Ley Nº 7648, Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia

El Patronato Nacional de la Infancia es una institución autónoma con administración descentralizada y presupuesto propio. Su fin primordial es proteger especialmente y en forma integral a las personas menores de edad y sus familias, como elemento natural y pilar de la sociedad.

Su domicilio estará en la capital de la República.

Será obligación del Estado dotar al Patronato Nacional de la Infancia, de todos los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus fines.

El Patronato Nacional de la Infancia será la institución rectora en materia de infancia, adolescencia y familia y se regirá por los siguientes principios:

1. La obligación prioritaria del Estado costarricense de reconocer, defender y garantizar los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia.

2. El interés superior de la persona menor de edad.

3. La protección a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, por ser el medio idóneo para el desarrollo integral del ser humano.

4. La protección integral de la infancia y la adolescencia, así como el reconocimiento de sus derechos y garantías establecidos en la Constitución Política, las normas de derecho internacional y las leyes atinentes a la materia.

5. La dignidad de la persona humana y el espíritu de solidaridad como elementos básicos que orientarán el quehacer institucional.

El Patronato Nacional de la Infancia tendrá los siguientes fines:

1. Fortalecer y proteger a la niñez, la adolescencia y la familia dentro de los mejores valores tradicionales del ser costarricense.

2. Orientar y coadyuvar en las tareas de formación y educación de los padres de familia, para el cumplimiento de sus deberes y derechos inherentes a la autoridad parental.

3. Orientar y coadyuvar en las tareas de formación y educación, para el cumplimiento y la satisfacción de los derechos y deberes de las personas menores de edad.

4. Garantizar a las personas menores de edad el derecho de crecer y desarrollarse en el seno de una familia, sea biológica o adoptiva.

5. Brindar asistencia técnica y protección a la niñez, la adolescencia y a la familia, en situación de riesgo.

6. Promover los valores y principios morales que inspiran el derecho a la vida, la familia, la educación, la convivencia pacífica, el respeto mutuo, la cultura, el crecimiento y el progreso digno para todos los habitantes de la República.

7. Estimular la solidaridad ciudadana y el sentido de responsabilidad colectiva para fortalecer, promover y garantizar los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia.

8. Promover la participación organizada de la sociedad civil, los padres de familia, las instituciones estatales y las organizaciones sociales en los procesos de estudio, análisis y toma de decisiones en materia de infancia, adolescencia y familia, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de las personas menores de edad.

9. Fortalecer, promover y supervisar las iniciativas y la participación de las organizaciones no gubernamentales, en la atención integral de la niñez, la adolescencia y la familia.

10. Fomentar la integración familiar por medio de la formación y la capacitación ciudadana, en aras de lograr una convivencia armoniosa y democrática.

11. Mantener una coordinación interinstitucional permanente, con la participación de la sociedad organizada, para ejecutar y fiscalizar las políticas de infancia y adolescencia.

12. Dictar e implementar en coordinación con la sociedad civil y las instituciones estatales, las políticas en materia de infancia, adolescencia y familia.

13. Organizar las comunidades, para que cooperen en el diseño de diagnósticos locales y la ejecución de programas preventivos y de atención integral a los menores de edad.

14. Planificar, ejecutar y supervisar programas de prevención de manera conjunta con las instituciones respectivas, con el objeto de erradicar, en los menores de edad, toda forma de delincuencia, prostitución, maltrato, abuso sexual, drogadicción, alcoholismo, abandono u otras causas que lesionen su integridad.

ñ) Impulsar programas de capacitación y formación para los padres de familia, sobre sus responsabilidades y deberes, así como propiciar con otras instituciones, programas y actividades que inculquen y reafirmen la práctica de valores espirituales, morales, sociales y familiares.

Las atribuciones del Patronato Nacional de la Infancia serán:

1. Gestionar la actualización y promulgación de las leyes necesarias para el cumplimiento efectivo de los derechos de la niñez, la adolescencia y la familia.

2. Propiciar y fomentar el reconocimiento de los deberes cívicos y de aquellos inherentes correlativamente a los derechos de los menores de edad.

3. Promover y difundir los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.

4. Realizar el seguimiento y la auditoría del cumplimiento de los derechos de los menores de edad y evaluar periódicamente las políticas públicas sobre infancia y adolescencia.

5. Realizar diagnósticos e investigaciones sobre la realidad económica, social, psicológica, legal y cultural de la niñez, la adolescencia y la familia y difundir los resultados de esos estudios.

6. Brindar supervisión y asesoramiento en materia de niñez, adolescencia y familia, tanto a organizaciones públicas y privadas como a la sociedad civil que los requieran.

7. Constituir fideicomisos para financiar programas y modelos innovadores en beneficio de menores de edad y sus familias.

8. Promover el cumplimiento de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño.

9. Capacitar a los órganos gubernamentales, no gubernamentales, municipales y, en general, a la sociedad civil, sobre los principios de la Convención citada y el cumplimiento de las políticas dictadas por su Junta Directiva.

10. Colaborar con las entidades en la promoción y ejecución de proyectos y programas específicos en materia de niñez y adolescencia.

11. Intervenir como parte en los procesos judiciales y administrativos en que esté vinculada cualquier persona menor de edad que requiera esa intervención, para que se le garantice el disfrute pleno de sus derechos.

12. Representar legalmente a los menores de edad que no se encuentren bajo autoridad parental ni tutela, así como a quienes estén bajo la patria potestad de una persona no apta para asegurarles la garantía de sus derechos.

13. Disponer en forma provisional de la guarda y crianza de los menores de edad, en aras de proteger su interés superior.

14. Dictar resoluciones motivadas con carácter vinculante, en casos de conflicto, hasta tanto los tribunales resuelvan, en forma definitiva, sobre el particular.

    ñ) Administrar los bienes de los menores de edad cuando carezcan de representación legal o cuando, teniéndola, existan motivos razonables de duda sobre la correcta administración de los bienes conforme a la legislación vigente.

15. Promover la adopción nacional e internacional, y otorgar el consentimiento para que se adopte menores de edad por medio del Consejo Nacional de Adopciones, como autoridad central administrativa, según la normativa vigente dentro y fuera de Costa Rica.

16. Resolver las solicitudes de funcionamiento de organizaciones públicas y privadas, cuyo fin sea desarrollar actividades vinculadas con la atención de las personas menores de edad.

17. Suscribir convenios de cooperación, nacionales e internacionales, para apoyar y fortalecer el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.

18. Aceptar donaciones, herencias, legados y cesiones de derechos, así como cualquier otra transacción que beneficie el patrimonio de la Institución.

19. Administrar el fondo proporcionado por el Poder Ejecutivo para atender, en todo el país, a la población infantil en riesgo.

20. Dictar los reglamentos internos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus objetivos.

21. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) coordinará y presidirá la Comisión Consultiva de la Redcudi.

22. Las demás atribuciones establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación vigente sobre la materia.

El Patronato Nacional de la Infancia estará dirigido por una Junta Directiva compuesta por los siguientes cinco miembros:

1. Un Presidente Ejecutivo, nombrado por el Consejo de Gobierno, quien la presidirá. Permanecerá en el cargo por un período de cuatro años, y no devengará dietas por su participación en las reuniones de la Junta.

2. Cuatro personas nombradas por un período de cuatro años, por el Consejo de Gobierno. Estas podrán ser reelegidas una sola vez.

Quien sustituya a un miembro será nombrado por el resto del plazo del nombramiento anterior.

Un Vicepresidente, nombrado del seno de la Junta Directiva, quien sustituirá al Presidente Ejecutivo durante sus ausencias temporales.

Los miembros de la Junta Directiva deberán ser costarricenses, de reconocida solvencia moral y por lo menos con cinco años de experiencia comprobada en el campo de la infancia, la adolescencia y la familia.

No podrá ser designado miembro de la Junta Directiva:

1. Quien esté ligado con otro miembro de la Junta Directiva por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta tercer grado inclusive.

2. Quien sea funcionario de la Institución.

3. El declarado en estado de quiebra o insolvencia.

4. Quien, por sentencia firme, se encuentre inhabilitado para ejercer un cargo público.

5. Quien, por sentencia firme, haya sido condenado culpable de algún delito que lesione la integridad de un menor.

Los nuevos miembros deberán ser elegidos dentro de los treinta días anteriores al vencimiento del período respectivo.

El Consejo de Gobierno cesará en sus funciones a los miembros de la Junta Directiva, a petición de esta o de oficio, cuando:

1. Incurrieren en alguna de las prohibiciones establecidas en la ley.

2. Abandonaren sus deberes o dejaren de asistir a tres sesiones consecutivas por causas injustificadas, ambas circunstancias a juicio de la Junta.

3. Incurrieren en responsabilidad penal, siempre que medie sentencia firme. No obstante lo anterior, en ausencia de esta instancia, a criterio de mayoría calificada de la Junta Directiva, podrán ser suspendidos en sus funciones hasta tanto no exista la sentencia firme.

En estos casos, el Consejo de Gobierno nombrará a los nuevos miembros para el resto del período correspondiente, dentro de los quince días posteriores a la comunicación de la Junta.

Tratándose de las suspensiones señaladas en el inciso c del presente artículo, el Consejo de Gobierno deberá sustituir al miembro de la Junta Directiva por el período de la suspensión.

En el ejercicio de los cargos, los miembros de la Junta Directiva serán responsables, civil y penalmente. Antes de asumir sus funciones, deberán rendir caución, cuyo monto establecerá periódicamente el Consejo de Gobierno.

La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

1. Coordinar, conforme lo establece la presente ley y demás normativa, las políticas nacionales en materia de infancia, adolescencia y familia y velar por su cumplimiento; asimismo, establecer las políticas institucionales relativas a menores de edad.

2. Gestionar los recursos financieros y técnicos necesarios para el logro de los fines de la Institución.

3. Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la Entidad, así como sus modificaciones.

4. Nombrar al auditor interno, y a los gerentes técnico y de administración, así como aplicarles el régimen disciplinario.

5. Dictar, interpretar, reformar y derogar los reglamentos internos necesarios para el funcionamiento correcto y la sana administración.

6. Autorizar la creación de programas y proyectos de la Entidad, así como fiscalizar su ejecución.

7. Autorizar la creación de las Juntas de protección a la niñez y la adolescencia.

8. Nombrar a los miembros del Consejo Nacional de Adopciones como autoridad central administrativa en materia de adopción, y de los Consejos Regionales de Adopción y Reubicación de Personas Menores de Edad.

9. Crear las oficinas y los servicios requeridos para la consecución de sus fines.

10. Aprobar los planes y programas operativos, la memoria anual y los estados financieros.

11. Adjudicar las licitaciones y delegar las que determine la Junta.

    Proceder igualmente con cualquier otra clase de contrato administrativo.

12. Solicitar a la Asamblea Legislativa la autorización correspondiente para vender, enajenar, ceder o donar bienes inmuebles.

13. Ejercer las funciones que corresponden a un órgano colegiado, de acuerdo con las normas técnicas que, sobre administración pública, establece el ordenamiento jurídico.

14. Ejercer la potestad disciplinaria sobre los funcionarios de la Institución y delegarla cuando las circunstancias lo ameriten.

    ñ Aprobar los convenios que la Institución lleve a cabo con otras instituciones, tanto públicas como privadas.

Las sesiones de la Junta Directiva serán privadas, salvo que la misma Junta disponga lo contrario. Se celebrará una sesión ordinaria semanal y tantas extraordinarias como sea necesario. Todas las sesiones serán convocadas de oficio por su Presidente.

Las extraordinarias serán solicitadas por el Presidente Ejecutivo o tres miembros, por escrito y con doce horas de anticipación como mínimo.

En ellas sólo se conocerá de los asuntos contenidos en la convocatoria oficial.

El quórum se constituirá con tres miembros. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de los votos presentes. Cuando se trate de nombramientos o de aplicación del régimen disciplinario al personal que designa la Junta Directiva, se requerirá mayoría calificada.

Los directores de la Junta Directiva devengarán dietas cuyo monto será fijado por el Consejo de Gobierno conforme a la ley. Se remunerará un máximo de ocho sesiones al mes.

El secretario de la Junta Directiva tendrá las siguientes funciones:

1. Preparar el orden del día para cada una de las sesiones.

2. Revisar los borradores de las actas y los acuerdos para que sean aprobados.

3. Suscribir los acuerdos administrativos que emita la Junta.

4. Enviar con la debida antelación, a los miembros de la Junta y a quienes participen en cada sesión, invitación, información o propuestas sobre los asuntos por analizar.

5. Recibir y revisar la correspondencia de la Junta Directiva.

6. Las demás funciones que las leyes y los reglamentos le señalen.

La Institución contará con una unidad de auditoría interna, dirigida por el auditor interno y dependiente de la Junta Directiva.

La Junta Directiva nombrará, por mayoría calificada un auditor, por plazo indefinido y con carácter de inamovible, de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

El auditor deberá ser contador público autorizado, y miembro activo de su colegio. Sus funciones y atribuciones se apegarán a lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y sus respectivos manuales.

La gestión del Presidente Ejecutivo se regirá por las siguientes normas:

1. Será el funcionario de mayor jerarquía y podrá delegar funciones en los gerentes. Le corresponderá, en lo fundamental, velar por la correcta ejecución de las decisiones de la Junta Directiva, así como coordinar la acción del Patronato con las demás instituciones del Estado. Desempeñará, asimismo, las demás funciones reservadas por ley para el Presidente de la Junta Directiva y otras que le asigne la propia Junta.

2. Representará judicial y extrajudicialmente al Patronato Nacional de la Infancia, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. Su personería se comprobará por la publicación de su nombramiento en el diario oficial.

3. Le corresponderá designar y remover a los funcionarios que nombre, concederles licencias e imponerles sanciones, de acuerdo con las leyes y los reglamentos. No podrá nombrar personas ligadas a él por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive.

4. No tendrá derecho a dietas como miembro de la Junta Directiva; únicamente devengará el salario que la ley determine. Será un funcionario de tiempo completo con prohibición; por tanto, no podrá desempeñar ningún otro cargo público ni ejercer actividad remunerada, pública o privada, excepto la docencia en instituciones de enseñanza superior, siempre y cuando no sea incompatible con sus funciones.

5. Podrá ser removido libremente por el Consejo de Gobierno, en cuyo caso tendrá derecho a la indemnización laboral que le corresponda. Para determinarla, se seguirán las reglas fijadas por la legislación laboral.

El Presidente Ejecutivo deberá ser un profesional de reconocida solvencia moral, con no menos de cinco años de ejercicio profesional y experiencia comprobada en el campo de la niñez, la adolescencia y la familia.

No podrá ser nombrado auditor, ni funcionario del Patronato, quien haya sido miembro de la Junta Directiva durante los doce meses inmediatamente anteriores; tampoco quien esté ligado, por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, con cualquier miembro de la Junta Directiva.

Para cumplir cabalmente con sus fines y desarrollar sus programas de manera óptima, el Patronato Nacional de la Infancia contará con estas fuentes de financiamiento:

1. El Estado deberá transferir un cinco por ciento (5%) de lo recaudado en el año fiscal anterior por concepto de impuesto sobre la renta al Patronato en un solo giro, en el mes de enero de cada año. Del total de estos recursos, el veinte por ciento (20%) serán dotados a la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.

2. La Dirección Nacional de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares girará, a favor del Patronato, un porcentaje mínimo del cuatro por ciento (4% del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. El monto exacto lo determinará la justificación del Patronato con base en los proyectos y programas concretos que deberá elaborar. La Contraloría General de la República vigilará el cumplimiento de esta norma.

3. El monto asignado de conformidad con el inciso a del artículo 234 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial.

4. Los ingresos provenientes de donaciones y empréstitos nacionales e internacionales, de conformidad con la ley.

5. Los ingresos por servicios y actividades productivos de la institución, que deberán figurar en el presupuesto del Patronato.

El Patronato Nacional de la Infancia gozará de los siguientes beneficios:

1. Exoneración del pago de timbres y derechos de registro.

2. Exoneración de tributos e impuestos nacionales, directos o indirectos.

3. Exoneración de rendir garantía de costas y depósitos para garantizar embargos, en los asuntos litigiosos donde sea parte activa o pasiva.

4. Inembargabilidad de sus bienes, depósitos, rentas y fondos.

5. Franquicia en los servicios postales, telegráficos y radiográficos.

Cuando los hechos y las circunstancias lo justifiquen, el Patronato Nacional de la Infancia, por medio de sus representantes legales, podrá solicitar al juez competente órdenes de allanamiento de morada, para cumplir con sus obligaciones de salvaguardia de la estabilidad física y emocional de las personas menores de edad. Las órdenes deberán concederse dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud y, si la autoridad judicial las denegare, la resolución que así lo decida deberá ser suficientemente motivada.

Las autoridades de la policía judicial y administrativa, competentes por razón de territorio, estarán obligadas a prestar cooperación eficiente para los allanamientos, con prioridad sobre cualquier otro asunto. La inobservancia de lo anterior dará motivo a responsabilidades disciplinarias del servidor, de acuerdo con la ley.

Para dar debido cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 55 de la Constitución Política, las instituciones y los órganos gubernamentales quedan obligados a coadyuvar, en las áreas de su competencia, con el Patronato Nacional de la Infancia en la atención integral de la niñez y la adolescencia cuando este lo solicite para lograr el pleno cumplimiento de sus fines.

Los órganos e instituciones del Estado deberán prestarle al Patronato Nacional de la Infancia, colaboración en las áreas de su competencia cuando la Institución se la solicite, para lograr el pleno cumplimiento de sus fines.

El Patronato Nacional de la Infancia estará autorizado para transferir fondos, con cargo a su presupuesto, a organismos públicos, privados y personas físicas, con la autorización y la supervisión de la Contraloría General de la República. Estos recursos serán utilizados exclusivamente para implementar y ejecutar programas en beneficio de la niñez, la adolescencia y la familia.

Con el propósito de asegurar el eficiente cumplimiento de los fines establecidos en la presente ley, el Patronato Nacional de la Infancia podrá contratar servicios que, por razones de oportunidad y conveniencia, no puedan ser prestados directamente por sus funcionarios.

El Poder Ejecutivo dictará un reglamento general a esta ley dentro del término improrrogable de tres meses, contados a partir de su fecha de vigencia.

Deróganse la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, No. 3286, de 28 de mayo de 1964 y cualquier otra ley o norma que se le oponga.

Esta ley es de orden público.