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Defensa pública para los trabajadores abre debate en la Corte

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Vincent

La idea de que el Estado les ponga abogado a los trabajadores que no pueden pagar uno, a la hora de entablar o afrontar un juicio laboral, desvela a la Defensa Pública.Dicha oficina del Poder Judicial se declara sin recursos para asumir la tarea. Alega que urgen 100 plazas nuevas solo para empezar, pero no todos los magistrados comparten ese requerimiento inicial.La responsabilidad de que el Estado asuma esta defensa se incluye en la reforma procesal laboral que el Gobierno evalúa poner en ejecución, mediante el levantamiento del veto con que la expresidenta Laura Chinchilla frenó ese plan.La iniciativa exigiría asistir a todo aquel trabajador que gane menos de ¢800.000 mensuales.Mediante el oficio JEF-710-2014, la directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz, advirtió a los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de que su oficina necesita al menos ¢4.000 millones para financiar la asistencia de los trabajadores, públicos y privados, si asumieran el 80% de los casos.Así lo informó en tiempos en que el Poder Judicial hace de tripas corazón para evitar recortes a su presupuesto del 2015.Muñoz recalcó que necesitarían abogados, técnicos y oficinistas.'Nosotros estamos en la mejor disposición de asumir la defensa. Tenemos la experiencia y la disposición, pero es importante tomar en cuenta de que se requieren recursos', explicó.En el Poder Judicial, el debate toma vigencia en vista de que un acuerdo entre el Partido Acción Ciudadana (PAC), el Frente Amplio y la Unidad Social Cristiana (PUSC) abre la posibilidad de que la reforma al Código Procesal Laboral reviva en manos del presidente Luis Guillermo...

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