Corte alega falta de dinero para aplicar cuatro nuevas leyes
El Poder Judicial urge al Gobierno y al Congreso para que incluyan en el presupuesto del próximo año unos ¢24.000 millones destinados a implementar cuatro leyes recién aprobadas.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva, dijo estar preocupada de que los poderes Ejecutivo y Legislativo acusen al Judicial por el aumento de su presupuesto para el 2017; esto, a causa de la solicitud de recursos para implementar las nuevas normas.
Solo para poner en práctica el nuevo Código Procesal Laboral, la Corte pide ¢18.000 millones para el próximo año.
La petición se hace justo cuando el debate nacional se ciñe sobre la austeridad en el gasto del Estado, un tema en el que el Poder Judicial ha sido ampliamente cuestionado desde la Asamblea Legislativa.
Los diputados se preparan para estudiar, en vía rápida, el proyecto 19.922 que pretende aplicar recortes en las pensiones del Poder Judicial.
A la vez, el reclamo de reducción del gasto es constante hacia la Corte, un tema que para Villanueva implica 'un desgaste'.
También se suma una partida por ¢3.500 millones para la puesta en marcha de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.
A esos planes se une la Ley de Alertas Urgentes en Extravíos de Menores de Edad, que implica un aumento de ¢1.800 millones en el presupuesto judicial y, finalmente, una partida más de ¢460 millones para dar los primeros pasos en la implementación del nuevo Código Procesal Civil.
Todas estas normas fueron aprobadas por los actuales diputados, sin que se determinara una fuente de financiamiento para arrancar con la aplicación de esta legislación recién aprobada.
Para Villanueva, 'es una irresponsabilidad' el adquirir compromisos y no cumplirlos y, en este sentido, exhortó a los líderes del Ejecutivo y el Legislativo a facilitar la aplicación de las leyes.
¿De qué trata? El caso más urgente, dijo Villanueva, es el del Código Procesal Laboral, que por decreto de la misma ley, debe entrar en vigor en julio del 2017.
Con este Código, se pretenden acortar los juicios en materia de trabajo, los cuales actualmente tienen una duración promedio de unos cuatro años.
Esta normativa fue objeto de amplio debate en el Congreso, en vista de que implica un cambio radical en la forma en que el Poder Judicial decide los pleitos entre empleados y patronos.
'Es la decisión de un pueblo de sostener una democracia respetando los derechos laborales', alegó Villanueva.
Para implementar estas reformas laborales, el...
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