Constitucionalista recomienda a diputados que reforma a empleo público abarque a empleados actuales

El abogado constitucionalista, Rubén Hernández Valle, recomendó a los diputados incluir a los funcionarios actuales en los cambios salariales que implicaría la reforma al empleo público que discute el Congreso.Este martes, en una comparecencia ante la Comisión de Gobierno y Administración, Hernández criticó que el plan "solo establece el salario global para los nuevos empleados, eso significa que el efecto fiscal de esta ley será nulo durante los primeros 12 o 15 años, porque van a seguir acumulándose los pluses en favor de los actuales servidores".Aseguró que ha conversado sobre el tema con la ministra de Planificación, Pilar Garrido, quien le dijo que los cambios no afectarían a los trabajadores actuales debido a los derechos adquiridos.Pero según Hernández, este principio no le da fundamento jurídico a los empleados vigentes para continuar en el sistema de pluses salariales."Es un error elemental jurídico y de lógica decir que se tienen derechos adquiridos. El único derecho adquirido que tienen los servidores actuales es que no se les rebaje el monto del salario que devengan al momento de entrar en vigor la ley, pero la forma de calcular los futuros aumentos pueden ser modificados libremente por el legislador"."Por el contrario, pasaría que el legislador solo estaría para dictar nuevas leyes, nunca podría legislar modificando leyes anteriores o derogando, porque siempre habría alguien que alegaría que obtuvo derechos adquiridos al amparo de esa legislación", añadió.El abogado también instó a los diputados a limitar las convenciones colectivas para ciertas instituciones, pues afirmó que la Sala IV ha señalado que las convenciones no proceden en entidades que realizan gestión administrativa directa.De esta forma, según Hernández, estos convenios solo estarían permitidos en instituciones en régimen de competencia, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)."Eso significa que las convenciones colectivas son prohibidas en las municipalidades, en las universidades, en la Caja, en todos los lugares en que han sido fuentes de privilegios, ahí están prohibidas, simplemente es cuestión de aplicar lo que ha dicho la jurisprudencia de la Sala", detalló.En su criterio, los diputados deberían aclarar en un transitorio que las convenciones vigentes se mantendrán, pero...

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