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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY PARA LA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE LA EXPLOTACIÓN Y/O PROTECCIÓN DE RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS
FABRICIO ALVARADO
Y VARIOS DIPUTADOS
EXPEDIENTE N°24.285
PROYECTO DE LEY
LEY PARA LA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE LA EXPLOTACIÓN Y/O PROTECCIÓN DE RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS
Expediente N.°24.285
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
La matriz energética de un país constituye un tema de gran relevancia que incide directamente en el desarrollo económico, social y ambiental. No se restringe únicamente al ámbito ambiental, por lo que resulta limitante confinar la discusión nacional exclusivamente a este aspecto. En cambio, su alcance abarca la totalidad del sector productivo, las familias y, de manera evidente, al Estado.
En efecto, nos hallamos inmersos en extensas conversaciones acerca de la transición energética, la reducción de emisiones de efecto invernadero y la descarbonización. Es notable observar cómo todos los países se encaminan hacia estas metas. En este contexto, es imperativo destacar que este proceso no es sencillo y conlleva costos significativos. Además, implica un cambio gradual en todos los sectores económicos y sociales.
En resumen, la complejidad de la matriz energética engloba aspectos económicos, sociales y medioambientales. La transición hacia formas más sostenibles de energía demanda atención cuidadosa y colaboración entre diversos sectores. Es crucial reconocer que este cambio no se producirá de la noche a la mañana y que seguimos siendo dependientes de muchos recursos minerales y energéticos.
No es un asunto trivial evaluar la dirección que tomará el país en cuanto al aprovechamiento de los recursos minerales y energéticos. Esta evaluación no se reduce a una dicotomía de blanco o negro. Como país, no deberíamos simplificar esta decisión mediante una prohibición llana, ya que esto no aportaría un valor significativo al Estado en una perspectiva de corto, mediano ni largo plazo.
Frente a los desafíos internos y externos debemos de sopesar los diferentes elementos que constituyen una eventual política energética. Tal que tome en cuenta todos los factores como lo son el abastecimiento, el uso de la energía, la competencia entre las fuentes de energía y la estructura sectorial. En tanto que: [1]
“Una política energética bien diseñada y arraigada en la realidad reduce los costos en toda la cadena de valor, aprovecha y optimiza el uso de las fuentes nacionales de energía, minimiza la dependencia de fuentes de energía extranjeras, aumenta la seguridad y reduce la vulnerabilidad, reduce la contaminación, reduce o elimina los riesgos de desajustes entre la oferta y la demanda y aumenta el uso eficiente de la energía”.[2]
Costa Rica destaca como un pionero en la protección del medio ambiente, pero no podemos cerrar los ojos a nuestra dependencia de los hidrocarburos y minerales. Tampoco es incongruente considerar su aprovechamiento sí nos encontramos en proceso de transición de nuestra matriz energética. Ello no será de hoy para mañana y tampoco el mero discurso nos dotará de recursos para atender las emergencias sociales.
La decisión política de aprovechar los recursos subterráneos para el beneficio fiscal, y por ende, el financiamiento de programas sociales, educación y seguridad, es nuestra responsabilidad. Es un asunto de equilibrio y realidades, el no dejarnos llevar por un discurso que extrema el proteccionismo cuando deberán pasar muchos años para que los sectores, el país y el mundo transite a energías limpias al 100%.
El aprovechamiento de estos recursos no es incompatible con la protección del medio ambiente. La decisión de no usarlos por nosotros mismos ha fortalecido nuestra dependencia de los recursos de otros países, lo que nos vuelve más vulnerables ante situaciones de conflictos, presiones políticas y económicas. Racionalmente, no aspiramos al autoabastecimiento total, pero sí a utilizar los recursos económicos resultantes en beneficio de nuestra población.
La energía involucra la electricidad y sectores como el transporte, entre otros. En el informe del Programa Estado de la Nación del 2022, se reseña que el 73% de la electricidad se generó a partir de plantas hidroeléctricas, seguidas de las geotérmicas (13,6%) y eólicas (11,5%). No obstante, una de las investigadoras del PEN subrayó:[3]
“El riesgo que observamos es que, en un contexto de cambio climático, donde ya hay manifestaciones como la reducción de los caudales de agua en embalses clave, un país como Costa Rica, en 2023, recurre más a las plantas térmicas que utilizan búnker o diésel para generar electricidad”.[4]
Lo anterior, nos pone en perspectiva que incluso uno de nuestros puntos más altos que es la electricidad mediante energías renovables conlleva riesgos con el cambio climático. Esto sin siquiera considerar la necesidad de mejorar los costos para el sector productivo y solo revisar que aún requerimos de hidrocarburos para garantizar el acceso a la electricidad.
Dependemos en un 70% del recurso hídrico para la producción de la energía eléctrica, por lo que ante cualquier evento que afecte las precipitaciones y por ende disminución de cuencas nos lleva a recurrir a combustibles. Por lo que, en este año frente al fenómeno de Niño, nos podría costar alrededor de 370 millones de dólares el utilizar las plantas térmicas.[5]
La política pública debe estar encaminada hacia la resiliencia climática, es decir, la adaptación ante los retos de la sostenibilidad energética también con elementos que sopesen la autonomía y soberanía energética. Esto último no con la expectativa de que el país se autoabastecerá completamente, pero sí de nuestras capacidades para explorar y explorar los recursos minerales y energéticos existentes. Ello con el fin de garantizar el acceso a la electricidad, mejorar costos de producción, entre otros.
En términos generales, el Programa Estado de la Nación, quién ha estudiado con detalle la matriz energética nacional, ha señalado la condición actual del país en esta materia:
Costa Rica mantiene, en suma, una situación de falta de sostenibilidad de su matriz energética, que genera impactos crecientes e implica riesgos para un uso de la energía eficiente y seguro. Combina la alta dependencia de los hidrocarburos, la vulnerabilidad de las fuentes renovables ante la variabilidad y el cambio climáticos, la postergación de inversiones estratégicas, la actualización del marco normativo y regulatorio (Blanco, 2023) (...) En 2022 no se reportaron los avances del Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050, por lo que no es posible conocer los progresos en este tema (Blanco, 2023).[6]
Si bien Costa Rica ha liderado un Plan de Descarbonización, tal como señala el PEN, sus avances y las mediciones de este tema han sido muy limitados. Lo que conlleva un discurso más y menos acciones que permitan validar esa herramienta.
En el plan de energía 2015-2030 se evidencia la importancia dependencia de nuestra matriz energética en el sector de transporte a los derivados del petróleo, tal que se expone un crecimiento constante de su consumo hasta el 2034.[7]
Tal que se constata en dicho Plan que
“(…) El país no ha logrado consolidar una estrategia para la articulación de la política social, productiva, ambiental y energética relacionada con las energías alternativas que permitan el desarrollo de una economía baja en emisiones y la reducción de la dependencia de los derivados del petróleo”.[8]
Las explicaciones alrededor del crecimiento en la factura de hidrocarburos han señalado al sector transporte:
“El alto consumo de los combustibles fósiles deriva, mayoritariamente, de un sistema de transporte y movilidad que no cambia de manera significativa hace tres décadas basado en una matriz de consumo energético centrada (en cerca de tres cuartas partes) en los hidrocarburos”.[9]
Así, el sector transporte involucra al sector productivo (transporte público, carga pesada, plataformas de servicios, taxis, servicios especiales, entre otros) y las familias con sus vehículos particulares con lo cual es risible sostener que...
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