Estado habría ahorrado ¢514.000 millones en 2017 de haber completado migración a Sicop
La Contraloría General de la República estimó en un monto equivalente al 1,55% de la producción interna (PIB), el ahorro que se obtendría si el 100% de los procedimientos pendientes de contratación administrativa tramitados por otros medios se realizaran en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).En el estudio "Transformación hacia una mayor eficiencia de las compras públicas electrónicas: beneficios y ahorros de la unificación", divulgado este viernes 7 de febrero, el órgano contralor explica los ahorros y beneficios en el uso del Sicop.Según el documento, en el periodo 2017 se generó un ahorro que representa 20,8% del total de compras públicas registradas en Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC) y 0,9% del PIB, durante ese año."Considerando el escenario de incorporar al Sicop en el 2017 el 50% y 100% de procedimientos pendientes de contratación administrativa tramitados por otros medios, el potencial de ahorro estimado con respecto al PIB es de 1,23% y 1,55%, respectivamente", concluyó la Contraloría.En el 2017, cada 1% del PIB fueron casi ¢332.000 millones por lo que el 1,55% equivale a unos ¢514.000 millones. El órgano contralor también observó que en el periodo de 2014 a 2019, los plazos transcurridos en los procesos de contratación que utilizan la plataforma Sicop, son menores en comparación con los procesos que se realizan en otros medios."Los procesos de licitación abreviada tardan hasta 23 días menos y los de licitación pública nacional hasta 89 días menos, desde la fecha de invitación hasta la firma del contrato. Así mismo, el potencial de ahorro que representa una mayor utilización de las modalidades de subasta a la baja y convenios marco, es importante", señala el informe.La implementación de este sistema en el sector público ha sido una larga historia, la cual se inició en el 2010 con el sistema digital Mer-Link.En abril del 2013 hubo un primer intento de la expresidenta, Laura Chinchilla, para que todas las instituciones usaran Mer Link, pero no se logró.Luego, el exdiputado Ottón Solís impulsó una ley que entró en vigencia en setiembre del 2016, la número 9.395, la cual daba un plazo de un año a todas las entidades del sector público para que usaran el sistema digital único, pero poco más de tres años después todavía no se logra.La Contraloría considera como factores clave para potenciar la contratación pública: el ejercicio de la rectoría en el uso de medios electrónicos para uniformar e integrar...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba