Alcalde de Limón Néstor Mattis inicia su tercer periodo con una suspensión de 20 días
El alcalde Néstor Mattis Williams inició su tercer periodo al frente de la Municipalidad de Limón con una suspensión de 20 días sin goce de salario.La sanción se la impuso la Contraloría General de la República, luego de realizarle un proceso administrativo por faltas contra las normas de control y fiscalización de la Hacienda Pública. El jerarca municipal fue investigado por una serie de irregularidades detectadas en la liquidación de gastos de un viaje a China, realizado entre mayo y junio de 2013.Mattis visitó el país asiático para participar en el "Primer encuentro de líderes locales de América Latina para el intercambio de experiencias municipales con los pueblos de China", a celebrarse del 18 al 26 de mayo.Durante el viaje lo acompañaron los regidores Reymond Smith, Ramón Retana, César Augusto Víctor Vélez, Víctor Fernández y María Marta Carballo.La resolución 10684-2015 (DJ-1474) señala que las actuaciones y omisiones del funcionario fueron realizadas con "culpa grave", al violar el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría.En concreto, el órgano contralor indica que el alcalde ordenó la compra de su boleto aéreo en primera clase sin seguir el debido procedimiento y presentó la liquidación de gastos de su representación con posterioridad a la fecha legal.También, señala que omitió la justificación de los gastos liquidados y no detalló información obligatoria.Mattis se limitó a indicar que fueron trece días los cubiertos, pero no incluyó la tarifa diaria ni los porcentajes liquidados. Tampoco consideró la horas de llegada ni salida del destino para la liquidación de gastos ni entregó el itinerario del viaje.Es decir, señala la resolución, no brindó información necesaria que permitiera a la Tesorería Municipal "realizar una revisión acertada y oportuna sobre las sumas erogadas con ocasión del viaje y valorar su procedencia".Su falta, indica la Contraloría, se ve atenuada por ausencia de apercibimiento de la administración, pues nunca se le indicó que debía completar su liquidación. No obstante, agrega, esto no elimina su obligación como funcionario público de cumplir con la normativa sobre uso de los recursos públicos.También se le reclama la compra de un boleto aéreo de clase ejecutiva, mientras el resto de la delegación viajó en clase económica. Su tiquete tuvo un costo de $12.899 (en ese momento, ¢6.513.479), mientras por los cinco restantes se canceló en total ¢7.455.734...
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