Jefes de Asamblea Legislativa descartan suspender derechos si Gobierno no lo pide
Los jefes de la Asamblea Legislativa descartan tramitar el proyecto para la suspensión de derechos y garantías constitucionales propuesto por el bloque de diputados independientes Nueva República, salvo en caso de que el Gobierno de la República solicite una medida de ese calibre.Consultados por separado, voceros de las fracciones de Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN) y el Frente Amplio, así como el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, afirmaron que lo más conveniente es que el Ejecutivo lo solicite.Específicamente, los líderes parlamentarios afirmaron que una petición de ese tipo, solamente, se puede basar en los criterios técnicos aportados por el Gobierno y, para el caso de la emergencia por el nuevo coronavirus, por los criterios del Ministerio de Salud.Aunque desde el martes de esta semana se decidió, en medio del plenario del Congreso, que serán los jefes de fracción, en reunión virtual, los que decidan si se debate ese tema en algún momento, lo cierto es que, por aparte, cada tienda política tiene fuertes reparos en entrarle al tema.Mientras tanto, Carlos Ricardo Benavides decidió colocar el proyecto de los fabricistas en el capítulo de asuntos internos del Congreso. De esa forma, para que el plenario decida debatirlo, tendría que consolidarse un acuerdo de 38 diputados y eso es bastante difícil en el plenario."Por las características de la propuesta que se presentó, atendiendo la recomendación técnica, lo ordenamos en el capítulo de asuntos internos, por lo cual requiere de una posposición para entrar a verlo", dijo Benavides.Básicamente, la propuesta de los independientes del bloque Nueva República es aplicar lo que dice el inciso 7 del artículo 121 de la Constitución, donde se le da potestad al plenario de la Asamblea, con votación de 38 diputados, para suspender los derechos y las garantías de los costarricenses.En particular, la propuesta de los fabricistas es limitar el derecho del libre tránsito y el de reunirse, básicamente, establecidos en los artículos 22 y 26 constitucionales.En particular, Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Nielsen Pérez, del PAC, enfatizaron la necesidad de que cualquier medida de ese tipo no se decida si no es en coordinación con el Poder Ejecutivo."Es, absolutamente, sensible, de un gran impacto para la ciudadanía. Hay que pensarla y madurarla muy bien, estar en estricto diálogo con el ministro de...
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