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Contraloría reitera fundamento legal para improbar presupuestos al Sinart

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Vincent

La Contraloría General de la República (CGR) reiteró, este jueves, el fundamento legal utilizado para improbar dos presupuestos extraordinarios al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) que tenían como objetivo incorporar recursos por la venta de servicios de manejo de publicidad estatal a instituciones públicas.El ente contralor insistió en que esas decisiones no son subjetivas ni se tomaron a raíz de interpretaciones, sino que "se basan en el cumplimiento de normativa y principios presupuestarios, que son de pleno conocimiento de la entidad (el Sinart)"."Esta competencia (aprobación presupuestaria) no es interpretativa, es decir, se cumple o no con los requisitos de ley para que un presupuesto sea aprobado o será improbado por la CGR, conforme sus competencias constitucionales en la materia", enfatizó esa entidad en un comunicado de prensa."Es la CGR la que determina el cumplimiento de los requisitos normativos para que un presupuesto ordinario o extraordinario sea aprobado, no la entidad gestionante", agregó. Por otra parte, informó de que existe un tercer presupuesto extraordinario en estudio y que el plazo legal para resolver vence el 13 de octubre."Estamos en plazo y de eso tiene pleno conocimiento la entidad (Sinart) también. De así requerirse técnicamente, podemos suspender ese plazo para solicitar la información adicional que se estime para mejor resolver, precisó.Principio de plurianualidadEn los últimos tres meses, la Contraloría le improbó dos presupuestos extraordinarios al Sinart, por un total de ¢5.038,2 millones, por las mismas razones. Ambos incumplían el principio constitucional de plurianualidad, mediante el cual se debe garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.La plurianualidad está fijada en el artículo 176 de la Constitución Política. Consiste en que, cuando las instituciones presupuesten gastos para un año porque en ese momento tienen el dinero para atenderlos, deben evaluar si tendrán fondos para cubrirlos en los años siguientes, con el fin de garantizar la continuidad.La primera improbación ocurrió el 11 de julio anterior y fue por ¢888 millones. En esa ocasión, el órgano contralor también cuestionó la forma cómo el Sinart iba a gestionar las contrataciones que tiene con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).La CGR indicó que esa institución no detalló cuáles recursos utilizará para ejecutar esos acuerdos...

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