Armas de empresas de seguridad podrían parar en mercado negro
Una serie de mejoras que el Ministerio de Seguridad Pública ha implementado para el control de empresas privadas de seguridad ha provocado que muchas de ellas no renueven las licencias o que sus permisos les sean revocados por incumplimientos.
Lo anterior deja en una especie de limbo más de 7.000 armas de fuego de empresas a las que se les quitaron los permisos, y 1.636 armas de otras que dejaron de laborar en los últimos dos años.
Desde hace cuatro años, la Dirección de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) cuenta con el sistema llamado ControlPas que permite dar seguimiento en tiempo real a todo el armamento de las compañías privadas.
Esa plataforma digital, que también acabó con las enormes filas que se formaban para obtener permisos de portación de armas, tiene interconectado el sistema de datos con instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Trabajo y la Policía de Migración.
Nueva política. Otra medida de control que empezó a regir este año obliga a toda persona o empresa a presentar las armas que tengan registradas, a la hora de renovar permisos. Así lo firmó poco antes de dejar sus funciones el ministro de Seguridad anterior, Gustavo Mata.
Se trata del acuerdo N.° 040-2018-MSP, el cual pone también restricciones importantes a la venta de municiones, de modo que solo las pueden comprar mayores de edad que tengan armas registradas a su nombre. Esa persona solo podrá adquirir balas para el tipo de arma que posee.
A partir de este acuerdo, la persona que venda municiones debe registrar con el nombre y número de cédula a la persona física o al representante legal de la persona jurídica que vaya a adquirirlas.
El ministro de Seguridad, Michael Soto, afirmó que están afinando nueva legislación para intensificar aún más el seguimiento a las armas en manos de empresas privadas.
Las autoridades han determinado que muchas de las armas usadas en esos crímenes entraron lícitamente, es decir, fueron adquiridas por alguien a quien luego se las robaron.
El jerarca de Seguridad, insiste por ello en que el Departamento de Control de Armas y Explosivos debe ser alertado cuando un arma cambia de dueño. 'Si alguien vende un arma, es como si vendiera un vehículo, tiene que existir un registro formal de que cambió de propietario', afirmó.
Yancy Espinoza, de la Fundación Arias para la Paz, considera que el Estado es de los clientes más importantes de la seguridad privada y es de los...
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