fundamento en lo expuesto, considera esta Procuraduría que la aprobación del proyecto de ley denominado “Adicionar un inciso no. 15 al artículo 583 del Código de Trabajo, que incluye la reforma procesal laboral”, el cual se tramita bajo el expediente legislativo n° 22.141, es un asunto de política legislativa; no obstante, sugerimos analizar las observaciones realizadas”.

  • Dictamen nº 266 de 01 de Diciembre de 2022, de Municipalidad de Hojancha

    PGR-C-266-2022 MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA. Criterios de admisibilidad consultas auditores internos. Inadmisibilidad de consulta. CASO CONCRETO PENDIENTE DE RESOLVER en sede administrativa. NO GUARDA relación lo consultado con el cumplimiento del plan de trabajo que La Auditoría está desarrollando en la Municipalidad de Hojancha, y, por tanto, no es posible precisar que el cuestionamiento planteado tiene relación directa con el ejercicio de las competencias de la Auditoría Interna. Por medio del oficioN° A.I.M 23-2022 de fecha 05 de octubre del 2022, la señora Susana Cubillo Moreno, Auditora Interna de la Municipalidad de Hojancha, solicita el criterio de la Procuraduría General, en relación con la siguiente interrogante: “1- Que (SIC) requisitos debería cumplir o cuales (SIC) funciones debería realizar un Contador Municipal para tener derecho al pago de la prohibición mencionada en la Ley N° 5867 y Art N° 80 del Código Municipal”. Mediante el dictamen PGR-C-266-2022 del 01 de diciembre del 2022, aprobado por la Dra. Magda Inés Rojas Chaves, Procuradora General Adjunta de la República, suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta, y la Licda. Engie Vargas Calderón, se concluyó: “Luego de un exhaustivo análisis, este órgano consultivo concluye que la presente gestión resulta inadmisible. Y, por ende, se deniega su trámite y se archiva”.

  • Opinión Jurídica nº 173 -J de 21 de Noviembre de 2022, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-173-2022 PROPUESTA DE FIJACIÓN DE TRIBUTOS ÚNICAMENTE EN MONEDA NACIONAL. ADICIÓN ARTÍCULO 4 BIS AL CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. REGULACIÓN DE TRIBUTOS Y OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA (DÓLARES). LEY ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA. La Licenciada Nancy Vílchez Obando, Jefa de Área de Comisiones Legislativas V de la Asamblea Legislativa, consulta a esta Procuraduría el proyecto de ley denominado “LEY PARA EL COBRO DE TRIBUTOS EN MONEDA NACIONAL (COLONES)”, el cual se tramita bajo el número de expediente 23.204, en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos. Mediante opinión jurídica PGR-OJ-173-2022 del 21 de noviembre 2022, suscrita por la Procuradora Maureen Vega Sánchez, se concluyó lo siguiente: El proyecto de ley pretende adicionar un artículo 4 bis al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N°4755, con la finalidad de fijar todos los tributos en moneda nacional (colones) y así eliminar los tributos fijados en moneda extranjera (dólares). Sin embargo, el proyecto carece de los estudios técnicos, jurídicos y financieros necesarios para verificar su conveniencia y viabilidad. En la exposición de motivos el legislador reconoce la existencia de posibles excepciones a la norma por razones justificadas, pero tal consideración no se materializa en el proyecto de ley en estudio. Situación originada por la ausencia de estudios técnicos-jurídicos, que permitan al legislador conocer cuáles son los tributos que actualmente están fijados en moneda extranjera, que requieren mantener tal fijación. Y de esa forma, considerar la posibilidad de algunas excepciones a la norma. El transitorio único del proyecto en cuestión presentaría, de llegar a ser aprobado, problemas de constitucionalidad y vicios de legalidad, al disponer que: “El Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 6 meses, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para modificar los tributos que las instituciones estatales exigen en moneda extranjera, y fijarlos en moneda nacional (colones).” Lo anterior, por cuanto se reitera que dicha facultad recae en el Poder Legislativo y no en el Poder Ejecutivo, por disponerlo así el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política y desarrollarlo el numeral 5 del Código Tributario. Se recomienda consultar al Ministerio de Hacienda, así como en caso de existir alguna otra entidad que administre, recaude y fiscalice tributos en moneda extranjera, sobre la conveniencia y viabilidad del proyecto en cuestión. Se recomienda analizar cuál fue la intención del legislador para establecer cada uno de tributos existentes en dólares, y si resulta conveniente su fijación en colones, ya que la devaluación del colón también podría afectar a los sujetos activos de tales impuestos. La aprobación o no del proyecto se enmarca dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador, sin embargo, se recomienda valorar los aspectos aquí señalados.

  • Dictamen nº 257 de 21 de Noviembre de 2022, de Ministerio de la Niñez y Adolescencia

    PGR-C-257-2022 INTERÉS SUPERIOR DE MENORES. DERECHO A LA INTIMIDAD. DERECHO A LA IMAGEN. SECRETO DE LAS COMUNICACIONES. AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA.TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.DATOS SENSIBLES. PRINCIPIO DERESERVA DE LEY. PRINCIPIO DERAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD. PROCESO ESPECIAL DE PROTECCIÓN. MEDIDAS DE PROTECCIÓN. DEROGACIÓN EXPRESA Y TÁCITA. La señora Gloriana López Fuscaldo, Ministra de la Niñez y la Adolescencia y Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia solicita nuestro criterio sobre las siguientes interrogantes: “... en primera instancia, si la Ley N° 10238, “Ley de Protección de la imagen, la voz y los datos personales de las personas menores de edad”, implica una modificación tácita de los alcances de los artículos 47 y 48 del Código Civil; como segundo punto, conocer si la excepción dispuesta en el artículo 47 del Código Civil, que excluye responsabilidad en la publicación o reproducción de la imagen o fotografías de personas menores de edad, sin consentimiento de los responsables legales, subsiste o continúa vigente, en virtud de la aprobación de la Ley N° 10238, “Ley de Protección de la imagen, la voz y los datos personales de las personas menores de edad”, y finalmente, como tercer aspecto, comprender si a partir de la reforma legal citada, el PANI, ante denuncias sobre violaciones de derechos de las personas menores de edad relacionadas con los contenidos del artículo 389 inciso 3) del Código Penal, debe aplicar el proceso especial de protección, particularmente partiendo de la prevención escrita dispuesta por el artículo 137 del Código de la Niñez y la Adolescencia.” (La negrita no es del original) Mediante dictamen PGR-C-257-2022 del 21 de noviembre de 2022, suscrito por Yolanda Mora Madrigal, procuradora adjunta, se concluye lo siguiente: El artículo 24 de la Constitución Política garantizael derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones y de allí se desprenden los derechos fundamentales de inviolabilidad de los documentos privados y de autodeterminación informativa; Asimismo, la Sala Constitucional ha señalado que el derecho a la imagen constituye una ampliación del ámbito protector del derecho a la intimidad; Lo derechos de intimidad, autodeterminación informativa e imagen son derechos constitucionalmente protegidos para cualquier persona indistintamente de su edad, sin embargo, no cabe duda que las personas menores de edad tienen especial protección a la luz del artículo 51 de la Constitución Política; Dado lo anterior, el legislador ha optado por emitir normas tendientes a proteger, de manera especial, los derechos a la integridad, privacidad, imagen y confidencialidad de los datos de las personas menores de edad, a fin de resguardar su interés superior; Sin embargo, si bien los derechos de la personalidad son inherentes a todo ser humano, estos no tienen un carácter absoluto, irrestricto o incondicionado, de manera que, ante determinadas circunstancias, la regla general del consentimiento del titular cede en los supuestos de excepción, supuestos que quedan supeditados al principio de reserva de ley por tratarse de limitaciones a derechos fundamentales; La difusión de imágenes y fotografías de las personas menores de edad no es prohibida en forma general, sino únicamente en la medida que no se cuente con el consentimiento del responsable legal o no se esté dentro de las excepciones previstas en el artículo 47 del Código Civil (resolución 12959-2007 de la Sala Constitucional); Por lo tanto, aún con la reciente promulgación de la Ley N.° 10238, las excepciones dispuestas en el artículo 47 del Código Civil continúan vigentes, aunque involucre a personas menores de edad; La promulgación de la Ley N.° 10238 no derogó ni reformó tácitamente los alcances de los artículos 47 y 48 del Código Civil, dado que ese no fue el espíritu del legislador ni tampoco existe una contradicción entre las normas; El consentimiento expreso que debe mediar para la difusión de imágenes y fotografías de menores de edad debe otorgarse dentro de parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, y siempre y cuando se encuentre en uno de los escenarios en que dicha publicación sea lícita o permitida (resoluciones 12959-2007 y 13160-2022 de la Sala Constitucional); El proceso especial de protección en sede administrativa, previsto en el Código de la Niñez y Adolescencia, consiste en un proceso sumario informal, cuyo propósito es constatar la situación investigada y dictar inmediatamente las medidas de protección contempladas en los artículos 135, 136 y 137, siempre que los derechos reconocidos en ese Código sean amenazados o violados; En consecuencia, las denuncias que reciba el PANI relacionadas con violaciones o amenazas a los derechos de las personas menores de edad fundamentadas en el artículo 389.3 del Código Penal, podrán ser atendidas a través del proceso especial de protección en sede administrativa, siempre y cuando esos mismos derechos estén reconocidos en el Código de la Niñez y Adolescencia; Por lo tanto, ante cualquiera de estos supuestos, el PANI podrá iniciar el proceso especial de protección y ordenar la medida de protección que corresponda a la luz de los artículos 135, 136 y 137, esto a partir del juicio razonable de las circunstancias que medien en cada caso concreto y en orden al principio del interés superior de la persona menores de edad involucrada; Lo anterior, sin perjuicio de que se gestione la tutela de estos derechos a través de los otros medios contemplados en el ordenamiento jurídico.

  • Opinión Jurídica nº 171 -J de 17 de Noviembre de 2022, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-171-2022 CONSULTA DIPUTADO. CIUDADANÍA HONORÍFICA A EXTRANJEROS, NO ASÍ A NACIONALES. ARTS. 14 INCISO 6) Y 121 INCISO 16) CONSTITUCIONALES. Por oficio No. AL-FPLN-PRG-033-2022, de fecha 09 de noviembre de 2022, en su condición de diputado integrante de la Comisión de Honores de la Asamblea Legislativa, el Diputado Rojas Guzmán solicita “el criterio técnico especializado de la Procuraduría General de la República, acerca de los alcances de los artículos 121 inciso16 y 14 inciso 6) ambos de la Constitución Política y los artículos 221 y siguientes del Reglamento de la Asamblea Legislativa, con el fin de que se aclare si es razonable y jurídicamente procedente, otorgar la ciudadanía de honor a un ciudadano o ciudadana costarricense, o si por el contrario tal condición sólo procede para el caso de personasextranjeras que hayan prestado servicios notables al país”. Con la aprobación de la Procuradora General Adjunta de la República, mediante dictamen PGR-OJ-171-2022, de 17 de noviembre de 2022, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, de la Dirección de la Función Pública, haciendo abstracción de lo consultado, y sin perjuicio de lo que determine la Sala Constitucional como último y definitivo intérprete de la Constitución, concluye: “Que el galardón de “ciudadanía honorífica”, con que se alude el otorgamiento de la “nacionalidad honorífica” a nivel constitucional -artículos 14 inciso 6) y 121 inciso 16)-, está dirigido a extranjeros, no así a nacionales. Se deja así evacuada su consulta en términos no vinculantes.”

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