Gobierno y oposición impulsan límites a los pluses salariales
El Gobierno puso a consulta de las fracciones legislativas y de los bloques sindicales, desde el miércoles anterior, un borrador de proyecto de ley para limitar los pluses salariales de todo el sector público.
El texto proviene del trabajo de la congresista Sandra Piszk, de Liberación Nacional (PLN) junto con compañeros de distintos partidos y que integran la Subcomisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.
En ese foro participaron la diputada Emilia Molina, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Luis Vásquez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Patricia Mora, del Frente Amplio.
Otros fueron invitados a tomar parte en la discusión, como Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana, quien, finalmente, no asistió.
Aclaración y topes. En la propuesta, tanto el Ejecutivo como opositores al plan, proponen aclarar mejor los conceptos asociados a los diferentes pluses, como dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional, anualidades, disponibilidad, zonaje y cesantía.
En cuanto a dedicación exclusiva y prohibición, Piszk explicó que se tuvo que diferenciar claramente entre ambos y establecer que solo se pueden recibir luego de la firma de un contrato entre el empleado y la administración.
En ambos casos, el funcionario deberá aportar una certificación del colegio profesional respectivo, donde se indique que el empleado está en facultad de ejercer su profesión.
En ninguno de los dos casos se considerará un derecho adquirido y la administración respectiva no tendría obligación de renovar el contrato sobre ese plus, una vez que haya vencido su plazo.
Respecto de las anualidades, deja por fuera a los empleados que tengan calificación de 'bueno' y solo se les daría a los 'muy buenos' y los 'excelentes': para los primeros, el porcentaje de la anualidad sería de un 1,94% y los segundos recibirían un 2,56%.
Reglas. Ante las grandes diferencias que actualmente existen sobre varios de los pluses, el proyecto establece cuáles instituciones públicas estarían obligadas a sujetarse a esta legislación.
Los tres poderes, sus órganos desconcentrados y auxiliares, las instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas y municipalidades serían alcanzadas por la iniciativa.
Quedarían fuera bancos, entidades públicas no estatales y empresas públicas en competencia, así como los empleados que estén en régimen de salario único.
Para el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, se...
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