Defensora rompió convenio de lucha contra VIH sin un criterio jurídico específico

La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, carecía de un criterio jurídico específico sobre inconvenientes legales en el convenio de cooperación con la organización Hivos, en la lucha contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).Crespo decidió romper el acuerdo de cooperación el 23 de febrero y, en la nota de comunicación de la ruptura, adujo que criterios de la dirección Jurídica señalaban que la Defensoría no debía ejercer actividades "en lo que respecta" a Hivos.No obstante, la dirección Jurídica indicó a La Nación que "no ha elaborado un criterio jurídico que dictamine la participación de la Defensoría en el proyecto de Hivos".Para romper el acuerdo, Crespo emitió dos justificaciones: la carencia de recursos, y un criterio legal."La dirección Jurídica de la Defensoría de los Habitantes ha sido conteste con el rol de fiscalización y control que por mandato legal debe asumir la Defensoría en todos sus campos de trabajo, lo cual implica, el no ejercicio de actividades propias de la administración activa en el desempeño de nuestras labores ordinarias, así como en lo que respecta al proyecto Hivos"."En tal sentido, la participación de la DHR en el convenio Hivos encuadra dentro de las que típicamente se definen como funciones de la administración activa; dicho en otras palabras, una participación que podría significar que la institución funja como "juez y parte", explicó Crespo en ese momento.Consultada por este medio, la defensora de los Habitantes no adjuntó ningún criterio sobre Hivos; únicamente se refirió una serie de pronunciamientos antiguos solicitados por la anterior defensora, Montserrat Solano.Estos documentos tratan sobre el rol de función activa en comisiones interinstitucionales y la inconveniencia de que la Defensoría participe, mas no se menciona en ellos las limitantes sobre los convenios de cooperación.Tal es el caso, por ejemplo, de la objeción de la Defensoría a participar, en el 2015, en comisiones interinstitucionales creadas por el Gobierno para la gestión de la cuenca del río Tárcoles, y para impulsar un sistema de calidad y acreditación de la Justicia.En esos casos, la Defensoría argumentó que su independencia legal procura mantenerla ajena a toda intromisión por parte de cualquier otro órgano o ente del Estado, a fin de que pueda...

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