El criterio vinculante en la balanza
La posibilidad de que los criterios del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme UCR) sean vinculantes para las decisiones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), pone sobre la mesa un complejo debate.
Para los defensores de la ley, que está en consulta constitucional, los criterios técnicos deberían ser de acatamiento obligatorio para obtener soluciones más efectivas de los problemas en la infraestructura vial, tanto nacional como cantonal, esta última a cargo de las municipalidades.
Los opositores afirman que es inconstitucional, porque por primera vez en la historia se le otorgan potestades administrativas públicas a un ente técnico universitario, que no es competente, por encima del Poder Ejecutivo.
Es decir, el debate contrapone lo técnico y lo político, pero también lo académico y la administración pública, la normativa y los principios constitucionales. Un fuerte coctel.
En el bando defensor aparece Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). 'La vinculación que establece la ley nosotros la entenderíamos como un sistema similar al que funciona en la Contraloría en aspectos de control administrativo, que puede decirle a las diferentes instituciones que un procedimiento no es correcto y que debería utilizar otro determinado', manifestó.
Rescató que el espíritu de la ley no es que el Lanamme UCR sustituya las funciones específicas que el MOPT y el Consejo Nacional de Vialidad tienen, sino que sirva como un soporte técnico en materia de infraestructura. Además, cree que es necesario un reglamento para evitar problemas de ejecución o mayores trabas.
En el bando opositor, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Pedro Castro, tiene la certeza de que se trata de un proyecto inconstitucional. Por eso el Ejecutivo recomendó a los diputados que fuera enviado a la Sala IV.
'El proyecto no es constitucional de acuerdo con los análisis que hicieron nuestros abogados externos. Hay un tema de las potestades que tienen las instituciones autónomas de intervenir con el Poder Ejecutivo y la Constitución solamente permite que existan, por ejemplo, entes como contralorías que puedan establecer lineamientos vinculantes, no así las universidades públicas', comentó Castro.
La propuesta
El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Wálter Céspedes, quien impulsó la ley que se aprobó en primer debate en la Asamblea Legislativa el pasado 25 de setiembre...
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