Consultor cobró $2.500 a Justicia por resumir artículo de Internet
Un consultor sin experiencia en materia penitenciaria cobró $2.460 (¢1,3 millones) por resumir, en tres páginas, un artículo de Internet sobre tecnologías utilizadas para vigilar reos.
El ingeniero informático fue contratado por el Ministerio de Justicia y Paz para diseñar el plan piloto que implementaría los brazaletes electrónicos.
La contratación directa de Carlos Navarro Piedra por seis meses, la realizó el 9 de octubre del 2014 la Unidad Ejecutora del Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social.
Ese ente administra los $132 millones del préstamo que la Asamblea Legislativa aprobó, en enero del 2012, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Con el crédito se pretende desarrollar 15 unidades productivas, siete centros cívicos, ocho delegaciones y los brazaletes.
Los seis meses de la consultoría de Navarro son por $41.000 (¢22,3 millones) para la entrega de informes. Al 12 de enero del 2015, se habían girado $18.040 (¢9,8 millones) por el plan inicial de trabajo y dos avances.
El resumen de Navarro tomó como base un artículo de la revista chilena Política criminal , escrito por Ana María Morales, que puede buscarse desde Google.
Trayectoria. Navarro, de 46 años, es mecánico automotriz, ingeniero informático y especialista en banca y finanzas. Su nombre aparece entre los agradecimientos del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Luis Guillermo Solís, publicado en noviembre del 2014.
La Nación concertó una cita con la ministra de Justicia, Cristina Ramírez, para conversar sobre el tema el 16 de enero, pero la canceló luego de que este diario entrevistó a Navarro, un día antes. De hecho, el consultor renunció el 19 de enero, al alegar una mejor oportunidad laboral.
Gonzalo Elizondo, coordinador de la Unidad Ejecutora, tampoco accedió a una entrevista.
Componentes. El préstamo por $132 millones con el BID está formado por tres componentes: el primero, para construir delegaciones policiales ($31,6 millones); el segundo, para crear centros cívicos para la paz ($39,2 millones) y el tercero, para las unidades productivas y brazaletes ($52,4 millones) y otros ($8,8 millones).
Desde el 16 de setiembre del 2014, la Asamblea Legislativa aprobó la ley que avala el uso del brazalete como alternativa a la cárcel para reos no peligrosos. En el primer año...
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