Librarse rápido de policías corruptos le cuesta caro al país
Tres oficiales de la Fuerza Pública fueron detenidos el sábado 3 de febrero, porque, supuestamente, intentaron robarle cocaína a otro sujeto, y, un día después, un juez los envió a prisión preventiva.
El lunes siguiente, el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, firmó el despido de los funcionarios, con fundamento en el artículo 140 de la Constitución Política. Dicha norma faculta a dicho jerarca a prescindir de los servicios de los empleados por pérdida de confianza, sin realizarles ningún proceso administrativo.
Sin embargo, tales destituciones rápidas cuestan caro, pues se trata de despidos con responsabilidad patronal.
Así, aunque sean sospechosos que afrontan investigaciones judiciales, el Ministerio de Seguridad Pública debe pagarles cesantía, vacaciones no disfrutadas, lo que corresponda de aguinaldo y salario escolar.
Desde el 2014 y hasta el 7 de febrero pasado, 168 oficiales fueron despedidos al invocarse el artículo 140 constitucional. El monto desembolsado asciende a ¢402 millones, según datos suministrados por el Ministerio.
Si bien es una salida 'más costosa', se usa porque permite un trámite expedito del despido, sin investigación interna, explicó Jeiner Villalobos, director de la Asesoría Jurídica del Ministerio.
'Desearíamos tener otras armas jurídicas para no pagar, pero con esto nos evitamos esperar los resultados tanto de un procedimiento administrativo como de uno penal (?). Porque, si en el juicio se absuelve a la persona, entonces nos tendríamos que dejar en la planilla a una persona cuestionada, manchada, señalada', expresó.
Según Villalobos, para el Ministerio es preferible gastar este dinero y librarse de estas personas que ya no gozan de su confianza, que mantenerlas en la entidad, con acceso a armas y a información de operativos y sitios de venta de droga.
Gustavo Mata, ministro de Seguridad, confirmó esa política: 'No nos hemos quedado con los brazos cruzados; cuando se tienen sospechas, se hace valer este derecho, sin importar nada más'.
Un criterio diferente tiene Minor Anchía, representante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), en Seguridad Pública, quien estima que se ha 'abusado' de una herramienta jurídica para impedir el derecho de defensa de los oficiales.
En diciembre del 2016, Anchía acudió a la Sala IV para impugnar el despido de 115 policías considerados corruptos.
Ese mismo mes, los magistrados declararon sin lugar el reclamo, mediante el voto 2016-018906, el cual ratificó que la...
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