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ICE despide a abogada que denunció anomalía en salarios

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Vincent

María Gabriela Sánchez Rodríguez, como abogada del ICE, redactó, en agosto del 2015, un criterio jurídico que sugiere a la entidad rebajar el salario a 300 funcionarios que ganan como jefes, pero ya dejaron de serlo.

Como se negó a la exigencia de variar ese criterio, y elevó el asunto ante la Contraloría General de la República e incluso lo notificó en la vía judicial, ella alega que fue despedida.

Su remoción provocó reacción en 12 diputados de cinco fracciones que ayer enviaron una carta al presidente Luis Guillermo Solís, donde le piden investigar la 'persecución laboral y política' contra Sánchez, quien tenía 11 años de carrera.

Los diputados apuntan contra Julieta Bejarano Hernández, directora jurídica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como la responsable del despido de quien fuera jefa de la Dirección de Consultoría y Procesos Judiciales.

Desde esa posición, Sánchez resolvió que pagar salario de jefes a 300 funcionarios que no lo son es injustificable y afecta las finanzas públicas.

En la nota al mandatario, los legisladores dicen que ella 'se opuso en forma enfática a las órdenes de la señora Bejarano de emitir criterios que estimó contrarios a la legalidad y contra los fondos públicos, situaciones que ha procurado sean revisadas en la vía judicial y en la propia Contraloría'.

El presidente del Congreso, Antonio Álvarez, también envió una nota al presidente del ICE, Carlos Obregón (con copia a Solís) donde le indica que ella se opuso 'a conductas ilegítimas dentro de la institución' y que debe ser restituida.

Consultada por La Nación , Sánchez dijo que cuando presentó el criterio jurídico en agosto, Bejarano le solicitó modificarlo y consignar que, por la facultad de discrecionalidad de la Administración, los sueldos podían mantenerse.

Ante su negativa, agregó, Bejarano la amenazó verbalmente con destituirla. Al final, así ocurrió y la entidad mantuvo los salarios.

De hecho, el 28 de agosto del 2015, Bejarano notificó que, en nombre de 'un clima de tranquilidad laboral' se podía invocar 'la facultad discrecional del funcionario público en su actividad decisoria', a partir de una interpretación suya de la Ley General de la Administración Pública.

Sánchez espera ser restituida mientras no haya una sentencia judicial en firme donde se analice si cometió...

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