Circular nº 030 de Corte Plena, 15 de Marzo de 2018
| Fecha de Resolución | 15 de Marzo de 2018 |
| Emisor | Corte Plena |
CIRCULAR No. 30-2018
Asunto: Política de Justicia Abierta del Poder Judicial.-
A TODAS A LAS INSTITUCIONES, ABOGADAS, ABOGADOS, SERVIDORAS Y SERVIDORES JUDICIALES Y PÚBLICO EN GENERAL
SE LES HACE SABER QUE:
La Corte Plena en sesión No. 10-18 celebrada el 12 de marzo de 2018, artículo XIII, dispuso aprobar la siguiente “Política de Justicia Abierta del Poder Judicial”, que literalmente indica:
“Política de Justicia Abierta del Poder Judicial de Costa Rica
ÍNDICE
1. Antecedentes . 6
2. Marco Normativo . 10
3. Cocreación de la Política . 14
4. Referentes conceptuales . 15
4.1 De Gobierno Abierto a Justicia Abierta 15
4.2 Concepto de Justicia Abierta 15
4.3 Principios de Justicia Abierta 16
4.3.1. Transparencia. 17
4.3.2. Participación. 18
4.3.3. Colaboración. 19
4.4 Temas transversales 19
5. Objetivos y líneas de acción de la Política . 21
5.1 Objetivos 21
5.2 Líneas de Acción 22
6. Factores para la implementación de la Política de Justicia Abierta . 23
6.1 Comisión de Justicia Abierta 23
6.2 Funciones de la Comisión de Justicia Abierta 25
Presentación
El Poder Judicial de Costa Rica fue creado en 1826, por la necesidad de que el Estado contara con un órgano encargado de la importante tarea de administrar la justicia y contribuir a la paz social.
Su función es esencial para la democracia, la fortalece, asegura que las necesidades y demandas de la población sean atendidas adecuadamente, con imparcialidad, de manera que prevalezca el respeto a los derechos de todas las personas que forman parte de la sociedad.
El proceso de construcción del sistema de administración de justicia actual ha exigido un lento perfeccionamiento. No solo se fortaleció la estructura del ámbito jurisdiccional sino que, en una singular propuesta, se incorporaron otras instituciones que cumplen un rol clave en el proceso judicial: la Fiscalía, la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial, entre otros.
De esta sui generis conformación surge una rica experiencia, caracterizada por una destacada labor y continua coordinación institucional. Desde la década del 2000, se ha tenido claro que la administración de justicia presta un servicio público que tiene a la persona usuaria como eje central de su función, lo que ha impulsado un proceso de modernización y mejora continua de su gestión, para brindar servicios de calidad, accesibles y oportunos.
La promulgación de amplia normativa interna de protección de derechos humanos y la suscripción de numerosos instrumentos internacionales para su tutela, la adopción de valores éticos que orientan la labor judicial y el deber de brindar una respuesta adecuada a las cambiantes demandas de la sociedad por medio de una justicia con rostro humano, han impulsado a este Poder de la República a unirse al esfuerzo mundial que promueve la apertura de las instituciones públicas, por medio de los principios de transparencia, participación ciudadana y colaboración. Asimismo, se procedió a dar inicio el proceso para formular una política de Justicia Abierta y a la suscripción, en noviembre de 2015, de la Declaración para la Promoción de un Estado Abierto.
Con el impulso de la Presidencia de la Corte, de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), del personal judicial de todos los ámbitos, de personas representantes de la sociedad civil y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entidad asesora, se co-construyó el marco general de una Política Institucional de Justicia Abierta, la cual abarca todos los niveles judiciales. Con la implementación de esta política se busca que todo el Poder Judicial esté alineado a las condiciones internacionales de un Estado Abierto y constituya un punto de partida para repensar la administración de justicia.
Desde años atrás, diversos sectores y personas dentro de la institución venían desarrollando iniciativas vinculadas a los principios que promueve la Justicia Abierta. Se ha trabajado para fortalecer la transparencia, facilitar el acceso a la información, hacer uso de un lenguaje más comprensible, modernizar los procesos y consolidar la rendición de cuentas, para lo cual las tecnologías de la información han sido de mucha utilidad.
Para la concreción de esta política se tomó en cuenta la Política de Participación Ciudadana del Poder Judicial, aprobada en 2015; además se formuló un plan de acceso a la información y apertura de datos con su respectivo proyecto, se desarrolló un plan inicial con la visión de Justicia Abierta en el proceso de rediseño de los Tribunales de Cartago, entre otras acciones, con el anhelo de articular todas las iniciativas existentes para lograr su mejor desarrollo y mayor impacto.
Así, la Política de Justicia Abierta constituye un paso más hacia la construcción de un Poder Judicial más accesible a la ciudadanía y con las herramientas necesarias para que el sistema de administración de justicia enfrente los retos del Siglo XXI y que agregue valor público en la prestación de sus servicios.
La creación de valor público tiene en su base la construcción de una ciudadanía social, civil y económica más amplia e incluyente, donde la confianza, la apertura y la transparencia se fortalecen a partir de una dimensión del servicio público que tiene como premisa responder a las verdaderas necesidades de las personas usuarias. Para lograr este cometido se requiere una visión orientada a identificar y satisfacer esas demandas, adoptando políticas respetuosas del entorno, con enfoque estratégico y participativas. Desde este enfoque, pertinencia, agilidad y calidad deben caracterizar los servicios y bienes que ofrece el Estado.
En el ámbito internacional la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 169 metas, constituye la hoja de ruta de consenso mundial en pos de soluciones a los problemas más apremiantes del planeta. Algunas metas del Objetivo 16 abordan de manera específica temas relativos a la Justicia Abierta, a saber:
ü 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos;
ü 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas;
ü 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades;
ü 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales;
Otros objetivos también establecen metas pertinentes a los principios de la Justicia Abierta:
ü 9. Aumento del acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países.
ü 17.6 Mejora en la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular; aumento el intercambio de conocimientos y los mecanismos de coordinación mediante la facilitación de la tecnología;
ü 17.18 Mejora en las capacidades para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales;
ü 17.17 Fomento y promoción de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
Se tiene la certeza que con la implementación de la Política de Justicia Abierta se amplía y mejora la forma en que la población puede obtener información sobre el quehacer institucional, lo cual facilita la rendición de cuentas, el debate público y la participación ciudadana. Asimismo se generan espacios de encuentro y canales de comunicación, con el fin de que la ciudadanía asuma un rol activo en el diseño, propuestas y políticas del Poder Judicial. Se le facilitará, por ende, realizar también propuestas de mejora por medio de la rendición de cuentas y la transparencia basadas en el diálogo y la interacción.
1. Antecedentes
Han sido diversas las iniciativas que pueden citarse como representativas de ese proceso, desde la elaboración de un primer Plan Estratégico (2000-2005) centrado en los derechos de las personas usuarias, la creación de la Contraloría de Servicios, la conformación de la Secretaría de Género y la aprobación de la Política de Igualdad de Género, la creación de las Comisiones de Personas Usuarias, así como la constitución de la Comisión de Acceso a la Justicia, conformada por varias subcomisiones que atienden las necesidades de las personas en condición de vulnerabilidad.
Entre otros, el Programa de Justicia Restaurativa, aprobado y declarado de interés institucional por acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial de Costa Rica, el cual responde a objetivos estratégicos tales como, participación ciudadana, disminución del retraso judicial, modernización de las gestión judicial y recurso humano, así considerado mediante acuerdo de Corte Plena N° 38-12, del 05 de noviembre de ese año, artículo XXV.
Todos los esfuerzos se orientan hacia la tutela de los derechos de todas las personas, sin discriminación y al funcionamiento de un sistema de justicia sensible y responsable ante las demandas de la sociedad.
El sistema de justicia es una pieza fundamental para la consolidación y desarrollo de un Estado social y democrático de Derecho, por su labor de verificar que las disposiciones jurídicas se cumplan, aun frente a las agencias del Estado. Por ello, la visibilidad de ese Poder se ha constituido como uno de los atributos esenciales de la democracia, como forma de asegurar que la confianza ciudadana no haya sido transgredida. Es un deber del Poder Judicial transparentar todos sus actos para fortalecer la confianza pública y asegurar...
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