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Contraloría cuestiona plan que otorgaría planta asfáltica del MOPT a 8 municipalidades

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Vincent

La Contraloría General de la República (CGR) expresó su preocupación acerca de un proyecto de ley que pretende traspasar la planta asfáltica de Siquirres, propiedad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a manos de ocho municipalidades de Limón, Heredia y Cartago.Esa es una de las cuatro plantas en desuso que el MOPT cerró en 2018, debido a que producían material asfáltico a un costo más elevado que el mercado y con una calidad menor a la exigida por la normativa técnica, según argumentó el Gobierno, luego de invertir ¢3.295 millones en esos activos.El plan pretende reactivar esa planta en desuso, con el propósito de que las municipalidades de Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca, Matina y Guácimo puedan abastecerse de ese material para la intervención de vías cantonales. Los municipios de Sarapiquí de Heredia, y Turrialba, en Cartago, también han expresado su interés en participar.La iniciativa es impulsada por las diputadas Marulin Azofeifa, del bloque fabricista, y Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN). Ambas representantes del Caribe.Sin embargo, a la Contraloría le inquieta la ausencia de estudios técnicos que garanticen la factibilidad, sostenibilidad y rentabilidad de dicha propuesta, así como las normas que se aplicarán para ejercer control sobre esos bienes del Estado por parte de las municipalidades."Esta Contraloría externa su preocupación por el deterioro o no uso de los recursos públicos, particularmente de equipos como lo son las plantas productoras de mezcla asfáltica, propiedad del MOPT, que han representado altas inversiones para su puesta en servicio y de mantenimiento."No obstante, la disposición de dichos bienes requiere de los estudios técnicos tanto para determinar la factibilidad y sostenibilidad de los proyectos, así como también las capacidad del MOPT o de las municipalidades para tal efecto", señala el órgano.En contraparte, Yorleny León asegura que es inaceptable que el Estado tenga en desuso ese activo cuando los municipios demandan recursos para darle mantenimiento a sus rutas cantonales."Hoy las municipalidades están secuestradas por el único proveedor que existe en toda la provincia de Limón, ante quien se ven obligadas a comprar el material asfáltico sí o sí, al precio y en las condiciones que sea", afirmó la legisladora.Administración de la plantaEl proyecto de ley propone crear una sociedad pública de economía mixta (SPEM) para...

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