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CCSS confía a empresa datos de cinco millones de asegurados

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Vincent

Los datos de cerca de cinco millones de asegurados que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) permanecen bajo la custodia de una empresa privada, cuyos servicios le cuestan un monto de $600.000 al año a la institución.

Codisa (Ideas Gloris S. A.) es el encargado del centro de cómputo principal de la Caja. Con esa compañía, se firmaron cuatro contratos consecutivos, el último el 20 de abril.

Este último convenio entrará a regir el 18 de agosto y tiene un costo de $50.000 mensuales, confirmó Robert Picado, subgerente de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Caja.

El servicio fue contratado por un año con posibilidad de prorrogarse hasta por cuatro. Este consiste en albergar los centros de procesamiento con todas las plataformas tecnológicas principales de la CCSS, además de los equipos adicionales que incluyen servidores y sistemas como el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeiss) y el expediente digital único en salud (Edus).

Además, tiene los programas de recursos humanos, de control de suministros, compras y pagos, entre otros.

Con esta firma que ganó la adjudicación se habían concretado antes contrataciones directas, es decir, sin que mediara concurso. Para hacerlo, la Caja requirió de autorización de la Contraloría General de la República, dijo Picado.

Llamada de atención. Según los documentos de la Contraloría, en efecto, la Caja le pidió permiso para extender el plazo de la contratación en dos ocasiones. La última de ellas se dio el 26 de enero del 2016.

En esa solicitud la CCSS solicitó ampliar el contrato por un periodo de 36 meses, bajo el alegato de que en ese momento no se contaba con un sitio alterno para dar continuidad a sus operaciones de Tecnologías de Información y Comunicación por lo que la contratación era vital con el objeto de dar continuidad a los servicios.

La Contraloría solo permitió ampliarlo por 18 meses a un costo total de $900.000, por tratarse de una situación de urgencia, pues en efecto no existía un sitio de respaldo ni se contaba con el tiempo suficiente para un proceso nuevo.

Empero, el ente contralor...

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