Dictamen n° 198 de 24 de Setiembre de 2013, de Ministerio de Educación Pública
| Emisor | Ministerio de Educación Pública |
24 de setiembre del 2013
C-198-2013
Msc .
Juan Antonio Gómez Espinoza
Director de Recursos Humanos
Ministerio de Educación Pública
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero a su oficio N° DRH-11692-2013-DIR fechado 8 de junio del año en curso, y recibido en esta oficina el día 10 de julio siguiente, mediante el cual nos consulta bajo qué condiciones se debe nombrar al personal en un colegio subvencionado cubierto por la Ley N° 8791 y su reglamento, si dicho nombramiento debe ser interino o en propiedad, si esos docentes están cubiertos por el régimen del funcionario público o en su defecto estamos ante una relación laboral a la luz del Código de Trabajo.
I. Incumplimiento de requisitos de admisibilidad de la consulta
Vistos los términos de su gestión, debemos indicar que el ejercicio de la función consultiva de este Órgano Asesor se encuentra sujeto a la verificación de una serie de requisitos de admisibilidad previstos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, (Ley No. 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas).
De interés para el caso bajo estudio, estimamos conveniente tener en consideración los numerales 3 inciso b) y, 4, cuyos textos nos permitimos transcribir de seguido:
“ARTÍCULO 3. ATRIBUCIONES : Son atribuciones de la Procuraduría General de la República:
b) Dar informe, dictámenes, pronunciamientos y asesoramiento que, acerca de cuestiones jurídicas, le soliciten el Estado, los entes descentralizados, los demás organismos públicos y las empresas estatales.
(...)”.
“ARTÍCULO 4º.-
Como bien se observa de la lectura de los textos citados, fácilmente se desprenden ciertos requisitos de admisibilidad. Entre ellos, encontramos que se requiere que la consulta que se plantea sea formulada por el jerarca administrativo del órgano o institución pública, y debe venir adjunto el criterio legal respectivo –excepción hecha de los auditores internos, quienes puede consultar directamente y sin necesidad de aportar el criterio legal-. Asimismo, se requiere que la consulta verse sobre cuestiones jurídicas en genérico, de tal suerte que en el supuesto de que se identifique la presencia de un caso concreto, debe declinarse la función consultiva, ya que de otra forma, se incurriría en una sustitución indebida de la Administración.
Sobre lo expuesto, encontramos vasta jurisprudencia administrativa emitida por este Órgano Asesor. A modo de referencia, encontramos el dictamen C-151-2002 del 12 de junio de 2002, en el cual se manifestó lo siguiente:
“* Que la consulta la formule el jerarca administrativo del respectivo órgano u institución pública.
* Que se acompañe el criterio legal que sobre el tema en consulta tenga la respectiva asesoría jurídica del órgano u institución pública. Dicho dictamen debe ser un estudio específico sobre las variables jurídicas que, en criterio del profesional correspondiente, tienen relación con la inquietud que se presenta a nuestra consideración.
* Las consultas versan sobre "cuestiones jurídicas" en genérico, es decir, sin que pueda identificarse un caso concreto que esté en estudio o vaya a ser decidido por parte de la administración consultante. Esto por cuanto estaríamos contraviniendo la naturaleza de órgano superior consultivo que nos confiere la ley, transformándonos en parte de la administración activa." (Dictamen C-151-2002 del 12 de junio de 2002, reiterado mediante dictamen N° C-369-2007 del 16 de octubre del 2007)
Remitiéndonos al caso bajo análisis, se detecta el incumplimiento de uno de los requisitos sustanciales descritos anteriormente, y que, en consecuencia, impiden a ésta Procuraduría General emitir el criterio solicitado.
En efecto, se advierte que la consulta no está...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba