CIDH pide informe a Gobierno de Costa Rica por condena civil a periodistas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió al Gobierno de Costa Rica información relacionada con la condena civil de un periodista y un corresponsal de Grupo Nación, que dictó el Tribunal Penal de Goicoechea en enero del 2007.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió al Gobierno de Costa Rica información relacionada con la condena civil de un periodista y un corresponsal de Grupo Nación, que dictó el Tribunal Penal de Goicoechea en enero del 2007.
Con esa gestión, el ente adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) dio trámite a un reclamo presentado por los defensores del Grupo Nación en agosto del 2008, luego de que, a finales del 2007, el Tribunal de Casación Penal confirmó dicha sentencia.
La solicitud de información se envió el 29 de abril; no obstante, la Procuraduría General de la República informó de que la recibió el 6 de mayo. El Gobierno tiene dos meses para responder.
El caso que se juzgó tiene relación con una publicación hecha el 17 de diciembre del 2005 en el periódico La Nación por el periodista Rónald Moya Chacón y el corresponsal Freddy Parrales Chaves. La nota titulada 'OIJ denunció a jefe policial por no detener camión con licores' hizo referencia a una investigación contra un oficial de la Fuerza Pública por incumplimiento de deberes.
En la información se citaron otros casos de oficiales que, según el Ministerio de Seguridad, estaban en investigación. Uno de ellos fue un subjefe de San Vito, de apellido Cruz, quien, según la nota, era objeto de una causa en la Fiscalía.
Tras la publicación, Cruz demandó a los comunicadores y al entonces ministro de Seguridad, Rogelio Ramos, por calumnias y difamación, pues alegó que en su contra no existía ninguna causa.
Los jueces Ana Patricia Mora Arias, Rosa Acon Ng y José Lorenzo Salas absolvieron de toda pena y responsabilidad a los tres querellados, pero, al mismo tiempo, los condenaron al pago de una acción civil resarcitoria de ¢5 millones.
Ante esto, los defensores impugnaron el fallo por considerar que los periodistas ejercieron su derecho a informar y que la sentencia fue contradictoria.
Sin embargo, la Sala Tercera confirmó la sentencia. Posteriormente, la defensa presentó el caso ante la CIDH.
Proceso. La CDIH destacó que la petición del informe al Gobierno no significa la admisión de la queja.
'La solicitud de información no constituye prejuzgamiento con relación a la decisión que la CIDH eventualmente adopte sobre la...
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