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Sentencia nº 13321 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 30 de Septiembre de 2005

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PonenteAdrián Vargas Benavides
Fecha de Resolución30 de Septiembre de 2005
EmisorSala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
Número de Referencia05-012235-0007-CO
TipoSentencia de fondo
Clase de AsuntoRecurso de amparo

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las diezhoras y tres minutos del treinta de septiembre del dos mil cinco.

Recurso de amparo interpuesto por E.S.M., cédula deidentidad número 400600239, contra la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Resultando:

  1. -

    Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las dieciséis horas y cuarenta y seis minutos del veintidós de Septiembre del dos mil cinco, el recurrente interpone recurso de amparo contra la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA y manifiesta lo siguiente: que es contratista del Ministerio de Educación Pública para el transportes de estudiantes, habiendo obtenido esa condición por licitación pública -N.51-2003-. Que la Procuraduría General de la República emitió el dictamen C.231-2005 de 21 de junio de 2005, que estima afecta sus derechos patrimoniales como contratista, puesto que, conforme al contenido de ese dictamen, al tenor de lo establecido en la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores, la regulación del transporte de estudiantes le corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y no al Ministerio de Educación y, la tarifa debe ser fijada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y no por el contrato entre las partes. Estima violentados los derechos patrimoniales derivados del referido contrato y el principio de legalidad. Solicita la Sala disponga la suspensión de los efectos del referido dictamen.

  2. -

    El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

    Redacta el Magistrado V.B.; y,

    Considerando:

    ÚNICO: el recurrente acude ante esta Sala para combatir el dictamen emitido por la Procuraduría General de la República C-231-2005, en tanto estima lesiona sus derechos patrimoniales derivables del contrato suscrito con el Ministerio de Educación Pública para el transporte de estudiantes; sin embargo, se limita a hacer especulaciones sobre la aplicación -a su caso concreto- del referido dictamen, lo que no demuestra haya acontecido, razón por la cual no existe una relación de causalidad entre la emisión del referido dictamen y la afectación de sus derechos patrimoniales. El contrato que el recurrente dice haber suscrito con el Ministerio de Educación Pública, -que no acompaña con el escrito de interposición-, se rige por los términos del contrato y lo dispuesto por la Ley de la Contratación Administrativa y su reglamento y, la inconformidad que el recurrente pueda tener en relación con lo que resuelva el Ministerio de Educación Pública dentro de esa relación contractual, es un asunto de mera legalidad que deberá discutir en sede administrativa y, eventualmente, ante la jurisdicción contencioso administrativa y no ante este Tribunal, que limita su intervención a la tutela de los derechos fundamentales de los habitantes, los que no se encuentran comprometidos en el caso que expone el recurrente, en que la Procuraduría General de la República ha emitido, conforme a las competencias que le otorga su ley orgánica, un dictamen que, como se indicó, no se acreditó se le hubiera aplicado al recurrente, sin definir previamente la condición contractual suya con el Ministerio de Educación Pública. Por lo expuesto, el amparo resulta inadmisible y así debe declararse.

    Por tanto: Se rechaza de plano el recurso.

    Luis Fernando Solano C.

    Presidente Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B.

    Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.

    Fernando Cruz C. Teresita Rodríguez A.

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