LEY PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEJORA Y ADMINISTRACIÓN DE LA PARADAS DE AUTOBÚS, TREN Y TAXI

Fecha de presentación07 Junio 2022
Número de Iniciativa23162
Expiration Date07 Junio 2026
Fecha de publicación17 Junio 2022
Tipo de proyectoPROCEDIMIENTO PROYECTO DE LEY ORDINARIO
Autor de la iniciativaJose Francisco Nicolás Alvarado

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

LEY PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEJORA Y ADMINISTRACIÓN

DE LA PARADAS DE AUTOBÚS, TREN Y TAXI

FRANCISCO NICOLÁS ALVARADO

DIPUTADO

EXPEDIENTE N.° 23.162

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES


PROYECTO DE LEY

LEY PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEJORA Y ADMINISTRACIÓN

DE LA PARADAS DE AUTOBÚS, TREN Y TAXI

Expediente N.° 23.162

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

En la actualidad, las instalaciones destinadas a ser paradas para abordar autobuses, trenes y taxis se encuentran en condiciones muy disimiles, al mismo tiempo tenemos paradas excelentes y otras en paupérrimas condiciones. En muchas zonas ni siquiera existen. En el mismo Plan Nacional de Transportes de Costa Rica 2011-2035[1] se reconoce que:

Habitualmente el transporte público tiene un efecto beneficioso sobre la calidad ambiental de los centros urbanos, por cuanto reduce el uso del vehículo privado y la congestión vial. En las áreas urbanas centrales de la GAM y en especial de San José se produce el fenómeno opuesto: el sistema de autobuses acrecienta la congestión vial y contribuye al deterioro urbano […]. (PNT 2011-2035, diapositiva 5).

Las paradas de abordaje de las formas de trasporte público señaladas requieren una gestión, protección y mantenimiento real y perenne en el territorio nacional. El usuario lo merece y junto con el estado de las unidades de transporte, la calidad de las paradas y su seguridad son factores determinantes para favorecer la utilización de medios de transporte público, en sustitución de los vehículos particulares. En la actualidad podemos indicar que: “Pese a su gran importancia para la sociedad y la economía de Costa Rica, el transporte público se encuentra en un estado indigno.”[2] Debe de alarmarnos la falta de mantenimiento, y la carencia de las paradas de autobuses y taxis, especialmente en las zonas rurales del país. Dentro del estudio citado, se apunta a que el:

transporte público de personas en Costa Rica tiene […] un inmenso factor social porque brinda movilidad a una gran cantidad de personas para que puedan llegar a sus destinos, ya sea para trabajar, estudiar, hacer compras hacer visitas, etc. […] esta movilidad es elemental para atraer clientes; quien no tiene cómo llegar a la tienda no puede comprar. Además, los (as) empleados (as) sin carro propio tienen que llegar a tiempo cada mañana al trabajo. Por lo tanto, toda la economía nacional depende de un servicio de transporte público eficiente y puntual. Si por culpa del transporte se acumulan los retrasos, la empresa perderá productividad y competitividad en el mercado. Además, un transporte público deficiente puede provocar que una empresa no encuentre el personal necesario y calificado para su negocio, aunque el salario sea atractivo, una persona especialista que viva en Tres Ríos lo pensará mucho antes de aceptar un trabajo en Escazú.[3]

En virtud de un análisis de la dimensión social con la que cuenta el fenómeno del transporte público se yergue la inminente necesidad de mejorar las instalaciones de espera, para el abordaje de los usuarios. Es especialmente relevante el caso de las personas con condiciones especiales que dificultan el acceso a las instalaciones y paradas. Ejemplos de esto son frecuentemente indicados en la prensa: “los huecos, desniveles en aceras y gradas son algunos de los obstáculos que, con gran frecuencia, sortean las personas para llegar a la calle, además de varillas salidas del cemento”.[4] Muchos de estos defectos se encuentran en las calles y en las aceras. No obstante, las municipalidades no siempre se responsabilizan del estado de las paradas de forma completa, ya que el abordaje que se le ha dado al mantenimiento de estas instalaciones suele enfatizarse en el techo y asientos, dejando a las aceras, la iluminación y las rampas de acceso como cuestiones secundarias. Se sabe que “Nada se gana con poner rampas en los buses, si las municipalidades no arreglan las paradas y las hacen accesibles”.[5]

Es necesario reconocer que el malestar con las instalaciones de abordaje no afecta exclusivamente a los usuarios del trasporte público, sino también a los transportistas. En el caso de los autobuses, el fomento de buenas condiciones materiales en los puntos de abordaje de pasajeros fomentaría una mayor afluencia de estos, generando mayores ingresos y facilitando a los extranjeros y foráneos el uso de este medio de transporte, - especialmente en las áreas urbanas- en las cuales se encuentra la mayor concentración de líneas de autobuses. Para las metrópolis modernas es imprescindible un transporte público de calidad y con un uso extendido entre los ciudadanos, por lo que elementos como un techo, mapas de las ciudades con las conexiones a otros trasportes públicos y líneas de autobús, aceras sin huecos o tuberías que sobresalgan de estas y asientos para los usuarios son condiciones completamente básicas. El malestar popular por las condiciones actuales de muchas de las paradas es generalizado.[6]

De la misma manera, en áreas rurales la propagación de paradas de bus de calidad facilitaría y daría mayor confort a los usuarios, ya que en muchos casos los puntos de abordaje no cuentan con un sitio en el cual las personas puedan esperar el trasporte, ni siquiera asientos o techos. Esto se repite con el trasporte por medio de taxi, ya que es realmente extraño encontrar puntos de abordaje para utilizar este trasporte que brinden estas facilidades básicas. Por estas carencias, muchos usuarios no utilizan los puntos establecidos como puntos de abordaje de los taxis, sino que se sientan en las paradas de autobús, provocando un desuso de este medio de trasporte y generando que los trasportistas deban ir en busca de los clientes, “la problemática que se da por estacionar en lugares que no están demarcados como paradas de taxis”.[7]

Por lo tanto, es necesaria la declaración de la gestión y mantenimiento de las instalaciones y paradas de trasporte público como parte integral de los servicios que las municipalidades o que el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) han de brindar, -en los casos de los trasportes por carretera- y del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Inconfer) en las estaciones de tren. De tal forma, que de dicha declaratoria germinan las responsabilidades administrativas que aseguren el correcto funcionamiento, la conexión intermodal y la construcción de las paradas de dichos medios de transporte, en un marco de calidad y seguridad congruente con las necesidades y posibilidades del país, unificando los criterios diversos que se utilizan en la actualidad para crear, dar soporte y mantenimiento a las instalaciones de paradas para transportes públicos y enfrentando la falta de este servicio que padecen en todo el país muchísimos usuarios.

Asimismo, es menester proveer a los responsables de este servicio de diversos instrumentos para garantizar que la gestión y mantenimiento de las paradas pueda realizarse con la vocación a perpetuar las buenas condiciones, a las que se aspira, con un énfasis en las corporaciones municipales. Un mecanismo idóneo para tal empresa es la asignación de un financiamiento directo que el Consejo de Seguridad Vial deberá brindar, y de recursos que las asociaciones público-privadas deben generar, para el aprovechamiento legítimo de espacios publicitarios y la construcción y mantenimiento de paradas, ya que partimos del reconocimiento de que no todas las municipalidades cuentan con las mismas condiciones económicas que les permitan financiar el estado óptimo de estos espacios, por lo que se requiere que el sector privado ayude en tal tarea y pueda obtener por esto una ganancia justa y apropiada.

Por otro lado, hemos considerado la suma de dos mil millones de colones del presupuesto de Cosevi en virtud de las cifras que provienen de la ejecución del presupuesto de esa institución que en el período 2012 tuvo una sub ejecución de seis mil millones, en 2013 de cinco mil millones, en 2014 de trece mil millones y en 2015 de siete mil millones.[8] Por lo tanto, la cifra de dos mil millones representa, como máximo, el cuarenta por ciento de la sub ejecución más baja o el diecisiete de la más alta, por lo que el traslado de este monto en realidad no representa una afectación a la ejecución de obra pública por parte del Consejo.

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