Contralora: 'Se hizo tarde' para arreglar las finanzas públicas

'Se nos hizo tarde para tomar medidas estructurales, sin que tengamos que enfrentar consecuencias complejas'.

Con esas palabras, la contralora Marta Acosta advirtió a los diputados de las consecuencias que afrontará el país por no haber equilibrado a tiempo las deterioradas finanzas del Gobierno, al cual le espera un panorama de estrechez en el 2018.

Entre las consecuencias inmediatas, se encuentra una disminución de la inversión pública, un 'alto riesgo' de faltante de liquidez por el nivel de endeudamiento, la imposibilidad de desembolsar el dinero presupuestado para instituciones públicas y un deterioro en los servicios públicos.

'Se eleva el nivel de riesgo del Estado en el no cumplimiento de su propósito esencial, que es el bienestar de la colectividad, y se amenaza la estabilidad económica del país', dijo Acosta ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, al analizar el Presupuesto Nacional presentado por el Gobierno, para el próximo año, por ¢9,3 billones y con un déficit financiero equivalente al 7% del producto interno bruto (PIB).

Por ahora, la contralora descartó una crisis de liquidez, aunque señaló que es notorio que el Ejecutivo empezó a tener faltantes de dinero para hacer frente a sus responsabilidades.

Según Acosta, ante este oscuro panorama, las medidas fiscales son 'impostergables', y se requerirá de una reforma que reduzca el déficit (diferencia entre ingresos y gastos) en al menos tres puntos del PIB.

El endeudamiento del Gobierno Central es una de las principales preocupaciones de la contralora.

En detalle, dijo que en los últimos 29 años, los Gobiernos han venido pagando gran parte del gasto corriente mediante el endeudamiento, lo cual es una práctica ilegal, pero que se ha mantenido año con año.

Esta deuda alcanzará el 53% del PIB en el 2018, lo cual está por encima de un nivel sano, añadió. Estos niveles le restan 'credibilidad' financiera a la Administración, señaló.

Por otro lado, Acosta también pidió a los diputados prestar atención al endeudamiento de instituciones y empresas públicas, que se respaldan en la garantía del Estado.

Insolvencia. La contralora añadió que los indicadores fiscales muestran una tendencia hacia la insolvencia e insostenibilidad de las finanzas públicas.

Mencionó que el gasto en remuneraciones aumentará un 6,7%, alcanzando unos ¢2,6 billones, mientras que todo el Presupuesto sube un 2%.

En esta partida, Acosta destacó que el Gobierno presupuestó ¢108 para incentivos salariales por cada ¢100...

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