Contribuyentes pagarían ¢1,3 billones por pensiones de Corte
Todos los costarricenses tendrán que pagar parte de lo que costará cerrar el gigantesco déficit que tienen las pensiones del Poder Judicial, si se aprueba el proyecto ley que los diputados acogieron para salvar el régimen.
La Superintendencia de Pensiones (Supén) asegura que el texto de su autoría reduciría a cero el hueco de ¢5,4 billones proyectado para ese fondo, siempre que el resto de los contribuyentes aporte ¢1,3 billones por medio del Gobierno a lo largo de los próximos años.
Para enfrentar el déficit de este sistema, la Supén propone que los actuales jubilados (unos 3.600) sean sacados del fondo de pensiones del Poder Judicial y trasladados al Presupuesto Nacional del Gobierno Central, donde la factura por sus beneficios la tendrían que asumir los costarricenses con sus impuestos.
Ya la población en general paga buena parte de estas jubilaciones. Lo hace a través de las cotizaciones mensuales de los empleados y los pensionados. Los funcionarios judiciales aportan un 11% de su salario o pensión y el erario público les aporta el equivalente a un 15,6% (el Estado desembolsa un 1,24% y el Poder Judicial, un 14,36%), para un total de un 26,6%. Sin embargo, esto no es suficiente para los beneficios.
Álvaro Ramos, superintendente de Pensiones, dijo que para 'reducir, en la medida de lo posible, la factura que le costaría al pueblo' estabilizar el régimen, se les cobraría a los jubilados actuales de la Corte una cotización del 30% de la pensión, sumando el 11% que ya dan y un 19% de contribución especial solidaria para paliar el hueco actuarial.
En tanto, los empleados judiciales actuales seguirían en el fondo del Poder Judicial con otro diseño, bajo la administración de una nueva junta y sin los beneficios que hoy tienen al sistema jubilatorio al borde del colapso financiero.
'Entonces, ese déficit de ¢5,4 billones se divide así: ¢1,6 billones de los ya pensionados o que están a 18 meses de hacerlo, y ¢3,8 billones para los de generaciones futuras. A los de generaciones futuras, usted les puede pedir que se queden más tiempo trabajando o que su salario de referencia sea un poco diferente, por lo que procedimos a hacer ese tipo de ajustes en la propuesta', comentó Ramos.
El superintendente explicó que, de los ¢1,6 billones que se cargarían al Gobierno, unos ¢300.000 millones se financiarían mediante la contribución solidaria que se les exigiría a los pensionados judiciales, de manera que los demás contribuyentes cubrirían los ¢1,3 billones...
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