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Contraloría cuestiona a ICT por contrato de centro de convenciones

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Vincent

La Contraloría General de la República emitió varios cuestionamientos en torno al contrato para la construcción del Centro Nacional de Congresos y Convenciones (CNCC) y solicitó, en tres ocasiones, la ampliación de detalles al Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Así se desprende de documentos obtenidos del expediente del proceso, en una situación que llevó al ICT a retirar el contrato de la Contraloría, el 2 de setiembre anterior, para volverlo a presentar el 16 de setiembre.

Ahora la Contraloría tiene 25 días para resolver, lo cual preocupa al sector privado porque podría ser un atraso en el inicio de la construcción.

Pero el ministro de Turismo y presidente de la Junta Directiva del ICT, Mauricio Ventura, consideró las consultas normales dentro de un proceso de refrendo y aseguró que no hay atraso y en octubre espera el arranque de la obra. Esto, pese a que, en mayo, cuando se adjudicó la construcción, aseguró que la obra comenzaría a más tardar en julio pasado.

Además, el 10 de diciembre del 2015, al anunciar la licitación para la obra, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, se comprometió a abrir el CNCC en diciembre del 2017.

El CNCC tendrá 15.600 metros cuadrados (m²) de construcción y estará en un terreno de 10 hectáreas. La idea de hacerlo se lanzó desde hace unos 15 años.

Inquietudes. Una de las áreas de preocupación para la Contraloría es que ese centro, con una inversión estimada porel ICT en $35 millones, se construya en un terreno que no es propiedad del Instituto, según las peticiones de información adicional enviadas.

Además, se cuestiona la legalidad del uso del impuesto de $15 por cada turista que llega al país para financiar parte de la obra, pues esos recursos tienen un destino específico, que es la promoción turística de Costa Rica.

El 30 de agosto pasado, en la última solicitud de información, la Contraloría se cuestionó también la legalidad de adjudicar la administración del CNCC a una empresa. El punto de preocupación fue, precisamente, que será construido en un terreno cedido mediante un contrato por el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA).

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