CIERRE DE RECOPE, APERTURA DEL MONOPOLIO DE HIDROCARBUROS Y REDUCCIÓN DEL IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES PARA CONTRIBUIR A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
| Fecha de publicación | 21 Abril 2021 |
| Número de registro | IN2021540132 |
| Emisor | Poder Legislativo |
CIERRE DE RECOPE, APERTURA DEL MONOPOLIO DE
HIDROCARBUROS Y REDUCCIÓN DEL IMPUESTO
ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES PARA CONTRIBUIR
A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Expediente N° 22.451
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) hace muchos años dejó de cumplir una función social y económica relevante para el país y, más bien, se ha convertido en una pesada carga para los bolsillos de los contribuyentes.
Desde el año 2011, RECOPE dejó de refinar petróleo y desde entonces, la entidad se dedicó únicamente a importar y distribuir combustibles.[1] La razón para que esto ocurriera era el proyecto de construir una nueva refinería en conjunto con la empresa china CNPC que, luego de varios años y muchas polémicas, terminó convirtiéndose en un negocio fallido que le costó a los costarricenses mucho dinero.
De acuerdo con el Informe que emitió la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa el 27 de abril de 2017, en ese momento se estimó que el impacto que tuvo ese fracasado proyecto fue de, al menos, $67,7 millones sin que exista un solo beneficio para la ciudadanía costarricense: no hubo refinería, no hubo disminución de la dependencia de mercados internacionales, no hubo reducción de precios ni mejora de la calidad y, peor aún, no se ha sancionado a un solo funcionario público por el desaguisado.[2]
Desde entonces y hasta que el Gobierno tomó la decisión de retirarse el proyecto de la refinería se continuaron gastando cerca de $349 mil anuales para mantener a una oficina con 8 funcionarios que no realizaban ninguna labor.[3]
Como si esa afectación a la Hacienda Pública no fuera suficiente, la institución ha otorgado por años privilegios a sus empleados, a través de convenciones colectivas altamente onerosas y que han venido siendo eliminados por la Sala Constitucional por considerarlos desproporcionados e irrazonables como lo demuestra el voto N° 2019-009226 mediante el cual el Máximo Tribunal señala que “(…) Las Convenciones Colectivas de Trabajo se encuentran sometidas al Derecho de la Constitución; así, las cláusulas convencionales, deben guardar conformidad con las normas y los principios constitucionales de igualdad, prohibición de discriminación, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, sobre todo, cuando de fondos públicos se trate, sujetos al principio de legalidad presupuestaria”.
Estos abusos, excesos y mala administración de la Refinadora Costarricense de Petróleo vienen siendo advertidos desde hace mucho tiempo. La Contraloría General de la República, en su informe de fiscalización DFOE-AE-IF-00008-2020, del 17 de noviembre de 2020, encontró serias anomalías en los incentivos salariales otorgados por la entidad: durante 2019 y hasta la fecha, RECOPE ha venido pagando en términos porcentuales algunos conceptos amparados en la Convención Colectiva vigente (2016-2019), como lo son los rubros de peligrosidad, calificación y los reconocidos por la ejecución de trabajos expuestos a altas temperaturas, en alturas mayores de diez metros y por mantenimiento de oleoducto en caliente.[4]
También descubrió que no se ha calculado el monto nominal fijo en el pago de la Anualidad a Profesionales reconocida con sustento en el artículo 156 de la citada Convención; ni la anualidad que otorga con sustento en la Ley N° 2166 -denominada Pasos en el artículo 155 convencional- para la clase no profesional. Asimismo, identificó “inconsistencias en el cálculo de la Carrera Profesional durante 2019, referidas por ejemplo al reconocimiento de puntos y horas de participación siendo de aprovechamiento, y viceversa”.
A esto se le suma la nueva convención colectiva aprobada para el periodo 2021-2024, la cual tendrá un costo anual que ronda los ¢46.129 millones[5] en total para favorecer a 1.800 empleados con sobresueldos del 25% por trabajos en altura o a temperaturas elevadas, permisos con goce salarial por paternidad, subsidio de alimentación en sodas institucionales, pago de la totalidad del salario para funcionarios incapacitados, subsidios para compra de lentes, útiles escolares, citas ginecológicas, entre otros. Para el financiamiento de estos privilegios, los consumidores deberán pagar en promedio ¢3.5 colones más por cada litro de combustible.[6]
Y para colmo de males, en el trámite del proyecto N° 22.384, Ley de aporte solidarios y temporal sobre las utilidades de las empresas públicas al pueblo costarricense para el ajuste fiscal, propuesto por el Poder Ejecutivo, la fracción de Restauración Nacional logró obtener información acerca de que RECOPE no tiene utilidades, sino que más bien presenta pérdidas. Según el oficio N° P-0142-2021 del 12 de febrero de 2021, suscrito por el Presidente Ejecutivo de la entidad, Alejandro Muñoz Villalobos, RECOPE tuvo pérdidas por ¢2.116 millones en 2019, mientras que para el 2020 las pérdidas llegaron a los ¢18.024 millones.
En este sentido, tenemos entonces una refinadora que no refina, que incursiona en negocios fallidos que le costaron a los costarricenses casi $70 millones, que sostiene una planilla de 1.800 empleados a los que, por años, les ha reconocido privilegios salariales desproporcionados e irrazonables que seguirían vigentes de no ser por la interposición de diversos recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, todo lo cual hemos tenido que pagar los costarricenses con tarifas elevadas en comparación con el resto de Centroamérica, como se muestra a continuación:
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Los costarricenses ya no pueden seguir soportando el enorme peso que representa RECOPE para sus bolsillos. Las pifias, los excesos y el sobreprecio ya han sido demasiado y es hora de que tomemos una decisión al respecto: cerrar RECOPE y abrir su monopolio.
Este proyecto de ley plantea precisamente ese cierre a través de la venta de sus acciones y activos y la consecuente apertura del monopolio que, por ley, tiene hoy esa entidad para la refinación, importación y distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados, que comprenden combustibles, asfaltos y naftas, para satisfacer la demanda nacional. El propósito es que varias empresas, nacionales o extranjeras, puedan ingresar al mercado y competir, ofreciéndole mejores condiciones en precio a todos los ciudadanos.
Mientras esta venta se concreta, RECOPE seguirá operando en las mismas condiciones que ha venido haciéndolo, excepto en cuanto al monopolio, de forma tal que tendrá que volverse eficiente para competir, como ya lo han hecho el Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto Nacional de Seguros luego de su apertura como consecuencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
Adicionalmente se propone una reducción del 50% de la tarifa del impuesto único a los combustibles, con el objetivo de compensar las limitaciones a la libre circulación de vehículos impuestas a la ciudadanía en el marco de la atención de la emergencia por el COVID-19 así como para contribuir a la reactivación de la economía.
En la medida que el precio de los combustibles baje, tendremos mayor dinamismo y competitividad en sectores como industrias y transporte, al tiempo que se reducirán los costos operativos de miles de empresas, en especial pequeños y medianos negocios, lo cual les permitirá comenzar a recuperarse de la crisis económica que provocó la pandemia, conservando los empleos existentes y contratando a más personas en la medida que mejore su situación. Además, los consumidores se verán altamente beneficiados porque esa reducción en el impuesto hará que el precio de los combustibles baje y con ello también disminuirán sus gastos, lo que significa que tendrán más dinero en el bolsillo para consumir y satisfacer sus necesidades.
Actualmente, el impuesto a los combustibles representa el 41% del precio final para la gasolina súper, el 40.2% para la gasolina regular y el 27.8% del diésel.[7] De esta forma, una rebaja del 50% de la tarifa del impuesto podríamos incidir de manera importante sobre el precio final de los combustibles.
Tomando como referencia los datos aportados por la Resolución de la Intendencia de Energía N° 0010-IE-2021 del 26 de febrero de 2021, la reducción planteada en este proyecto de ley podría tener el siguiente impacto en los precios de los combustibles que pagamos todos los costarricenses:
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Ciertamente esta reducción impactaría la recaudación del tributo, que en 2019 alcanzó los ¢552.016 y en 2020 fue de ¢436.383 millones, claro está, como consecuencia de la pandemia.[8] También es verdad que 48.6% de los recursos de este impuesto van dirigidos a atender diferentes necesidades como lo son la conservación y mantenimiento de vías nacionales por medio de CONAVI (21.75%). la atención de la red vial cantonal (22.25%), el pago de Servicios Ambientales del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (3.5%), el pago de los beneficios ambientales agropecuarios que realiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería (0.1%), la transferencia al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (1%) y una partida a favor de la Cruz Roja Costarricense.
Sin embargo, con este proyecto las instituciones beneficiadas por este impuesto no se verían perjudicadas, pues la porción que les corresponde no sería la que se deje de percibir, sino que sería la que va para el Gobierno Central. Sin embargo, la afectación que se generaría se compensa por el crecimiento de la actividad económica, el aumento del empleo y una mayor recaudación por concepto de los impuestos de valor agregado y renta, entre otros, por lo que sería un sacrificio temporal similar al que se le pidió a todos los costarricenses del sector privado, cuando vieron reducidos sus ingresos, incluso hasta la mitad, para no perder su empleo en medio de la pandemia.
En virtud de los argumentos aquí planteados, se somete a consideración de los dipu...
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