APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO Nº 9279-CR SEGUNDO PRÉSTAMO PARA POLÍTICAS DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN FISCAL Y DESCARBONIZACIÓN SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF)
| Fecha de presentación | 08 Diciembre 2021 |
| Número de Iniciativa | 22830 |
| Fecha de publicación | 07 Enero 2022 |
| Tipo de proyecto | PROCEDIMIENTO PROYECTO DE LEY ORDINARIO |
| Autor de la iniciativa | Ejecutivo Poder |
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N.º 9279-CR SEGUNDO
PRÉSTAMO PARA POLÍTICAS DE DESARROLLO PARA LA
GESTIÓN FISCAL Y DESCARBONIZACIÓN SUSCRITO ENTRE
LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO
INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN
Y FOMENTO (BIRF)
PODER EJECUTIVO
EXPEDIENTE N.º 22.830
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
NOTA: A solicitud de la parte interesada, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley.
PROYECTO DE LEY
APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N.º 9279-CR SEGUNDO
PRÉSTAMO PARA POLÍTICAS DE DESARROLLO PARA LA
GESTIÓN FISCAL Y DESCARBONIZACIÓN SUSCRITO ENTRE
LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO
INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN
Y FOMENTO (BIRF)
Expediente N.º 22.830
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
- JUSTIFICACIÓN
Como resultado de la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas -Ley N.° 9635- se tenía estimado controlar el crecimiento del déficit fiscal y de la deuda pública en el mediano plazo. Las proyecciones mostraban un comportamiento favorable del déficit fiscal y del saldo de la deuda pública en los próximos años. En complemento, los créditos de apoyo presupuestario habrían contribuido a reducir la presión sobre el mercado de deuda pública local, lo cual favorecía una reducción de la tasa de interés para el Gobierno y con ello al resto de la economía.
De hecho, las medidas puestas en marcha por el Gobierno para lograr la sostenibilidad fiscal e impulsar la reactivación económica estaban generando los resultados esperados, la economía estaba mostrando una recuperación en el segundo semestre del 2019 e inicios del 2020, y los resultados fiscales posteriores a la implementación de la Ley N.° 9635 fueron favorables y de acuerdo a lo planificado.
No obstante, el panorama económico y fiscal se vio afectado a inicios del 2020 como resultado de la crisis sanitaria internacional originada por el COVID-19. Ante esta situación, las autoridades del país declararon estado de emergencia nacional en todo el territorio mediante Decreto Ejecutivo N.° 42227-MP-S, lo cual se tradujo en medidas (cierre de escuelas, colegios y de sitios públicos, restricciones en la circulación vehicular, en el ingreso y salida del país, tanto para residentes como para no residentes, entre otras), que impactaron a la población y a la economía costarricense, siendo que la actividad económica se contrajo un 4,5% para 2020.
En materia fiscal, al cierre del 2020, el déficit financiero cerró en 8,3% (8,1% si se utiliza la nueva serie de cuentas nacionales) del Producto Interno Bruto (PIB), menor a la cifra proyectada de 9,2% como proporción de la producción nacional. Para el 2020 se registró una caída en los ingresos totales por ¢586.924 millones (1,7% del PIB), lo cual representó un decrecimiento de -10,9% en los ingresos totales respecto al 2019. La caída de los ingresos tributarios durante el 2020 (-11,2%) es la más grande desde la crisis de los años 80, y la cual supera significativamente la caída que se registró durante el 2009 (-6,1%).
Debido a las medidas para mitigar los efectos del Covid-19, el empleo sufrió un impacto significativo durante el 2020. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), desde finales del año pasado y hasta julio del 2021, se ha venido presentando una recuperación paulatina del empleo.
La incertidumbre sobre la severidad y duración de la pandemia afectó directamente las decisiones de inversión y la capacidad de los agentes económicos para hacer frente a sus obligaciones financieras, lo cual se vio reflejado en la desaceleración en las colocaciones de crédito al sector privado. Para el cierre del 2020, el crédito al sector privado mostró un crecimiento interanual nulo, en el 2020 este tipo de crédito tuvo un incremento de apenas 0,1% con respecto a lo observado en el 2019, donde los préstamos en moneda nacional mostraron un aumento de 2,1%, mientras que los préstamos en moneda extranjera experimentaron un decrecimiento del 3,7%, para el mismo periodo de referencia.
Ante los mayores niveles de incertidumbre, muchos agentes económicos podrían resguardar sus inversiones en dólares, provocando una mayor depreciación del tipo de cambio debido al aumento de la demanda de esta moneda, presionando los niveles de inflación que disminuyen la capacidad de los hogares para hacer frente a su día a día. Bajo este contexto, el sector privado podría tender a recortar el gasto de capital, lo cual incrementa la brecha de infraestructura, derivando en una menor competitividad, haciendo al país menos atractivo a la inversión extranjera, arriesgando así el futuro económico con menos producción y menor empleo.
La contracción económica provocó que las bases imponibles de los impuestos se hayan reducido considerablemente, mientras que, por el lado del gasto, el pago por intereses y las políticas emprendidas para mitigar los efectos de la pandemia provocaron que la reducción del gasto no pueda realizarse a la misma velocidad que la caída en ingresos.
A pesar de los resultados al cierre del 2020 mencionados anteriormente, las proyecciones económicas para el siguiente bienio muestran una recuperación. Según anunció el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en su Revisión del Programa Macroeconómico 2021 – 2022, la economía costarricense crecería 3,9% en 2021 y 3,7% en 2022, en términos reales. Las proyecciones del BCCR suponen que, tanto en Costa Rica como en el resto del mundo, continuará el proceso de eliminación de restricciones a la movilidad de personas y bienes y la reapertura comercial. También consideran, como en efecto ha venido ocurriendo, que en este 2021 a nivel mundial se continúe con las campañas de vacunación, lo cual permitirá reducir paulatinamente la tasa de contagio y letalidad por COVID-19, lo cual incidiría en una mayor confianza y optimismo por parte de consumidores, empresas e inversionistas.
Asimismo, las proyecciones también incorporan el ajuste fiscal propuesto por el Gobierno de Costa Rica como parte del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que complementariamente implicaría financiamiento por un monto aproximado de US$1.778 millones y financiamiento de apoyo presupuestario por otros organismos multilaterales, lo que propicia la sostenibilidad de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica y el acceso a fuentes de financiamiento en condiciones más favorables.
El impacto de la crisis activó un plan de financiamiento para mitigar los efectos del COVID-19 sobre la población más vulnerable y que además permitiera cerrar la brecha de ingresos y gastos establecida en el Presupuesto Nacional, para el cual se solicitó la colaboración de organismos multilaterales.
Los empréstitos aprobados durante el 2020 con tal propósito fueron:
a) Ley N.° 9833 “Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), por un monto de US$500 millones.
b) Ley N.° 9846 “Aprobación de los Contratos de Préstamo suscritos entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo, para financiar el Programa de Apoyo Presupuestario con base en Reformas de Políticas para Apoyar el Plan de Descarbonización de Costa Rica”, por US$380 millones.
c) Ley N.° 9895 “Aprobación al Gobierno de la República para la contratación de un crédito por medio del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para apoyo presupuestario en la atención de la emergencia COVID-19”, por US$521,6 millones (369,4 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG)), los cuales proveen recursos de libre...
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