Comentario al artículo 65 de Constitución Política
| Fecha | 06 Octubre 2022 |
| Autor | Rosa María Abdelnour Granados |
| Sección | Constitución Política |
COMENTARIO
El sentido y alcance de la norma constitucional es que el Estado “promoverá” la construcción de viviendas populares, Ahora bien, de la redacción de la norma se denota que lo dispuesto por el numeral 65 de la Carta Magna constituye un derecho que debe ser desarrollado por el Estado conforme sus capacidades y los medios que estime pertinentes, y no en la entrega directa de casas a las personas, como de forma clara y precisa indica la Sala Constitucional en su resolución n°. 14903, de 01.10.2016.
La obligación de establecer los medios, mecanismos o instrumentos idóneos para la obtención de las condiciones que garantizan una vida digna no puede homologarse con la obligación de suministrarlos directamente. Concretamente sobre la vivienda, el art. 65 de la Constitución Política establece este derecho, que está contenido dentro una norma programática que establece una directriz al Estado para la construcción de viviendas populares. Y aunque la Constitución Política establece la obligación del Estado de promover la construcción de viviendas populares y la justa distribución de la riqueza, esto dista sustancialmente de la obligación de comprar terrenos y adjudicarlos a las personas que carecen de una casa de habitación y de solucionar directamente el problema de vivienda (resolución n°. 9795, de 01.06.2010, de la Sala Constitucional).
Ahora bien, la Sala Constitucional (resolución n°. 13436, de 05.10.2011) está llamada a interpretar los derechos constitucionales en conflicto, partiendo de la premisa de que el Estado como tal debe proporcionar los mecanismos jurídicos para que haya acceso a vivienda digna por parte de la población. Los objetivos del Ministerio de Vivienda y Asentamiento Urbanos, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), y las Municipalidades, pueden compatibilizarse, en el tanto unos como otros nacen de la Constitución Política, para la promoción de vivienda popular y patrimonio familiar del trabajador, así como los convenios internacionales que regulan los derechos económicos, sociales y culturales, y que tienen una estrecha relación con la vivienda digna.
Por lo que es menester señalar que el derecho fundamental a la vivienda no implica el de reclamar, por los mecanismos de garantía de estos derechos, que se suministre una solución habitacional individual e inmediata, ya que la responsabilidad y decisión de destinar una determinada cantidad de recursos públicos a ese fin y de distribuirlos de la manera más equitativa y eficiente posible es, primero que nada, política. Eso sí, dentro del contexto de los programas políticamente establecidos de...
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