Auditorías aún padecen horfandad
Imagine que usted lidera una investigación de los gastos discrecionales de su jefe; que debe vigilar el cumplimiento de las metas en todos los departamentos y corroborar el buen uso de los viáticos que sus compañeros reportaron tras un viaje de negocios. ¿Sería difícil encontrar quien quiera sentarse con usted en la soda de la empresa a la hora del almuerzo?
La tarea de los auditores internos no es fácil y muchas veces no les gana muchas simpatías. Además de velar por el uso razonable de recursos y la eficiencia de las instituciones públicas, los departamentos de auditoría interna deben luchar contra la ausencia de recursos suficientes para llevar a cabo su labor.
Con frecuencia, los jerarcas hacen oídos sordos a sus recomendaciones. Las medidas consideradas urgentes por el auditor quedan postergadas durante años por los responsables.
Inmaduro
Tras casi 10 años de la aprobación de laLey General de Control Internoy casi ocho de la vigencia de laLey de Enriquecimiento Ilícito, los mecanismos de control al interior del enorme aparato público sigue sin haber logrado limpiar la cara de la gestión pública, uno de sus objetivos.
Estas leyes, junto a la reforma del artículo 11 de la Constitución Política estableciendo como obligación del funcionario público la evaluación de su gestión y la rendición de cuentas, vinieron a generar un nuevo marco de control institucional, que incluye el control como una actividad más de la gestión gerencial de cada organismo.
A pesar de ello, falta mucho por andar. Un sondeo entre 28 departamentos de auditoría interna reveló que el 53% tiene un sistema de control interno incipiente o novato. Solo un 10% califica el sistema como diestro o experto, según consta en la Memoria Institucional de la Contraloría General de la República (CGR) para el 2010.
Esta inmadurez quedó reflejada en el Índice de Gestión Institucional, que el ente contralor elaboró en el 2010 para medir la eficiencia en los diversos aspectos del quehacer de las entidades públicas.
Para su elaboración, la CGR recopiló información de 102 entidades estatales, dejando por fuera a las municipalidades, las instituciones supervisadas por las cuatro superintendencias del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y las de menor riesgo.
Hay enormes brechas. Mientras Recope obtuvo 100 puntos en la evaluación que este índice realizó sobre el control interno de cada entidad, el Consejo Nacional Indígena (Conai) apenas sobrepasó los 25 puntos.
De los...
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