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ICD procura más castigos por suministrar licor a menores

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Vincent

Cuando el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) aceptó lanzarse al agua e incursionar en las fiestas colegiales, se encontró como inmerso en una piscina de alcohol, con los ojos cubiertos y las manos atadas.Decenas de operativos y grandes esfuerzos de inteligencia han bastado para quitarse la venda del desconocimiento y sacudirse las amarras, pero para Carlos Alvarado, director del ICD, hace falta un sólido apoyo legal para trabajar realmente bien.Este caso es hoy un mar profundo, más complejo y con amenazas que pasan inadvertidas ante ojos inexpertos.Por ello, en noviembre, el ICD intentará presentar una propuesta para endurecer las penas destinadas a quienes faciliten las fiestas intercolegiales donde se consuma alcohol, y para quienes interfieran en el camino de las autoridades.El plan se hará de conocimiento público el 15 de noviembre, cuando también se divulgará el protocolo interinstitucional para intervenir en las actividades en las cuales abunda el alcohol y se ofrecen drogas.De aprobarse el proyecto en el Congreso, introduciría cambios ala nueva ley de licores, aprobada en el 2012,incluyendo una sanción de cárcel para aquellos padres que les faciliten el licor a sus hijos menores de edad.'Entre los cambios que promueve este proyecto de ley, hay una figura agravada para los padres de familia o encargados que ponen el licor. Esta figura incluiría la posibilidad de cuatro años de prisión', explicó Carlos Alvarado.Según detalló, si la pena es de tres años o menos, el acusado puede recibir ejecución condicional de la pena e irse la casa con una advertencia. Pero si la pena es de cuatro años y la persona es condenada al máximo, deberá cumplir con el tiempo de prisión.Otro objetivo que se persigue es establecer de manera explícita que la venta y el suministro de alcohol a menores constituye un delito, pues hasta ahora hay poca claridad en cuanto a la naturaleza de esta falta.También se considera la opción de crear una sanción pecuniaria 'ejemplarizante' (de millones de colones) para los dueños de quintas o propiedades que permitan encuentros donde colegiales ingieran alcohol.'La ley solo habla de establecimientos, y estos casos no se califican como tales. Hay un limbo muy complicado porque son lugares que se alquilan y se usan para comerciar, pero quedan protegidos bajo un velo de propiedad privada', argumentó Alvarado.Otros tropiezos. Paralelamente a la propuesta de reforma, el ICD aseguró estar en conversaciones con el Poder Judicial para definir...

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