5 razones que sepultaron el proyecto de empleo público
El 27 de julio pasado, 15 funcionarios de alto rango de la Universidad de Costa Rica enviaron un documento a las autoridades de la institución con una propuesta casi insólita: pedían que le recortaran los pluses salariales que ellos disfrutaban.
Funcionarios como el economista Pablo Sauma o el científico José María Gutiérrez solicitaban que las anualidades del 5,5% que gozan, disminuyeran a un 3%.
Lo decían con justa razón: la institución autónoma ejemplifica una de las mayores disparidades en el pago de incentivos del sector público. Otras instituciones tienen anualidades menores, de un 1,94% sobre el salario base.
Justamente durante enero sindicatos, diputados y Gobierno ' destrozaron ' un proyecto de ley que pretendía regularlas, y que bautizaron -con inexactitud- como 'Ley de empleo público' . Era, más bien, un texto que pretendía ordenar pluses como las anualidades, dedicaciones exclusivas o los pagos por regionalización de los trabajadores de todas las instituciones públicas, excepto los bancos del Estado.
El proyecto no logró ver la luz en el Plenario, 'falleció' el 27 de enero, cuando el Ejecutivo desconvocó la iniciativa entre oficialistas que alegaban afectaciones a la paz social del país. ¿Qué argumentos sostuvieron las voces antagonistas que derribaron el texto? Aquí cinco de ellas.
Bajo impacto en déficit fiscal
El martes 24 de enero de este año el sindicalista Albino Vargas pidió a los diputados desenmarcar la discusión del texto de 'empleo público' del debate fiscal.
'Discutir el tema del empleo público contaminado con lo fiscal, es inviable', afirmó.
Paradójicamente, el marco fiscal del que aparentaban querer desligarse fue su mayor contrargumento al texto. El mantra de los opositores era que su impacto en el déficit fiscal era ínfimo.
Era cierto: la contralora general Marta Acosta había advertido a los diputados que el proyecto -para el caso del Gobierno Central- tendría un impacto de menos del 0,05% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, un recorte de ¢13.500 millones, frente a un déficit fiscal de ¢1,38 billones.
Empero, fuera del Gobierno Central, el ajuste habría significado hasta un 1% del PIB: ¢270.700 millones. No habría tenido un impacto en el déficit, pero sí habría generado un ahorro en las finanzas públicas globales.
A pesar de ello, la discusión también fracasó por el marco discursivo en el que estuvo inmersa.
'Destrocen ese proyecto y desnuden las verdaderas intenciones de lo que se describe (...) eso...
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