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Costa Rica dio refugio a dos exfiscales mexicanos perseguidos por corrupción

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Vincent

Dos exfiscales mexicanos, investigados en su país por supuestos delitos de corrupción, obtuvieron aquí la condición de refugiados de parte del Tribunal Administrativo Migratorio.Se trata de Eduardo Máximo Miranda Figueroa y María Guadalupe Martínez Ponce, exfuncionarios de laProcuraduría General de la República, destacados en Ciudad Juárez, Chihuahua.A ellos, los jueces Lidiette Jiménez, Marlen Luna y Esteban Lemus les concedieron el refugio mediante dos resoluciones del 17 y 19 de agosto del 2011.Los exfiscales habían sidodetenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cuando salían de un restauranteen Goicoechea, el 20 de enero del 2010.La captura se produjo porque México emitió una orden de captura internacional, mediante laInterpol, por los delitos de peculado, abandono de servicio público y retardo de la justicia.Pese a que el Tribunal Penal de San José resolvió extraditar a Miranda y Martínez por solicitud de las autoridades mexicanas, solo por el delito de peculado, el estatus de refugio mantiene ahora frenado el proceso de extradición.Según informó la Fiscalía, la última vez que la Procuraduría de México preguntó por los mexicanos fue en febrero de este año y la respuesta tica fue que no se les puede detener y enviar a su país.Refugio. Tras la captura de los dos mexicanos, un juez les dictó prisión preventiva mientras tramitaba la extradición. Paralelamente, Miranda y Martínez solicitaron el refugio a Migración, pero la Comisión de Visas y Refugio se las negó en julio del 2010.En ese momento, la comisión la integraban Álvaro Sojo (del Ministerio de Trabajo), Rónald Obaldía (de la Cancillería) y Fulvio Solórzano (de Seguridad Pública).Los exfiscales adujeron que recibieron amenazas de muerte en su país producto de las investigaciones que realizaban contra el crimen organizado en Ciudad Juárez.Además, señalaron que en sus pesquisas lograron involucrar a funcionarios de la Procuraduría con los carteles de Juárez y Sinaola, por lo que fueron perseguidos.También, mencionaron que fueron testigos de actos de tortura de parte de funcionarios de la Procuraduría, por lo que varios de sus compañeros (policías y fiscales) que denunciaron estos hechos aparecieron asesinados después.La Comisión dijo que, si bien en México se vive un nivel de violencia generalizada por el ejercicio del control del territorio y mercado de la droga, 'esta no es una razón válida para indicar la...

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