Sentencia nº 00026 de Sala 2ª de la Corte Suprema de Justicia, de 10 de Enero de 2001

Res:2001-00026

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a lasquince horas del diez de enero del año dos mil uno.

Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por ROLAN, conocido como, R.S.S., separado, agente de seguridad, vecino de San José, contra EL ESTADO, representado por la licenciada L.C.C., abogada.Ambos mayores.

RESULTANDO:

1. -

   El actor, en demanda planteada el 20 de abril de 1998,solicita que en sentencia, se obligue al demandado a pagarle preaviso, cesantía, daños y perjuicios, intereses y ambas costas del juicio.

2. -

   El representante legal del demandado, contestó la acción en los términos que indica el memorial de fecha 15 de julio de 1998 y opuso las excepciones de falta de derecho y prescripción.

3. -

   El Juez, licenciado A.E.A., por sentencia de las 13:21 horas del 30 de abril de 1999, dispuso:Como corolario de lo anterior, y con base en los artículos 1, 468, 493 a 495, del Código de Trabajo; 155, 221 del Procesal Civil; todos siguientes y concordantes, se resuelve:"Se declara parcialmente (sic) lugar el proceso ORDINARIO LABORAL promovido por ROLAN SEGURA SOLANO CONOCIDO COMO RONALD contra EL ESTADO REPRESENTADO POR SU PROCURADORA ADJUNTA LICENCIADA L.C.C.. Se rechaza la excepción de prescripción opuesta por esta última. La de falta de derecho se acoge únicamente en lo que respecta a los daños y perjuicios, en lo demás se rechaza.Deberá el Estado, cancelarle, al actor, los siguientes extremos: A) POP PREAVISO DE DESPIDO: un mes de salario sea OCHENTA Y DOS MIL COLONES; B) POR AUXILIO DE CESANTÍA: cuatro meses de pago, sea TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL COLONES, lo cual nos da un total de CUATROCIENTOS DIEZ MIL COLONES. C) DE LOS INTERESES:Estos se conceden sobre esa suma adeudada, desde la fecha de su despido ea, el 16 de noviembre de 1997 y hasta su efectivo pago, al tipo de cambio fijado para los depósitos a seis meses plazo en colones del Banco Nacional de Costa Rica, según lo preceptuado en el artículo 1163 del Código Civil. Lo cualrealizando una liquidación parcial al veintiocho de febrero del presente año, nos da la suma de SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS COLONES CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS.El resto deberá ser liquidado en la etapa de ejecución del fallo. Se condena al actor al pago de ambas costas del proceso, calculándose las personales en un veinte por ciento de la condenatoria.

4. -

   La parte demandada apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Primera, integrado por los licenciados L.F.S. A., S.A.M. y J.L.V.V., por sentencia de las 8:55 horas del 19 de junio del año próximo pasado, resolvió:No observándose defectos u omisiones, causantes de nulidad o indefensión, se declara sin lugar el presente recurso de apelación y, en consecuencia, seconfirma en todo el fallo recurrido.Pero aclarando la parte dispositiva en el sentido de que, a quien se condena en costas es a la parte demandada y no al "actor" como por evidente error material se consignó.

5. -

   La representante legal del Estado formula recurso, para ante esta S., en memorial de data 17 de noviembre del año próximo anterior, que en lo que interesa dice:RAZONES Y FUNDAMENTO JURÍDICOS.Esta Representación Estatal se muestra inconforme con lo resuelto, tanto en Primera como en Segunda Instancia, por las siguientes razones: I.POR VIOLACION DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 11 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 28 Y 29 DEL CÓDIGO DE TRABAJO (595 INCISO 1 CODIGO PROCESAL CIVIL) Esta Representación Estatal interpone el presente Recurso por violación al Principio de Legalidad, por cuanto, en los fallos recurridos, se han otorgado derechos en contradicción con lo establecido en el ordenamiento aplicable al caso en particular. El Principio de Legalidad, entendido dentro de los lineamientos dados por la Sala Constitucional, se entiende como: “En los términos más generales, el principio de legalidad en el estado de derecho postula una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico, a partir de su definición básica según la cual toda autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso –para las autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo que esté constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté autorizado les está vedado-; así como sus dos corolarios más importantes, todavía dentro de un orden general; el principio de regulación mínima, que tiene especiales exigencias en materia procesal, y el de reserva de ley, que en este campo es casi absoluto.En nuestra Constitución Política, el principio general de legalidad está consagrado en el artículo 11.”. Con base en este Principio la Administración Activa, y con mayor razón el Juzgador, deben sujetarse a las disposiciones normativas aplicables al caso, tratándose del Sector Público.En caso contrario existiría un quebranto a la legalidad a la que están sujetos. En el caso de marras, es necesario destacar que la Administración Activa, - Poder Judicial- siempre falló conforme a derecho corresponde, negándole al actor la posibilidad de permanecer en el puesto y de concederle lo que por concepto de prestaciones el actor solicitaba. Al acoger, los Juzgadores, parcialmente las pretensiones del actor ordenándosele a la Administración Activa pagar los montos por prestaciones legales solicitados por el accionante, conlleva implícitamente una actuación contraria al ordenamiento jurídico.De ahí que esta Representación evidencie violación al Principio de Legalidad, específicamente de los artículos 28 y 29 del Código de Trabajo normativa aplicable al caso concreto. Dichos artículos en lo que interesan señalan: “Artículo 28.En el contrato por tiempo indefinido cada una de las partes puede ponerle término, sin justa causa, dando aviso previo a la otra, de acuerdo con las siguientes reglas: después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de seis, con un mínimo de una semana de anticipación; después de un trabajo continuo que exceda de seis meses y no sea mayor de un año, con un mínimo de quince días de anticipación; y Después de un año de trabajo continuo con un mínimo de un mes de anticipación. Dichos avisos se darán siempre por escrito, pero si el contrato fuere verbal, el trabajador podrá darlo en igual forma en caso de que lo hiciere ante dos testigos; y pueden omitirse, sin perjuicio del auxilio de cesantía, por cualquiera de las partes, pagando a la otra una cantidad igual al salario correspondiente a los plazos anteriores. Durante el término del aviso el patrono estará obligado a conceder un día de asueto al trabajador, cada semana, para que busque colocación. “Artículo 29.Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por razón de despido injustificado, por alguna de las causas previstas en el Artículo 83, u otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle a éste un auxilio de cesantía de acuerdo con las siguientes reglas: a) Después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de seis, con un importe igual a diez días de salario; b) Después de un trabajo continuo mayor de seis meses pero menor de un año, con un importe igual a veinte días de salario; c) Después de un trabajo continuo mayor de un año, con un importe igual a un mes de salario por cada año de trabajo o fracción no menor de seis meses; d) En ningún caso podrá exceder dicho auxilio del salario de ocho meses; e) El auxilio de cesantía deberá pagarse aunque el trabajador pase inmediatamente a servir a las órdenes de otro patrono.”. De la literalidad de los artículos transcritos, y en lo que al caso en particular interesa, es necesario dilucidar si en el caso del actor se cumplen o no los presupuestos previstos en la ley para otorgar el pago de las prestaciones legales, es decir, de preaviso y cesantía. El primero de los artículos señala como requisitos los siguientes: 1. Que sea un contrato por tiempo indefinido. 2. Que en la terminación se produzca sin justa causa. 3. Que se de un aviso previo a la terminación de acuerdo a las reglas que el mismo artículo señala. El numeral 29 por su parte indica los siguientes requisitos: 1. que sea un contrato por tiempo indeterminado. 2. Que la relación laboral concluya por causa injustificada, por alguna de las causas previstas en el artículo 83 u otra ajena a la voluntad del trabajador. En el caso en particular, esta Representación ha sostenido la tesis de que el actor, era un trabajador interino del Poder Judicial, y por la naturaleza de las relaciones laborales de interinazgo, el actor conocía la fecha de terminación del mismo.Por ello no cumple el actor con el primero de los requisitos.En el caso sub examine, no se trata de un contrato por tiempo indefinido o indeterminado, sino de un contrato por tiempo determinado. En cuanto a la naturaleza jurídica de la relación laboral de interinazgo, la jurisprudencia administrativa, ha distinguido dos tipos de servidores interinos; aquellos que ocupan plazas vacantes (a quienes denominaré como servidores interinos comunes) y aquellos que ocupan plazas en sustitución del titular (aquí llamados servidores interinos sustitutos).En lo que al caso atañe dictámenes de la Procuraduría han indicado: “En primer lugar, cabe hacer cita del artículo 26 del Estatuto de Servicio Civil, que la tratar sobre la forma de llenar las vacantes dispone en su párrafo segundo:“En los casos en que sea necesario hacer concurso para la vacante, a juicio de la Dirección General de Servicio Civil, el J. peticionario podrá nombrar interinamente sustitutos”. Por su parte, el artículo 12 del Reglamento del citado Estatuto preceptúa en lo que interesa: “Cuando no haya en la Dirección General candidatos elegibles y sea necesario efectuar concurso para llenar plazas vacantes, se podrán hacer nombramientos interinos, si se estimare indispensable, durante el tiempo que requiera la Dirección General para la presentación de la nómina de elegibles”.(El subrayado no es del original).Como puede notarse, las disposiciones anteriormente transcritas son las que autorizan el nombramiento de servidores interinos para cubrir vacantes, hasta tanto no ocurra la designación de un titular en el cargo. Cabe hacer una observación en punto al citado artículo 26 del Estatuto, y es en lo tocante al término “sustitutos” que emplea.Técnicamente dicha denominación, conforme se verá posteriormente, no está bien usada en esa norma, por la sencilla razón de que el “interino sustituto” es aquel servidor que ocupa una plaza que tiene un titular. Seguidamente, debemos hacer mención del artículo 13 del citado Reglamento, que dispone: “Para todos los efectos legales, se entenderá que los contratos que celebre el Poder Ejecutivo con los servidores interinos o de emergencia, de conformidad con los dispuesto en este capítulo, serán por tiempo determinado o a plazo fijo, y que los mismos terminarán sin ninguna responsabilidad para el Estado al cesar en sus funciones.[…]” Si bien, el dictamen antes transcrito analiza el caso de los interinos en el Régimen del Servicio Civil, la distinción entre interinos comunes e interinos sustitutos, se ajusta a la realidad de cualquier régimen laboral, en el Estado costarricense, en el caso en particular del Poder Judicial ocurre lo mismo. En el caso de marras, note el Juzgador que el actor no gozó de nombramientos continuos, siempre se daban múltiples interrupciones que hacían que la relación laboral de interinazgo se iniciara siempre de cero, a falta de su continuidad, lo cual, de acuerdo a lo antes dicho, configura una relación por tiempo determinado, supuesto no contemplado en los artículos 28 y 29 del Código de Trabajo. Aunado a lo anterior debe tenerse presente que los discontinuos nombramientos que se le hacían al actor, por lo general, fue en carácter de sustituto interino, ya sea porque el titular se iba de vacaciones o se incapacitaba, por ello se le ocupaba cuando se daban esas circunstancias que por su naturaleza hacía que sus nombramiento no se caracterizaran por la continuidad. A ello se agrega que tampoco cumplía el actor con el requisito de despido injustificado, en primer término, porque tratándose de los nombramientos discontinuos que caracterizaron la relación laboral del actor, tal y como se ha explicado con anterioridad, su duración es limitada, temporal, por lo que su finalización no es propiamente un despido sino el acaecimiento del plazo corto por el cual era nombrado. En este caso, una vez terminado el interinazgo, no era posible pensar en nombramientos más largos o continuos porque el actor no cumplía con los requisitos del puesto, lo cual consta en autos en oficios N° 4888-98, de fecha 3 de abril de 1998, y el N° 4611-98 emitidos por la Secretaría de la Corte, los cuales citan el oficio N° 345-DE-AL 98 del 17 de marzo del 1998. A estos documentos los Juzgadores no le dieron la importancia y el valor que como prueba los mismos merecen, cometiendo error de derecho con infracción de las leyes relativas al valor de los elementos probatorios (artículos 318 inciso 3), 330, 368, siguientes y concordantes del Código Procesal Civil), negándosele el valor que como prueba documental dichos oficios poseen. Por eso el fallo se encuentra en contradicción o violación de ley, ya que quebranta los numerales 28 y 29 del Código de Trabajo y los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, los cuales obligan a la Administración Activa de conformidad con lo dispuesto por Ley. Al haber ordenado tanto el Juzgado como el Tribunal el pago del auxilio de cesantía, así como el preaviso, impone a la Administración actuar contra legem, es decir, en contradicción con lo estipulado en la Ley. Tomar la relación del actor como una relación por tiempo indefinido, sería no sólo actuar contra legem, sino incurrir en un enriquecimiento sin causa.El hecho de que el señor S.S. haya ocupado varios puestos, durante varios períodos, no es motivo para pensar que el interinazgo iba a ser una situación indefinida, por el contrario, corresponde a una situación determinada únicamente para un período corto, para llenar necesidades momentáneas, circunstanciales, que se presentan cada vez que surge una necesidad de esas, a tal punto que si en una de esas circunstancias el actor no podía o no cumplía la obligación laboral, por la discontinuidad del servicio que prestaba, simplemente decía no puedo. Toda esa situación era conocida por el actor antes. II.ACUSA ESTA REPRESENTACIÓN ADEMÁS ERROR DE HECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA (595 INCISO 3 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL). Esta Representación ha venido manteniendo la tesis de que ha habido una errónea apreciación de la prueba, violando de esta manera las disposiciones referidas a la aplicación de las reglas de la sana crítica (330 y concordantes del Código Procesal Civil). Yerran los Juzgadores de Primera y de Segunda Instancia al valorar la prueba que consta en autos, pues cambian el verdadero sentido de la misma, deduciendo de ella cosas que no dicen, como pro ejemplo, la continuidad de la relación laboral del accionante. Con ello modifican el contenido de la prueba, definiendo incorrectamente la relación laboral como indefinida, a pesar de que la prueba es clara en señalar que ha sido una relación de interinidad con constantes interrupciones, por períodos cortos cada nombramiento y con lapsos por lo general interruptores de un nombramiento a otro. A partir del 22 de noviembre de 1993 y hasta el 21 de diciembre de 1997 el actor, fue ocupando puestos interinos sustitutos y comunes, DE MANERA INTERRUMPIDA, hasta el cese de funciones (ver certificaciones emitidas por el Poder Judicial en Oficio N°2457-C-99, de fecha 17 de setiembre de 1999 y oficio N°2456-C-99 que certifica, los diferentes puestos, diferentes personas que sustituyó el actor, los motivos de la sustitución, por lo menos en el período 1996 a 1997, los cuales fueron presentados ante el Tribunal de Trabajo.En el mismo sentido la contestación de la demanda y el folio 3 del expediente judicial). A pesar de que consta en autos prueba que demuestra que sus interinazgos no fueron continuos, que hubo interrupciones y que el actor, -al momento del cese y en otras oportunidades-, ocupó puestos como interino sustituto (de acuerdo al sentido dado líneas arriba), por lo que los Juzgadores tanto de Primera como de Segunda Instancia no tomaron en cuenta que la relación laboral era siempre por tiempo determinado y con base en ello no se podía conceder los extremos de preaviso y auxilio de cesantía previstos en el Código de Trabajo. Manifiestan los Juzgadores que al renovar el Estado los nombramientos interinos, impidió al empleado prestar servicios a otro patrono, lo cual NO se puede inferir de la prueba que consta en autos, al actor por las constantes interrupciones que se daban en sus nombramientos, no es cierto que ello le impidiera prestar servicios con otro patrono. Su relación con el Poder Judicial nunca fue continua, así que no estaba obligado a permanecer en espera siempre a ser llamado.Otra cosa es que el actor por su propia voluntad no laboraba o buscaba donde prestar servicios con otro patrono de manera continua, pero esa era su decisión; y no puede ser achacable a mi Representado. El actor,y cualquier ciudadano, es completamente libre de aceptar o no aceptar el trabajo en las condiciones en que se lo dan.En este caso, el actor conocía de antemano que el tipo de nombramiento ofrecido por el Poder Judicial en las diferentes oportunidades era por períodos cortos y en sustitución del titular.Si él lo aceptaba de esa forma, no era porque estaba obligado, pues eran nombramientos no relacionados con el anterior, a veces en diferentes oficinas, sustituyendo a diferentes titulares. III.INCONGRUENCIA INTERNA. Existe además una incongruencia interna en la sentencia que se impugna, en virtud de que por un lado los Juzgadores reconocen la falta de continuidad en la relación laboral y por otro consideran la relación como una sola. Una relación laboral es continua o discontinua, pero no se puede aceptar que se reconozca en el fallo que se solicita casar interrupciones y que por otro se manifieste la continuidad del servicio. Por ello resulta improcedente e incorrecto lo resuelto por los Juzgadores de Primera y Segunda Instancia. VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY POR OTORGAMIENTO INDEBIDO DE INTERESES. A lo largo del proceso esta Representación ha manifestado la prescripción de las sumas que por intereses cobra el actor, fundamentando las argumentaciones en la normativa prevista en el Código Civil.Tal y como se transcribió en la relación de hechos, el Tribunal de Trabajo, en la sentencia que se impugna, rechaza las argumentaciones dadas por esta Representación, manifestando que a la prescripción de los intereses, en materia laboral no le es aplicable lo dispuesto en el numeral 870 del Código Civil, sino lo dispuesto en el artículo 602 del Código de Trabajo, por ser norma especial. Sin embargo, debe tomar en cuenta el Juzgador que el otorgamiento de los intereses se realizó con base en el artículo 1163 del Código Civil.En lo que interesa la resolución del Juzgado respecto a este punto indicó: “D) DE LOS INTERESES:Estos se conceden sobre esa suma adeudada, desde la fecha de su despido sea, el 16 de noviembre de 1997 y hasta su efectivo pago, al tipo de cambio fijado para los depósitos a seis meses plazo en colones del Banco Nacional de Costa Rica, según lo preceptuado en el artículo 1163 del Código Civil.Respecto a la tasa de interés aplicable, conviene hacer ciertas anotaciones.En la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica N°7558 del veintisiete de noviembre de 1995, el artículo167 inciso h) reforma entre otros, el numeral 497 del Código de Comercio, que dicta a partir de entonces:“artículo 497. (…) Interés legal es el que se aplica supletoriamente a falta de acuerdo, y es igual a tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica, para operaciones en moneda nacional y a la tasa prime rate para operaciones en dólares americanos./Las tasas de interés previstas en este artículo podrán utilizarse en toda clase de obligaciones mercantiles incluyendo las documentadas en títulos valores.”Sin embargo, la mencionada ley Orgánica no reformó ni derogó el artículo 1163 del Código Civil, que ordena:“artículo 1163.Cuando la tasa de interés no hubiere sido fijada por los contratantes, la obligación devengará el interés legal, que es igual al que pague el Banco Nacional de Costa Rica por los certificados de depósito a seis meses plazo, para la moneda de que se trate.”Ahora bien, considerando que la reforma del artículo 497 del Código de Comercio se aplica específicamente al tipo de relaciones regidas por esa normativa, se sostiene el criterio de que los intereses devengados por las obligaciones de orden laboral, deben cuantificarse con las tasas dispuestas por el numeral 1163 transcrito.[…]” En el caso que nos ocupa no podría pensarse que los intereses son un rubro de naturaleza laboral, pues la misma normativa (Código de Trabajo) no la contempla, de hecho para el otorgamiento de los mismos el Juzgado recurre al Código Civil. En esta tesitura, si el otorgamiento de los intereses se da con fundamento en el Código Civil, las reglas que los rigen deben ser las mismas – las del Código Civil-, no otras. El artículo 602 del Código de Trabajo, si bien regula lo dispuesto para la prescripción en materia laboral, lo cierto es que esa prescripción será únicamente para el reclamo de derechos laborales y los intereses escapan de ese ámbito. Además la prescripción alegada de los intereses no lo fue en el sentido que interpreta el Juzgador. La prescripción fue opuesta al reconocérsele de manera retroactiva intereses no por prescripción de la acción como tal, sino porque el reconocimiento retroactivo de los mismos perjudica a mi Representado en el sentido de que a parte de ese período de acuerdo a las reglas del Código Civil están prescritos. Por ello debe revocarse la resolución también en cuanto al reconocimiento retroactivo de intereses, para que en la eventualidad no se reconozcan los períodos de intereses ya prescritos. VIOLACION A LA LEY EN CUANTO A LA CONDENATORIA EN COSTAS A pesar de que esta Representación ha demostrado litigar con evidente buena fe, haciendo uso de los mecanismos técnico jurídicos para una defensa técnica efectiva, han hecho caso omiso en la valoración de la actividad desplegada por la Procuraduría. Observe esa honorable S., que en la interposición del Recurso de Apelación, en calidad de representante Estatal, alegué la obligada aplicación del artículo 222 del Código Procesal Civil, pues, se cumplen todos los supuestos para eximir en costas al Estado. No obstante, el Tribunal omite hacer toda consideración en torno a nuestros alegatos encausados en ese sentido y se limita a corregir el error material que se evidencia en la resolución de Primera Instancia (N° 2073, de las trece horas veintiún minutos del treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve). Tal actuación denota una defectuosa fundamentación de la sentencia, y violenta el derecho que tienen las partes de recibir pronunciamientos respecto a todos y cada uno de los aspectos que sometan a la decisión del Órgano Jurisdiccional, tal y como lo exigen los artículos 27 y 41 de la Constitución Política, el 98 y 155 del Código Procesal Civil. En vista de la omisión del Tribunal, solicito que esa S. valore la actuación a lo largo del proceso y aplique los supuestos del artículo 222 del Código Procesal Civil, a fin de lograr eximir en costas a mi Representado, de acuerdo con lo que la jurisprudencia ha indicado: “…al vencido se le puede eximir del pago de costas cuando el juez estima que se dan los presupuestos establecidos en el artículo 222 del Código Procesal Civil.” Con base en lo expuesto, habiendo demostrado la evidente buena fe con que se ha litigado, solicito eximir en costas a esta Representación. PETITORIA. Solicito casar la sentencia N° 449 del Tribunal de Trabajo, Sección Primera, de las ocho horas cincuenta y cinco minutos del diecinueve de junio de dos mil, para que en su lugar se declare sin lugar en todos sus extremos la demanda interpuesta y se condene en costas al actor, o en su defecto se exima de las costas a esta Representación.".

6. -

   En los procedimientos se han observadolas prescripciones y términos de ley.

   R.M. van der L.E.; y,

   CONSIDERANDO:

   I.-

   La personera estatal, impugna la sentencia Nº 449, del Tribunal de Trabajo, Sección Primera, del Segundo Circuito Judicial de San José, dictada a las 8:55 horas, del 19 de junio del 2000.Reclama, en primer lugar, que se haya condenado a su representado a cancelar el preaviso y el auxilio de cesantía; lo cual, en su criterio, violenta el principio de legalidad, por cuanto el actor se desempeñó interinamente y en forma discontinua, por lo que no puede considerarse que su relación fuese a plazo indefinido, como erróneamente lo estimaron los juzgadores de instancia, en virtud deun error de hecho, en la apreciación de la prueba.Además aduce que, la relación laboral, no finalizó por despido, sino por el mero vencimiento del plazo del nombramiento interino, el cual no se pudo prorrogar en virtud de que se modificaron los requisitos necesarios para ocupar el puesto de guarda; los cuales, el demandante, no cumplía, según se desprende de los oficios emitidos por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, que figuran en los autos, en cuya valoración se incurrió en error de Derecho.En segundo lugar, se muestra disconforme porque se condenó al Estado a cancelar los intereses legales, desde la fecha del despido y hasta el efectivo pago de las sumas adeudadas; quebrantándose, de ese modo, la normativa que sobre la prescripción de los intereses contiene el Código Civil (cuerpo legal con base en el cual se concedieron los intereses), al aplicarse el artículo 602 del Código de Trabajo, el cual, según sostiene la personera estatal, se refiere únicamente a los derechos laborales.Por último, acusa una defectuosa fundamentación de la sentencia, en lo que se refiere a las costas, pues, pese a que en el recurso de apelación se solicitó la exención en costas, con base en el artículo 222 del Código Procesal Civil, por haberse litigado de buena fe, se omitió hacer cualquier pronunciamiento al respecto.

   II.-