Gobierno convoca un plan de empleo público similar al que desacreditó

El gobierno de Luis Guillermo Solís desconvocó el proyecto de ley que buscaba ponerles límite a los pluses salariales en el sector público, al alegar que carecía de viabilidad política y que incrementaría el gasto estatal en vez de contenerlo.

Sin embargo, ahora, el Ejecutivo convoca una reforma redactada en sus oficinas con el mismo vacío que le achacó a la propuesta de la opositora Sandra Piszk y que, según su interpretación, tendría el mismo efecto: disparar el gasto.

Así lo admitió la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez. Pero, esta vez, el Gobierno sí cree que el texto puede corregirse y se prepara para ello, aunque ya los sindicatos lo vetaron en la puerta, como ocurrió con el plan anterior.

En el caso del proyecto de empleo público de Piszk, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, lo desacreditó sin proponerle modificaciones, al tiempo que los diputados del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC) y del Frente Amplio preparaban una carta para rechazar la reforma a los pluses salariales.

El nuevo texto se centra en una cirugía al pago de anualidades, el principal disparador del gasto en remuneraciones del Estado. Es el incentivo que más dinero demanda al Estado y que más crece año con año, debido a su efecto cascada. Para este año, por ejemplo, se presupuestaron ¢281.000 millones, el equivalente a una tercera parte de los sueldos base del Gobierno central.

Hoy, el Gobierno Central paga un máximo de 2,56% adicional del salario base a los empleados por cada año laborado, pero algunas instituciones pagan hasta el 6% anual, como el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y la Junta de Protección Social (JPS).

Disyuntiva. A mediados de enero el ministro Alfaro y el viceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco, desecharon el proyecto de empleo público de la oposición, que el propio Gobierno convocó a discusión.

En el seno de la Comisión de Asuntos Sociales, Alfaro y Pacheco adujeron que, en materia de anualidades, la iniciativa de Piszk podría subir el costo actual de ese incentivo al introducir un nuevo mecanismo de evaluación de los funcionarios.

Actualmente, las anualidades se pagan a los funcionarios del Gobierno Central que sean calificados como buenos, muy buenos y excelentes, lo que hoy ocurre con el 99,9% de ellos. El plus oscila entre el 1,94% y el 2,56% de la siguiente manera: cuanto más bajo sea el salario, mayor es el porcentaje. En las instituciones autónomas, los pagos son mayores y dependen de las...

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