BCR cuestionó contratación a dedo de empresa para Toro III
La decisión del ICE y Jasec de contratar una empresa a dedo, para desempeñarse como la unidad ejecutora de la hidroeléctrica Toro III, no pasó inadvertida en el desarrollo de este proyecto de $188 millones (¢105.000 millones).
En octubre del 2010, el Banco de Costa Rica (BCR), en su papel de administrador del fideicomiso que financió la obra, cuestionó la orden de contratar, sin concurso, la empresa Consultores en Infraestructura GIP Ltda., la cual hoy está bajo la mira de los diputados y de la Procuraduría de la Ética, por sus adjudicaciones directas en el ICE.
Pocos días después de que los desarrolladores del proyecto ordenaron la contratación de GIP, el entonces gerente general del BCR, Mario Rivera, solicitó al ICE y a Jasec argumentar de forma 'más amplia y detallada' los motivos por los cuales se debía escoger esa compañía, sin analizar ofertas de otros proveedores. Así consta en el oficio GG 10-648-2010, del cual La Nación tiene copia.
Como administrador de la hidroeléctrica que se levantó en San Carlos, al BCR le correspondía hacer esa contratación.
Ante la petición de Rivera, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) alegaron que los integrantes de GIP ya habían ofrecido sus servicios al ICE y Jasec, que quedaron conformes con su labor.
Además, argumentaron que la firma conocía el proyecto, pues Jasec la contrató en el 2006 para elaborar el diseño y la estructura financiera de la obra.
En efecto, en el 2007, como contratista de Jasec, GIP calculó el monto de los honorarios que, cuatro años después, cobraría como unidad ejecutora.
En el documento entregado a Jasec, la firma recomendó pagar honorarios por $57.075 (¢32 millones) al mes en la etapa preoperatoria y $12.500 (¢7 millones) mensuales durante la fase operativa.
Al final, los desarrolladores acordaron cancelar a la empresa consultora $60.000 (¢34 millones) mensuales durante la primera etapa y $30.000 (¢16,7 millones) mensuales en la segunda, la cual se extendería hasta junio del 2028.
De larga data. GIP fue fundada en el 2005 por la actual directora jurídica del ICE, Julieta Bejarano, y otras cuatro personas, tras dejar la institución para acogerse a una movilidad laboral en el 2004, luego de 32 años de labor.
Ella fue la dueña del 20% de las acciones de la compañía hasta mayo del 2010, una semana antes de ser recontratada por el Instituto para asumir, por segunda vez, el cargo de jefa legal y para...
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