Sentencia nº 1741 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 22 de Octubre de 2014

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Ponente	Yerma Campos Calvo
Fecha de Resolución	22 de Octubre de 2014
Emisor	Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
Número de Referencia	14-000625-0007-CO
Tipo	Sentencia de fondo
Clase de Asunto	Acción de inconstitucionalidad

/ Exp: 14-000625-0007-CO Res. Nº 1741002014 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las dieciséis horas treinta minutos del veintidós de octubre de dos mil catorce. Acción de inconstitucionalidad interpuesta por HANY FAHMMY, pasaporte No. 96474, de nacionalidad egipcio-canadiense, privado de libertad, en contra de la jurisprudencia dictada por el otrora Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José relacionada con los derechos a contar con un traductor y a recibir asistencia consular. Intervienen, también, en la acción EL JUEZ COORDINADOR DEL ENTONCES TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICAL DE SAN JOSÉ y LA PROCURADURA GENERAL DE LA REPÚBLICA. RESULTANDO: 1.- Por memorial presentado en la Secretaría de la Sala a las 16:16 hrs. de 17 de enero de 2017, H.F., solicitó que se declare inconstitucional la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José relacionada con el derecho a contar con un traductor y a ser asistido consularmente. Tocante a la admisibilidad, señaló que posee un proceso pendiente de resolver en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, específicamente, un proceso de revisión, bajo la sumaria No. 01-000041-0016-TP. Afirmó, que en dicho proceso se invocó la inconstitucionalidad de la jurisprudencia en cuestión. En cuanto al fondo, en primer término, consideró EXPEDIENTE N° 14-000625-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 inconstitucional la jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José referente al derecho a contar con un traductor. Acusó, que las Sentencias Nos. 1014-2006 de las 11:00 hrs. de 27 de septiembre de 2006, 215-2008 de las 14:45 hrs. de 6 de marzo de 2008, 474-2009 de las 10:05 hrs. de 8 de mayo de 2009, 361-2010 de las 09:00 hrs. de 7 de abril de 2010 y 1229-2011 de las 11:10 hrs. de 21 de septiembre de 2011 violentan lo dispuesto en el numeral 8°, punto 2°, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14, punto 3°, inciso f), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Afirmó, que, a través de dichas sentencias se han relativizado los derechos al debido proceso y a la defensa que deben sustentar toda sentencia de condena. En concreto, alegó que en tales sentencias se relativiza el derecho a contar con un traductor dentro del proceso penal, dependiendo que el imputado comprenda bien el idioma en el que se juzgará, trasladándosele a éste último la obligación de solicitarlo. Adujo, que lo anterior se lleva a cabo de tal forma, pese a que es un deber del Estado proporcionar tal traductor sin restricción alguna. Aseveró, que, de conformidad con lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos, el contar con un traductor es un derecho que tiene el imputado cuando su idioma natural no es el español o bien, cuando no lo entiende correctamente. De otra parte, el promovente cuestiona que algunas sentencias del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José violentan el derecho a la asistencia consular. Adujo, que las Sentencias Nos. 1067-2010 de las 14:00 hrs. de 13 de septiembre de 2010, 1330-2010 de las 16:00 hrs. de 11 de noviembre de 2010 y 1054-2011 de las 16:00 hrs. de 18 de agosto de 2011, vulneran lo estatuido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, propiamente el numeral 36, punto 1°, inciso b) y lo señalado, sobre el particular, por la Sala Constitucional en el Voto No. 4057-2012 de las 08:30 hrs. de 23 de EXPEDIENTE N° 14-000625-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 marzo de 2012 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva No. OC-16/99, al supeditar el derecho de asistencia consular a la solicitud previa del imputado o su defensor, cuando, más bien, el encartado tiene derecho a ser, previamente, informado de esa garantía. Estimó, que se debe declarar inconstitucional la jurisprudencia cuestionada para que se garanticen los derechos a la defensa y al debido proceso de los extranjeros sometidos a un proceso penal en los términos citados de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Solicitó que se declare con lugar la presente acción de inconstitucionalidad. 2.- Por resolución de la Presidencia de la Sala de las 15:57 hrs. de 18 de febrero de 2014, se le dio curso a la acción de inconstitucionalidad y se otorgó audiencia a la Procuraduría General de la República y al Tribunal de Casación Penal. 3.- Por memorial presentado en la Secretaría de la Sala el 12 de marzo de 2014, O.V.R., en su condición de J.C. del entonces Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, contestó la audiencia conferida. Afirmó, que el accionante no lleva razón en cuanto a sus alegatos de fondo. Indicó, que las resoluciones que invoca el interesado no limitan el derecho a contar con la asistencia consular o con traductor en los casos en que no conozca el idioma del país. Explicó, que lo que sucede en este caso es que el imputado, por su larga trayectoria en el país, mostró conocimiento y dominio del idioma aportando una serie de datos que solamente quien domine el español podría suministrar. En todo caso, mencionó que cuando el accionante solicitó la asistencia de un traductor se le proveyó oportunamente. Refirió, que lo mismo ocurrió en los precedentes citados por el interesado, dado que, en todos los casos EXPEDIENTE N° 14-000625-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 conocían el idioma o en el momento en que requirieron la asistencia de un traductor les fue suministrada. Señaló, que lo propio ocurre en cuanto a la asistencia consular, pues cuando la misma fue requerida se suministró. Solicitó que se rechace la presente acción. 4.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 18:21 hrs. de 13 de marzo de 2014, A.L.B.E., en su condición de Procuradora General de la República, contestó la audiencia conferida. En primer término, en cuanto a la admisibilidad, indicó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y lo señalado por la Sala Constitucional en abundante jurisprudencia, no se puede afirmar que, para el presente asunto, concurra la cantidad de resoluciones necesarias para que proceda su análisis ±al menos en el tema del derecho a la información sobre asistencia consular±, ni, tampoco, que exista una línea jurisprudencial en el sentido que el accionante reclama. En cuanto a la jurisprudencia del derecho a la asistencia consular, indicó que el accionante cuestionó tres resoluciones del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José (Nos. 1067-2010, 1330-2010 y 1054-2011), partiendo del supuesto cuantitativo mínimo ±establecido por la Sala±, para considerar como tendencia jurisprudencial un criterio reiterado. Señaló, que, curiosamente, el promovente no expuso en su legajo de queja de inconstitucionalidad los extractos literales de cada resolución que sustentan su argumento, sino que se limitó a transcribir en exclusiva una parte del Voto No. 1330-2010, propiciando la creencia ficticia que los demás pronunciamientos reiteran lo ahí dicho. Agregó, que de las tres sentencias citadas, la No. 1067-2010 reviste una particularidad de suyo interesante, cual es ser un pronunciamiento emanado directamente del proceso que da pie a la acción, por obedecer a un procedimiento de revisión incoado a favor del accionante. Adujo, que ésta última EXPEDIENTE N° 14-000625-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 condición ±por mandato de ley e interpretación reiterada del Tribunal Constitucional (resoluciones Nos. 5416-2003 y 6849-2005) imposibilita la interposición de una acción de inaplicabilidad en su contra, convirtiéndola de inútil uso para el cumplimiento del requisito de admisibilidad y, por consiguiente, acarreando la inexistencia de una ³corriente jurisprudencial inconstitucional´que vulnere el derecho a la asistencia consular. En consecuencia, explicó que de las tres sentencias que utiliza el promovente para sostener su acción, al descartar la No. 1067-2010 por los motivos que anteceden, únicamente dos, sea, las Nos. 1330-2010 y 1054-2011, serían el soporte real del argumento de inaplicabilidad, supuesto que, como se dijo, resulta inadmisible y, por ende, improcedente. No obstante, indicó que se referiría a las dos restantes sentencias. En lo tocante a la Sentencia No. 1330-2010 de las 16:00 hrs. de 11 de noviembre de 2010, señaló que se trata de un recurso de revisión de un ciudadano colombiano de apellidos R.C., quien alegó violación del otrora inciso g) del artículo 408 del Código Procesal Penal por no haber contado con asistencia consular. Explicó, que el Tribunal de Casación Penal concluyó que, a tenor de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la asistencia consular no sólo es facultativa, si no a petición de parte interesada y en el caso concreto, la presencia del cónsul no fue gestionada. Asimismo, indicó que se no señaló el vicio que dicha ausencia haya provocado. En cuanto a la Sentencia No. 1054-2011 de las 16:00 hrs. de 18 de agosto de 2011, manifestó que se trata de un recurso de casación presentado en favor de un ciudadano, también de origen colombiano, alegándose la violación de la citada Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Sostuvo, que, sobre el particular, el Tribunal de Casación Penal, luego del análisis de la Convención aludida y reconociendo la omisión en que se incurrió, concluyó lo siguiente: ³(«) No obstante lo anterior, ningún derecho humano es absoluto y las formas no son EXPEDIENTE N° 14-000625-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 fines en sí mismas sino que obedecen a una razón ulterior. Si esa razón ulterior se cumple o no se viola, el respeto por las formas aisladamente consideradas pierde razón de ser. El derecho a que se le informe a la persona extranjera de la posibilidad de comunicarse con su cónsul tiene como propósito facilitarle mecanismos de defensa en el marco de un Estado al que es ajena la persona a juzgar y que, por eso, pueden resultarle difíciles tanto el manejo de sus normas como de sus prácticas jurídicas y costumbres. Si este derecho de defensa se garantiza plenamente y no se observa que, de modo alguno, se halla irrespetado, mal haría con decretarse nulidades procesales, al margen de que el Estado pueda asumir algún tipo de responsabilidad internacional. En el presente asunto, si bien M.U. es colombiano y no consta que fuera informado de ese derecho, tampoco consta que se le haya violentado, de forma alguna, su derecho de defensa («) Es más, el encartado ha sabido que contaba con el derecho de comunicarse con su cónsul desde hace mucho tiempo pues así lo alegó durante el debate, sin que haya pedido hacer ese contacto, de donde deriva su falta de interés y de agravio por dicho alegato («)´. Agregó, que, en apoyo de tal tesitura, se citó la resolución de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia No. 255-2008 de las 09:04 hrs. de 28 de marzo de 2008, que sobre el tema dispuso: ³ («) No obstante, en este caso concreto, no se observa que la falta de una gestión en ese sentido, le causara algún agravio al justiciable, pues por el contrario, contó con una defensora particular que actuó en resguardo del derecho de defensa que le asistía, tutelándosele adecuadamente el debido proceso(«) No se constata ninguna situación que evidencie que la asistencia consular que echa de menos la recurrente, hubiera resultado determinante para variar el resultado del proceso («)´. Argumentó, que, vistos los pronunciamiento, se acota que en ambos casos el criterio emitido por el Tribunal se fundamentó en la desaparición de la EXPEDIENTE N° 14-000625-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 antigua postura procesal de la nulidad por la nulidad misma, exigiéndose la demostración del agravio como la medida del interés por un resultado. Sostuvo, que el referido agravio debe de rechazarse de cara al hecho que la cantidad de resoluciones que soportan el punto de opinión del accionante es exigua y por tanto, no es posible afirmar una línea jurisprudencial sostenida que cumpla con los requerimientos de ley. En lo tocante a la jurisprudencia relativa al derecho de traductor, indicó, en primera instancia, que, siguiendo lo dicho supra, se debe de eliminar del análisis la Sentencia No. 474-2009 de las 10:05 hrs. de 8 de mayo de 2009, por tratarse de un recurso de revisión formulado por el propio accionante ante el Tribunal de Casación Penal. Con respecto a las cuatro restantes sentencias, realizó una serie de manifestaciones tendentes a determinar la existencia o no de una línea jurisprudencial. Con respecto a la Sentencia No. 1014-2006 de las 11:00 hrs. de 27 de septiembre de 2006, indicó que consiste en un procedimiento de revisión interpuesto en favor de J. nativo de Hong Kong. Explicó, que para rechazar sus pretensiones, ante el reclamo de la ausencia de traductor, el citado Tribunal concluyó que ni el demandado ni su defensor hicieron gestión alguna para que se le nombrara intérprete por desconocer el idioma español y que si determinaron algún perjuicio lo pudieron plantear en cualquier estado del juicio. Apuntó, que en dicho asunto se citó el artículo 424 del Código Procesal Penal atribuyéndosele a la parte una contribución a la formación del vicio, así como la convalidación por su inercia. Manifestó, que este caso tiene una particularidad singular, ya que, el propio Tribunal, mediante resolución No. 1323-2005 de las 11:15 hrs. de 16 de diciembre de 2005, procedió a realizar la respectiva consulta preceptiva de constitucionalidad. Indicó, que la Sala Constitucional, en el Voto No. 08490-2006 de las 14:00 hrs. de 14 de junio de 2006, en su parte dispositiva resolvió, sobre el particular, lo siguiente: ³(«) b) la falta de nombramiento de un EXPEDIENTE N° 14-000625-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 intérprete en la audiencia establecida en el artículo 385 del Código Procesal Penal, no lesiona el debido proceso del imputado, si ello fue consentido por el interesado, aunque tácitamente, al no hacer las alegaciones del caso en el momento oportuno. («)´. En cuanto a la Sentencia No. 215-2008 de las 14:45 hrs. de 6 de marzo de 2008, explicó que se trata de un recurso de casación interpuesto por la defensa de A.R. del país de Tuvalu. Sobre el particular, indicó que el Tribunal dispuso lo siguiente: ³(«) Respecto de la queja por no haberle designado defensor y traductor en el acto de la detención no se observa vicio alguno, pues el proceso aún estaba en sede policial («) Posteriormente se le nombró defensor y traductor y en el proceso pudo ejercer sus derechos y ser debidamente representado por el licenciado M., de tal forma que en las actuaciones procesales no hubo vicio alguno que haya causado indefensión al encartado y que produzca ineficacia alguna . No constituye ningún vicio que el mismo abogado le pueda servir de traductor al encartado como ocurrió en la audiencia preliminar («)´. Apuntó, que de dicha resolución se puede destacar la conclusión a la que arriba el Tribunal de Casación, al considerar que no existe vicio si el propio abogado de confianza sirvió de traductor y el acusado no hizo objeción alguna durante el proceso. En lo tocante a la Sentencia No. 361-2010 de las 09:00 hrs. de 7 de abril de 2010, señaló que la misma obedece a un recurso de casación presentado por la defensa del encartado (quien es menor de edad y de nacionalidad jamaiquina). Sostuvo, que el Tribunal de Casación Penal, en aras de proteger los derechos del imputado, procedió a subsanar un defecto, cual fue la entrega al endilgado del texto de la sentencia condenatoria en español, cuando el condenado no hablaba ni entendía dicho idioma. De otra parte, en lo que respecta a la Sentencia No. 1229-2011 de las 11:10 hrs. de 21 de septiembre de 2011, manifestó que se trató de un procedimiento de revisión, interpuesto a favor de un EXPEDIENTE N° 14-000625-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 costarricense, indígena bribrí, condenado por los delitos de violación calificada. Explicó, que ante los reclamos del condenado de no haber contado con un intérprete durante la indagatoria ni en la audiencia preliminar, el Tribunal de Casación indicó que el acusado comprendía el español y que declaró algunos aspectos muy personales, que solamente habiendo entendido el idioma lo hubiera podido hacer. Luego de analizar las referidas sentencias, concluyó -al igual que lo dicho en el apartado de la asistencia consular-, que la citada articulación argumental debe rechazarse por inadmisible. Señaló, que si bien el requisito cuantitativo básico establecido por la Sala ±tres resoluciones mínimo±, se cumple en el caso del derecho al traductor, no se desprende del estudio de las cuatro mencionadas sentencias un criterio unísono y reiterado por parte del Tribunal de Casación Penal en referencia a lo indicado por quien acciona. Sostuvo, que dicha circunstancia afirma la aseveración concerniente a la inexistencia de una predilección jurisprudencial atinente a lo reclamado. Indicó, que, pese a lo dicho sobre la inadmisibilidad de la acción, resulta menester emitir algunas nociones propias de los derechos en cuestión. Sobre el derecho a un traductor, apuntó que diversas son las normas que consagran el derecho de todo detenido a ser asistido ±dentro de un proceso penal±, por una persona entendida en su lengua materna. Refirió, que su regulación normativa ±sea doméstica o internacional±, proviene de la necesaria protección del sujeto indiciado de contar ±de manera asequible±, con todos los recursos posibles a efecto de ejercitar plenamente su derecho de defensa. Manifestó, que dicho beneficio judicial ha sido consagrado ±a nivel internacional±, en múltiples instrumentos de carácter convencional, entre éstos, los siguientes: La Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8, punto 2, inciso a), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14, punto 3, inciso f), la Convención Europea de Derechos Humanos conocida, también, EXPEDIENTE N° 14-000625-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 como el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 5°); así como en diversos cuerpos normativos de inferior rango, como lo es la Directiva No. 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en procesos penales, como parte del debido proceso. Apuntó, que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se establecen una serie de garantías judiciales mínimas para el cumplimiento de un proceso justo y apegado a derecho. Sin embargo, indicó que esta aseveración no implica, necesariamente, que todas éstas siempre deban darse para intuir que un proceso fue debido; es decir, la aplicación o no de algunas de estas garantías se condiciona por las circunstancias propias y características de cada caso en concreto. Explicó, que esta condición de concesión no es un aspecto antojadizo ni una apresurada conjetura, sino que obedece a que algunas de aquellas (las garantías judiciales), consagran en sí circunstancias que condicionan su ejercicio. Indicó, que tal es el caso del derecho que nos atrae, en donde los mismos instrumentos internacionales (Convención Americana sobre Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), han restringido su otorgamiento a una circunstancia en particular, sea, la incomprensión por parte del endilgado del idioma empleado por el despacho judicial. Afirmó, que dicha supeditación no vulnera el derecho en escrutinio. Esto, indicó, en primer lugar, por cuanto nace del mismo derecho convencional analizado y segundo, porque resultaría, incluso, económicamente perjudicial para un Estado nombrar de manera inmediata y oficiosa ante la detención de cualquier sujeto un traductor o intérprete, ya que, el derecho no es automático si no que debe existir la necesidad de su uso. Mencionó, que en este sentido no se vulneraría el derecho de defensa ante la ausencia de un traductor o intérprete en el proceso EXPEDIENTE N° 14-000625-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 penal: 1) Si la persona detenida comprende el idioma del despacho judicial, 2) si ese defecto no condujo a un perjuicio grave para los intereses del endilgado y 3) si la persona consintió ±expresa o tácitamente±de tal falencia. Señaló, que dicha tesitura ha sido acogida por Tribunales europeos, tal es el caso del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal de España, el cual mediante resolución No. 709-2013 del 10 de octubre del 2013 indicó lo siguiente: ³(«) para que se produzca una indefensión derivada de un defecto a la tutela judicial con relevancia constitucional y consecuente vicio del proceso no es bastante con que aparezca en la causa una infracción de mera forma, sino que es preciso que alcance realmente a causar una efectiva indefensión material porque impida al interesado hacer alegaciones y defenderse o ejercitar su derecho de contradicción en un proceso. No es el nombramiento o no de interprete para un acusado extranjero la cuestión que pueda suscitar y dar la medida de la indefensión, sino el de conocimiento real por el interesado de la lengua en que el proceso se siga de tal modo que está imposibilitado de conocer de lo que se le acusa, de comprender lo que se diga, y de expresarse él mismo en forma que pueda ser comprendido sin dudas, bien entendido que la mera condición de extranjero no conlleva la necesidad de interprete si el acusado comprende y maneja con fluidez y soltura más que suficiente nuestro idioma (STC de 20 de junio de 1994 (RTC 1994, 181) («)´. Por último, señaló como relevante el contenido del apartado No. 21 de la Directiva No. 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 20 de octubre de 2010, el cual consise en la exigencia a todos los estados miembros "(...) de un un procedimiento o mecanismo para determinar si el sospechoso o acusado, habla y entiende la lengua del proceso penal y si se requiere la asistencia de un intérprete. Este procedimiento o mecanismo implica la comprobación adecuada por parte de la autoridad competente, incluso consultando al sospechoso o EXPEDIENTE N° 14-000625-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 acusado, de si la persona en cuestión habla y entiende la lengua del proceso penal y si requiere la asistencia de un intérprete («)´. En lo que corresponde al derecho de asistencia consular, indicó que éste se consagra de manera expresa en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, específicamente en el numeral 36, punto 1°, inciso b). Refirió, que dicho precepto resguarda dos aspectos fundamentales: 1) El deber correlativo del Estado receptor (quien detiene al individuo), a informarle al endilgado la existencia de este derecho y facilitarle todos los medios necesarios a efecto de que tal comunicación consular se dé y 2) el derecho de todo individuo detenido ±fuera de su país de origen±, a comunicarse ±sin retraso alguno desde el momento de su detención±, con la oficina consular competente de su país. Manifestó, que el primer aspecto ha sido objeto de discusión en múltiples ocasiones, por cuanto, se consideraba que la frase consagrada en el inciso b) ³si el interesado lo solicita´, facultaba a los Estados a no informar ni otorgar dicho derecho de manera oficiosa, sino, únicamente, cuando la parte lo solicitara. Apuntó, que propiciaba ±a causa de la interpretación literal del texto±, la creencia que el ejercicio de tal garantía era facultativo y a solicitud de parte. Sostuvo, que dicha situación conllevó a la presentación de diversas demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Justicia por la eventual violación a tal precepto. Señaló, que ante tal panorama, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a raíz de la consulta interpuesta por los Estados Unidos Mexicanos en fecha 9 de diciembre de 1997 (relacionada con las garantías judiciales mínimas y el debido proceso en el marco de la pena de muerte, impuesta judicialmente a ciudadanos mexicanos a quienes el Estado receptor no había informado de su derecho a comunicarse y a solicitar la asistencia de las autoridades consulares del Estado de su nacionalidad), previo a emitir su opinión, dio audiencia a los Estados Parte para que se EXPEDIENTE N° 14-000625-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 pronunciaran al respecto. Explicó, que Costa Rica, en dicha oportunidad, argumentó, en lo que interesa, lo siguiente: ³ («) el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares confiere al detenido extranjero el derecho a conocer su derecho a la comunicación consular; el artículo 14 del Pacto Internacional citado incluye los derechos conferidos al detenido por el artículo 36.1.b); el Estado receptor no está exento, en ninguna circunstancia, de notificar al detenido de sus derechos, porque en caso contrario, este último no contaría con medios adecuados para preparar su defensa;(«)´. Señaló, que en igual oportunidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ±en su presentación ante la Corte±, ratificó los términos de su escrito de observaciones de fecha 30 de abril de 1998 y añadió: ³(«) la notificación al detenido de su derecho a la notificación consular debe efectuarse sin demora alguna y que no admite excepción, el texto del artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares reconoce que la etapa previa al juicio en todo proceso penal es una etapa crítica en la que el acusado debe estar en condiciones de proteger sus derechos y de preparar su defensa; el deber de notificar al extranjero detenido sobre su derecho al acceso consular está vinculado con una serie de garantías fundamentales que son necesarias para asegurar trato humano y juicio imparcial,« por lo que la carga de la prueba recae entonces sobre dicho Estado, en razón de lo cual debe demostrar que el debido proceso fue respetado y que el individuo no fue privado arbitrariamente del derecho protegido; («)´. Manifestó, que, luego de las consultas de los Estados que participaron y de la respectiva deliberación, el 1° de octubre de 1999 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva No. 16/99, texto que trajo claridad en la interpretación del numeral 36, punto 1, inciso b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, indicando al respecto en el parágrafo 82 lo EXPEDIENTE N° 14-000625-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 siguiente: ³(«) 82. Los derechos mencionados en el párrafo anterior, que han sido reconocidos por la comunidad internacional en el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión, tienen la característica de que su titular es el individuo. En efecto, el precepto es inequívoco al expresar que ³reconoce´los derechos de información y notificación consular a la persona interesada. En esto, el artículo 36 constituye una notable excepción con respecto a la naturaleza, esencialmente estatal, de los derechos y obligaciones consagrados en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y representa, en los términos en que lo interpreta esta Corte en la presente Opinión Consultiva, un notable avance respecto de las concepciones tradicionales del Derecho Internacional sobre la materia («)´. Indicó, que, en ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que la comunicación consular tiene un doble propósito, sea, el derecho de los Estados de asistir a sus nacionales a través de las actuaciones del funcionario consular y, en forma paralela, el derecho correlativo del que goza el nacional del Estado que envía para acceder al funcionario consular con el fin de procurar dicha asistencia. Agregó, que la citada corte fue enfática en la obligación del Estado Receptor, primero de informar al detenido la existencia del derecho a contar con asistencia consular y segundo, de notificar sin dilación la detención del mismo al Estado que envía. Lo anterior, señaló, bajo los siguientes términos: ³(«) En consecuencia, para establecer el sentido que corresponde dar al concepto ³sin dilación´, se debe considerar la finalidad a la que sirve la notificación que se hace al inculpado. Es evidente que dicha notificación atiende al propósito de que aquél disponga de una defensa eficaz. Para ello, la notificación debe ser oportuna, esto es, ocurrir en el momento procesal adecuado para tal objetivo. Por lo tanto, y a falta de precisión en el texto de la Convención de Viena sobre EXPEDIENTE N° 14-000625-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Relaciones Consulares, la Corte interpreta que se debe hacer la notificación al momento de privar de la libertad al inculpado y en todo caso antes de que éste rinda su primera declaración ante la autoridad («)´. Manifestó, que la citada corte, además de otorgar los derechos de información y notificación consular de manera intrínseca a la persona interesada, reafirmó esta postura indicando que el ejercicio de tal derecho únicamente estaba limitado por la voluntad del individuo, al oponerse expresamente a cualquier intervención consular: ³ («) Como se desprende del texto, el ejercicio de este derecho sólo está limitado por la voluntad del individuo, que puede oponerse ³expresamente´a cualquier intervención del funcionario consular en su auxilio. Esta última circunstancia reafirma la naturaleza individual de los referidos derechos reconocidos en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares («)´. Apuntó, que como correlatos más importantes de la mencionada Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 16/99, destaca el mecanismo de prelación de actos que acontecen luego de la detención de una persona extranjera. Así, explicó que corresponde en primer término al Estado receptor informar sin dilación al detenido de su derecho a asistencia consular; el detenido goza del ejercicio de su libre albedrío en decidir si la desea o no y, posteriormente, si su deseo es obtener dicha asistencia, le atañe al Estado que recibe dar el traslado a la oficina consular. Finalmente, manifestó que, en criterio de ese Órgano Asesor, la presente acción de inconstitucionalidad debe ser rechazada por inadmisible. 5.- Los avisos de ley de la presente acción fueron publicados en los Boletines Judiciales Nos. 67, 68 y 69 de los días 4, 7 y 8 de abril de 2014. 6.- Por resolución de la Presidencia de la Sala de las 13:46 hrs. de 7 de mayo de 2014, se tuvo por contestadas las audiencias conferidas a la Procuraduría General de la República y al Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito EXPEDIENTE N° 14-000625-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Judicial de San José y se turnó el presente proceso al Magistrado a quien por turno le correspondía. 7.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley. Redacta la Magistrada Campos Calvo; y, CONSIDERANDO: I.- SOBRE LOS PRESUPUESTOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADAS EN CONTRA DE JURISPRUDENCIA. Sobre el particular, este Tribunal Constitucional, en el Voto No. 14087-2013 de las 13:30 hrs. de 23 de octubre de 2013, señaló lo siguiente: ³ («) En cuanto al objeto de impugnación de los procesos de inconstitucionalidad,el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece cuáles son los supuestos en los que cabe la acción de inconstitucionalidad. Por su parte, de conformidad con el artículo 10 de la Constitución Política en relación con el artículo 74 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, este Tribunal no es competente para ejercer un control de constitucionalidad de los actos jurisdiccionales del Poder Judicial. Sin embargo, a la luz de lo establecido en el artículo 3 de ese mismo cuerpo normativo, esta S. se encuentra facultada para ejercer control de constitucionalidad sobre la Jurisprudencia, en el tanto ésta sea entendida como la reiteración de un criterio jurídico emanado de los Tribunales de Justicia a través de una pluralidad de sentencias, y que resulte contrario al derecho de la Constitución. Al respecto, esta S. ha utilizado un criterio restrictivo en relación con la admisibilidad de las acciones en las que se impugna la interpretación judicial, pues en primer término, se ha indicado que la jurisprudencia debe ser comprendida como la reiteración de fallos emitidos por las Salas de Casación y por la Corte Plena, cuando ejerce funciones jurisdiccionales; los cuales inciden en el resto de los administradores de justicia, situación que no se presenta en el EXPEDIENTE N° 14-000625-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 caso de los jueces de primera instancia. Sin embargo, la acción puede superar el juicio de admisibilidad, aún cuando se impugne jurisprudencia dictada por un Tribunal que no sea de casación, cuando por la naturaleza del asunto no sean de conocimiento de esa instancia. De esta manera, se ha admitido la impugnación de la interpretación jurisprudencial de los Tribunales de Justicia, siempre que concurran ciertos requisitos, a saber, que el órgano jurisdiccional que emitió la jurisprudencia sea el Tribunal que en última instancia deba conocer de esos asuntos; y siempre que el accionante aporte al menos tres resoluciones con las cuales se constate la efectiva existencia de fallos que siguen una misma línea jurisprudencial y no de actos jurisdiccionales concretos ajenos al control de constitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución Política. Por lo tanto, solo es admisible la revisión de la constitucionalidad de aquella pluralidad de sentencias emitidas por las autoridades jurisdiccionales cuya reiteración de un determinado criterio jurídico, pueda ser utilizada como fuente no escrita del ordenamiento jurídico para la resolución de otros asuntos aun no resueltos («)´. (El destacado no forma parte del original). (Véanse, en similar sentido, las Sentencias Nos. 5981-1995 de las 15:51 hrs. de 7 de noviembre de 1995 y 1168-2014 de las 14:30 hrs. de 29 de enero de 2014). De este modo, a la luz de lo dispuesto en el ordinal 3° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la mayoría de esta S. ha exigido, como criterio de admisibilidad de acciones de inconstitucionalidad formuladas contra jurisprudencia, el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) que se invoque el criterio de un solo órgano jurisdiccional que emita resoluciones en última instancia; b) que se citen, al menos, tres resoluciones donde se constate una misma línea o criterio jurisprudencial y c) que se invoque la vulneración a preceptos o principios constitucionales. II.- De igual forma y, de especial relevancia para efecto de resolver el presente proceso, resulta oportuno destacar que este Tribunal Constitucional, en EXPEDIENTE N° 14-000625-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 cuanto a criterios de admisibilidad, ha sido enfático en señalar la improcedencia de citar como parte de la jurisprudencia, resoluciones dictadas dentro del mismo asunto base que se invoca en el proceso de inconstitucionalidad. Así, esta jurisdicción, en el Voto No. 6849-2005 de las 09:55 hrs. de 1° de junio de 2005, dispuso lo siguiente: ³ («) I.- Improcedencia de la acción de inconstitucionalidad contra la jurisprudencia impugnada. El personero de la sociedad accionante impugna la jurisprudencia de una de las secciones del Tribunal de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, y el artículo 556 del Código de Trabajo. Sobre el primer aspecto de la acción, esta S. ha resuelto en forma reiterada que en las acciones de inconstitucionalidad que se dirijan contra una determinada jurisprudencia debe demostrarse al menos tres resoluciones que reiteren el criterio impugnado. En este sentido, hay jurisprudencia que puntualmente establece que: "No basta según lo ha resuelto reiteradamente esta S. en su jurisprudencia que existan múltiples resoluciones en un mismo sentido para considerar que la misma constituye una línea jurisprudencial. Primero que todo, según lo ha entendido esta S., la misma debe provenir de las Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia, o en su caso de los Tribunales de última instancia, según el artículo 9 del Código Civil. Segundo, debe tomarse en cuenta igualmente, que no se trata de resoluciones que surgen del mismo proceso jurisdiccional o con ocasión de procesos seguidos por o contra el accionante, pues en ese caso, se convertiría a la acción de inconstitucionalidad en un mero instrumento recursivo de agravios contra resoluciones jurisdiccionales ." Sentencia de esta Sala No. 2003-05416. Si bien, el primer supuesto transcrito por la sentencia citada coincide con el caso que nos ocupa, al tratarse de jurisprudencia de una de las secciones del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, no se cumple con el segundo requisito transcrito, lo cual en criterio de la Sala es fundamental. Cuando el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que se tendrá EXPEDIENTE N° 14-000625-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 infringida la Constitución Política, cuando una interpretación o aplicación de las autoridades públicas sea contraria a las normas y principios constitucionales, esto se debe entender que se trata de decisiones -debidamente demostradas por el demandante- dentro de litigios diferentes a las resoluciones dictadas en el asunto que sirve de base a la acción. Dicho de otra manera, no se puede demostrar la interpretación impugnada con decisiones dictadas dentro del mismo asunto base, pues la acción se convertiría en un recurso paralelo dentro del proceso jurisdiccional que le sirve de base. («)´ (El destacado no forma parte del original). Ese mismo criterio, ha sido sostenido más, recientemente, por esta S. en la Sentencia No. 1168-2014 de las 14:30 hrs. de 29 de enero de 2014, bajo los siguientes términos: ³ («) En el caso concreto, los accionantes no cumplen ninguno de los requisitos anteriores, por cuanto, lejos de aportar una línea jurisprudencial de un mismo órgano jurisdiccional, lo que hacen es, en un primer momento aportar citas de varias resoluciones judiciales, de distintas instancias; y posteriormente aportan tres resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo, que no satisfacen los requerimientos dichos. El voto N° 121-2006 del 31 de marzo del 2006 es anterior a la promulgación de la Ley de Notificaciones actual (Ley N° 8687 del 4 de diciembre del 2008) así que no puede tenerse como un criterio vigente. El segundo voto N° 45-2008 del 4 de julio del 2008, por medio de la cual el Tribunal dispuso la anulación de lo actuado por el Juzgado dentro de un incidente de nulidad, es por sí mismo un criterio diferente al impugnado. Finalmente, se cita la resolución N° 56-2012-II del 13 de abril del 2012, que es la resolución que utiliza como caso previo, lo cual para efectos de la acción no podría considerarse como parte de la jurisprudencia. Nótese que los criterios esbozados por el Tribunal en los votos citados son diferentes entre sí, a tal punto que en uno de ellos se utiliza una normativa diferente; otro más bien dispuso la anulación y el otro es la resolución del asunto base. («) cuando la parte accionante solicita se declare la inconstitucionalidad de la jurisprudencia del EXPEDIENTE N° 14-000625-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Tribunal Contencioso Administrativo relativa a la interpretación del Capítulo III de la Ley de Notificaciones y demás artículo (sic) relacionados con el señalamiento de medios para recibir notificaciones, ni ello puede incidir en el caso concreto ±ya resuelto-, y además, en el fondo lo que pretende es atacar las resoluciones jurisdiccionales del caso que alega como base para la presente acción, lo que hace inadmisible la acción presentada. Resulta claro que lo que la parte accionante pretende es utilizar esta vía como un intento de atacar las sentencias concretas que resolvieron el asunto base, para tratar de corregir las resoluciones N°1833 -2011 del Juzgado Contenciosos Administrativo y Civil de Hacienda y N° 56-2012 de la Sección Segunda del Tribunal Contenciosos Administrativo, todo esto, contrariando lo dispuesto en el numeral 74 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Ello se desprende del propio escrito de interposición de la acción, cuando se ataca las resoluciones ya dictadas en el asunto base, y de que, la única forma que esta acción tenga incidencia en el asunto base es que esta S. anule la notificación automática que se realizó en su caso concreto, lo cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley que rige a esta jurisdicción, no corresponde a esta Jurisdicción. Bajo tales consideraciones, resulta procedente declarar inadmisible la presente acción («)´. (El destacado no forma parte del original). III.- DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE ASISTENCIA CONSULAR. INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN POR CITARSE UNA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL ASUNTO BASE E INEXISTIR, CONSECUENTEMENTE, UNA CANTIDAD MÍNIMA DE TRES SENTENCIAS INVOCADAS. El accionante H.F. cuestiona la constitucionalidad de algunas sentencias dictadas en última instancia por el otrora Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José referentes al derecho a la asistencia consular. Particularmente, el promovente aduce que las Sentencias Nos. 1067-2010 de las 14:00 hrs. de 13 de septiembre de 2010, EXPEDIENTE N° 14-000625-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 1330-2010 de las 16:00 hrs. de 11 de noviembre de 2010 y 1054-2011 de las 16:00 hrs. de 18 de agosto de 2011, contrarían lo estatuido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, propiamente el numeral 36, punto 1°, inciso b) y lo señalado, sobre el particular, por la Sala Constitucional en el Voto No. 4057-2012 de las 08:30 hrs. de 23 de marzo de 2012 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva No. OC-16/99, al supeditar el derecho de asistencia consular a la solicitud previa del imputado o su defensor, cuando, más bien, el encartado tiene derecho a ser, previamente, informado de esa garantía. En criterio del accionante, dicha actuación vulnera, flagrantemente, el derecho al debido proceso. No obstante, luego de realizarse un análisis de las sentencias señaladas supra por el promovente, este Tribunal Constitucional no considera que el presente proceso sea admisible en lo que respecta a este extremo. Esto, por las razones que se dirán a continuación. En primer término, debe observarse que la Sentencia No. 1067-2010 de las 14:00 hrs. de 13 de septiembre de 2010, fue dictada dentro del mismo proceso penal que cita el accionante como asunto base de la presente acción de inconstitucionalidad, sea, el No. 01-000041-0016-TP. Específicamente, dicha sentencia del Tribunal de Casación mencionado resuelve un recurso de revisión formulado por el accionante H.F.. Esto hace que ±tal y como claramente se explicó en el considerando II de la presente sentencia±, dicha resolución no pueda ser tomada como parámetro para establecer la línea jurisprudencial pretendida. Concomitantemente, debe de tomarse en consideración que, al excluirse dicha sentencia del elenco aportado por el promovente, únicamente, quedan dos resoluciones sobre el tema de la asistencia consular, incumpliéndose así la cantidad mínima de tres sentencias necesarias y exigidas por esta jurisdicción constitucional para conocer una acción de inconstitucionalidad EXPEDIENTE N° 14-000625-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 formulada contra jurisprudencia, según igualmente se expuso en el considerando I de esta sentencia. Bajo tal orden de consideraciones, la presente acción no merece ser admitida en lo que a este punto corresponde. IV.- DEBIDO PROCESO Y DERECHO A CONTAR CON UN TRADUCTOR. INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN POR CITARSE UNA SENTENCIA DICTADA EN EL ASUNTO BASE Y POR NO EXISTIR UNA MISMA LÍNEA JURISPRUDENCIAL. El promovente, igualmente, acusa de inconstitucional la jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José referente al derecho a contar con un traductor. Específicamente, aduce que las Sentencias Nos. 1014-2006 de las 11:00 hrs. de 27 de septiembre de 2006, 215-2008 de las 14:45 hrs. de 6 de marzo de 2008, 474-2009 de las 10:05 hrs. de 8 de mayo de 2009, 361-2010 de las 09:00 hrs. de 7 de abril de 2010 y 1229 -2011 de las 11:10 hrs. de 21 de septiembre de 2011, dictadas en última instancia por el citado Tribunal, contrarían lo dispuesto en el numeral 8°, punto 2°, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14, punto 3°, inciso f), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al relativizar los derechos al debido proceso y a la defensa que deben sustentar toda sentencia de condena. En criterio del accionante, el citado Tribunal de Casación, a través de dicha jurisprudencia, relativiza el derecho a contar con un traductor dentro del proceso penal dependiendo que el imputado comprenda bien el idioma en el que se juzgará, trasladándosele así a éste último la obligación de solicitarlo, pese a que es un deber del Estado proporcionarlo sin restricción alguna. Una vez revisadas detenidamente las mencionadas sentencias aportadas por el accionante, esta S., tampoco, considera que la presente acción, en cuanto a las mismas, resulte admisible. En primer término, debe observase que el tutelado EXPEDIENTE N° 14-000625-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 incurre nuevamente en el error de citar una sentencia dictada en el referido proceso penal que menciona como asunto base de la presente acción. Se trata, específicamente, de la Sentencia No. 474-2009 de las 10:05 hrs. de 8 de mayo de 2009, dictada por el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, con ocasión de otro recurso de revisión formulado por el promovente H.F. dentro del proceso penal No. 01-000041-0016-TP. N., que el accionante cita la sentencia señalada, a pesar que, recientemente, concretamente, en la Sentencia No. 14087-2013 de las 13:30 hrs. de 23 de octubre de 2013, esta Sala ±al conocer de un proceso de inconstitucionalidad formulado en similares términos±le había aclarado, de modo expreso, lo siguiente: ³ («) Asimismo, se observa, que las resoluciones números 474-2009 del Tribunal de Casación Penal y 946-2003 de la Sala Tercera, también citadas por el actor, corresponden a sentencias dictadas dentro del expediente penal que se cita como base, por lo que en ese sentido, el actor pretende impugnar por esta vía, las resoluciones jurisdiccionales concretas dictadas en su caso concreto, las cuales -en esas circunstanciasno pueden servir como parámetro para establecer la línea jurisprudencial mencionada ( «)´. Así las cosas y, siguiendo, a su vez, lo dicho en el considerando II de la presente sentencia, la referida Sentencia No. 474-2009 debe de ser excluida del presente análisis de constitucionalidad. Ahora bien, otro aspecto que motiva la inadmisibilidad de la presente acción, en lo a que este punto concierne, radica en el hecho que las cuatro sentencias restantes citadas por el promovente no reflejan una misma línea jurisprudencial, según se explicó en el considerando I de la presente sentencia. De la lectura completa y exhaustiva realizada a las Sentencias Nos. 1014-2006 de las 11:00 hrs. de 27 de septiembre de 2006, 215-2008 de las 14:45 hrs. de 6 de marzo de 2008, 361-2010 de las 09:00 hrs. de 7 de abril de 2010 y 1229-2011 de las 11:10 hrs. de EXPEDIENTE N° 14-000625-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 21 de septiembre de 2011, todas del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, no se logra acreditar la efectiva reiteración de un determinado criterio jurídico. Por el contrario, en cada una de éstas el referido Tribunal resolvió de forma distinta lo referente al derecho a contar con un traductor en el proceso penal, tomando como base diferentes fundamentos de hecho y de derecho. Así, a grosso modo, nótese que en la Sentencia No. 1014-2006 de las 11:00 hrs. de 27 de septiembre de 2006, el Tribunal de Casación Penal referido, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 424 del Código Procesal Penal, dispuso desestimar el procedimiento de revisión formulado en virtud de haberse acreditado que ni el demandado ni su defensor hicieron gestión alguna dentro del proceso para que se nombrara un intérprete durante la celebración de la audiencia de conciliación. En la Sentencia No. 215-2008 de las 14:45 hrs. de 6 de marzo de 2008, por su parte, el citado Tribunal de Casación Penal declaró sin lugar el recurso de casación planteado al haberse demostrado que el encartado sí contó con un traductor en el proceso penal seguido en su contra; labor que recayó en manos de su propio defensor. En lo que respecta a la Sentencia No. 361-2010 de las 09:00 hrs. de 7 de abril de 2010, el referido Tribunal, al conocer un recurso de casación, tuvo por acreditada la omisión acusada en favor del imputado menor de edad y, por consiguiente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 8°, punto 2°, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14, punto 3°, inciso f), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 40, punto 2°, inciso b), apartado vi), de la Convención de los Derechos del Niño, ordenó que se nombrara una persona encargada de traducir al idioma inglés varios folios correspondientes a la sentencia dictada en el proceso seguido en su contra. Finalmente, en la Sentencia No. 1229-2011 de las 11:10 hrs. de 21 de septiembre de 2011, el citado Tribunal EXPEDIENTE N° 14-000625-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 de Casación Penal rechazó un recurso de revisión formulado por el imputado, al haberse demostrado que éste último sí comprendió el idioma español durante la tramitación del proceso penal tramitado en su contra, de forma tal que no fue necesaria la designación de un intérprete. En consecuencia, es claro que en esta ocasión no se impugna la reiteración de un criterio jurídico que pueda ser considerado como jurisprudencia formal, sino actos concretos emanados de una autoridad jurisdiccional que, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Constitución Política y 74 de la ley que rige a esta jurisdicción, resultan ajenos al control de constitucionalidad por parte de este Tribunal Constitucional. Así las cosas, dado que lo impugnado a través de esta vía no es una línea de jurisprudencia, sino las actuaciones y resoluciones judiciales dictadas por el otrora Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, lo procedente es declarar inadmisible igualmente este extremo del proceso. V.- COROLARIO. En mérito de lo expuesto, se impone desestimar la presente acción de inconstitucionalidad. POR TANTO: Se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad. G.A.S.P. EXPEDIENTE N° 14-000625-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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Sentencia nº 1741 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 22 de Octubre de 2014

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