Avanza dudoso proyecto de rastreo de licores en Asamblea

Un dudoso proyecto, que obligaría al Ministerio de Hacienda a contratar un millonario sistema de rastreo de licores, avanzó esta tarde en la Asamblea Legislativa con algunos cambios.La iniciativa, presentada por el diputado liberacionista Daniel Ulate, no establece un sistema de financiamiento y continúa con su trámite a pesar de la advertencia de Hacienda de que su implementación les podría costar entre ¢3.365 millones y ¢154.642 millones anuales a los contribuyentes.Debido a esos costos, Hacienda estima que aplicar esos controles impactaría negativamente en las finanzas públicas, debido a que costaría más de lo que se pretende ingresar, a menos que la recaudación de impuestos por este tipo de bebidas suba entre un 31,5% y un 357,5%.Esta tarde, la Comisión de Asuntos Económicos discutió las 52 mociones de fondo presentada hace dos días, de las cuales rechazó 51 y aprobó una presentada por los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), Nielsen Pérez, Paola Vega y Luis Ramón Carranza.Entre las rechazadas destaca una del diputado liberacionista y presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, que proponía dejar a criterio de Hacienda la posibilidad de implementar el mecanismo de control que opera con código de barras y etiquetado de botellas, siempre que se realizaran estudios técnicos que demostraran un beneficio en la relación costo-beneficio.La moción de Benavides fue rechazada por los ocho diputados presentes. Ellos son los liberacionistas Roberto Thompson, Karine Niño y Daniel Ulate; los legisladores del PAC, Paola Vega y Luis Ramón Carranza; los del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pedro Muñoz y María Inés Solís; y Giovanni Gómez, de Restauración Nacional (PRN).No obstante, Benavides tendrá posibilidad de reiterar su propuesta una vez que el texto sea discutido en el plenario, antes de ser sometida a primer debate.En tanto, la moción aprobada con una votación de 7-1, mantiene la obligatoriedad para que Hacienda contrate un mecanismo tecnológico de identificación de bebidas alcohólicas para controlar su importación y producción.Del mismo modo, establecería que, en caso de que ese ministerio "requiera" contratar un proveedor externo del servicio, deberá hacerlo con base en la Ley de Contratación Administrativa con los parámetros de licitación pública, cosa que ya exige la legislación actual.Además, ordenaría excluir proveedores del sistema con antecedentes de corrupción a nivel nacional e internacional, o que esté directa o...

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