Corte contra plan de Supén pese a falta de criterios técnicos

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobaron ayer lunes emitir un criterio negativo contra el proyecto de ley sugerido por la Superintendencia de Pensiones (Supén) para reformar el régimen de las pensiones judiciales, aunque reconocieron no tener 'criterios técnicos' para rebatir cada uno de los puntos.

Al menos así lo manifestaron los magistrados que tomaron la palabra en la sesión de la Corte, a la luz del informe que presentó el presidente de la Sala Tercera, Carlos Chinchilla, encargado de analizar el texto recomendado por la Supén.

Chinchilla expuso ayer un borrador del informe final, que estará listo el miércoles.

El plan de la Superintendencia fue acogido por la Comisión Especial de Pensiones del Congreso el 29 de marzo pasado. El 17 de abril fue enviado a consultas por el diputado que preside el panel, Johnny Leiva, con ocho días naturales para recibir criterios.

Tanto Chinchilla como Iris Rocío Rojas y Román Solís, de la Sala Primera, se extrañaron del poco tiempo que les dio la Comisión y, junto con Jesús Ramírez, presidente en ejercicio de la Corte Suprema, coincidieron en que carecen de elementos técnicos para sostener la respuesta negativa.

'La idea es dirigir un informe negativo al proyecto de la Supén; no podemos entrar en detalles actuariales porque no los tenemos. Esto es por la limitación de tiempo, porque no tenemos los estudios actuariales y porque no podemos dar una base distinta a la que tenemos ahora', explicó Chinchilla.

'No tenemos informes técnicos de la Universidad de Costa Rica (UCR) para formular una contrapropuesta. Sería un no muy negociable, nos faltan elementos para pronunciarnos de otra manera', apuntó Rojas.

Inicialmente, la jueza había sugerido que se debía formar un grupo, dirigido por Chinchilla, con un actuario de la UCR y uno institucional, además de los letrados de Chinchilla, para dar una mejor respuesta.

No obstante, los magistrados insistieron en que lo mejor era dar respuesta negativa, de forma general, por la obligación constitucional de responder las consultas sobre proyectos de ley que les planteen los diputados.

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