Comentario al artículo 205 de Ley General de la Administración Pública
| Fecha | 06 Octubre 2022 |
| Autor | Karla María Suárez Baltodano |
| Sección | Ley General de la Administración Pública |
COMENTARIO
Dispone el art. 203 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), que la Administración se encuentra obligada a recuperar plenariamente lo pagado, para reparar los daños causados a un tercero por dolo o culpa grave de su servidor, tomando en cuenta su propia participación en la producción del daño, si la hubiere. De ahí que, el numeral 205 en comentario, lo que trata de regular es la forma en la cual, han de distribuirse internamente las responsabilidades, al momento de ejecutar la denominada "acción de regreso".
Y es que, en estos casos, la duda usual radica en delimitar cuál es el porcentaje o la proporción que debe ser cubierta por cada uno de los autores de la lesión, ya sea que se trate de varios servidores o incluso, si en la conducta antijurídica también se han determinado fallas en el servicio que le son imputables únicamente a la Administración o a servidores que no han formado parte del juicio. Se entiende que, el término juicio hace referencia a aquellos casos en los que el criterio de imputación, se estableció a través de un proceso judicial civil de hacienda, por lo que partiendo de la sentencia allí dictada, corresponde a lo interno del órgano o ente administrativo, la instauración de los procedimientos ordinarios de rigor, a fin de distribuir la carga por la cual a cada interviniente le corresponderá responder.
Ahora bien, la definición de esta proporción, no se trata de un asunto tan simple como una operación aritmética, por medio de la cual se distribuye en partes iguales el monto indemnizado, sino que, para la determinación del quantum, se requiere que previo procedimiento administrativo, se determinen con total claridad, el grado de participación y responsabilidad de cada uno de los autores de la actuación lesiva.
Para tales efectos, le corresponde a los involucrados aportar todos aquellos medios de prueba que permitan establecer la verdad real en cuanto a su participación en el hecho generador de la responsabilidad, de modo tal que, el órgano decisor de la sanción que distribuye la responsabilidad, pueda -en aplicación de las reglas de la sana crítica- valorar en cada caso, aspectos como: "el grado y tipo de participación que tuvo el funcionario en los hechos que generaron la condenatoria, la naturaleza, alcance y volumen de las funciones asignadas, el nivel de responsabilidad, su rango, jerarquía, trayectoria, antecedentes, experiencia, los medios que le proporcionó el cargo, las facilidades,...
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