Casa abre nueva puerta a reclusas para su reinserción
Yendry Campos Monge recibió una condena de 20 años por lesiones gravísimas. Desde ese momento, fue recluida en la cárcel Vilma Curling, antes llamada Buen Pastor, en San Sebastián.
Durante su estancia en la prisión, Campos intentó pasar lo más inadvertida posible. 'Lo que hay que hacer es no buscar problemas, no volver a ver a nadie', detalló, al tiempo que admitió que a veces resultaba 'imposible' no involucrarse con lo que sucedía.
Por ello, quería no desaprovechar la oportunidad que se le presentó cuando las autoridades penitenciarias le informaron de que podía cambiar al régimen semiabierto. Es decir, gozaría de su libertad con algunas condiciones (firmar, dormir algunas noches en el Centro de Atención Semiinstitucional, entre otras).
Para hacer efectivo ese traslado, Campos tuvo que haber sido bien portada en prisión y lo fue. Debía tener trabajo fijo y lo tenía. Debía tener ganas de reintegrarse a la sociedad y las tenía. Debía tener un domicilio fijo... y ahí comenzaron los obstáculos.
Su familia vive en Alajuela, pero la persona a la que ella le causó las lesiones también reside en esa provincia. Por ello, un juez le prohibió acercarse a esa zona y, de esa manera, se quedaba sin el domicilio fijo que necesitaba para gozar de esa libertad condicionada.
'Sentí un vacío en el estómago. Me iba a tener que quedar presa, cuando podía haber salido. Yo entiendo que cometí un delito y estoy pagando por ello, pero me quiero reinsertar, quiero volver a la sociedad', comentó Campos.
Sintió que todo estaba perdido; no obstante, apareció en su camino una nueva opción: Casa Paz.
¿Qué es? Se trata de una vivienda, a cargo de la Asociación Siervas del Buen Pastor, que se encargará de acoger a reclusas para apoyarlas, de forma temporal, en su proceso de reinserción social. Es la primera casa que existe con este fin.
Está ubicada en Heredia y fue inaugurada en junio, luego de que el Ministerio de Justicia y la Asociación firmaran un convenio. Ahora, viven nueve reclusas, quienes tampoco contaban con domicilio fijo porque o su familia no las quería de vuelta o un juez les prohibió acercarse a su lugar de residencia, debido a que su víctima vive cerca.
Se intentó conocer el dato de a cuántas privadas de libertad se les ha rechazado el beneficio por no tener casa, pero al cierre de esta nota, Justicia no había respondido a nuestra solicitud.
Un vistazo. Las muchachas que ahora están ahí tienen entre los 28 y 38 años y están bajo un régimen...
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