Fondo de pensiones del IVM corre riesgo de agotar su reserva a partir del 2023
La reserva del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) corre riesgo de agotarse a partir del 2023.
Así se detalla en el Informe final Valuación actuarial al IVM, realizado por el actuario argentinoEduardo Melinskydel cual tiene copia La Nación .
En el escenario más optimista proyectado en el informe, los recursos alcanzarán para pagar pensiones hasta el 2028.
La reserva del IVM es un fondo que tiene como fin el pago de beneficios futuros. Actualmente los recursos ascienden a ¢1,9 billones, según datos de la Caja.
La reducción acelerada ocurre porque los ingresos del régimen serán insuficientes para cubrir el gasto, entonces se usan los recursos ahorrados por el régimen, determina el estudio independiente de 121 páginas.
El denominado momento crítico, cuando la reserva es negativa, ocurrirá dos décadas antes de los estudios de la CCSS.
Una vez que ocurra dicho supuesto, el régimen contará solo con los aportes corrientes de los trabajadores, patronos y el Estado. Si estos recursos son insuficientes para pagar las pensiones, el Gobierno deberá poner el dinero faltante, pues el IVM tiene garantía estatal.
El artículo 177 de la Constitución Política obliga al Estado costarricense a asumir el faltante de recursos, si es necesario.
Para darle sostenibilidad al régimen, el informe de Melinsky recomendó elevar el aporte obrero-patronal y las cuotas mínimas para pensionarse. Sin embargo, descartó variar la edad de jubilación, actualmente en 65 años.
El presidente Luis Guillermo Solís reconoció que la insuficiencia de recursos del IVM es un tema crítico que será necesario discutir pronto en el país.
El mandatario catalogó de medular este estudio para tomar las decisiones necesarias al sistema. Él se refirió al tema tras ser consultado por La Nación sobre la relevancia del informe; pero sin conocer sus conclusiones.
En análisis. Melinsky remitió su estudio final, el pasado 27 de julio, a la comisión técnica compuesta por miembros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Superintendencia de Pensiones (Supén).
Ambas entidades públicas contrataron el estudio, por un valor de $125.000, con el fin de zanjar sus diferencias sobre la sostenibilidad del régimen.
Para contrastar la validez técnica y metodológica del informe, contaron con el asesoramiento del Departamento de Ciencias Actuariales de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR). Los especialistas de la UCR entregaron su informe de revisión la primera...
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