ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY PARA FOMENTAR LA INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERAS
CAROLINA DELGADO RAMÍREZ
EXPEDIENTE N. º24.286
LEY PARA FOMENTAR LA INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERAS
Expediente N°24.286
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Según el Banco Mundial, la inclusión financiera es definida como el acceso efectivo, oportuno y a precios asequibles de los servicios financieros por parte de la población. Se trata de un elemento clave para promover la prosperidad y transparentar la actividad económica, así como los sistemas de transferencias directas derivados de políticas públicas de combate a la pobreza y ha sido considerada como fundamental para la consecución de 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Unidas.[1]
En la década pasada se lograron importantes avances en esta materia a nivel mundial, hasta el punto que más de 1.200 millones de personas tuvieron acceso por primera vez a una cuenta bancaria. El avance tecnológico permitió profundizar esta tendencia pues en más de 80 países se han puesto en marcha servicios financieros digitales que, a través de la telefonía móvil, llegan a cada vez más personas. Sin embargo, se estima que en la actualidad más de 2.500 millones de personas no tienen acceso a servicios financieros formales y más del 75% de las personas en condición de pobreza carecen de cuentas bancarias, por lo que están imposibilitadas de guardar dinero con seguridad, así como para enviar y recibir pagos, acceder a servicios y convertirse en sujetos de crédito para emprender actividades productivas. Poco más de la mitad de esas personas no bancarizadas son mujeres pobres que viven en zonas rurales o que se encuentran fuera de la fuerza laboral, lo que afecta considerablemente la capacidad de las mismas de controlar eficazmente su vida financiera y aumenta las posibilidades de violencia patrimonial, desigualdad e informalidad laboral.[2]
Por ello, tener acceso a una cuenta bancaria se ha convertido en un primer paso hacia una mayor inclusión financiera, ya que permite a las personas guardar dinero, enviar y recibir pagos y, posteriormente, acceder a otros servicios financieros como créditos y seguros, al tiempo que dota de herramientas a los hogares para enfrentar la volatilidad de las finanzas, a las empresas les posibilita acceder a financiamiento para invertir y mejorar su productividad y a las instituciones públicas les facilita las labores de seguimiento, información y trazabilidad, de acuerdo con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico.
Costa Rica no escapa a esta realidad dual de logros y retos: por un lado, más del 65% de la población adulta tiene cuentas bancarias, alrededor del 60% de la población hace o recibe pagos a través de dispositivos móviles, un 28% utiliza internet para realizar compras o pagar recibos y un 18% accede a sus cuentas bancarias a través del teléfono celular, lo que representa un dato superior al promedio de América Latina y el Caribe, colocándonos como el cuarto país latinoamericano con mayor inclusión financiera, solo por detrás de Chile, Brasil y Venezuela.[3] No obstante, por el otro, cerca de un 18% de la población no tiene una cuenta bancaria ni ningún producto financiero[4] y aproximadamente un 39% prefiere seguir realizando sus pagos en efectivo, tanto por desconocimiento del uso de las aplicaciones como por temor a sufrir alguna estafa.[5]
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, las mujeres y las PYMES constituyen los grupos con menor inclusión financiera en Costa Rica. En el caso de las primeras, esta situación se debe a una menor participación femenina en el mercado laboral en contraste con los hombres, debido a que la mayoría de ellas ha estado ligada tradicionalmente a las labores de cuido de menores y adultos mayores, lo cual les dificulta desplazarse para realizar gestiones y muchas otras se encuentran en situación de dependencia económica con sus parejas, lo que prácticamente les impide administrar sus recursos.[6]
Por su parte, para las PYMES, la inclusión es difícil debido al alto nivel de informalidad y al elevado endeudamiento que mancha su historial crediticio, lo cual a su vez limita el acceso al sistema financiero.[7] De acuerdo con datos del INEC, en el país se registra un total de 367.911 emprendimientos que se desarrollan en los hogares y generan alrededor de 585.426 puestos de trabajo, lo que representa el 29.3% del total de ocupados en el país. No obstante, la gran mayoría de esos negocios emplea únicamente a su propio dueño, mientras una pequeña proporción contrata colaboradores.[8]
Bajo estas condiciones no sorprende que el 92.7% de la totalidad de puestos de trabajo generados por las microempresas en los hogares sean informales, el 79.5% no posea registros contables formales, el 96.6% no esté inscrito en el Registro Nacional con cédula jurídica, el 99.9% no ofrezca un salario fijo para el propio trabajador, el 49.2% no esté inscrito ante ninguna instancia pública, el 64.7% no tenga ningún tipo de contabilidad (ni en el régimen tradicional o en el régimen simplificado), el 69.4% no cuente con factura timbrada ni factura electrónica, el 67.7% no cuente con local fijo, el 74.6% no use productos financieros para el negocio y el 63.3% no posea seguro social para la persona dueña de la actividad.[9]
A eso se le suma que alrededor del 50% de los hogares no tiene ahorros y el 60% está sobreendeudado,[10] lo que significa que los emprendimientos en los hogares no cuentan con capital suficiente para su negocio. Debido a la falta de educación financiera, muchos emprendedores tienden a mezclar sus finanzas personales con las del negocio e incluso a recurrir al endeudamiento vía tarjeta de crédito o préstamos en el sector no regulado e informal (préstamos gota a gota) para invertir en su actividad, por lo que su prosperidad se ve seriamente limitada y la estabilidad económica de los hogares es afectada.
De acuerdo con el Examen de estabilidad del Sector Financiero (FSSR), elaborado por el Fondo Monetario Internacional,[11] los esfuerzos realizados en materia de inclusión financiera no han sido coordinados ni desarrollados con un propósito común y no existen datos certeros sobre la oferta y la demanda financiera que permitan desarrollar políticas públicas para su exitosa profundización. El país carece de una política de inclusión financiera coherente, lo que limita el alcance de iniciativas que han impulsado la SUGEF, el BCCR o las entidades financieras, reduce las posibilidades de medición y evaluación de los esfuerzos y dificulta la intercomunicación del trabajo que realizan las instituciones públicas y privadas así como el conocimiento que desarrolla la ciudadanía sobre este.
En ese sentido, el FMI recomienda a Costa Rica establecer una estructura institucional de alto nivel que lidere y coordine las políticas de Inclusión Financiera, de manera que posibilite la elaboración, aprobación, implementación, monitoreo y revisión de una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Para ello se vuelve necesario instaurar un Consejo de Inclusión y Educación Financieras (CIEF), a través de un mecanismo formal que asegure su estabilidad y operatividad en el tiempo,...
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