Laboralistas ven escollos en uso de anualidades y salarios escolares para financiar la atención de la crisis
En su intento por conseguir recursos para entregar subsidios a las familias golpeadas por la crisis desatada por la pandemia de coronavirus, el Gobierno impulsa un proyecto de ley para suspender el pago de la anualidad a empleados públicos.Ese plan presentado ante el Congreso permitiría recaudar unos ¢23.000 millones destinados a la otorgación de más bonos Proteger.Además, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, dejó abierta la posibilidad de suspender el pago del salario escolar, para utilizar esos recursos en la atención y recuperación de la crisis.Pero ¿legalmente es posible para el Estado suspender el pago de esos componentes salariales o son derechos intocables?La respuesta es mucho más compleja que un simple sí.De acuerdo con expertos en derecho laboral, se requeriría de algunos ajustes en el proyecto de ley presentado, así como un sumo cuidado con la propuesta para suspender el salario escolar, si finalmente esa es la decisión.AnualidadEste plan suspende el pago correspondiente al último año de servicio de los trabajadores públicos con una calificación de desempeño de muy bueno.La iniciativa conserva el pago de las anualidades acumuladas, es decir, las correspondientes a años anteriores, que son derechos de los empleados públicos.Sin embargo, expertos en derecho laboral explican algunos problemas del texto presentado por el Poder Ejecutivo, que podrían poner en riesgo su aplicación.De acuerdo con el abogado laboralista de la firma BDS, Ronald Gutiérrez, uno de esos problemas es que el proyecto de ley indica que no se pagarán las anualidades 2020, cuando el pago que se hace este año corresponde al periodo 2019."Si se deja con la redacción actual, se podría entender que se va a evaluar el desempeño de 2020 sin efectos económicos, pero ese ahorro realmente lo que salva al Gobierno es de una erogación en el año 2021 y lo que se buscan son recursos en el acto", afirmó el abogado.Otro de los problemas que encuentran los laboralistas sobre el proyecto de ley es que los trabajadores del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de todos los cuerpos policiales del país, sí recibirían la retribución por el año servido.La abogada Paola Gutiérrez explica que, aunque entiende el motivo de esas excepciones, ese punto podría generar reclamos que dejen sin aplicación la posible ley."Esto debería analizarse con mucho cuidado para que no sea la parte que pueda llevar a que se declare que no es conforme con la...
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