Sentencia nº 00124 de Tribunal de Casación Penal de San Ramón, de 18 de Marzo de 2010
| Ponente | Víctor Alfonso Dobles Ovares |
| Fecha de Resolución | 18 de Marzo de 2010 |
| Emisor | Tribunal de Casación Penal de San Ramón |
| Número de Referencia | 08-001156-0332-PE |
| Tipo | Sentencia de fondo |
| Clase de Asunto | Recurso de casación |
Exp: 08-001156-332-PE
Res: 2010-00124
TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN PRIMERA, San Ramón, a las dieciséis horas cinco minutos del dieciocho de marzo de dos mil diez.
RECURSO DE CASACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra S., cédula de identidad xxx, por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY DE ADULTO MAYOR, en perjuicio de O.I. en la decisión del recurso, los Jueces A.A.C., V.A.D.O. y J.A.T.F.. Se apersonan en casación, el licenciado O.G.Z., defensor público de la imputada y el licenciado V.J.V.V., representante delMinisterio Público.
RESULTANDO:
I.-
Que mediante sentencia de manera oral número 142-2009 de las quince horas con treinta y nueve minutos del cuatro de noviembre de dos mil nueve, el Tribunal de Juicio del III Circuito Judicial de Alajuela, resolvió: "POR TANTO: Se declara a S. autora responsable del delito de Infracción a la Ley de Protección del A.M. y se condena a un mes de prisión, aplicándole el beneficio condicional de la pena por un plazo de tres años, advirtiéndole a la imputada que en caso de cometer delito doloso con pena de más de seis meses se le revocara el beneficio y deberá descontar la pena impuesta. En este debate no hubo acción civil resarcitoria, ni bienes en comiso así tampoco prueba material para destruir. El juicio se llevo a cabo en una audiencia.Carolina A.C.. Auxiliar Judicial".
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Que contra el anterior pronunciamiento el licenciado O.G.Z., defensor público de la imputada, interpuso recurso de casación.
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Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 464 bis del Código de Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de casación.
4- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.
Redacta el voto de mayoría el Juez de Casación Alpízar Chaves; y
CONSIDERANDO:
I.-
En el primer punto de su recurso el señor Defensor alega falta de correlación entre acusación y sentencia, indicando que con ello se han infringido los artículos 365 y 369 inciso h) del CPP. Sostiene que en la acusación se le atribuye a la imputada el haber tomado a la ofendida de la andadera y el brazo con el fin de golpearla, lo que estima no se ajusta a la descripción que contiene el tipo penal que finalmente se aplicó. Por su parte la sentencia tuvo por cierto que su representada inmovilizó a la denunciante al tomarla de la andadera y el brazo, cuando la inmovilización nunca fue acusada y ni siquiera mencionada por la testigo de cargo. En el segundo motivo de su impugnación alega incorrecta aplicación del artículo 58 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor e inaplicación de los artículos 191 y 193 del CP. Partiendo de que la sentencia tiene por cierto que la imputada inmovilizó a la denunciante al sujetarla de la andadera y el brazo, señala que ello no encaja en el citado artículo 58 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, pues la norma requiere una acción que produzca un menoscabo de la integridad física. Respecto a la inmovilización sostiene que tal conducta se ajusta más a lo dispuesto en el artículo 193 CP. Respecto a los motivos invocados pide se absuelva a su representada. Se conocen conjuntamente los reclamos.Se declara con lugar. Si bien es cierto que la resolución cuestionada es omisa en cuanto a las razones por las cuáles se estima que la conducta acreditada ingresa dentro de la previsión típica del artículo 58 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (en lo sucesivo LIPAM), en lo cual lleva razón el voto de minoría, no obstante resulta ineludible, como cuestión previa, resolver la queja interpuesta por el impugnante, quien sostiene que el hecho probado no es típico. En tal aspecto nos apartamos del voto de minoría propuesto por el juez informante, el cual opta por anular en virtud de la falta de fundamentación, pues atenta contra los principios de seguridad jurídica y de economía procesal el remitir la causa para su nueva sustanciación si efectivamente los hechos no son constitutivos de delito. Igualmente discrepamos de la posición de nuestro compañero, en el tanto estima que la conducta contemplada en el artículo 58 LIPAM es o debe ser tratado como un hecho preterintencional, en lo cual no estamos de acuerdo. Conforme a lo dicho el primer paso es establecer cuál es la conducta sancionada por el artículo 58 LIPAM, posteriormente confrontarla con el hecho que se tuvo por acreditado en sentencia y eventualmente, de considerarse que el hecho no ingresa dentro de tales previsiones, verificar si es susceptible de ser recogida por alguna otra figura delictiva. 1) El artículo 58 de la Ley 7935 indica: "ARTÍCULO 58 Agresión física. Será sancionado con prisión de uno a tres meses quien ejerza contra una persona adulta mayor, una acción u omisión que produzca, como consecuencia, el menoscabo de su integridad física, cuando los daños no lleguen a determinar algún tipo de incapacidad" (letra negrita en el original). Partiendo de que el concepto de conducta engloba tanto la acción como la omisión, podría indicarse que la conducta castigada es menoscabar la integridad física de un adulto mayor, agregando el legislador que tal figura es de aplicación «cuando los daños no lleguen a determinar algún tipo de incapacidad». Pudiendo desprenderse del contexto, pues la norma no es clara, que por «daños» no debe entenderse la afectación a una cosa (art. 228 CP), sino el «menoscabo a la integridad física» y que la incapacidad aludida es el término utilizado en los tipos penales de lesiones, sea para el trabajo o labores habituales. De tal manera que cuando se produzca algún tipo de incapacidad para el trabajo o labores habituales resulta obligatorio, por disposición expresa del legislador, aplicar el respectivo tipo de lesiones que recoja la conducta concreta; lo anterior podría conducir a que cuando la incapacidad sea menor a cinco días el hecho se juzgue conforme a la contravención de lesiones levísimas (art. 380 CP), con lo que un mayor desvalor de injusto implicaría la incongruencia de una pena menor. Sin embargo, respecto a la definición de la conducta castigada en el artículo 58 LIPAM, la anterior previsión legal únicamente nos permite señalar que, desde la perspectiva del legislador, la misma se encuentra relacionada con los delitos de...
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