Esta fue la investigación periodística de ‘La Nación’ que ameritó el Premio Pío Víquez
Natasha Cambronero y Esteban Oviedo, periodistas de La Nación, recibieron este martes el Premio Nacional Pio Víquez por su investigación sobre el posible financiamiento paralelo de la campaña del presidente de la República, Rodrigo Chaves, durante las pasadas elecciones.Cambronero y Oviedo revelaron una serie de hechos relacionados con el aparente pago de gastos para la promoción de la candidatura de Chaves desde el fideicomiso privado Costa Rica Próspera, el cual recibió contribuciones de costarricenses, personas jurídicas y un extranjero.Tanto el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como el Ministerio Público (MP) abrieron sendas investigaciones sobre el manejo de fondos en la campaña del ahora mandatario. De hecho, el órgano electoral encontró indicios de un "oscuro" esquema de financiamiento.Estos fueron algunos de los hechos principales revelados por la investigación periodística de La Nación:1. El fideicomiso Costa Rica Próspera, administrado por la sociedad ATA Trust Company, pagó gastos de la campaña de Rodrigo Chaves con el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).Documentación oficial del Banco Nacional (BN) evidencia que este fideicomiso pagó gastos de la campaña de Chaves entre marzo y octubre de 2021, tanto antes como después de que el político resultara electo como candidato presidencial del PPSD.La documentación evidencia que desde esa estructura, creada por Rodrigo Chaves Robles y el banquero Jack Loeb Casanova, se cancelaron facturas por poco más de ¢95 millones.Dicho mecanismo cubrió gastos electorales como el pago del alquiler de la Casa Progreso, sede de la campaña, así como costos de publicidad, servicios profesionales y de vigilancia, viáticos para giras, salarios del personal, alquiler de vehículos, gasolina y mobiliarios de oficina, entre otros.La legislación electoral costarricense establece que los grupos políticos deben tener una única cuenta bancaria registrada ante el TSE y que solo desde ahí se pueden recibir aportes y realizar pagos. La medida permite conocer el origen real de los fondos.Cualquier mecanismo ajeno a ese, sea en periodo electoral o no, es considerado como una estructura paralela de financiamiento, lo cual es castigado con penas de entre dos y seis años de prisión.El Código Electoral, además, establece una pena de dos a cuatro años de cárcel para quien contribuya, done o entregue cualquier otro tipo de aporte, en dinero o en especie, a favor de un partido político por medio de terceras...
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